Informe anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos

ONU Derechos Humanos Observó que la acción violenta de grupos armados no estatales y organizaciones criminales afecta proyectos de vida individuales y colectivos, impactando desproporcionadamente a pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas.

En el presente informe, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos analiza la situación de los derechos humanos en Colombia en 2021, año del quinto aniversario de la firma de la paz.

Hace énfasis en el goce de derechos económicos, sociales y culturales, la prevención de las violaciones y la protección de derechos humanos, incluidos el espacio cívico y el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad. En el informe, la Alta Comisionada presenta recomendaciones para contribuir a mejorar la
situación de los derechos humanos en el país.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recuerda las recomendaciones hechas en informes anteriores y:

a) Insta al Estado a atender urgentemente la situación en los territorios más afectados por la violencia, reforzando la presencia de autoridades civiles, en particular del Ministerio Público, incluyendo las personerías municipales, y la prestación de servicios básicos para prevenir y contener la violencia y proteger a la población civil y los liderazgos comunales, sociales, indígenas y afrodescendientes en estas zonas;
b) Exhorta al Estado a redoblar esfuerzos para implementar el Acuerdo de Paz, en particular la Reforma Rural Integral, los programas de desarrollo con enfoque territorial y el capítulo étnico, a fin de combatir las desigualdades estructurales;
c) Reitera la necesidad de garantizar efectivamente el derecho al territorio de los pueblos indígenas y afrodescendientes y el derecho a la consulta previa, libre e informada;
d) Insta al Estado a avanzar en la implementación de una jurisdicción agraria, a acelerar el ingreso, registro, distribución y entrega de tierras a las comunidades rurales y la formalización de la propiedad de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes y a fortalecer el marco normativo para la
protección de los derechos del campesinado, en concordancia con los instrumentos
internacionales;
e) Reitera la urgencia de que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad adopte e implemente una política de desmantelamiento de organizaciones criminales y sus redes de apoyo, concertada con la sociedad civil y con la participación de mujeres;
f) Urge a los grupos armados no estatales a respetar irrestrictamente los derechos humanos y, cuando sea aplicable, el derecho internacional humanitario;
g) Insta al Estado a darle seguimiento al llamado de las poblaciones afectadas por la violencia que piden la adopción de Acuerdos Humanitarios para la protección de la vida y el respeto de los derechos humanos;
h) Insta al Ministerio del Interior a reforzar la capacidad y metodología de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas para implementar medidas concretas de prevención de la violencia;
i) Alienta a fortalecer las Comisiones Regionales del Ministerio Público para dar seguimiento a las Alertas Tempranas, mediante la articulación entre las Personerías, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo;
j) Insta al Gobierno a fortalecer y, en algunos casos, reactivar las mesas territoriales de garantías y fortalecer el seguimiento de sus decisiones;
k) Alienta a la Fiscalía General de la Nación a seguir fortaleciendo la capacidad de la Unidad Especial de Investigación para identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y los firmantes del Acuerdo de Paz, y el desmantelamiento de sus estructuras
criminales;
l) Insta al Estado a tomar medidas efectivas para proteger a las niñas y los niños de cualquier forma de violencia, incluidos el reclutamiento forzado y su uso en el contexto del conflicto armado;
m) Exhorta a las instituciones del Estado a implementar las recomendaciones contenidas en el Documento de “Lecciones Aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia” del ACNUDH;
n) Exhorta al Estado a impulsar un debate amplio en la sociedad sobre los aspectos a reformar dentro de la Policía, incluyendo los mecanismos de control y de rendición de cuentas y la posibilidad de trasladar esta institución a un ministerio de carácter civil;
o) Urge al Estado a apoyar el trabajo autónomo e independiente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; y fortalecer la coordinación y cooperación de las instituciones del Estado con el Sistema y garantizar la protección efectiva de sus integrantes y de las víctimas y testigos que participan en él;
p) Insta al Estado y a la sociedad a continuar apoyando el trabajo de la Comisión de la Verdad, a divulgar su futuro Informe final, y asignar un presupuesto suficiente que permita la efectiva implementación de las recomendaciones formuladas;
q) Exhorta al Estado a fortalecer al Instituto Nacional de Medicina Legal y el Banco de Perfiles Genéticos para acelerar la búsqueda de las personas desaparecidas;
r) Insta al Estado a intensificar esfuerzos para garantizar el acceso de las víctimas de violencia de género a la justicia, a servicios médicos, psicosociales y centros de acogida especializados y adecuados a sus necesidades y a medidas de reparación integrales con enfoque de género.

Informe completo:

03-03-2022 Informe Anual castellano A_HRC_49_19_AdvanceUneditedVersion
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