Francisco Javier Montoya

Hace catorce años, un sábado, día de mucha actividad comercial en el casco urbano de Dabeiba, en medio del control paramilitar parte de la estrategia de represión de la brigada 4 y 17, Francisco Javier Montoya se dirigió de allí hacia La Balsita. En el punto conocido como “La Recta del Papayero” fue obligado a bajarse del bus por tres paramilitares.

Los armados que operan bajo la dirección de las fuerzas militares lo golpearon, lo obligaron a arrodillarse y le preguntaron en qué trabajaba. El líder campesino, respondió con la verdad, ser promotor de salud, sus asesinos le replicaron: “Es verdad que usted es promotor, pero es un sapo de la guerrilla” (…) “usted es el que manipula a los desplazados en Dabeiba”.

Sus victimarios le dispararon en tres ocasiones. Un tiro en la cabeza, otro en la boca y finalmente uno en el corazón. Posteriormente, los restos de Francisco Javier Montoya fueron transportados por sus asesinos en una camioneta de color azul, de placas KFD 965 de Medellín, que se dirigió hacia el caserío de Urama.

Desde ese día en la mente, en las palabras y en el corazón de los desplazados de La Balsita, hoy reubicados temporalmente en una Zona Humanitaria y constituyendo Zonas de Biodiversidad en La Balsita, Francisco Javier está presente. Sus victimarios no lograron su propósito. Ni el despojo de las tierras ni el desarraigo. Más de 300 asesinatos y desapariciones, entre ellos, el crimen de Francisco no han logrado quebrar los sueños y las esperanzas. Desde ese día del asesinato de Francisco, la Comunidad de Vida y de Trabajo de La Balsita, de la que fue uno de sus animadores, a la que ayudó a enfrentar el terror, buscan que sus restos sean entregados, que haya justicia y que exista un respeto a sus tierras ante las pretensiones ambiciosas.

Francisco en medio del absoluto control paramilitar en Dabeiba denunció ante la comunidad nacional e internacional los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares de las Brigadas 4 y 17 del ejército, y paramilitares desde 1996 y 1997 que originaron el desplazamiento forzado ocurrido en La Balsita. Francisco al lado de Don Félix Manco hicieron público los pasajes de horror que se desarrollaron por parte de las mismas estructuras paramilitares responsables de la Masacre del Aro, en las que se conoce la participación de la Gobernación de Antioquia, en ese momento en el nombre visible de Álvaro Uribe Vélez. De esa verdad hablan los mandos paramilitares de la época, los que se ha querido silenciar en las cárceles de los Estados Unidos, de esa verdad habla Francisco Villalba, ex paramilitar, asesinado días después de rendir un testimonio en que implicó al célebre presidente de la “seguridad democrática”

Hoy hay muchos Franciscos, Juanas, Estrellas, Julias, Fernandos que en medio del control social que desarrollan los criminales, con nuevos ropajes, dicen y hablan, resisten y afirman su dignidad a esas operaciones paramilitares.

14 años de arrogante impunidad, de inercia investigativa se encuentran enfrentados a la memoria colectiva sellada en un árbol, el árbol de la vida, allí se encuentra Francisco y más de 300 víctimas de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, de mujeres accedidas carnalmente, de quemas de caseríos y millares de desplazados. Nada se ha hecho en concreto para esclarecer la verdad, dar respuesta a la demanda de justicia y para garantizar la vida en los territorios de La Balsita a las comunidades desplazadas cerca de Dabeiba.

14 años después en la memoria de Francisco y de esos millares de víctimas los territorios del horror son andados por decenas de habitantes rurales y urbanos de Colombia, que claman por la justicia y la vida en los territorios, objeto de los saqueos y de los intereses empresariales. Allá están en la andadura para enfrentar la violencia estatal para afirmar la dignidad en los territorios, en medio de esa impunidad, que ha permitido que hoy, muchos de los paramilitares, sigan disfrutando de sus libertades, sin ningún reato, de las posesiones tomadas con sangre y fuego, como mercenarios del capital.

Bogotá, D.C. 4 de julio de 2012

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz