En 2021 se recrudecieron los conflictos armados en Colombia

CICR – Comunicado de prensa
23 de marzo de 2022

Colombia, (CICR)– El 2021 fue un año difícil para la población civil. Esta tuvo que afrontar las peores consecuencias de los conflictos armados y la violencia. Distintas problemáticas como la afectación por artefactos explosivos, el desplazamiento masivo y el confinamiento de comunidades alcanzaron los niveles más altos de los últimos cinco años. Además, en varias zonas del país, el miedo y la zozobra condicionó la vida de miles de personas.
Esto como resultado de los seis conflictos armados no internacionales que existen en Colombia y de otras situaciones de violencia, así como de las complejas dinámicas que se dieron en el contexto territorial. La reconfiguración de los actores armados no estatales y el incremento de la confrontación armada, del control social y de la disputa por el territorio acrecentaron la presión sobre la población civil y plantearon nuevos desafíos para la acción humanitaria.
“Los indicadores de las consecuencias humanitarias evidencian la dura realidad que tuvieron que vivir las comunidades de distintos territorios, estas cifras resultan dolorosas y aun así no alcanzan a reflejar el temor, la incertidumbre y la desesperanza que experimentaron miles de personas a causa de los conflictos armados en Colombia. El año pasado la violencia contra la población civil se agudizó en varias regiones del país y esto generó un sufrimiento indescriptible”, mencionó Lorenzo Caraffi, jefe de la Delegación del CICR en Colombia, durante la presentación del informe “Retos Humanitarios 2022”.
En este informe, la organización humanitaria comparte sus conclusiones sobre los principales retos que enfrenta la sociedad colombiana ante la persistencia de múltiples problemáticas que se derivan de los conflictos armados y la violencia y que impactan de manera directa a la población civil.
El año pasado el CICR documentó 884 presuntas violaciones al derecho internacional humanitario (DIH) y otras normas humanitarias. De estas, el 59% correspondió a homicidios, amenazas, privaciones arbitrarias de la libertad, utilización de artefactos explosivos con efectos indiscriminados, tratos crueles, inhumanos o degradantes, vinculación de niñas, niños y adolescentes con actores armados y violencia sexual, entre otros hechos graves.
Así mismo, se registraron casos relacionados con la conducción de hostilidades. Particularmente, se documentaron incumplimientos de las partes en conflicto del deber de tomar medidas de
precaución para proteger de los efectos de los ataques a la población y bienes civiles. La presencia de actores armados cerca a lugares poblados aumentó el riesgo para los civiles y generó múltiples secuelas, como muertes, heridos, afectaciones psicológicas y daños en
viviendas, escuelas y centros de salud.

Este panorama se complejizó aún más con la profundización de distintas consecuencias humanitarias. En 2021 el CICR registró 486 víctimas de artefactos explosivos1, el número más alto de los últimos cinco años. Los accidentes ocurrieron en 14 departamentos, siendo Norte de
Santander, Cauca, Chocó, Antioquia y Arauca los más afectados. En esas zonas se concentró el 76% de las víctimas.

Este fenómeno tuvo efectos directos sobre la población civil, evidencia de ello es que el 53% de las víctimas correspondió a civiles. Además, en diferentes territorios las comunidades perdieron sus medios de subsistencia y sufrieron restricciones en su movilidad o debieron abandonar sus
hogares por la presencia de artefactos explosivos.

El deterioro de la situación humanitaria también se evidenció con el aumento del desplazamiento y el confinamiento de poblaciones a causa de los conflictos armados y la violencia. El año pasado, según cifras oficiales2, 52.880 personas se desplazaron de manera masiva en 11 departamentos,
lo que representa un incremento del 148% respecto a 2020. Las zonas del Pacífico colombiano fueron las más perjudicadas con esta problemática. En Nariño, Chocó, Cauca y Valle del Cauca se presentó el 71% de los eventos de desplazamiento masivo.

Igualmente, el desplazamiento individual afectó a cerca de 80 mil personas, que prefirieron dejar  sus hogares por el temor de que algo pudiera ocurrir y forzara la salida de toda la comunidad, o que debieron hacerlo por recibir amenazas directas de los actores armados. El 80% de estos
casos se reportó en Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca, Chocó, Bolívar,
Cauca y Córdoba.

El confinamiento también transformó la cotidianidad de las poblaciones, afectando a 45.108 personas en seis departamentos del país, con un aumento del 60% comparado a 2020. No obstante, el mayor impacto lo sufrió Chocó, donde estuvo el 78% de la población confinada.

“En 2021 la población afectada por el confinamiento, el desplazamiento masivo y los artefactos explosivos aumentó considerablemente, llegándose a registrar el nivel más alto de los últimos cinco años. Nos preocupa la tendencia al alza que observamos frente al número de víctimas y a la profundización de distintos fenómenos, particularmente porque en los primeros meses de este año la situación humanitaria en Colombia ha seguido empeorando. En 2022 el panorama podría ser aún más complejo de lo que fue el año pasado”, indicó Caraffi.

A este contexto se sumó la persistencia de la desaparición de personas. El año pasado el CICR documentó cada dos días, en promedio, un nuevo caso de desaparición relacionado con los conflictos armados y la violencia. Aunque los hechos ocurrieron en 13 departamentos, el mayor número de casos se reportó en Chocó, Nariño, Arauca, Norte de Santander, Antioquia y Cauca.

Esta información no da cuenta del número total de desapariciones que pudieron ocurrir en el país durante el 2021, pues corresponde solo a los hechos que conoció directamente la organización en el desarrollo de su labor humanitaria.

Las afectaciones a la Misión Médica y otras formas de asistencia de salud también hicieron parte del complejo panorama humanitario que refleja este informe. El año pasado la Mesa Nacional de Misión Médica registró 553 agresiones contra el personal de salud, instalaciones y vehículos sanitarios, la cifra más alta que se ha reportado en los últimos 25 años.

De acuerdo con la información registrada oficialmente, solo en el 20% de los casos los ataques fueron perpetrados por actores armados. No obstante, el CICR tiene constancia de que en el contexto de los conflictos armados y la violencia muchos eventos no se reportaron por el temor de las personas afectadas. Este subregistro no solo impide conocer la cantidad real de ataques, sino que además oculta los eventos más graves y el problema en estas zonas queda invisibilizado.

El 2021 también fue un año complejo para el desarrollo de la labor humanitaria. El recrudecimiento de los conflictos armados y de la violencia generó nuevos retos para la asistencia de las víctimas y para la protección de la población civil. El año pasado 543 mil personas se beneficiaron con el trabajo humanitario del CICR, lo cual sigue demostrando su compromiso con las personas que sufren los estragos de la guerra.

Ante este escenario el CICR se esforzó por mantener la cercanía con las comunidades y sostener el diálogo bilateral y confidencial con todos los actores armados con un mensaje principal: el respeto del DIH y otras normas humanitarias.

El 56% de los desplazamientos masivos del país ocurrieron en Cauca, Nariño y Valle del Cauca
Entre las zonas con mayores consecuencias humanitarias por los conflictos armados y la violencia están Cauca, Nariño y Valle del Cauca. En estos tres departamentos, según cifras oficiales, se concentró el 56% de los eventos de desplazamiento masivo ocurridos en 2021, lo que afectó a más de 32 mil personas. Además, cerca de 23 mil personas se desplazaron de manera individual y otras 4.200 permanecieron confinadas por el incremento de la confrontación armada y la presencia de artefactos explosivos en los territorios.

La afectación por artefactos explosivos también tuvo un impacto significativo. En 2021, el CICR Roja registró 131 víctimas de artefactos explosivos en Cauca, con lo cual este departamento ocupó el segundo lugar a nivel nacional en afectación por esta problemática. Estas cifras evidencian la profundización de la problemática y los efectos directos que tienen sobre la población civil. Sin embargo, también hay otras consecuencias humanitarias, como el desplazamiento, el confinamiento, el miedo y la zozobra, que, aunque son menos visibles afectan por completo la cotidianidad, la salud mental y el desarrollo de las comunidades.

Las desapariciones de personas y las afectaciones a la asistencia de salud también fueron persistentes en estos tres departamentos. En 2021, el CICR documentó 71 nuevos casos de desaparición relacionados con los conflictos armados y la violencia que ocurrieron durante ese año. Por otra parte, la Mesa Nacional de Misión Médica reportó 262 agresiones contra el personal de salud y vehículos e instalaciones sanitarias que tuvieron lugar en estos departamentos, siendo Valle del Cauca la zona más afectada por esta problemática.

Desde la Subdelegación del CICR en Cali, los equipos seguirán trabajando en zonas rurales y urbanas para apoyar a las víctimas de los conflictos armados y la violencia. Bajo los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia, la organización humanitaria continuará dialogando
con todos los actores armados con el fin de recordarles su obligación de respetar las normas humanitarias y la protección de la población civil.

Contacto para medios:

Carolina Ávila Cortés
Oficial de Comunicación
Subdelegación del CICR en Cali
Teléfono: +57 3208314029
Correo electrónico: lavilacortes@icrc.org
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Imagen:  Andrés Monroy / CICR.

Disponible en: https://pacifista.tv/notas/cicr-el-otro-informe-de-derechos-humanos-donde-colombia-se-raja/