Dever- Carta de Organizaciones sociales Colombianas al congreso de los Estados Unidos

30 de agosto 2023

Carta de organizaciones de organizaciones sociales colombianas al congreso de los Estados Unidos para instarlos a apoyar la política de Paz Total ante la actual crisis social y humanitaia que se vive en diversos lugares de nuestra patria colombiana.

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Estimados miembros del Congreso de los Estados Unidos

Como organizaciones de derechos humanos, víctimas, desplazados internos, afrocolombianos,
indígenas, raizales, palenqueros, sindicales, abogados y organizaciones sindicales, ambientales,
medios de comunicación y otras de la sociedad civil colombiana y organizaciones
internacionales comprometidas con la defensa de los derechos humanos y la paz, nos desanimó
la noticia de que la Cámara de Representantes de los EE. UU. posterga la ayuda a Colombia. Le
urgimos apoyar las provisiones del Senado del proyecto de ley de asignaciones del subcomité
Estado, Operaciones Extranjeras para el año fiscal 2024 que brindan ayuda para apoyar la
consolidación de la paz, el avance de los derechos humanos, las comunidades afrocolombianas
e indígenas, y los migrantes venezolanos y las comunidades receptoras.
Luego de décadas de conflicto armado interno y violencia, nuestro país está experimentando un
cambio transformador. Los acuerdos de paz de 2016 han profundizado la democracia en
nuestro país, pero su gran potencial requiere apoyo político y financiero continuo. Nos motiva
que Estados Unidos se convierta en el primer acompañante internacional del Capítulo Étnico de
los acuerdos de paz de 2016. Para que la paz y los derechos étnicos avancen adecuadamente,
se requiere la colaboración global, y especialmente de los EE. UU.
Aunque no apoyamos más asistencia para la guerra ni esfuerzos antinarcóticos dañinos como el
programa de fumigación aérea, recomendamos firmemente a los Estados Unidos a apoyar los
esfuerzos de Colombia para promover la paz, los derechos humanos, la justicia, los derechos de
los afrocolombianos e indígenas, los esfuerzos para abordar cambio climático y economías
legales ambientalmente sostenibles para los agricultores rurales.
Entre los programas que creemos que el Congreso de los EE. UU. debería apoyar firmemente,
incluidos en el marcado del Senado del proyecto de ley año fiscal 2024, están: $15 millones
para el programa de derechos humanos de USAID, que apoya el respeto por los derechos
humanos, la protección de los defensores de los derechos humanos y la implementación del
acuerdo de paz; $25 millones para comunidades y organizaciones afrocolombianas e indígenas;
programas para la reintegración de combatientes a la vida civil; actividades de remoción de
minas; programas para ayudar a formalizar la titulación de tierras y devolver tierras a los
desplazados internos; programas para ayudar a los campesinos a cambiar a cultivos legales;
apoyo al sistema tripartito de justicia transicional establecido después de los acuerdos de paz
de 2016, incluida la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción
Especial para la Paz, así como actividades de seguimiento para compartir lecciones aprendidas e
implementar recomendaciones de la Comisión de la Verdad; programas de apoyo a los
derechos laborales; y programas para ayudar e integrar a venezolanos y otros migrantes y
refugiados mientras que al mismo tiempo ayudan a las comunidades receptoras.
Urgimos firmemente a proporcionar $5 millones a la oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, por encima de los $3 millones
incluidos en el informe del Senado, por sus invaluables esfuerzos para brindar monitoreo y
asesoramiento técnico para mejorar los derechos humanos, proteger a los defensores de los
derechos humanos, consolidar la paz y monitorear la situación humanitaria en las zonas rurales
aún en conflicto. Además, apoyamos la continuación de las condiciones de derechos humanos
en la ayuda militar y policial incluidas en el Senado. Estas condiciones son necesarias para
incentivar el progreso en el respeto de los derechos humanos por parte de las fuerzas de
seguridad colombianas y han estado en la legislación de alguna forma desde el año fiscal 2000.
Les agradecemos de antemano su apoyo a la consolidación de la paz, los derechos étnicos y el
estado de derecho en Colombia.