Con salvoconducto para traficar: el negocio maderero que devora las selvas del Chocó

En estas redes de blanqueo participan “empresarios” que financian las licencias, presentan inventarios de madera ficticios y la transportan irregularmente de la mano de funcionarios de la Policía y Codechocó. Solo entre 2018 y 2021 se perdieron 31.000 hectáreas de selva en el departamento.

Por: El Escarbabajo

Remolcadas por pequeñas lanchas, trozas de no más de cuatro metros de largo navegan diariamente por las corrientes del río San Juan, en Chocó. Octaviano Murillo, cortero y concejal del Litoral del San Juan, las amarra entre sí para llevarlas al aserrío más cercano. Aquellos troncos flotantes fueron alguna vez árboles de hasta 40 metros de altura que crecían en las entrañas de la selva.

Solo entre 2018 y 2020 se decomisaron 21.376 metros cúbicos provenientes de ese departamento. Esto equivale a llenar ocho piscinas olímpicas de madera. Las razones: transportar especies diferentes a las autorizadas y superar los volúmenes consignados en los salvoconductos. Ronald Rincón, director de la Autoridad Ambiental del Chocó (Codechocó), reconoció a Cuestión Pública que sus funcionarios han falsificado estos permisos de movilización, lo que facilita el tráfico de madera.

Este fue uno de los hallazgos de la más reciente auditoría que hizo la Contraloría a Codechocó en diciembre de 2021 en el marco del control a la deforestación en el departamento. Para esta entidad, la autoridad ambiental ha incumplido con el seguimiento a la tala de madera, que debe realizar a través de los salvoconductos, aunque Rincón aclaró que se están adelantando procesos sancionatorios.

Este documento es la guía que deben presentar los transportadores ante las autoridades para sacar los cargamentos a los centros de almacenamiento. Si el tipo de madera movilizada o el volumen no coincide con lo consignado en el permiso, se debe incautar.

Pero esto no ocurre en la práctica y las cantidades decomisadas están muy por debajo de la madera que se extrajo en los últimos cuatro años en el Chocó: 705.675 metros cúbicos, según los Salvoconductos Únicos Nacionales en Línea (SUNL) entregados por Codechocó entre 2018 y 2022.

“Que una madera tenga un salvoconducto no significa necesariamente que sea legal porque existe un mercado negro de estos permisos”, dijo Daniel Rico, consultor en análisis de riesgo y prevención de economías ilegales. Un comprador de madera del Litoral del San Juan, que pidió mantener su nombre en reserva por seguridad, le dijo a este medio que es muy común adquirir ante Codechocó permisos de transporte declarando, por ejemplo, 300 bloques de madera cuando en realidad lleva hasta el doble. Así, la carga que no reporta ingresa al mercado sin mayores restricciones.

Para conseguir una mayor trazabilidad y combatir el tráfico de especies, el Ministerio de Ambiente decidió digitalizar los salvoconductos a finales de 2017. Cinco años después de entrar en vigencia la norma, este permiso, paradójicamente, es usado para blanquear cargamentos enteros y Codechocó no es la única responsable.

“Se necesitan dos actores para blanquear la madera: la policía y las corporaciones autónomas”, señaló Rico.

Cuando la madera es transportada y enfrenta los retenes de las autoridades hay varias dificultades para su control. Harry Escobar, subdirector de Codechocó, admite tres: una, los sobornos que recibe la fuerza pública para dejar seguir cargamentos irregulares; dos, la falta de internet y conexión en algunas zonas del país; tres, la alta rotación de uniformados. Esto dificulta capacitar al personal para identificar que la especie de árbol que se transporta corresponda con la que dice el salvoconducto.

De nada sirve que los permisos se puedan consultar en línea, explicó, si los policías no saben diferenciar una especie de la otra.

Los consejos comunitarios fueron los que más pidieron salvoconductos para transportar madera y no precisamente porque sean los grandes jugadores de este negocio. Entre 2018 y 2022, Codechocó entregó 74.768 salvoconductos a 40 de estos consejos, 15 a cabildos indígenas, 10 a personas naturales y uno a la empresa Yuma Crocodile Products SAS, dedicada a la fabricación de artículos de piel de caimán.

Investigación completa aquí:

https://cuestionpublica.com/con-salvoconducto-para-traficar-el-negocio-maderero-que-devora-las-selvas-del-choco/

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