Campesinos protestan por erradicación forzada y exigen implementación de acuerdos
Las comunidades del denominado núcleo de Tejada se han visto obligadas por esta situación a declararse en lo que denominan “cerco humanitario”, para defender el sustento de sus familias. El campesinado cultivador de coca reclama por esta vía sus derechos y rechaza la violencia y estigmatización y recordaron que desde el año 2017, mas de 22 mil familias del departamento del Caquetá, firmaron los acuerdos expresando su voluntad de avanzar en la erradicación voluntaria haciendo parte del proceso de sustitución pactado en el acuerdo final de paz entre el gobierno y las extintas FARC.
Agencia Prensa Rural / Viernes 18 de noviembre de 2022
Organizaciones sociales del sur del país denunciaron que hace varias semanas se vienen ejecutando operativos violentos de erradicación que afectan a comunidades campesinas en los municipios de Solano, Milán, La Montañita y El Pajuil en el Caquetá.
La coordinadora nacional de cultivadores de coca amapola y marihuana COOCAM y la Coordinadora departamental de organizaciones sociales, ambientales y campesinas del Caquetá COORDOSAC, denunciaron la realización de acciones de erradicación forzada por parte de miembros de la fuerza pública, a pesar del compromiso del gobierno de no realizarlas e impulsar el modelo de sustitución como alternativa real para el campesinado obligado por la exclusión social y económica a tener como única subsistencia los cultivos de uso ilícito.
Las comunidades del denominado núcleo de Tejada se han visto obligadas por esta situación a declararse en lo que denominan “cerco humanitario”, para defender el sustento de sus familias. El campesinado cultivador de coca reclama por esta vía sus derechos y rechaza la violencia y estigmatización y recordaron que desde el año 2017, mas de 22 mil familias del departamento del Caquetá, firmaron los acuerdos expresando su voluntad de avanzar en la erradicación voluntaria haciendo parte del proceso de sustitución pactado en el acuerdo final de paz entre el gobierno y las extintas FARC. A pesar de la decisión de las comunidades de impulsar el territorio el PNIS, programa integral de sustitución de cultivos, en ese momento fueron excluidas comunidades de los municipios de Solano, Milán, Solita, Albania y Valparaíso, y por el contrario la región padeció un incremento de acciones y campañas de erradicación forzada, trayendo consigo violencia y persecución a los campesinos, que son la cadena más débil y como siempre la golpeada en el modelo de guerra contra las drogas que criminaliza al campesinado pobre.
Pero la situación mas compleja radica en que ni siquiera, como afirma la declaración de las organizaciones sociales, se cumplió con el 15% de lo establecido en el plan de implementación del PNIS, dineros que además se perdieron en la feria de corrupción frente a los recursos de la paz en la que estuvieron comprometidos funcionarios del anterior gobierno. Esta situación conllevo a que familias siguieran y volvieran a acudir a los cultivos como únicas posibilidad de garantizar su sobrevivencia, ya que estas regiones han padecido secularmente el abandono y la exclusión, no hay vías ni políticas publicas que permitan fortalecer las economías campesinas, y como ha pasado históricamente, la respuesta del Estado es la militarización, persecución y destrucción de cultivos de hoja de coca que son la única perspectiva económica de estas comunidades rurales.
Frente a esta situación compleja en el territorio, las organizaciones sociales y comunidades hacen un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro, que se cumpla lo consignado en el acuerdo final de paz y se actúe con consecuencia en la tesis de implementar el acuerdo en su integralidad, que implica resolver el problema de las drogas y cultivos ilícitos garantizando la sustitución con alternativas reales económicas y sociales para el campesinado cocalero. Además, es la perspectiva en clave de la posición del nuevo gobierno con respecto a la guerra contra las drogas que solo ha dejado muerte y desolación en los territorios y la construcción de la paz total, insisten los campesinos.
Las asociaciones de juntas de acción comunal de esta región realizaran una reunión en Cartagena del Chaira, donde esperan la presencia de delegados del gobierno central para buscar acuerdos que permitan superar la tensa situación en la región, es fundamental un nuevo enfoque que supere la visión de ver al cultivador de coca como delincuente, ellos son trabajadores que defienden el sustento de sus familias, afirmaron los lideres del cerco humanitario.
Las organizaciones campesinas han expresado su voluntad de resolver la situación en el territorio por la vía del dialogo, planteando la conformación de una mesa territorial que logre salidas reales a la problemática en el territorio y permita solucionar este conflicto que enfrenta a campesinado con los militares que realizan estas operaciones. Es fundamental que no se replique un modelo que ha sido perverso para los territorios, que la única presencia del Estado se limite a la militarización del territorio y que la salida a un problema complejo y estructural que requiere inversión y políticas públicas que rediman al campesinado se minimice en acciones que solo alimentan la violencia en los territorios.
Las Asociaciones de juntas de acción comunal de esta región realizaran una reunión en Cartagena del Chaira, donde esperan la presencia de delegados del gobierno central para buscar acuerdos que permitan superar la tensa situación en la región, es fundamental un nuevo enfoque que supere la visión de ver al cultivador de coca como delincuente, ellos son trabajadores que defienden el sustento de sus familias, afirmaron los lideres del cerco humanitario.
Fuente: https://prensarural.org/spip/spip.php?article28685