Una emergencia económica tímida y errática
Los decretos expedidos durante la primera emergencia económica tienen dos características: son tímidos y erráticos.
Tímidos
Han sido tímidos por dos razones. La primera está estrechamente ligada a la precariedad del Estado colombiano. Y la segunda tiene que ver con la ortodoxia de la política económica.
La precariedad de lo público es un problema estructural. El tamaño del Estado colombiano, medido como la relación entre los impuestos y el PIB, es muy bajo (16%). Este porcentaje es superior al 50% en los países del norte de Europa. Una estructura estatal tan frágil como la de Colombia no está en capacidad de realizar intervenciones significativas. La debilidad de lo público es más notoria en las regiones.
La precariedad de lo público se ha expresado de diversas maneras durante esta crisis. En el campo de la salud, en la poca capacidad instalada de los hospitales, y en reducido número de test que se están realizando. En el sector educativo aparece de manera dramática la brecha entre los hogares, en términos de conexión a internet y acceso a equipos. En los estudios sobre los factores asociados al logro educativo, la incidencia del colegio es cercana al 30%. El otro 70% tiene que ver con las condiciones familiares, el hábitat, el entorno, el talento, etc. Y la pandemia ha hecho sentir con más fuerza el peso de estos determinantes, que guardan una estrecha relación con las condiciones socioeconómicas del hogar. En materia de empleo, se ha hecho evidente la desprotección social de la mayoría de los trabajadores.
Y el gasto público que se está destinando a la emergencia a duras penas llega al 4% del PIB. Las estimaciones que se han hecho en Alemania sobre el volumen de gasto que se le dedicaría a la pandemia, pueden ser del 28% del PIB. En España del 22%, y en Italia del 18%. El gasto público de Colombia es modesto porque la tributación ha sido reducida y regresiva
Los primeros recursos, de los que echó mano el Gobierno fueron los de regalías que estaban en el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), y en el Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet). El volumen total es de unos 15 billones de pesos (1,5% del PIB). El decreto 444 que permitió esta operación, fue criticado por varios gobiernos locales porque estas regalías pertenecen a las regiones. El Gobierno argumenta que apenas se trata de un préstamo.
La timidez de las medidas también se explica por la aceptación terca del discurso sobre la austeridad, que se expresa en la defensa reiterada de la regla fiscal. Esta ortodoxia la sigue alimentando el Fondo Monetario Internacional, y las calificadoras de riesgo, que amenazan con reducir el puntaje del país y eliminar el grado de inversión.
En este contexto favorable a la ortodoxia, el Ministro de Hacienda y los miembros de la Junta del Banco de la República se han negado a que el Banco le haga préstamos directos al Gobierno. La operación financiera que se realizó estos días es inaceptable. Primero, el Banco de la República aumenta la liquidez de los bancos privados al reducirles el encaje del 11% al 8%. Con esta medida se liberaron unos 9 billones de pesos. Y, acto seguido, el Gobierno expide el decreto 562, de inversión forzosa, obligando a los bancos a comprar unos papeles de deuda pública llamados títulos de solidaridad (TDS). Al prestarle al Gobierno los bancos recibirán unos 500 mil millones de pesos de intereses. Perfectamente los TDS los hubiera podido comprar el Banco de la República de manera directa, sin necesidad de hacer la vuelta, muy costosa, a través de los bancos privados.
Durante estos días de la emergencia ha sido evidente la inclinación del Gobierno a favor de los intermediarios financieros privados. Mientras el Banco de la República disminuye la tasa de interés de referencia colocándola en 3,25% año, los bancos siguen cobrando intereses del 25% en tarjetas de crédito, y de 12%-14% en otras modalidades de crédito. De forma equivocada, el sector financiero privado actúa convencido que esta crisis no le va a impactar sus ganancias.
Erráticos
El destino de los recursos ha sido errático, y no corresponde a un plan jerarquizado. Se ha ido decidiendo sobre el camino. Las dos prioridades han sido la salud y la atención inmediata a los pobres y a las personas más vulnerables.
Como la infraestructura hospitalaria tenía tantas deficiencias, y el déficit acumulado del sector salud era de unos 8 billones de pesos, parte de las transferencias que se están haciendo ahora tienen que utilizarse para compensar el desbalance previo. Por ejemplo, al personal médico se le tienen que pagar deudas laborales. Estas angustias financieras no permiten tener una capacidad instalada robusta.
El segundo frente ha sido la atención a la población más necesitada. Las políticas de focalización han mostrado dos limitaciones. Las bases de datos disponibles son muy incompletas y, además, se han presentado numerosas dificultades para poder hacer los giros monetarios directamente a las familias. A pesar de los avances del país en la focalización, los datos presentan numerosos problemas para identificar bien al beneficiario.
Con la nueva emergencia, el Gobierno espera ofrecer un subsidio (40% del salario mínimo) a los trabajadores de las empresas que por causa de la crisis hayan reducido su facturación más allá del 20%. Esta medida que, sin duda, contribuye a aliviar las angustias de las familias es difícil de administrar.
La jerarquización adecuada del gasto es un reto enorme, y existe el peligro de preferir a quien tenga mayor capacidad de lobby. El Gobierno parece más confundido ahora, cuando empresas grandes (aerolíneas, por ejemplo) empiezan a hacer lobby buscando subsidios que contribuyan a disminuir sus pérdidas.
Jorge Iván González