Paramilitares cambian estrategia para control territorial y negocios de cocaína
Testigos revelaron hoy de manera extraoficial que los paramilitares fueron requeridos por agentes estatales para modificar la forma de ingreso de gasolina y de la salida de cocaína de los limites de Curbaradó y Jiguamiandó.
Según los relatos de estas fuentes, moto taxistas y motos particulares fueron seleccionadas por los paramilitares en Mutatá y Belén de Bajirá para ingresar entre 5 y 10 galones por viaje para los laboratorios de cocaína. Debido a las denuncias y la presión internacional sectores de la policía y militares de la región exigieron buscar otro método para que no se vean involucrados en investigaciones.
Presumiblemente, según estos, este plan de acción se realizó varias semanas atrás. Esta forma de actuación coincide con la percepción que pobladores han tenido sobre la nueva forma de operación paramilitar con las siembras de coca que se encuentran en Santa Rosa del Limón, en límites entre Curbradaó y Jiguamiandó
De acuerdo con estos testigos, que exigieron no revelar su identidad, sostuvieron que presumiblemente se iba a desarrollar una nueva campaña de desprestigio contra los afrocolombianos de las Zonas Humanitarias y los acompañantes de la Comisión de Justicia y Paz, haciéndolos ver como guerrilleros.
Los paramilitares luego de acceder al video con denuncias realizadas en la ciudad de Bogotá en noviembre iban a levantar informes y versiones para hacer ver que el problema de la droga en la región es un acuerdo entre la guerrilla y los paramilitares y la población que se encuentra en el territorio. Con tal enfoque se pretende confundir y justificar actuaciones contra la población y evitar eventuales investigaciones que ubiquen la responsabilidad de agentes con poder de la fuerza pública.
Alguno de los paramilitares manifestó a una de las fuentes que Tierradentro, caserío a pocos kilómetros de Belén de Bajirá, continúa siendo un lugar de adiestramiento, que se apoya para el control en Belén de Bajirá, Barranquillita, Caucheras, Brisas de Curbaradó, perímetro Riousucio.
Sobre los montajes judiciales indicaron que sectores de poder económico regional y nacional estaban en una “apuesta dura” para lograr que a personas de la Comisión de Justicia y Paz, las arresten. Hay que incentivar pagos y mecanismos más creíbles para que sea posible lograr, al lado del desprestigio, que unos de ellos vayan a la cárcel por lo menos unos días o meses, entre más tiempo mejor. “No importa que sean inocentes, y para eso urge lograr un encierro así sea por equivocación”.
En las conversaciones estos mismos sectores están atentos a los avances de los procesos penales contra los empresarios y las acciones internacionales sobre las cuales están actuando “en la defensa técnica con diversos medios” y lograr la libertad de algunas personas, pues temen que sí siguen en la cárcel puedan hablar. Precisó que se trata también de evitar que militares se vean implicados y que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana vayan a tomar una decisión en contra del Estado colombiano
Algunos sectores empresariales han manifestado sus preocupaciones por la situación del general ® RITO ALEJO DEL RÍO, indicó uno de los testigos. Expresó que algunos de ellos creen que al general le han dado la espalda y este se siente traicionado por sectores militares, políticos y económicos a pesar de los privilegios que tiene en su centro de reclusión castrense. Aseguró que muchos tienen la certeza que él no va a delatar a nadie y va a negarse a revelar nombres de corresponsables de violaciones de derechos humanos y sus beneficiarios en la región del bajo Atrato y el urabá Antioqueño.
Algunos temen, sin embargo, que las revelaciones de mandos paramilitares que se encuentran en los Estados Unidos, puedan ratificar las actuaciones ilegales de este general (r) y de otros actores políticos y económicos en operaciones que datan desde febrero, mayo y septiembre de 1996. “Todo el mundo sabe, que él no operó solo e hizo un plan por el amor a la patria y el desarrollo del país”.
Una de las fuentes precisó que para ellos es importante apoyar las estrategias de difamación y de montajes judiciales contra la Comisión de Justicia y Paz, de modo que se pueda neutralizar su labor, se le haga perder respaldo. Se pretendé avanzar en la conformación de una base social que permita el desarrollo de agronegocios y operaciones extractivas en estos predios colectivos, Zona de Reserva Forestal desde 1957 y que ha sufrido daños ambientales, al lado del despojo de la propiedad colectiva desde el 2000.
A pesar de la evidente complicidad de agentes estatales con el paramilitarismo ninguna medida efectiva se ha tomado y en estas condiciones se pretende entregar en los próximos semanas los predios colectivos despojados para siembras de palma, de banano y de ganadería extensiva, y recientemente de cocaína.
Continúa avanzando el levantamiento del censo ordenado por la Corte Constitucional sin que los pobladores conozca un plan de protección integral ni de actuaciones frente a ocupantes de mala fe y sectores empresariales.
Como se recordará más de 37 líderes y líderesas en este proceso de restitución se encuentran amenazados. El riesgo de estos persisten sin respuestas específicas y concretas para este grupo de población de los consejos comunitarios.
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Bogotá, D.C. diciembre 22 de 2011
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz