Ni la reforma conciliada ni la negociada ¡Justicia!
La reforma que en principio generó expectativa porque supuestamente, por fin, un Gobierno asumía el tema de la Justicia para enfrentar problemas graves y viejos como la congestión y la corrupción, terminó en un fiasco y ahora su gestor inventa riesgosas fórmulas para conjurar un acto legislativo de inmunidad y absolución para los hp (honorables parlamentarios, según libro de Edgar Artunduaga). No todos, desde luego, pues por fortuna hay honrosas excepciones.
Entre gratitudes burocráticas y concesiones a los congresistas de la aplanadora Unidad Nacional y dádivas a los magistrados de las Cortes, que aún así no se convencieron del todo de la conveniencia de una reforma que en su espíritu inicial conllevaba la pérdida de autonomía para la rama a favor de un mayor control presidencial, ensayos privatizadores y canonjías jurídicas a los congresistas, el Gobierno mantequeó el proyecto, al que, dada su largueza, los “legisladores” le fueron colgando otras grotescas gabelas en su favor, como descarada confesión de parte anticipada, hasta llegar a la sinvergüenzada de la comisión de conciliación, que, en las narices del Ministro de Justicia -su asesora jurídica redactó la conciliación-, les expidió boleto de salida a sus colegas presos y aseguró para todos dispensa hacia adelante a sus bellaquerías.
Que vergüenza para el Departamento de Nariño, tener al senador Enríquez Maya como líder de esa vagabundería, que de paso fue votada por todos sus paisanos congresistas -con la excepción de Camilo Romero y Javier “Tato” Álvarez-, varios de ellos beneficiarios del articulado, dada su vinculación con escándalos de la Administración Uribe. En su apartamento, a punta de chicharrón de paquete, se gestó la conciliación que terminó en confabulación deshonrosa, nada menos que en una reforma a la justicia. Ni los malabares de su sabiduría jurídica latino pastusa pudieron justificar ese adefesio. Enríquez apeló a los más eminentes juristas romanos de Pomponio a Modestito y quedó como quien lleva esos nombres hoy. Con el combo de conciliadores empeñó su bagaje y experticia jurídica para una patraña casi irreversible y no dejó de advertir a los periodistas que blandieron la revocatoria, si conocían el engorroso procedimiento que hace casi imposible ese propósito.
De salirse con la suya, tendrá la gratitud eterna de la mafiosa clase política -con contadas excepciones, repito-, que no ceja en el empeño de sacar a sus conmilitones de La Modelo y La Picota, a donde fueron a parar por ladrones, asesinos y cómplices de criminales. En trance de abogado, en defensa de sus alfiles más importantes, encartados en varias causas judiciales, ya el ex Presidente Uribe había sentenciado hace algunos meses que cuando la causa es la “patria” no existe dolo. Y que más “patriota” que la pandilla politiquera.
La indignación nacional obligó al Presidente a llegar a las carreras de Brasil, urgir fórmulas a su costosísima tropa de asesores jurídicos -¿Por qué no pararon a tiempo esa felonía?-, cambiarse de vestido y salir por tv. a objetar por inconveniente un acto legislativo que horas antes el Ministro de Justicia había alabado, pues para ellos lo que lo dañó fueron los “micos” introducidos en la conciliación, como si lo que venía, resultado de la manguala de poderes, fuera algo digno y pertinente. Nada de eso. La jugada no le salió y la gula pendenciera de los conciliadores le dio el papayaso para lavarse las manos. Si la atención nacional no se hubiera fijado en lo que estaba pasando con la reforma, gracias a la insistencia de algunos medios, pocos habrían advertido esta puñalada mortífera contra la Constitución de 1991.
Los medios, las dos grandes cadenas de emisoras, en particular, hicieron un cubrimiento crítico del proceso y evidenciaron lo que se estaba cocinando. Es innegable el aporte a la cultura política nacional que en esta coyuntura hacen Julio Sánchez Cristo, quien le dio alas al referendo revocatorio, Dario Arizmendi, Rodrigo Pardo, varios columnistas, entre otras Cecilia Orozco Tascón y María Jimena Duzán y el diario El Espectador. El Tiempo, como el Presidente, demasiado cálculo y conveniencia. Basta comparar titulares y editoriales. De pronto esa prudencia tiene que ver con que su nuevo dueño es un gran banquero, sector beneficiado con la reforma.
También fue determinante Asonal Judicial, la protesta de los operadores judiciales y el trabajo de algunas organizaciones no gubernamentales como la Fundación Plural, ¡Viva la Ciudadanía!, la Veeduría Ciudadana, la Mesa de Observación Electoral, Excelencia en la Justicia, Arco Iris, De Justicia, entre otros. En mayo pasado, en la Feria del Libro, Armando Novoa, presidente de Fundación de Estudios Constitucionales Plural, hizo una impresionante, aguda y premonitoria presentación sobre las consecuencias nefastas que la contra reforma tendría para la estructura constitucional y el intento de hacer borrón y cuenta nueva con la judicialización de la narcoparapolítica.
El Polo Democrático Alternativo tuvo una posición compacta, coherente y valiente de oposición al esperpento legislativo. Germán Navas se batió como titán desde hace más de un año contra el contenido de la reforma. Jorge Robledo y Luis Carlos Avellaneda, además de argumentar a fondo, junto a Alexander López, quien presidía la plenaria del senado, trataron por todos los medios de impedir la infecta votación. Con ellos votaron en contra Iván Cepeda, Alba Luz Pinilla, Jorge Guevara, Wilson Arias, Mauricio Ospina y Camilo Romero. Igual posición asumieron los parlamentarios del Partido Verde, del Mira y Afrovides, los liberales Juan Manuel Galán y Camilo Sánchez y los uribistas Miguel Gómez, Juan Lozano y Juan Carlos Vélez, cuyo jefe trinó bastante contra el proyecto, coincidencia que no debe confundir a nadie pues su moral a conveniencia lo lleva, de criticar las prebendas a los magistrados y congresistas en voz alta a añorar en silencio el indulto a sus lugartenientes. La mayoría de los congresistas de los partidos que integran la coalición de Gobierno votó a favor del entuerto que, un prevaricato colectivo que encausado penal y disciplinariamente ocasionaría la disolución de este Congreso.
El Gobierno busca alguna fórmula para lavarle la cara al Congreso con una pirueta que les permita adecentar el texto de la reforma y en caso extremo un acuerdo político para enterrarla. De promulgarse, caso improbable pero posible, queda el salvavidas de la Corte Constitucional que ante todo esto no tiene alternativa distinta a declararla inconstitucional, pero los efectos criminales de su vigencia serían desastrosos. Entre tanto, expresiones de la sociedad civil lanzaron la propuesta de un referendo revocatorio: Si a la Justicia, no a la reforma. Que la gente la tumbe. Fórmula que dicen no gusta al Gobierno por costosa, argumento poco creíble. Más bien el temor es por los efectos políticos de la movilización y sus frente a una eventual reelección. También por lo que pueda estar tramando el uribismo, con un líder activo y sus Montesinos cavilando una Constituyente para restablecerse en el poder y sacar de líos a tantos de sus subalternos imputados o enrejados.
Hábilmente, advertidos del potencial político y del escenario de cambio que puede provocar, los voceros del establecimiento observan que para que haya referendo el acto debe promulgarse con los riesgos previstos, limitando el alcance del mecanismo participativo al texto conciliado. Se equivocan: Para preservar la Constitución de 1991 voto contra la reforma a la justicia. Es decir, ni la vulgaridad conciliada ni la mediocridad negociada por el Gobierno, el Congreso y algunos togados. Borrón y cuenta nueva con activa participación ciudadana en pos de una administración de justicia independiente y transparente y un régimen jurídico moderno, coherente y garantista.
La justicia en Colombia requiere de un reenfoque conceptual y procedimental de fondo. En primer lugar que sea justa, pronta, eficiente, eficaz y efectiva. Es una injusticia que alguien pague 3 años de cárcel en una condena expedita por robarse seis cubos de caldo de pollo o un queso para calmar el hambre y, en proporción, los miembros del “carrusel de la contratación” o los propiciadores y beneficiarios de Agro Ingreso, el espionaje ilegal, el aprovechamiento de los bienes expropiados a los narcos, los parapolíticos y un largo etcétera, pagan penas irrisorias y en condiciones de mejor clase. Por el contrario, para el Gobierno, de las cosas buenas que hay que salvar es la descongestión judicial vía terceros, en el trasfondo en beneficio del sector financiero, puesto que la gran mayoría de procesos son ejecutivos civiles relacionados con créditos de todo tipo que serían asumidos por abogados y notarios en una experiencia piloto de privatización de la justicia. Aunque legales, la mayoría de esas causas judiciales tienen origen en las cargas leoninas que impone la banca a sus subyugados.
Apasionante la reacción ciudadana contra la canallada fabricada por el Congreso de la República. El sábado 23 le firmé la planilla pro referendo a Antonio Navarro Wolf, en el paseo peatonal de la carrera séptima, mientras dialogábamos con la gente sobre el propósito de la revocatoria y la necesidad de ir hasta el final para ver si de una vez por todas se limpia el Estado de tanta porquería. Es mejor no repetir los epítetos que usaban contra los congresistas. Una ola de indignación sacude al país y esta vez con ganas de hacer algo. Hace 200 años, José Acevedo y Gómez atizó la Declaración de Independencia de Colombia, advirtiendo al pueblo las desgracias que vendrían “Si perdéis este momento de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y feliz…”.
Por Guillermo Segovia Mora
Abogado, Magíster en Estudios Políticos