La paz de Santos a bajo costo y con profundización de la militarización
Los temores infundados que los militares serían condenados por violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad e incluso que su doctrina sería modificada en un proceso de reconciliación han quedado despejados en estos días.
La aprobación del Estatuto de la justicia penal militar, el acuerdo de cooperación de Santos con la Alianza del Atlántico Norte, OTAN, resuelven las dudas. El Estado colombiano continúa la militarización y el control social territorial con entrega o no de armas de las guerrillas. El nuevo fuero penal militar es uno de los desarrollos del llamado Derecho Operacional[1], expresión acuñada por el hoy Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo Caro, que desfigura el derecho internacional para propiciar el que los civiles puedan ser blanco legítimo. Exista o no desmovilización de alzados en armas, la rebeldía social y la indignación tendrá respuestas represivas previstas. Por un lado, la ley de seguridad ciudadana que veladamente criminaliza la protesta social con privaciones de la libertad, entre otros aspectos, y el fuero militar que en continuidad del escenario del conflicto armado o sin éste, legaliza y legitima los abusos militares para las expresiones sociales.
En diciembre de 2012, el Congreso de Colombia aprobó una reforma a la ley que regula el fuero penal militar. Ese proyecto permite mayores privilegios e inmunidades a miembros de la Fuerza Pública, militares y policías. Las críticas de la Corte Interamericana, y la de once relatores especiales de las Naciones Unidas, obligaron a los congresistas a modificar unos puntos para aprobar el nuevo reglamento el pasado 29 de Mayo 2013. Tales cambios, solo maquillajes, no enfrentó un factor estructural de impunidad, el que los tribunales militares continúen siendo responsables de asumir todos los casos de crímenes cometidos por los militares, y que sean esos mismos tribunales, los que califiquen la excepcionalidad de una conducta para ser excluidos de ser juzgados por los castrenses.
En otras palabras, las detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, tratos crueles, tratos inhumanos y degradantes, allanamientos, intercepción de comunicaciones, tortura u otros tipos de operaciones de inteligencia militar tendrían el sello de una operación militar, y aunque se indique que no serán investigados por los castrenses, estas en el fondo serán asumidas en el contexto de un teatro de operaciones..
Aunque el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón lo niega, la Oficina de las Naciones Unidades por los derechos humanos, el 16 de junio expresó “que si dicha ley es adoptada, ésta podría llevar a que casos de “falsos positivos”[2] actualmente investigados bajo el régimen penal, puedan ser transferidos para investigación y juicio a autoridades del Ministerio de Defensa Nacional”[3]
Los miembros de las fuerzas armadas acusados de haber asesinado a civiles podrían argumentar que la ejecución extrajudicial de los que se les acusa es un incidente aislado y no pertenece a un ataque generalizado contra la población civil. Si no es generalizado no es Crimen de Lesa Humanidad.
También tendrían los militares otra salvaguarda pues en los tribunales de Colombia, no se clasifica a los “falsos positivos” como crímenes de lesa humanidad si no que los “falsos positivos” son tipificados como “homicidio contra la persona protegida” – reconocido por el Código Penal colombiano. Así se asegura que los “falsos positivos” caen bajo la jurisdicción de los tribunales militares, ya que “todas las violaciones del derecho internacional humanitario será la jurisdicción exclusiva de los tribunales militares.”
Por otra parte, las nuevas disposiciones reducen el acceso a la justicia para las víctimas y los defensores. La FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) y la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos solicitaron explícitamente suspender el voto en una carta a Roy Barreras (Presidente del Senado), Augusto Posada Sánchez (Presidente de la Cámara de Representantes), y a Juan Manuel Galán (Senador) y formularon una preguntaron por qué “es incomprensible estas reformas se propongan solo unos meses después de que fuera expedido por el actual presidente Santos, mediante Ley 1407 de 2010, un nuevo Código Penal Militar que se aproximaba bastante a los requerimientos que los tratados y la jurisprudencia nacional e internacional habían demandado para garantizar que el juzgamiento de militares fuera compatible con las obligaciones internacionales en la materia”[4] . Pero muchas preguntas se suscitan ¿Por qué Colombia aceptó hace 11 años (en 2002) firmar el Estatuto de Roma ratificando el ejercicio de un tribunal civil internacional, si el gobierno colombiano cree que los crímenes de guerra pueden ser efectivamente investigados por un tribunal militar?
Acercándose a la OTAN (Tratado del Atlántico Norte), el gobierno colombiano da la espalda a las apuestas de integración regional.
Después de cerrarse el primer punto de acuerdo sobre el tema agrario con las FARC, Santos anunció su petición de ingreso a la OTAN. El 24 de junio/13, su Ministro Pinzón firmó un acuerdo de cooperación con la OTAN[5].
La iniciativa es significativamente negativa frente a la intención de integración regional promovida por el UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) y la CELAC (la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe), el mismo MERCOSUR, sumada a la creación de un bloque económico del pacífico con presencia de Perú, Costa Rica, México y Colombia. Este acercamiento está obviamente autorizado por los Estados Unidos, Colombia su principal aliado en América Latina, desde el año 2000 (con el Plan Colombia) cuenta con la ayuda militar más significativa de Washington, en esta parte del hemisferio, no superada aún por México.
A pesar de las reservas expresadas en Bruselas por parte de fuentes cercanas a la OTAN, Colombia no cumple con los criterios geográficos, sin embargo, la firma del Acuerdo es otra forma de asegurar la lógica de la militarización que se han venido consolidando para enfrentar todos los asuntos e insatisfacción social y de rebeldía armada. Ese acuerdo ”de intercambio de información y buenas prácticas en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”.[6]
El atlantismo[7] de Colombia está muy mal recibido por los países de UNASUR. Nicolás Maduro, nuevo presidente venezolano, dijo que esa iniciativa es un “giro negativo hacia una agenda de desestabilización y división regional, atacar a la revolución bolivariana y la adhesión al proyecto hegemónico imperial.”[8]
Claramente la situación interna e internacional reflejan que Santos expresa una paz de la inversión, su imagen de reformista se mantiene en escenarios donde los países apetecen el territorio colombianos para sus inversiones, no pretende ser el liberal en el que muchos creen, si no el conservador de centro, que construye un proyecto de Estado y de sociedad con bases estrechas, con control ciudadano y militarización territorial. Es como suele tuitearse la expresión con buenas formas de la seguridad democrática de Uribe, un Uribe de un aparente buen trato, de una mirada ”solidaria” con las víctimas y los pobres., posando de reformista,
El proceso de la Habana con las FARC y el que se inicie con el ELN, quién sabe si el EPL, demuestran que los sectores de la derecha de América han ido tejiendo un escenario para que la paz acordada sea la de un sometimiento, con modificaciones nulas o de bajo costo. Pero además desde ya asegurando para los militares operaciones “limpias” contra la población con el nuevo fuero penal y con la ley de de seguridad ciudadana. La paz es solo un pretexto para asegurar la inversión con formas legales, como la propia ley de víctimas y de restitución.
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[1] http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/diciembre/15/03152009.html
[2] Asesinato de civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate y así aumentar las estáticas dentro del conflicto armado colombiano.
[3] http://nacionesunidas.org.co/blog/2013/06/14/oficina-de-la-onu-para-los-derechos-humanos-se-pronuncia-sobre-fuero-militar/
[4] http://www.fidh.org/colombia-carta-abierta-al-congreso-de-la-republica-ante-la-inminencia-de-13476
[5] http://www.semana.com/nacion/articulo/colombia-si-firma-acuerdo-otan/348722-3
[6] Ibíd.
[7] Una visión política internacional fundada en el Pacto Atlántic. El Atlantismo es a menudo criticado como defensa del liberalismo económico y el apoyo a la política exterior de los Estados Unidos.
[8] http://www.semana.com/nacion/articulo/colombia-si-firma-acuerdo-otan/34
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