La igualdad de género: acertada y justa
“Hacer frente a las desigualdades de género también supone una obligación para la realización de los derechos fundamentales cívicos y políticos.”
Si bien la agricultura es cada vez más dependiente de trabajo de las mujeres, la falta de mujeres que tengan una tenencia segura de la tierra limita seriamente su influencia sobre las decisiones agrícolas. Cerrar la brecha entre hombres y mujeres respecto a sus derechos sobre la tierra aumentaría la productividad y la producción total. Y contribuiría a la realización de los derechos ciudadanos de las mujeres.
Por Madiodio Niasse, director de la Secretaría de la International Land Coalition (coalición internacional para el acceso a la tierra)
Las mujeres aportan una proporción considerable de la mano de obra agrícola en los países en desarrollo. La FAO estima esta cifra en un 43 por ciento, mientras que UNIFEM calcula entre el 60 y el 80 por ciento. Estas cifras, aunque en ocasiones debatidas, representan una ilustración plausible de la realidad y forman parte de una tendencia hacia la creciente feminización de la mano de obra agrícola.
Es probable que esta tendencia continúe e incluso se acelere debido a la elevada emigración masculina, unida a la alta incidencia de enfermedades como el VIH/SIDA. Un número creciente de viudas y huérfanas se convertirán en las cabezas de familia de hogares agrícolas y en las principales proveedoras de mano de obra en las explotaciones familiares.
El papel cada vez más importante de las mujeres en la producción agrícola no concuerda con su aún limitado acceso a la seguridad en la tenencia de las tierras que cultivan. FAO y UNIFEM estiman que menos del cinco por ciento de las mujeres del mundo en desarrollo tienen acceso a derechos de tenencia seguros, con grandes fluctuaciones en función del país. En los casos en que las mujeres disfrutan de la seguridad en la tenencia, el tamaño de las explotaciones suele ser muy inferior al de las fincas que controlan los hombres.
“El papel cada vez más importante de las mujeres en la producción agrícola no concuerda con su aún limitado acceso a la seguridad en la tenencia de las tierras que cultivan.”
En Burkina Faso y Benín, un estudio del Banco Mundial descubrió que el tamaño medio de las tierras en propiedad de las mujeres equivalía al 12,5 y al 50 por ciento, respectivamente, de la superficie propiedad de los hombres.
Si la seguridad de la tenencia se consigue cuando los derechos sobre la tierra de un individuo o una comunidad se reconocen públicamente y se protege a los titulares de los derechos frente a la privación arbitraria, gozando estos de los beneficios económicos ligados a sus derechos de tenencia; entonces la seguridad de la tenencia es una construcción social cuyo significado varía en función de los contextos socioculturales.
Por lo tanto, la efectividad de los medios (legales y de otra índole) que velan por la seguridad de la tenencia depende del contexto. La propiedad de la tierra puede ser un medio para lograr la seguridad de su régimen de tenencia, pero rara vez es una condición suficiente o el único modo de asegurar los derechos sobre la tierra.
Si bien el sector agrícola depende cada vez más del trabajo de las mujeres, su influencia en las decisiones agrícolas es limitada debido a su falta de seguridad en la tenencia de la tierra. Por este motivo, cerrar la brecha de género en cuestiones de acceso al derecho de tenencia para garantizar los derechos sobre la tierra tiene sentido desde el punto de vista económico, así como desde las perspectivas de la justicia social y los derechos humanos.
Uno de los resultados más directos y tangibles de cerrar dicha brecha de género sería el aumento de la productividad y la producción total del sector agrícola, ya que hay una fuerte relación entre el acceso equitativo a la tierra y la mejora de la eficiencia del sector agrícola. La seguridad de la tenencia contribuye considerablemente a la creación de los incentivos necesarios para incrementar la inversión agrícola, que deriva a su vez en una mayor productividad.
El informe Foresight de 2011 da un ejemplo del caso en Burkina Faso, donde la productividad de las parcelas gestionadas por mujeres era un 30 por ciento inferior a las de los hombres, principalmente porque la mano de obra y los fertilizantes eran usados de forma más intensiva en estas últimas.
La falta de control de las mujeres sobre la tierra se agrava debido a los obstáculos a los que se enfrentan en varios segmentos de la cadena de valor agrícola: acceso a los servicios de insumos, servicios de extensión, procesamiento, mercados, etc.
La FAO sostiene que cerrar la brecha de género en la agricultura aumentaría el rendimiento medio de los cultivos de las tierras de las mujeres en un 20-30 por ciento, lo que equivaldría a un aumento de entre el 2,5 y el 4 por ciento de la producción interna de alimentos y a un descenso de entre el 10 y el 20 por ciento del número de personas que sufren desnutrición en todo el mundo (entre 100 millones y 150 millones de los 950 millones de personas hambrientas).
“Conseguir la igualdad de género en materia de propiedad de tierras daría autonomía a las mujeres y aumentaría su influencia sobre el modo en que se utiliza la tierra.”
Las evidencias en todo el mundo demuestran que cuando las mujeres tienen más influencia en las decisiones económicas (como ocurre cuando tienen derechos seguros sobre la tierra), sus familias destinan una mayor parte de sus ingresos a la alimentación, la salud, la educación, la ropa y la nutrición de los niños.
Abordar las disparidades de género en el acceso a la tierra también ayudaría a mejorar la inclusión y la identidad social de las mujeres rurales. Disponer de un título sobre la tierra significa tener una dirección física, y por tanto, acceso a partidas de nacimiento, documentos de identidad y tarjeta electoral. Todos estos documentos son indispensables para que las mujeres puedan ejercer sus derechos como ciudadanas y participar en los debates sobre las cuestiones de interés común.
Conseguir la igualdad de género en materia de propiedad de tierras daría autonomía a las mujeres y aumentaría su influencia sobre el modo en que se utiliza la tierra (qué, cuándo y cómo se produce) y en que se utilizan los productos agrícolas.
“Muchos gobiernos han aprobado leyes relacionadas con las tierras que suelen contar con disposiciones progresistas para abordar las desigualdades de género.”
Las desigualdades actuales del acceso a la tierra plantean también una cuestión en materia de derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho a la propiedad para todas las personas. Esto incluye el derecho a la tierra, que es el bien físico más importante en las economías agrarias pobres. La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer reclama la igualdad de derechos de ambos cónyuges en términos de propiedad, adquisición, gestión, administración, empleo, y disposición de la propiedad familiar (Artículo 16).
Además de la normativa internacional, que exige una distribución de recursos más justa entre los dos sexos –entre los ejemplos se encuentran la Convención citada anteriormente así como las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, de reciente adopción–, muchos gobiernos han aprobado leyes relacionadas con las tierras que suelen contar con disposiciones progresistas para abordar las desigualdades de género. Según el Banco Mundial, 115 de los 124 países estudiados reconocen de manera específica los derechos de propiedad en igualdad de condiciones para hombres y mujeres.
Entonces, ¿por qué no estamos presenciando un progreso rápido y generalizado? Parte de la respuesta reside en el hecho de que las normas y las creencias culturales, religiosas y sociales que confinan a las mujeres a papeles secundarios en la toma de decisiones se encuentran en lo que Roland denomina “instituciones de movimiento lento” que contienen y demoran el cambio social. Las desigualdades de género en otras esferas clave como la educación y la salud reproductiva también impiden que las mujeres se beneficien plenamente de las oportunidades que crean las políticas progresistas sobre la tierra en aquellos lugares donde se han adoptado.
Incluso en los contextos en los que los responsables de la elaboración de las políticas actúan de buena fe, hay una limitación en la cantidad de medios prácticos, asequibles y aceptables culturalmente para abordar las desigualdades de género a la hora de distribuir bienes productivos clave como la tierra.
Se están llevando a cabo una serie de innovaciones prometedoras que tienen como objetivo mejorar el acceso de las mujeres a la tierra. Por ejemplo, Etiopía, Ruanda, Colombia, Perú y Nicaragua han introducido títulos conjuntos de propiedad de la tierra para los cónyuges. En Nepal, una exoneración de impuestos (del 10 por ciento en 2008, que después se elevó al 25-40 por ciento) ayudó a aumentar el número declarado de hogares cuyas mujeres consiguieron acceso a la propiedad de tierras de un 11 por ciento en 2001 a un 35 por ciento en 2009.
Sin embargo, estas medidas resultan más pertinentes cuando es la administración estatal la que impulsa procesos de reformas agrarias redistributivas y no el mercado. Cuando existe un mercado libre de tierras, el riesgo de ampliar las desigualdades de género en el acceso a la tierra puede reducirse mediante el establecimiento de fondos o bancos de tierras (como en Colombia o Nicaragua), que proporcionan apoyo financiero a las mujeres para que adquieran tierras o paguen las tasas de registro del título de propiedad de la tierra.
“Hacer frente a las desigualdades de género también supone una obligación para la realización de los derechos fundamentales cívicos y políticos.”
Estas medidas no suelen plantearse sin la injerencia de una fuerte presión a favor del cambio, que empieza con actividades para concienciar a las autoridades con poder de decisión y el público en general sobre los motivos y los beneficios de conseguir justicia de género en el acceso a la tierra. El aprendizaje focalizado en materia de tierras (que se centra en las leyes e instituciones relacionadas con la tierra) puede ayudar a las mujeres a comprender mejor sus derechos sobre la tierra.
El apoyo a las demandas de las mujeres sobre la tierra, el fortalecimiento del papel de las mujeres en los movimientos por los derechos sobre la tierra, y el mantenimiento de las cuestiones relacionadas con la tierra como una prioridad en el programa de las organizaciones internacionales más influyentes de mujeres, son esferas en que las organizaciones como la mía, la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, desempeñan un papel fundamental de cara al futuro.
Hacer frente a las desigualdades de género en el acceso a unos derechos de propiedad seguros se justifica desde una perspectiva económica: el Informe Mundial de Desarrollo de 2012 se refiere a esta necesidad como “economía inteligente”. A su vez, también supone una obligación para la realización de los derechos fundamentales cívicos y políticos, así como los derechos sociales y económicos.
Una mejor comprensión de la gobernanza y la distribución de los recursos dentro de las familias, así como de la documentación sobre buenas prácticas, podría ayudar a formar la base de unas políticas y leyes más pertinentes, focalizadas y de aplicación más sencilla. Las instituciones académicas, las agencias para el desarrollo, y las organizaciones de defensa de la sociedad civil, todas, desempeñan una función esencial.