Entre Curbaradó y Bogotá, el abismo estatal

Al cierre de esta entrevista virtual, desde Camelias en Curbaradó se denunció que invasores, con machetes y amenazas verbales atacaron a cinco niños del consejo comunitario, que se encontraban cortando leña. Los invasores les hostigaron y les persiguieron. Esto sucedió en medio de la cercanía de la presencia policial, si esto es así ahora, ¿ como será cuando estos se retiren?


Mientras en Bogotá, algunos de las comunidades de Curbaradó y Jiguamiandó respaldaban a las comunidades de Las Pavas ante las graves difamaciones, señalamientos y desprestigio con el que se pretende desconocer situaciones de desplazamiento, de despojo y de violaciones de derechos humanos,logramos una comunicación virtual con las comunidades afromcolombianas y mestizas que en el bajo Atrato enfrentan uno de los mecanismos usados por empresarios y paramilitares para mantener el control sobre la propiedad.

El pasado cuatro de noviembre, el gobierno nacional se comprometió a desalojar predios ocupados de mala fe dentro del territorio de Curbaradó, adelantar un plan de protección y los aspectos pertinentes sobre el plan de estabilización. Hace un mes y medio de dichos acuerdos. Estas fueron las respuestas de los pobladores.

Conocimos que en esa reunión del 4 de noviembre hubo una actitud un tanto dominante del ministro Vargas Lleras?

Si es verdad, eso fue delante de observadores internacionales y de las comunidades, que nos sorprendimos, que las tierras se entregaban mañana 15 de diciembre, con quienes se subieran a la barca. Creemos que estaba nervioso, salido de casillas y afanado, sin comprender la gravedad de lo que significa la situación que vivimos. Por eso ayer, junto con los amigos de Las Pavas solicitamos al presidente que su ministro se rectificará o que le solicitara su renuncia, porque no parece que hubiera coherencia entre la preocupación por las victimas y el trato privado y público que se nos da. Y eso para no hablar de la inatención en nuestro caso a 37 lideresas y lideresas amenazadas. Ah!!! Y lo más grave ha sido la amenaza a nuestro líder Raúl Palacios. Luego de esa reunión una grabación en video llegó a los paramilitares y con esa saben que dijimos y qué estamos pensando. Eso realmente grave, muy grave.

Es verdad que se esta llevando a cabo el desalojo?

Si se inició a mediados de noviembre pero aún hoy esté no se ha cumplido planamente, y eso que estamos hablando solamente del de Camelias, y no de lo que pasa en Caracolí y Andalucía. Al día de hoy más de 18 familias aparecen invadiendo el territorio colectivo de Camelias y 170 familias más dijeron que iban a ingresar al territorio colectivo y otras ingresan y salen todos los días. Lo cierto es que se abrió el paso a unas actuaciones, la notificación pública en Brisas, llegaron ESMAD y escuadras de policía que procedieron a acompañar a algunos repobladores afuera del territorio. Los invasores durante casi un año llegaron a tumbar bosque, producir daños ambientales y sembrar en más de 100 hectáreas. La orden administrativa no se ha cumplido plenamente, las acciones no han sido efectivas en ese campo. Hasta hoy la policía permanece en el lugar.Hay sitios que pertenecen a Camelias, como ejemplo Casa Negra, donde el inspector dice que no hay condiciones de seguridad; así mismo hacia La Aguja, el inspector dice que no va por que hace presencia de la guerrilla, lo que no es cierto. Hay familias que se han escondido y otras pasaron a territorios de otros consejos como la Iguana; hay gente que sigue entrando a trabajar en medio del “desalojo”. No creemos que eso se pueda llamar desalojo. Y siempre salen con la misma disculpa que lla guerrilla está ahí y resulta que lo que hemos vistos en Curbaradó son paramilitares, por donde ingresan semillas de coca y sacan la cocaína, delante de la policiía y de la brigada 17

¿Desde cuándo empezó el desalojo?

El 30 de noviembre hizo presencia el inspector y se movilizó personal del Esmad (aproximadamente 200 hombres en 5 camiones), funcionarios de Bienestar Familiar (que sólo estuvo unas horas y se fue) y de la Policía. El 1 estuvieron principalmente en el sector de la Norte 3 y se sabe que llegaron familias a Bajirá que se habrían alojado en la iglesia y luego algunas (20 personas) que durmieron en el parque. Hubo transporte que iba para Chigorodó y Quibdó que no fue utilizado por los desalojados.

¿Es parte de los acuerdos?

Hubo unos acuerdos el 4 de noviembre y otros posteriores en Quibdó, de esta no existe un acta escrita de compromisos. Allí Acción Social apoyaría que la comunidad recogiera la cosecha para hacerlos llegar al inspector y este entregara las siembras a las familias desalojadas. Nosotros entendemos que son campesinos sin toerra, sabemos que los empresarios bananeros y un sector de los paramilitares los han usado, y bueno nos ha n hecho daño, pero los responsables están detrás de ellos. Nosotros le planteamos al gobierno que ellos deberían otorgarles tierras, pero ellos son sordos, quieren profundizar el enfrentamiento contra nosotros, y nosotros nos somos los responsables de la política agraria. El otro hecho es que no existe el personal encargado de la mocha de cultivos no de tumbar los ranchos compromiso de Acción Social, este manifiesto a la comunidad que no encontró personal para estos trabajó en Bajirá por que no querían comprometerse y consideraban inseguro la labor.

3. ¿Cuáles han sido las reacciones de los pobladores desalojados ante la decisión de ustedes entregarles su cosecha?

Algunos manifiestan con agresión que van a volver y amenazas. Otros se muestran agradecidos y dicen que es cierto que a ellos les deban titular tierras en otro lugar. El inspector manifiesta que lo han amenazado. De los pobladores que quedaron en Bajirá se ha manifestado que apenas salga la policía vuelven a ingresar. Unos de los pobladores se desplazaron a territorios de la comunidad de Andalucía y para la Iguana. En el sector de Casa Negra dicen que son campesinos pobres. Una de las desalojadas cortó ella misma su cultivo de plátano. La Defensoría manifiesta que se sentía amenazada por la polarización de la que fue acusada, al decirle que ella hacía parte de Camelias y decidió retirarse del proceso. Es decir, hay un temor generalizado producido y generado por los sectores empresariales, exportadores, que están detrás de todo el entremado criminal para hacerse a nuestra tierras y definir su uso.

El desalojo se realizó en forma pacífica hasta donde se conoce; como ya se mencionó la mayoría de la población fue llevada hasta Bajirá, negándose a viajar fuera del territorio.

4. ¿Qué papel ha cumplido la policía y los militares?

El ESMAD y la policía ha acompañado al inspector a los sitios de desalojo. Desde el 3 de diciembre están con presencia perimetral a la gente de la comunidad que hace una primera limpieza del territorio con el corte de algunas hectáreas de plátano.

5. ¿Muchas familias los acusan de ser responsables?

Sí. Se ha escuchado que nosotros y las ONG somos quienes hemos obligado la mocha de cultivos. El 4 de diciembre, en Bajirá una familia manifestó que los culpables del desalojo son las comunidades negras que habitamos en las Zonas Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad, apoyadas por las ONG.

6. ¿Qué ha sucedido con los paras y empresarios afectados? ¿Quiénes son y qué han hecho?

De los paras lo que vienen haciendo es presionando con a grabación que tienen de la reunión del 4 de noviembre realizada en Bogotá, se mueven dentro del territorio de Cubardaó y Jiguamiandó y no pasa nada. De los empresarios nos han informado que estuvieron tomando fotografías, personal de Banacol a los terrenos que fueron mochados, no lo sabemos, con claridad, pero lo que los mismos invasores nos han dicho es que la invasión fue promovida por los empresarios, que las semillas y los pagos los aportaron ellos. También se ha escuchado que las empresas pretenden interponer una demanda. En la radio los dos últimos días ha habido alocuciones de Darío Blandón, expersonero de Carmen del Darién, donde manifiestan que el desalojo es ilegal. El 5 diciembre entrevistaron a Blandón que se reafirma en la ilegalidad del desalojo y al Coronel Vallejo de la Brigada 17, quien dice que el desalojo se está haciendo dándole cumplimiento a el auto de la corte. Es una forma de acusar y también de lavarse las manos. Blandón sabe en su conciencia que ha hecho mal, que papel en contra de sus responsabilidades ha realizado protegiendo los intereses de terceros, y la brigada 17 sabe que el problema no es una decisión de la Corte que se debe cumplir.

7. ¿Qué ha pasado con los ocupantes de mala fe de Andalucía y Caño Claro?

De los territorios del consejo de Caño Claro sigue la invasión; de Andalucía tampoco ha habido desalojo, ellos ocupan de mala fe desde hace más de cuatro años, sin ningún problema. Andalucía se sabe que algunas familias que tenían ocupaciones en Camelias y Andalucía se fueron para Andalucía .

8.Semanas atrás uds. denunciaban que cerca de 170 familias iban a tomarse tierra. ¿Qué ha pasado?

No tenemos más informaciones

9. El Gobierno dice que la devolución de tierra se hará mañana el 15 de diciembre.¿ Es posible?. ¿ Que va a pasar allá?

Desde siempre dijimos que no era posible, el gobierno en cabeza del ministro Vargas, no nos escuchó, definió e impuso la fecha. Ahora no cumplen en ese termino de tiempo y nos tienen a todos corriendo, sin solucionar problemas de fondo. Restitución como tal, anunciada para febrero o marzo no es posible en derecho, Eso va hacer como un remiendo en vestido viejo. No es posible restitución porque el territorio no está saneado existe el paramilitarismo, gracias a quien, ustedes y el mundo ya lo saben. En nuestro territorio no hay guerrilla pero en el entorno se han movilizado, eso quiere decir que la guerra interna sigue. Hay cultivos de uso ilícito amparados por la fuerza pública y hay invasores que no han sido desalojados. Además no se ha terminado el censo, sobre el cual tenemos preocupaciones. Esta reflexión ha sido hecha varias veces con la comunidad. Lo que pudiera pasar es que la entrega se haga bajo un montaje utilizando las comunidades controladas.

10.Y qué está pasando con el censo?

Con la elaboración del censo el problema es que se vienen inflando las cifras, no es posible un control de definición de la población. Aquí se están utilizando mecanismos que huelen raro. Muchas familias no quieren retornar, las van a censar, lo que está bien, pero si no están con deseo de retornar, significa que quieren reubicarse. Por qué el gobierno no les plantea esa salida con claridad? Pero además, muchos grupos de población nunca han tenido tierras, no hay delimitación clara de si los habitantes del casco urbano de Carmen del Darien que no tienen tierra tienen derecho a participar. EN fin son preguntas de fondo.

11. Se conoció que el gobierno les va a llevar el reglamento interno del Consejo comunitario y que se iba a negar la posibilidad de reconocimiento a los Consejos Menores. ¿Qué opinan? ¿Conocen los reglamentos del Gobierno y en que se diferencian de los de las comunidades?

Si es verdad esa intención. De acuerdo a la Ley 70 el Gobierno no puede imponer un reglamento, porque la autoridad es la asamblea. Desconocer los consejos Menores es una manera para deslegitimar la Ley 70 y su amparo hacia las comunidades. No conocemos los reglamentos del Gobierno. No es posible que nos salgan ahora con esa otra imposición, y hemos escuchado que se van a negar a reconocer los consejos comunitarios menores, a quién le sirve todo eso. Es que un representante legal, una junta del Consejo Comunitario no pueden decidir qué o no hacer sobre el territorio. Y eso, es lo que están preparando, limitar los roles del consejo mayor o ampliarlos a favor de los empresarios. Esto en el marco y con la agravante de la aprobación del TLC, en el que se desconocen claramente nuestros derechos.

12. Qué sigue?

Es lo más difícil nada se ve fácil. Estamos muy preocupados ley de víctimas con ataque de funcionarios del gobierno a las victimas, y eso que nosotros como comunidades negras no hemos sido consultados. Fuero militar para evitar la justicia. Plan de Desarrollo en contra de un proyecto de país y de respeto a identidades y a propuestas de las comunidades rurales; paramilitarismo activo y decisiones de guerra para solucionar problemas que se deben arreglar a las buenas.