Empresarios bananeros arrecian con ecosistemas en Pedeguita y Mancilla
Sin pasar cinco días de la intervención administrativa de CODECHOCÓ que paralizó la actividad empresarial bananera por los evidentes daños ambientales en territorios colectivos, nuevamente a toda marcha las bananeras reiniciaron el ecocidio.
Desde hace más de cinco años se ha desatado una operación empresarial contra derecho desertizado fuente de aguas, la ciénega el Bajo de Los Patos y humedales de las localidades de El Diez y Nueva Unión, deforestado bosque primario, y desplazado y causado la muerte de especies animales en el territorio Colectivo de Pedeguita y Mancilla en el municipio de Riosucio, Chocó. Esta misma situación ocurre en el territorio colectivo de Curbaradó
De acuerdo con una versión de los afectados, los beneficiarios de estas operaciones serían empresarios de BANACOL. Según un administrador de una de las propiedades acaparadas ilegalmente, el representante legal del Consejo Comunitario de Pedeguita, Baldoyno Mosquera, habría firmado un contrato de entrega de 100 hectáreas para el desarrollo de ese proyecto.
El pasado 15 de abril en horas de la mañana CODECHOCÓ intervino la maquinaria empresarial ordenando el cese de sus actividades. A eso de las 10.00 a.m. en predios de la Comunidad El Diez, CODECHOCÓ informó a Miguel Mercado y Ángela Martínez, que las dos máquinas empresariales serían sellada para cesar en su intervención destructiva ambiental.
Esta familia ha sido despojada de 14 hectáreas por decisión de la Junta del Consejo Comunitario Mayor de Pedeguita Mancilla, que la destinó unilateralmente para el agronegocio bananero.
Sobre los habitantes de El Diez existe la amenaza, que “quien denuncie o se “oponga al progreso” se debe ir.
Mientras el funcionario de CODECHOCÓ se dirigía a los dos maquinistas, uno de los cuales opuso resistencia, hasta que aceptó suspender la actividad; Baldoyno Mosquera, intimidó al señor Luis Mercado afirmando: “a Jorge, Eliodoro, Manuel, y a los que no dejan trabajar, hay que quitarlos de en medio”.
El funcionario de CODECHOCÓ de regresó a la vivienda de la familia Mercado, tomó datos de los legítimos y legales dueños del predio que ha sido arrasado y les manifestó que debían permanecer en el territorio, agregando, que la Unidad de Restitución estará pendiente.
Minutos después el funcionario de CODECHOCÓ se dirigió a los predios de Eliodoro Polo, en la finca denominada La Esperanza, donde se encontraba otra retroexcavadora en actividad montando un camellón. A la exigencia de CODECHOCÓ el maquinista cesó inmediatamente su actividad.
Días antes, del 12 al 16 de abril en la localidad de El Guamo, territorio Colectivo de Curbaradó, municipio del Carmen del Darién, funcionarios de CODECHOCÓ pararon la intervención de tres máquinas en la ciénega El Guamo, que posee una extensión de 500 hectáreas.
Después de cinco años de permanentes denuncias al alto gobierno, CODECHOCÓ por fin intervino sin proteger eficazmente los derechos ambientales de los consejos comunitarios locales de Pedeguita y Mancilla y Curbaradó. Cinco días después el ecocidio se reactivó sin reacción alguna ni de CODECHOCÓ ni de la Fiscalía Ambiental ni la policía ambiental
Las comunidades siguen siendo víctimas del poder empresarial en medio de operaciones de control social territorial de los paramilitares de las AGC. Así continúa su curso el despojo agroindustrial contra una población totalmente intimidada, amenazada y silenciada ante el desarrollo de un agronegocio, inconsulto, arbitrario e ilegal.
Las operaciones empresariales en Pedeguita y Mancilla son parte de un convenio apoyado por la Agencia Nacional de Tierras, ANT. De la misma manera se conoce que en este proyecto está un poderoso empresario vinculado con Banacol. Ninguna autoridad de orden nacional ha intervenido al respecto.
Las operaciones que se están desarrollando en la comunidad de el Guamo están vinculadas con la cuestionada empresa Agromar y un empresario que vive en el municipio de Necoclí.
Bogotá D.C., 21 de abril de 2021
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz