El lado oscuro de los emergentes
La semana pasada se celebró en Durban, Sudáfrica, la quinta cumbre de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).
Las nuevas potencias mundiales quieren desafiar a la hegemonía occidental, ¿pero es su comportamiento más ético que el de Europa y Estados Unidos?
Los entusiastas del fin de la hegemonía occidental quizás celebren expectativas que los países BRICS no tienen ninguna intención de cumplir. Si bien el equilibrio del poder político, económico y demográfico se está redefiniendo, esto no quiere decir que el panorama internacional vaya a ser más ético. Los BRICS no contribuyen más que las potencias occidentales a crear un mundo justo y ecológicamente viable. Podrían si quisieran, pero para ellos tampoco es una prioridad, como sí lo es el crecimiento económico y el poder político.
El lema de la última cumbre fue “BRICS y África: Cooperación para el desarrollo, la integración y la industrialización”, así que el ejemplo de la influencia de los BRICS sobre África durante los últimos cinco años puede ser una buena medida de qué podemos esperar por parte de las nuevas potencias. Vamos país por país.
Brasil ha iniciado una campaña muy exitosa para estrechar sus lazos con África. Hoy tiene 42 embajadas en el continente (más que Gran Bretaña). Una experiencia histórica y lengua comunes con Angola y Mozambique han facilitado la penetración de sus multinacionales a estos dos países. Entre los proyectos más controversiales se halla la mina de carbón de Vale en Tete, Mozambique: una inversión de US$6.000 millones.
Entre el 2006 y el 2011, Vale reubicó a 5.000 campesinos, en un tortuoso proceso protagonizado por la protesta. Los reubicados denuncian que Vale construyó pueblos a bajo costo, y que el nivel de vida de los reubicados cayó a causa del reasentamiento.
India parece estar repitiendo la historia de Vale con Jindal, la empresa india productora de acero, que tiene minas de carbón en el distrito de Changara, Mozambique. Según un informe de terreno publicado el 21 de marzo por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, Jindal ha intentado reubicar a los habitantes de Kassoka, un pueblo a pocos kilómetros de la mina, donde muchos habitantes subsisten de la minería artesanal de oro. La compañía compró sus terrenos sin valorar el oro en ellos, y según los habitantes, intenta reasentarlos en terrenos donde no hay oro.
Muchos de los trabajadores de las minas de Vale y Jindal provienen de Zimbabue, el país vecino, que debe padecer los recurrentes episodios de violencia que el dictador Robert Mugabe desencadena sobre la población en cada época preelectoral. La inmigración de zimbabuenses a causa de las violaciones de derechos humanos en su país y del lamentable estado de su economía es uno de los fenómenos que más inestabilidad genera en el sur de África.
A pesar de las evidentes violaciones a los derechos humanos cometidas por Mugabe, los gobiernos de Brasil, China y Rusia han cerrado millonarios contratos de venta de armamento a su régimen.
Brasil vendió US$5,8 millones en bombas de fragmentación a Zimbabwe en el 2001. Estas bombas están prohibidas por el Convenio de Oslo de Naciones Unidas, que Brasil no ha querido firmar. En el año 2008, un barco proveniente de China, cargado de armamento, no pudo desembarcar en Durban, precisamente la ciudad donde se celebró la semana pasada la cumbre BRICS, por una prohibición del gobierno sudafricano. Sospechaba, correctamente, que las armas eran para que Mugabe pudiera asegurar su victoria electoral mediante el terrorismo de Estado. Y Rusia, finalmente, también es un proveedor. Un artículo publicado en Buziness Africa por Kester Kenn Klomegah, un ex editor de The Moscow Times, reveló que, a causa de la falta de efectivo por parte del régimen Mugabe, Rusia busca trocar helicópteros de combate por acceso a las minas de platino de Zimbabwe. No es precisamente “cooperación para el desarrollo, la integración y la industrialización”.
En Sudáfrica, a su vez, los titulares de la prensa mientras se realizaba la cumbre BRICS estuvieron salpicados por la muerte de 16 militares sudafricanos en la intervención que este país realiza en la República Centroafricana. El objetivo de la misión militar era proteger el gobierno de François Bozizé, quien llegó a la presidencia mediante un golpe de Estado, y que enfrentaba un levantamiento insurgente (que el fin de semana terminó exitosamente). La participación de Sudáfrica ha sido criticada por imitar el cuestionado modelo de intervención de los países occidentales en África: proteger a dictadores amigos para asegurar contratos empresariales, esta vez en la minería de diamantes.
Por último, las ONG que hacen vigilancia al comportamiento ambiental y laboral de las empresas mineras en África hallan prácticamente imposible ejercer sobre los gobiernos de China y Rusia el tipo de presión que ejercen sobre los gobiernos de las potencias tradicionales. A pesar de que la alianza para el desarrollo económico que firmaron los gobiernos del BRICS en Durban el 27 de marzo fue catalogada de “verde”, no resulta claro el componente ambiental de ésta. Los efectos de esta nueva ola extractiva en África por parte de los BRICS son imposibles de prever y muy difíciles de medir, pero tiene a los ambientalistas en alerta roja.