Ejército intimida y señala a pobladores en Cacarica

Ayer martes 14 de junio, hacia las 2:00 p.m. en la comunidad de Quebrada de El Medio, Territorio Colectivo de Cacarica, municipio de Riosucio, Chocó, militares del Batallón de Selva 54 realizaron graves señalamientos en contra de pobladores de la comunidad.

Dos grupos de uniformados que se habían ubicado en la finca del señor Never Martínez, hostigaron e insinuaron que Never estaba realizado vigilancia, ante esta situación Never manifestó a los soldados que esa era su propiedad, el ligar donde trabajaba diariamente.


Never debió salir de su finca, ante el temor generado por los señalamientos de los militares.


Minutos más tarde, sobre el río El Limón, mientras Edilberto Furnieles se encontraba bajando unas tablas de madera en un bote, una unidad militar del mismo Batallón acusó falsamente a Edilberto de llevar un fusil debajo de las tablas.

Edilberto les exigió respeto y aclaro que era una persona dedicada a su trabajo.


El pasado viernes 10 de junio en las comunidades de Cacarica se desarrolló un operativo militar y policial con serios cuestionamientos y afecciones a la población civil.

De acuerdo con los testimonios recaudados los policiales amenazaron con ejecutar y hacer pasar dos civiles como miembros de las AGC luego de asesinarlos.

La reacción comunitaria evitó que ese falso positivo como ejecución extrajudicial se hubiera consumado.


La continuidad de respuestas policiales y militares bajo el lema de la Paz con Legalidad sigue generando graves violanciones de derechos humanos, zozobra en las comunidades y haciendo inviable la consolidación de unas apuestas de paz reales en los territorios.

Se prevee la continuidad de estas operaciones policiales y militares en todo el territorio colectivo del Cacarica.

El pretexto de blancos militares y policiales legítimos se está usando para violentar los derechos de la población civil.

Población civil que desde hace más de 25 años ha exigido la presencia integral del Estado.


Población que propuso la creación permanente de una Casa de Justicia con presencia de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.


Ninguna iniciativa comunitaria liderada por Cavida ha sido atendida a lo largo de estos 25 años.


La propia sentencia de la Corte Interamericana del año 2014 sigue siendo burlada por el Estado colombiano.

Bogotá D.C. 15 de junio de 2022

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz