Desaparición forzada, presencia paramilitar y omisión de brigada 17 en Curbaradó
Desapariciones forzadas, amenazas de muerte, desplazamientos individuales de integrantes de consejos menores, presencia paramilitar en Curbaradó, omisión de Brigada 17 ante esta y el tráfico de drogas, continuidad de operaciones empresariales ilegales
Bogotá, D.C., agosto 3 de 2011
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República de Colombia
GERMÁN VARGAS LLERAS
Ministerio del Interior
MARÍA ANGELA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores
JUAN CAMILO RESTREPO
Ministro de Agricultura
VIVIANE MORALES
Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
VOLMAR PÉREZ
Defensor Nacional del Pueblo
“Entre más exigimos respeto a nuestros derechos, más perversos son, estamos siendo presos de la criminalidad que el Estado no ve, no escucha, pero que ellos si saben, y matan, y siembran, y destruyen nuestras vidas, y nada hacen, porque no somos ciudadanos, pero somos sujetos de dignidad” poblador de Curbaradó
Nuevamente nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la desaparición forzada de dos reclamantes de tierras EVERTO GONZÁLEZ y FRANCISCO PINEDA, el reclutamiento forzoso de jóvenes, la continuidad de amenazas contra líderes y lideresas, el plan de control social económico que están consolidando los paramilitares con el apoyo de sectores empresariales y la tolerancia de la brigada 17.
Desde hace ya casi un año, hemos dirigido, una y otra Constancia Histórica sin que haya avances sustanciales que aseguren plenas garantías para la restitución, la libertad de pensamiento, el derecho a la asociación, al uso y disfrute del territorio por parte de los legales y legítimos dueños de los consejos comunitarios menores de Curbaradó y Jiguamiandó.
Desde octubre de 1996 las graves violaciones de derechos humanos, la sistematicidad de las mismas, ha sido denunciada ante diversas instancias, en las que se ha mostrado el desarrollo de una estrategia criminal en contra de derecho. Organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, iglesias, organizaciones de derechos humanos, comisiones gubernamentales conocen de la situación, sin que haya existido nunca, una actuación estructural para proteger la vida, la integridad de los afrocolombianos, mestizos, e indígenas en esta región.
Las operaciones criminales consentidas, toleradas y las omisiones de la brigada 17 han permitido la consolidación de un modelo excluyente, de destrucción ambiental sustentado en crímenes de lesa humanidad para definir un uso territorial empresarial y extractivo en contra de cualquier principio de responsabilidad.
Los avances en la construcción del censo, como lo ordenó la Corte Constitucional, quedan desdibujados con factores estructurales de impunidad, de temor al enfrentamiento del enquistamiento de las lógicas y de las operaciones paramilitares. En medio de una significativa presencia de instancias civiles y de organismos de control se observó el ingreso de paramilitares desde el mes de abril, la consolidación de su presencia en los territorios colectivos sin ningún tipo de actuación eficaz.
Resulta vergonzoso, para los ciudadanos colombianos, y también debería serlo para Estado colombiano, escuchar en audiencias internacionales, como la recientemente realizada ante la Corte Interamericana, el minusvalorar la situación de riesgo de operaciones paramilitares en Curbaradó y Jiguamiandó porque hasta finales de junio no se han cometido desapariciones o asesinatos, o que se cuestione el riesgo contra la población por la prueba cuantitativa del número de efectivos de actores ilegales tolerados o no por la fuerza pública, si eran 200 o 300.
Hoy dejamos en su conocimiento que la desestimación de la situación realizada en ese escenario internacional les hace responsables por omisión de la desapariciones forzadas cometidas y de la continuidad de las operaciones paramilitares dentro del territorio colectivo, de las amenazas e intimidaciones, que no cesan y que incluyen a niñas y niños, unas de ellas con abusos sexuales de los ocupantes de mala fe y otros con las amenazas de muerte.
Qué puede afirmar hoy, el funcionario que tan desfachatadamente pretendió justificar o explicar que no había riesgo? Se han cometido daños irreparables, se va a permitir la comisión de nuevos crímenes?
Hoy son 2 las personas desaparecidas; 8 las personas desplazadas; 32 las personas amenazadas, líderes y lideresas de los consejos menores; decenas de cocaína que los paramilitares transportan en medio de la presencia de la policía de Urabá y de la brigada 17; y la ampliación de las siembras de palma, de banano, de yuca y la continuidad de la extensión ganadera.
Ante ustedes la fundamentación fáctica que dejamos nuevamente como una Constancia Histórica de lo que se pudo haber evitado.
* Miércoles 6 de julio hacia las 6:00 a.m. MARIO CASTAÑO, habitante de la Zona Humanitaria de Caracolí, integrante del consejo menor, luego de comunicarse con el mayor PÉREZ, del municipio de Ríosucio, se aproximó al cabo que hace presencia perimetral al lugar.
El militar le manifestó respecto a su protección que a él no lo acompañan: “porque usted tiene acompañamiento internacional. Si a usted lo matan estando nosotros con usted, nos cae la responsabilidad”.
Este mismo día, nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada en horas de la tarde, de la intimidación y amenaza, que el habitante de la Zona Humanitaria de Caracolí, MARIO CASTAÑO, recibió por ocupantes de mala fe que se encuentran en la Zona de Biodiversidad en Camelias.
DIEGO, DEYANIRA y un hombre de apellido MARTÍNEZ, le abordaron. Uno de ellos mostrando un arma corta, le expresó: “le doy 5 minutos para que se encomiende a dios antes de matarlo”.
En el momento en que vecinos se acercaron a proteger a MARIO, los dos hombres y la mujer se retiraron hacia la carretera ubicada a 100 metros de la casa.
MARIO se dirigió entonces a la Zona Humanitaria de Caracolí, allí permaneció, los militares solamente arribaron al lugar seis horas después, a las 2:00 p.m.
El gobierno nacional en cabeza de la Vicepresidencia fue informado, de la amenaza y del retiro de la fuerza pública del lugar.
MARIO CASTAÑO ante la ausencia de garantías se vio obligado a desplazarse.
* Jueves 14 de julio hacia las 9:30 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá fue informada de la presencia de más de 200 paramilitares en la comunidad de Santa Rosa de El Limón, ubicada en límites entre Curbaradó y Jiguamiandó.
En el lugar, según la información, la siembra de hoja de coca ya alcanza 10 hectáreas, y se han montado laboratorios para de cocaína.
Desde ese lugar, atravesando por los retenes militares y policiales han transportado cocaína en carros que se movilizan hacia la 1:00 a.m. en dirección a Mutatá. De acuerdo con testigos, en Mutatá se realizan descarga de la siembra procesada a esas horas de la madrugada, sin que exista reacción alguna de la policía asentada en ese municipio
Diariamente ingresan combustibles, alimentos e insumos en un vehículo color blanco y entro color azul, pasando los controles militares de Brisas de Curbaradó, Caño Claro Andalucía y llegando hasta Las Menas, donde cargan bestias mulares hasta El Limón y Bella Flor Remacho en Jiguamiandó.
En los vehículos han observado el ingreso de personas vinculadas con as actividades empresariales, de GABRIEL JAIME SIERRA, de la empresa Palmas de Curvaradó, entre ellos el esposo de ANGELA MARÍA OSORIO, quienes estaban vinculados con pagos a paramilitares.
Los militares de la brigada 17 frente a las demandas de intervención que han realizado los consejos menores manifiestan que no tienen autorización para requisar los vehículos.
* Martes 19 de julio hacia las 3:00 p.m., en el caserío de Las Menas fue enterrado el cuerpo sin vida de un hombre en avanzado estado de descomposición.
De acuerdo con la información, este hombre, del que se desconoce su nombre, murió ahogado en Caño Seco. Este cuerpo fue trasladado desde Caño Seco a Bella Flor Remacho, en el Jiguamiandó y de allí a La Menas en Curbaradó.
Según la información se trata de un hombre que entró a trabajar en esos territorios comunitarios.
* Miércoles 20 de julio hacia las 7:30 a.m. fue ocupada de mala fe la propiedad del miembro del consejo menor de Andalucía, FELICIANO y GENARO MALDONADO, por parte de, WILSÓN CONTRERAS LUNA trabajador de JUAN PABLO SIERRA, sobrino del empresario con prisión domiciliaria GABRIEL JAIME SIERRA.
A GENARO que adelantaba labores de siembras de plátano, lo abordaron el ocupante de mala fe, quien le manifestó “debe salir de aquí porque esta tierra es mía, si no sale le echo ganado”. CONTRERAS destruyó la casa que el afromestizo había construido.
Los integrantes del consejo menor de Andalucía solicitaron la intervención del cabo primero de la brigada 17, JHON JAIRO ESTUPIÑÁN TAFUR, quien manifestó que hasta tanto, no se resolviera el proceso de restitución no podía hacer nada
Respecto a la movilización de los insumos para la producción de cocaína, y el transporte de cocaína, el militar respondió: “yo soy nuevo en la zona”.
Hacia las 10:00 a.m. integrantes del consejo menor de Andalacía Caño Claro acompañados por observadores nacionales e internacionales de derechos humanos y en presencia de efectivos de la brigada 17, se reunieron en Las Menas para abordar al ocupante de mala fe.
FELICIANO MALDONADO, integrante del consejo menor, se refirió a la destrucción de su casa y cosechas. CONTRERAS, ocupante de mala fe expresó que cumplía órdenes de su patrón JUAN PABLO SIERRA, precisó: “esta finca es de él y a mi me corresponden 22 hectáreas de las 50 que tienen por que él, las entregó como pago por 7 años de trabajo que estuvo con él”.
A eso de las 11:00 a.m., CONTRERAS, ocupante de mala fe, llegó a la casa de habitación del miembro del consejo menor de Andalucía, ANDRÉS CARMONA, e intimidó a la madre de este, asegurando que estar exigiendo la salida de las empresas del territorio le iba a traer problemas.
*Miércoles 20 de julio hacia a las 9.30 a.m. en el puente de Caño Claro, Andalucía, en medio de la presencia de efectivos regulares de la Brigada 17, se encontraba el reconocido paramilitar apodado “Perro Negro”. Los militares dieron la orden de pare a la moto-taxi donde viajaba el adulto mayor del consejo menor de Andalucía, reclamante de tierras, ELIAS LÓPEZ.
Luego de autorizar su paso, el paramilitar intimidó al afrodescendiente tildándolo de “delincuente”.
* Miércoles 20 de julio hacia las 10:00 a.m., nuestra Comisión de Justicia y Paz, fue informada que los paramilitares implicados en el cultivo, procesamiento y transporte de cocaína, van a atentar contra la vida del lider del consejo menor de Andalucía, MANUEL ENRIQUE PETRO.
De acuerdo con la fuente, efectivos de la brigada 17 manifestaron que estaban muy presionados con las denuncias y uno de los responsables era ENRIQUE PETRO. Los paramilitares y traficantes de drogas manifestaron que había que callarlo y para eso había que matarlo.
* Miércoles 20 de julio en horas de la tarde, se conoció que el empresario JUAN PABLO SIERRA, sobrino de GABRIEL JAIME SIERRA, prohibió al legítimo dueño de predios, integrante del consejo menor de Andalucía, SOFANOR GARAVITO, que no podía seguir trabajando la tierra porque la propiedad es de los empresarios.
*Viernes 22 de julio hacia las 7.15 p.m., el ocupante de mala fe, WILSÓN CONTRERAS, manifestó en voz alta a lado de la Zona Humanitaria de Caño Claro-Andalucía, que era paramilitar e iba a asesinar a los miembros del consejo menor de Andalucía, ANDRÉS CARMONA y FELICIANO MALDONADO.
Aseveró que ellos se estaban metiendo con la tierra del “patrón y eso no se perdona”.
Manifestó, además, que nuestra Comisión de Justicia y Paz “obliga a la gente y meten a la gente en problemas; cuando Justicia y Paz salga; aquí van a matar a toda esta gente”, refiriéndose a los líderes reclamantes de tierras de las Zonas Humanitarias del Curvaradó.
* Viernes 22 de julio hacia las 10:00 a.m. en el puente de Caño Claro – Andalucía, un vehículo descargó 15 galones de gasolina que estaban siendo esperados por personas vinculadas con la siembra y procesamiento de hoja de coca en la cuenca de Curbaradó
Integrantes del consejo comunitario, entre ellos, el líder, ENRIQUE PETRO, solicitaron al militar que se encontraba en el lugar que decomisara los insumos, por que todos saben que es para el procesamiento de la hoja de coca. El militar manifestó que tenía que comunicarse antes con sus superiores.
Segundos después, el militar autorizó la entrega del combustible a sus destinatarios, ignorando lo solicitud de los integrantes del consejo comunitario.
*Sábado 23 de julio hacia las 11:30 a.m. en Bogotá, un afrocolombiano originario de Carmen del Darién aseveró que nuestra Comisión de Justicia y Paz había comprado tres magistrados de la Corte Constitucional, que el Auto del 18 de mayo de 2010 fue emitido por nuestra Comisión de Justicia y Paz para favorecer solamente a las personas que habitan en la Zona Humanitaria, agregó, que en las noches hacía su ingreso la guerrilla a esos lugares. Sostuvo que dicha información ha sido suministrada por GERMÁN MARMOLEJO.
Señaló que cada mes viajaban personas de la Comisión de Justicia y Paz a Canadá a recibir dinero a nombre de las comunidades que nunca llegaba a sus manos y que por eso como lo ha expresado GERMÁN MARMOLEJO, él deber ser el representante legal para que las empresas ayuden al progreso.
*Domingo 24 de julio hacia la 1:00 p.m. fue asesinado con arma blanca un ocupante de mala fe llamado “El Puya”, por otro invasor.
De acuerdo con la información recibida, la víctima, de la que se desconoce su nombre, se encontraba deshojando plátano a 500 metros de la torre ubicada en la vía que conduce a la Zona Humanitaria de Camelias.
Efectivos de la Brigada 17 detuvieron al “Puya” pero lo dejaron libre argumentando carecer de pruebas y desconocer la existencia de alguna denuncia.
Según testigos, a la fecha de elaboración de este escrito el asesino se encontraba libre en Belén de Bajirá.
* Lunes 25 de julio a raíz de la persistencia de llamadas amenazantes, ALFONSO SEPÚLVEDA, integrantes del consejo menor de No hay como Dios, Curbaradó, quién se vio obligado a desplazarse hacia Medellín por la presión de paramilitares para ser parte de sus estructuras criminales en junio pasado.
ALFONSO fue blanco de nuevas presiones en Medellín, en donde se le informó que los paramilitares estaban pretendiendo ubicar su lugar de habitación para matarlo, por haberles denunciado en junio pasado.
Efectivamente el 13 de junio a las 11:45 a.m. ALFONSO SEPÚLVEDA, integrante del consejo menor No hay como Dios, fue abordado en el caserío Coldesa, Apartadó, por dos paramilitares que llegaron en motocicleta, uno conocido como “Robinson” y el otro apodado “El Profe”.
Los armados vestidos de civil le manifestaron que debía aportar a la causa paramilitar, le ofrecieron 800 mil pesos, (U.S. 430 ) para que se incorporara a la estructura criminal.
Debido a la presión, el integrante del consejo menor se vio obligado a desplazarse hacia Medellín. Al día siguiente, los paramilitares regresaron al lugar, preguntando por ALFONSO.
Días después en su condición de desplazado, el viernes 7 de julio ALFONSO recibió una llamada a su número celular de un hombre, que le colgó.
*Miércoles 27 de julio hacia las 7:00 p.m., un grupo de aproximadamente 300 paramilitares con armas largas y uniforme camuflado, se dirigieron de la hacienda conocida como “Isa” hasta cercanías del caserío de Llano Rico.
En su recorrido los armados pasaron a unos 200 metros, de un costado de la Zona Humanitaria de Llano Rico, donde se ubica el puesto de control permanente donde se encontraban efectivos de la brigada 17 del ejército.
El mismo día, en Belén de Bajirá un integrante de las estructuras paramilitares manifestó a un integrante de los consejos menores, que debían protegerse porque estaba implementando el reclutamiento para consolidar el proyecto de consolidación social y económica empresarial. Los paramilitares consolidaran el trabajo de coca en el Jiguamiandó y que los 300 se distribuirían en Llano Rico, San Andrés y Caño Manso.
Ratificó que dentro del plan está la simulación de combates entre paramilitares, los que se hacen llamar “Rastrojos” con los llamados “Águilas Negras”, que ya se encuentran en el territorio de Jiguamiandó y Curbaradó. El objetivo es provocar el desplazamiento forzado de los que están en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad.
De acuerdo con el testigo, toda la operación está concertada con la brigada 17, de manera, que se trata que los efectivos regulares no se encuentren en los lugares en donde se realicen las supuestas confrontaciones.
* Jueves 28 de julio hacia las las 10:00 a.m., nuestra Comisión de Justicia y Paz recibió información de la destrucción de ¼ de hectárea de plátano por parte del invasor de tierras DIEGO, en la propiedad del reclamante de tierras MARIO CASTAÑO.
MARIO, días atrás había sido amenazado de muerte por este ocupante de mala fe.
Dos horas antes, el ocupante de mala fe advirtió a EDILIA FLÓREZ, manifestando que los paramilitares podían hacer lo que querían, tenían el poder, el respaldo militar y empresarial.
Hacia las 10:15 a.m., se puso en conocimiento esta nueva agresión al Programa Presidencial de Derechos Humanos. Esta manifestó que reportó había informado a la Fuerza Pública.
Integrantes de los consejos menores confirmaron que habitantes de los sectores al margen derecha aguas abajo de Curbaradó, informaron al gobierno su preocupación por las operaciones paramilitares en este sector de Curbaradó.
* Jueves 28 de julio aproximadamente a las 5:30 p.m., pobladores constataron la presencia de paramilitares en el trayecto entre la Zona Humanitaria de Caracolí y el caserío La Florida en la vía que conduce de Bajirá al municipio de Riosucio.
*Sábado 30 de julio hacia la 1:00 p.m. GUILLERMO DÍAZ, habitante de la Zona Humanitaria “Argenito Díaz”, en Llano Rico, Curbaradó, recibió una llamada a su celular de parte del teniente VALDÍA, de la brigada 17.
Este le cuestionó sobre la información, conocida a nivel nacional, de la movilidad de más de 300 paramilitares sobre Llano Rico muy cerca de la presencia militar.
El militar le expresó a GUILLERMO que podría regresar de su desplazamiento forzoso porque ya tenían dispuesto el mecanismo de protección dispuesto por la brigada 17.
GUILLERMO a través de vía telefónica un efectivo militar, le manifestó que los paramilitares se mueven entre Llano Rico y Pavarandó pero lo hacen de civil y ocultando las armas Enseguida le manifestó que su esquema de seguridad lo tenían montado para cuando él regresara.
* Lunes 1 de agosto a las 5:30 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue confirmada de la desaparición forzada del integrante del consejo comunitario menor de Caracolí, EVERTO GONZÁLEZ, de 36 años de edad.
EVERTO se encontraba en la comunidad de Gengadó Medio, aserrando el sábado 23 de julio cuando hacia las 5:30 p.m. fue abordado por un grupo de paramilitares que luego de identificarlo le manifestaron: “usted debe venirse con nosotros, vamos a arreglar el problema de las tierras”.
Los armados le obligaron a retirarse del lugar, dejando a un lado a un trabajador con el que se encontraba aserrando.
Desde esa hora EVERTO fue llevado por los paramilitares, sin que su familia ni los integrantes del consejo menor de Caracolí tengan información sobre su paradero.
EVERTO sostuvo altercados con los administradores de la empresa “La Tukeka”, de los ocupantes de mala fe, CLAUDIA y ANTONIO ARGOTE, cuando estos destruyeron su casa y sus siembras de pan coger. Los trabajadores de la empresa que opera ilegalmente en los predios de este integrante del consejo menor, profirieron amenazas contra él y su familia.
EVERTO demandó estas agresiones ante la inspección de policía de Belén de Bajirá, sin encontrar ninguna respuesta. Desde hace más de 7 años estaba participando en apuestas por la restitución de la propiedad despojada por los empresarios ganaderos.
En el año 2000 los paramilitares asesinaron a JORGE GONZÁLEZ, hermano de EVERTO, por la negativa de entregar su parcela a paramilitares. En ese momento la propiedad dentro del consejo menor quedó en poder de alias “Napo”, “Jimmy”, “Campeche” y “55”. Posteriormente, de acuerdo con los relatos escuchados, pasó a manos de CLAUDIA ARGOTE. La familia de EVERTO hasta la fecha de elaboración de este informe ha recibido llamadas
EVERTO al salir de su casa, el 23 de julio, vestía un suéter azul, botas de caucho, un overol y gorra gris.
* Domingo 31 de agosto hacia las 6:30 a.m. y las 11:00 a.m. GUILLERMO DÍAZ, integrante del consejo menor de Llano Rico, que se encuentra desplazado por amenazas, recibió llamadas telefónicas, en la que informaron que si él no regresaba iban a matar a su hijo, LUIS GUILLERMO DÍAZ, de 14 años de edad.
Al comunicar la situación y solicitar la reubicación urgente de su hijo LUIS GUILLERMO, a través de la Defensoría del Pueblo, la funcionaria del Ministerio del Interior DIANA IZQUIERDO, manifestó que no podía reubicarlo porque el programa solo está disponible para la protección de líderes.
*Lunes 1 de agosto hacia las 12:05 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció de la amenaza de muerte contra ÁLVARO GONZÁLEZ, sobrino de EVERTO GONZÁLEZ, reclamante de tierras en poder de los ocupantes de mala fe, CLAUDIA y ANTONIO ARGOTE.
En Belén de Bajirá vecinos y familiares del desaparecido EVERTO y de ÁLVARO fueron abordados por paramilitares, que le advirtieron que ahora iban por ÁLVARO para asesinarlo por estar reclamando la tierra, qué es de los ARGOTE.
ÁLVARO fue amenazado telefónicamente por CLAUDIA ARGOTE, la empresaria y ocupante de mala fe de predios comunitarios en Caracolí. Este hecho es de su conocimiento meses atrás, como quedó consignado en una Constancia Histórica y Censura Ética. ARGOTE manifestó, que no se iba a dejar sacar de sus tierras y para eso tenía un grupo armado a su servicio con conocimiento de la brigada 17 y la policía de Urabá.
Igualmente, las siembras de pan coger de ÁLVARO, en repetidas ocasiones ha sido destruida por el ganado de los ARGOTE.
*Martes 2 de agosto a las 8:30 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que FRANCISCO PINEDA, integrante de un consejo comunitario, vecino de Caracolí, fue abordado por paramilitares el día anterior en horas de la tarde.
Los paramilitares se lo llevaron manifestando que iban a arreglar asuntos de tierras. Horas después este se comunicó con algunos de sus familiares confirmando que estaba en poder de estos.
Desde ayer no se conoce del paradero ni de la situación de FRANCISCO.
Hace más de 13 años, a siete kilómetros de Caracolí y cuatro de La Florida en donde ocurrió está desaparición se encuentra una base paramilitar, en donde hay instalaciones de telecomunicaciones. El ejército permanece en Caracolí sin que haya existido alguna reacción.
Nuestra Censura Ética ante la actitud omisiva, la complicidad, la tolerancia de la brigada 17 y la policía Urabá con las operaciones paramilitares que continúan consolidándose en Curbaradó y Jiguamiandó.
Mientras los resultados en el combate, enfrentamiento a la guerrilla de las FARC EP son evidentes, la actitud de la fuerza pública es absolutamente partícipe por su actitud en el desarrollo de la estrategia paramilitar.
La movilización de 300 paramilitares en Llano Rico, enfrente de las Fuerzas Militares; la consolidación del control social territorial que estos desarrollan con otros 200 hombres, en los límites del Jiguamiandó y Curbaradó, con siembras de coca, desde el mes de abril sin reacción de la fuerza pública son el síntoma de que el guerrero sea desmoronado en su autoridad y su legitimidad.
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de investigaciones eficaces, integrales, que den cuenta de la sistematicidad de una operación militar que se inició en 1996 para la imposición de un modelo de uso de la propiedad colectiva, zona de reserva forestal, con desplazamientos forzados, amenazas de muerte, torturas, desapariciones forzadas, asesinatos, usurpación de predios, daños ambientales, ocupaciones de mala fe. Hoy 15 años después de los primeros hechos denunciados, la criminalidad se ha consolidado, a pesar de la desmovilización paramilitar, con nuevas formas de operación abierta, cínica, sin ningún reato, afirmando que cuentan con el apoyo de la fuerza pública, de los empresarios palmeros, de los ganaderos, de los bananeros y de los traficantes de drogas.
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de enfrentamiento de factores de poder que se encuentran hoy imposibilitando la restitución de las tierras en conformidad con el derecho internacional, la ausencia de un plan de contingencia que enfrente con medios y mecanismos expeditos la prevención de daños irreparables a la vida e integridad de las y los integrantes de los consejos menores, entre ellos, las y los que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad.
Nuevamente como recurso constitucional, histórico, y ético, ante la ausencia de respuestas eficaces, y con la pretensión de lograr una respuesta fáctica y documental, en conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional, reiteramos nuestras preguntas:
1. Frente al conocimiento que han tenido de las dos desapariciones forzadas, EVERTO GONZÁLEZ y FRANCISCO PINEDA, ocurridas en estos 10 días, cuál va a ser el mecanismo de supervisión para conocer los resultados de la activación del sistema de alerta temprana?
2. Frente a las amenazas a ÁLVARO GONZÁLEZ y el niño GUILLERMO DÍAZ, que medidas se van a adoptar?
3. Qué resultados efectivos frente a los grupos ilegales de tipo paramilitar, llamadas por ustedes, Bandas Emergentes, que se encuentran entre Jiguamiandó y Curbaradó, y que frente a los que se movilizan entre Belén de Bajirá y Llano Rico? Cuántos capturados? Cuántos enfrentamientos y con qué resultados?
4. Qué actuaciones se han realizado frente a las más de 10 hectáreas sembradas con coca y los laboratorios montados entre Curbaradó y Jiguamiandó?
5. Qué directiva u orden nacional o emanada de la brigada 17 indica que los efectivos regulares dispuestos en Curbaradó y Jiguamiandó, no pueden realizar requisas, y retenciones de personas que transportan insumos para el procesamiento de cocaína? Qué directiva u orden emanada de la comandancia de la brigada 17 para posibilitar el transporte de cocaína entre Las Menas Curbaradó y Mutatá?
6. Si hay actuaciones institucionales omisivas o tolerantes, en la política de enfrentamiento a grupos ilegales y tráfico de drogas, que medidas administrativas adoptan?
7. Se han adoptado medidas de este tipo en el caso de Curbaradó y Jiguamiandó? Si no se han tomado, por qué razón?
8. A qué mecanismo institucional de respuesta inmediata pueden acudir los ciudadanos, incluso niños, que han sufrido accesos sexuales abusivos, cuando no hay respuesta de organismos de investigación y de represión a nivel local ni regional?
9. Conocidos los hechos de abusos sexuales por ocupantes de mala fe dentro del territorio colectivo de Curbaradó recientemente sucedidos?
10. Qué institución y qué acción puede realizar sobre amenazas de muerte proferidas por paramilitares contra niños, como el arriba descrito, cuándo el Ministerio del Interior indica que no puede atender casos de niños, cuyos padre son líderes de procesos de restitución?
11. La Fiscalía General de la Nación podría realizar un análisis exhaustivo de sus actuaciones investigativas en el bajo Atrato, en particular, en Curbaradó y Jiguamiandó? Podrían dar cuenta, de cuáles son los factores de impunidad?,
12. Cuáles son los indicadores de avance en investigación de estructura criminal y cadena de mando? Qué implicaría a la Fiscalía una investigación bajo la perspectiva de interpretar la hipótesis de sistematicidad? Podría explicar por qué existe ausencia de investigación de todos los sectores empresariales ocupantes de mala fe en predios de Curbaradó y Jiguamiandó? Podría indicar las razones por las cuáles no hay investigación sobre militares?
Con profunda preocupación, ante la evidencia de la ausencia de medidas estructurales para enfrentar el paramilitarismo protector, promotor de sectores empresariales y sus agronegocios de coca, de palma, de banano, de ganado en predios colectivos; esperando que por una única vez se conozcan resultados de fondo en materia de protección y de prevención que garanticen una restitución en derecho, y que se asegure una investigación imparcial e integral para que cese tanta represión, tanta mentira y tanto uso de las formas institucionales para dar apariencia de Estado de Derecho a un Estado de hecho y de barbarie, que continúa participando de la criminalidad, de sus lógicas de operación y de su mentalidad,
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz