Declaración final Seminario Internacional
Madrid, junio 11 de 2005
Más de 225 personas, mujeres y hombres de los pueblos en iniciativas de resistencia civil en Argentina, Brasil, México, Chile, Bolivia, Colombia, Alemania, Gran Bretaña, Guatemala, Irlanda, Italia, Francia, Canadá, Suiza, Costa Rica, Portugal y el Estado español reunidos en el SEMINARIO INTERNACIONAL, realizado entre el 8 al 11 de junio de 2005 en Alcobendas, Madrid, España, dialogamos, reflexionamos, escuchamos, evaluamos y desarrollamos planes y nuevas propuestas frente a la Globalización del Mercado y la Impunidad.
Los tres días se convirtieron en tiempo de afirmación de la verdad de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, de afirmación de las propuestas que comunidades y organizaciones en resistencia desarrollan en América y Europa frente a la globalización del mercado, que todo lo pretende volver ganancia, sin importar los medios, ni los mecanismos de destrucción de vidas humanas y del planeta. Todas y todos exhumamos sueños, utopías, iniciativas que han pretendido ser acalladas mediante técnicas de terror o el desconocimiento de los pueblos como sujetos de decisión.
Poco a poco se lograron establecer las relaciones entre modelos de violencia estatal-parestatal con proyectos de inversión privada de empresas nacionales e internacionales. Se estudiaron los programas militares y estrategias encubiertas de tipo paramilitar Plan Colombia, Plan Patriota y la militarización regional que se desarrolla en medio de la actualización del Plan Puebla-Panamá-Putumayo.
Colombia concentró la atención de la mirada solidaria de los pueblos por las dimensiones de la guerra, la ejecución de Crímenes contra la Humanidad, Genocidio, Crímenes de Guerra, el diagnóstico sobre el aparato judicial como aparato de impunidad, las falsas denuncias, el encarcelamiento, la detención arbitraria, y la renovación de las formalidades jurídicas y su interacción con el modelo económico de mercado. Representantes de víctimas, así como defensores de los derechos humanos de Colombia, amenazados de muerte recientemente, presentaron el diagnóstico sobre el régimen autoritario del actual gobierno, las cerca de 15.000 víctimas del paramilitarismo desde 1988 hasta el 2003 y la fase actual de paramilitarización del país que coincide con período presidencial de Álvaro Uribe Vélez, quien hará una visita oficial a España el próximo 11 de julio.
Las estrategias militares de reingeniería desde México hasta Argentina avanzan a la par con los procesos de control social, judicial, psicológico, cultural, espiritual, político en territorios indígenas, campesinos mestizos, afrodescendientes, pero también en los espacios urbanos cada vez más insostenibles, violentos y excluyentes, con la sofisticación de los mecanismos de impunidad. La ausencia de investigación y sanción por parte de los tribunales de justicia rebasa ampliamente el terreno judicial. Cuando se evita investigar crímenes atroces y se premia a sus autores con beneficios jurídicos, políticos, sociales y económicos, se crean las bases de un Estado en el que los victimarios mantienen una situación de dominación sobre las comunidades y personas agredidas. El modelo de sociedad capitalista, en su fase global, exige que el poder consolidado sobre la base de actos de violencia sistemática, se legitime por medio de la libertad plena de los agentes criminales, como por ejemplo las empresas transnacionales y las instituciones financieras (BM, FMI, BID, etc.).
En las últimas décadas, la lucha mundial contra la impunidad ha tenido significativos avances, materializados en nuevos sistemas y modalidades de justicia universal de los crímenes contra la humanidad y el genocidio. Esos avances no son fruto de concesiones generosas de los gobiernos o centros de poder internacional. Su establecimiento es el resultado de la acción organizada de los movimientos sociales resistentes, de los cuales algunos han estado presentes en el seminario, como por ejemplo las Madres de la Plaza de Mayo-Línea Fundadora que pudieron celebrar el fallo de la Corte Suprema de Argentina que declaró ilegal las leyes de impunidad llamados “punto final” y “obediencia debida”.
No obstante, estos logros son todavía limitados e insuficientes, y están lejos de garantizar satisfactoriamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral. Muchos de quienes han ordenado genocidios y campañas de exterminio contra grupos humanos enteros siguen gozando de los beneficios de la impunidad. Muchas comunidades siguen padeciendo los nefastos efectos de la denegación de justicia. Las personas y comunidades victimizadas han construido la verdad de su dolorosa experiencia histórica, y han desarrollado sus propios procesos de reparación y sanción social y ética. Así lo muestran la construcción de los monumentos en memoria de las víctimas que ya existen en muchas partes de América Latina, los proyectos “Nunca Más” dedicados a documentar la verdad histórica, las protestas de los jóvenes contra los criminales conocidas como “scrach”, las galerías de la memoria, las constancias éticas, etc. Es necesario confiar y potenciar esos logros que han traído la lucha de las víctimas por la justicia, y la resistencia de los pueblos.
Y nuevas formas de impunidad están amenazando la seguridad humana y los derechos humanos: la privatizaciones de los servicios públicos y las tierras, la utilización de espacios ecológicos a un ritmo insostenible, el traspaso de fondos públicos a inversiones privadas, la imposición de un modelo agrícola industrial y exportador, así como la monopolización de los procesos de producción y distribución en pocas empresas transnacionales.
En el encuentro de saberes de comunidades y analistas, se constataron los graves problemas derivados de los proyectos económicos del libre comercio, como la expoliación permanente de los recursos naturales, que se desarrolla desde México hasta la Patagonia y su interrelación con el consumo en el Norte.
La flexibilización de los derechos colectivos territoriales reconocidos por los estados, las campañas mediáticas difamatorias, la criminalización a las organizaciones sociales y de base, la tortura, la desaparición forzosa, el desplazamiento, el sitiamiento militar y económico, los asesinatos selectivos y colectivos que son parte de las técnicas con que, en medio de “democracias”, se aplica el proyección neoliberal.
Los asistentes solicitaron al Gobierno español que asuma y sea coherente con el derecho internacional, exigiendo de manera transparente el gobierno de Colombia no compense o beneficie a los grupos paramilitares con medidas de impunidad. Las acusaciones contra el gobierno colombiano se han vertido con pruebas de su directa responsabilidad, en especial por la injusta situación que padecen las comunidades de amplias regiones de Colombia, tales como Urabá, Chocó, Arauca, Magdalena Medio, Meta, Putumayo, Cauca, La Guajira o Córdoba.
Colombia fue admitida como observadora en el Plan Puebla Panamá, para extender proyectos relacionados con la explotación de recursos naturales, la imposición de un modelo agroindustrial para la exportación y el establecimiento de infraestructuras como puertos, el Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC), el trazado de un gaseoducto desde Venezuela hasta Centroamérica, así como la finalización de la Carretera Panamericana, que destruyen no sólo la región del Cacarica en Colombia y el Darién panameño, sino que amenazan un patrimonio de la humanidad como lo ha declarado la UNESCO.
Recursos de la Unión Europea, y en concreto del Estado español, en ejecución de estos planes económicos y militares no propician el fortalecimiento de democracias populares ni la conservación del patrimonio de la humanidad, ni la verdad, ni la justicia, ni la reparación integral. Ante el panorama de impunidad, y la violación sistemática de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario por parte del Estado colombiano no comprendemos el apoyo incondicional que presta el Gobierno español a este gobierno y el enorme respaldo internacional para su política de “Seguridad Democrática”.
En medio de esta situación se expande una corriente de resistencias por todo el mundo, que son un signo de esperanza. Son formas de afirmación de los derechos de los pueblos, de autodeterminación, de su derecho a la vida y el territorio, a la justicia, construyendo colectivamente prácticas de cooperación como solidaridad para la justicia, conservación de semillas nativas y espacios naturales, constancias y sanciones públicas a los victimarios materiales e intelectuales, o luchas contra las empresas transnacionales, la Deuda Externa, el “Libre Comercio” y planes económicos como el Plan Puebla-Panamá y el ALCA. Las resistencias compartidas expresan la creatividad de los pueblos, la realización de utopías, de sueños de una nueva humanidad y nueva sociedad por lo que surgen nuevas conclusiones y planes de trabajo en la afirmación de la dignidad de vida.
En el marco de un plan de acción como conclusión del Seminario Internacional estamos construyendo mecanismos jurídicos, económicos y políticos, de afirmación y defensa territorial de los derechos a una cultura de vida, paz y justicia, que es hoy atacada a sangre y fuego. Conjuntamente fortaleceremos este plan de acción que se enmarca en los esfuerzos que la Red de Alternativas a la Impunidad y la Globalización Neoliberal que nació en Colombia desde hace 5 años, para potenciar la lucha por un mundo solidario, posible en lo concreto. No puede coherentemente construirse alternativas a la globalización neoliberal y la guerra global en los países occidentales, desconociendo lo que pasa allí donde una y otra están manchadas de sangre para abastecerse con los recursos naturales necesarios para mantener el modelo actual de producción, transporte y consumo.
La riqueza en propuestas cuya ejecución está animada por un equipo de plural composición, fue conocida, reflexionada, respaldada y asumida en la jornada de trabajo que tuvo lugar en Valencia el 17 de junio, donde de nuevo, el intercambio de saberes entre analistas de la situación latinoamericana, víctimas de la globalización en el primer mundo, víctimas del tercer mundo, profundizamos en los contextos de la globalización y la impunidad y recreamos las alternativas desde las resistencias de nuestros pueblos.
Nos hemos comprometido a:
Apoyar la creación de una comisión de verificación internacional de seguimiento del proceso de paramilitarización en Colombia, el “cese de hostilidades” de las autodefensas y el “dialogo con el gobierno para la desmovilización”.
Apoyar la Creación de la Comisión Etica sobre Crímenes contra las comunidades en procesos de resistencia.
Apoyar al Movimiento Nacional de Víctimas del Terrorismo de Estado que se constituirá en Colombia. Objetar la ley de “perdón y olvido” llamado “justicia y paz” del Gobierno, recientemente aprobado en las instancias parlamentarias del país.
Participar en el desarrollo de estrategias de derecho alternativo, de sanción y objeción pública a los responsables intelectuales y materiales de violaciones a Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad.
Definir el día internacional contra la impunidad, por la verdad, la justicia y la reparación integral.
Constituir el equipo jurídico de apoyo a las acciones por la defensa de Vida y en defensa de los Territorios, acciones urgentes nacionales e internacionales.
Apoyar la construcción de monumentos de victimas en América y Europa.
Apoyar las jornadas de sensibilización, de Visibilización y de fortalecimiento de las estrategias de protección territorial en Colombia, en la primera semana de agosto, la primera semana de diciembre de 2005 y la última de febrero en el 2006.
Movilizar la opinión pública europea ante la visita del presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez a España entre el 11 y 13 de julio del presente año.
Monitorear la financiación pública y privada europea hacia Colombia y América del Sur con el fin de evaluar las consecuencias que conlleva, denunciar e impedir cualquier apoyo material de la UE a los proyectos económicos de los grupos paramilitares.
Apoyar la organización y la coordinación de Tribunales Internacionales de Opinión para enjuiciar a las empresas privadas que tienen responsabilidad en violaciones de los Derechos Humanos o en crímenes de lesa humanidad en América Latina. Coordinar la creación de mapas de inversión, de los diferentes observatorios de empresas transnacionales y de las propuestas de reparación.
Impulsar hermanamientos entre comunidades y organizaciones como forma alternativa de proteger los derechos fundamentales (como por ejemplo la libertad de expresión o el derecho de propiedad de tierras ancestrales) ante los atropellos económicos, militares, judiciales y políticos.
Aumentar la presencia de observadores y acompañantes internacionales en zonas de conflicto y donde los defensores de Derechos Humanos y las comunidades en resistencia corren un peligro eminente de muerte y amenaza.
Apoyar las acciones e iniciativas internacionales por la abolición de la Deuda Externa, el reconocimiento de la Deuda Ecológica, así como actuaciones frente a la Organización Mundial de Comercio que se concreta en una semana internacional ante la próxima cumbre de la OMC en Hong Kong en diciembre del presente año.
Coordinar y profundizar la protección de semillas autóctonos, la creación de bancos de semillas y las casas de custodia de semillas populares como una de las frentes de la Soberanía Alimentaría.
Firman esta declaración:
Organizaciones
Personas