Declaración Encuentro Interétnico por la Paz en los Territorios

70 delegadas (os) de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios, CONPAZ, de los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Putumayo, y Valle del Cauca durante 5 días realizamos en el Territorio del Consejo Comunitario y Biodiverso El Porvenir y el Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán, en el bajo Calima el Encuentro Interétnico por la Paz en los Territorios.


COMUNIDADES CONSTRUYENDO PAZ EN LOS TERRITORIOS
Encuentro Interétnico

Buenaventura – Valle del Cauca
agosto 2013

Nuestra diversidad demuestra que la unidad en lo sustancial es un principio fundamental para la construcción de una democracia con derechos protegidos para todas y todos, que nuestra creatividad y las propuestas que con ella implementamos son salida al conflicto social y armado que deberían ser parte de políticas públicas rurales.

Nuestro Encuentro, asumiendo las declaraciones anteriores[[ 1
Declaración final 5° Movimiento Ecuménico, Ecológico Social
https://www.justiciaypazcolombia.com/Declaracion-final-5o-Movimiento

Declaración Política: 6to Movimiento Ecuménico y Caminata Ecológica https://www.justiciaypazcolombia.com/Declaracion-Politica-6to

Declaración Triatlón por la defensa del agua, bien de la humanidad
https://www.justiciaypazcolombia.com/Declaracion-Triatlon-por-la

Declaración Encuentro Internacional por el Derecho a la Tierra
https://www.justiciaypazcolombia.com/Declaracion-Encuentro-6991]] que desarrollamos en 2012 en Antioquia y bajo Atrato, Chocó y el desarrollado en Sucre Tequendama, Cauca en las que fortalecimos nuestras propuestas como CONPAZ, antecedieron este bello encuentro en el que conmemoramos los tres años del desplazamiento de la comunidad Nonam y dos años de retorno.

Desde nuestros territorios y procesos organizativos llegamos con danza, canciones, poesía, chistes, juegos, semillas, mapas, fotografías, artesanías que compartimos y presentamos a lo largo del encuentro, con los cuales se alimenta la resistencia diaria y la construcción de paz con justicia.

El contexto de nuestro Encuentro fue la continuidad de la militarización en el Distrito de Buenaventura en medio de operaciones paramilitares y operaciones empresariales. En cada rincón de este puerto internacional hay presencia de la fuerza pública y aún así permanece el control en la mayoría de sus barrios por parte de estructuras paramilitares como Los Rastrojos, conocida también, como La Empresa, y desde octubre de 2012, los denominados Urabeños, quienes controlan social y financieramente las plazas de mercado, tiendas, graneros, rutas de transporte, tráfico de armas y de drogas. Tales operaciones armadas derivan en asesinatos, desapariciones poco denunciadas por el temor de la población, pero también aseguran que los afectados por los proyectos de infraestructura en este puerto guarden silencio ante la negación de sus derechos.

En el territorio rural constatamos la militarización permanente sobre las bocas del río Calima, y en la conexión del río con el sur del Chocó y el norte del departamento del Valle, en donde operan circulando en medio de los puestos de control de la Infantería de Marina, estructuras paramilitares de Los Rastrojos y Urabeños dedicados al tráfico de armas y de droga, así como al control social para el desarrollo empresarial como ellos mismos lo han expresado. En algunas de las zonas altas continúan las operaciones guerrilleras de las FARC en el modelo de guerra de guerrillas.

A pesar de lo que viene implicando la militarización del territorio con medios legales e ilegales, la continuidad del conflicto armado, y la exclusión social y la negación de derechos a la salud, al techo, a la alimentación avanza la implementación de medidas para facilitar la privatización y la globalización del mercado. Recientemente, el presidente Santos, declaró el Distrito de Buenaventura, en la Cumbre de la Alianza del Pacífico, como “Capital” de esta apuesta comercial e inauguró el proyecto Terminal logística de Buenaventura, y se avanza en el dragado de la bahía, la construcción del Puerto intermodal de Agua Dulce, el Malecón Turístico, la canalización del Delta del Río Dagua, el aeropuerto internacional de carga, el muro perimetral y el parque de tracto camiones.

LO QUE OBSERVAMOS

1. Los trabajos de construcción de la doble calzada hasta Buenaventura con más de 20 nuevos túneles moderniza la infraestructura vial para favorecer la circulación de bienes y en la economía global, pero está operación sin consulta, sin consentimiento, sin planes de mitigación están generando nuevas formas de desplazamiento, víctimas del desarrollo, afectando la posibilidad de la existencia y los proyectos de vida de las comunidades, y afecciones en la economía familiar, social y en los ecosistemas, como ocurre con las familias de las comunidades negras del Kilómetro 9

2. Irreversibles daños socio ambientales ocurren también por operaciones extractivas como en el corregimiento de Zaragoza. Las actividades de minería con maquinaria pesada transforman el paisaje y la riqueza biológica, fragmentan a las comunidades con ideas de progreso que se están basando en desconocimiento de derechos y medios de corrupción y cooptación de líderes.

3. Las operaciones empresariales se implementan en territorios de pueblos afrodescendientes e indígenas que llevan años exigiendo el reconocimiento jurídico de la propiedad y el respeto a sus prácticas ancestrales y tradicionales de vida. La Sociedad Puerto Industrial Agua Dulce con el respaldo del gobierno nacional, capital internacional filipino en la implementación del proyecto Agua Dulce, desconoció la existencia de comunidades de base en el Kilómetro 9, realizando acuerdos sin consulta con los directamente afectados, y sus derechos a asociación y reclamación como afectados directos han sido negados por la Alcaldía de Buenaventura.

4. Desde el año 2010 y 2011 como escuchamos estas familias negras han sido víctimas de la quema de 119 “ranchos”, o casas de trabajo por parte de la fuerza pública, batallón 80 de infantería de marina y miembros de la empresa de seguridad privada Gendarmes, pagada por el proyecto Agua Dulce. Además, de estos daños sobre bienes, se ha imposibilitado el paso tradicional e imposibilitando las siembras tradiciones alimentaria y económicas.

5. Lo que ha sido la negación de reconocimiento de ocupación tradicional desde hace más de 50 años, de estas familias, y el conjunto de sus derechos negados, se concatena con el uso de la fuerza para la privatización del territorio, Así frente a nuestra mirada y con impotencia observamos el ingreso de maquinaria pesada ( 2 retroexcavadoras, 2 buldócer y 3 niveladoras), iniciando trabajos en las áreas de propiedad colectiva sin ninguna consideración de los habitantes legítimos. Ocupación con previa presencia militar y de funcionarios de la empresa CONALVIAS, que adelantaron trabajos de levantamiento topográfico y de replanteo de la vía.

6. La militarización en el casco urbano y Buenaventura genera zozobra y dudas sobre las actuaciones institucionales frente al paramilitarismo.

7. Solicitamos a la cámara de representantes y al senado que se nos convoque para participar de manera directa en la reunión que sostendrá el congreso de la república con la guerrilla de las FARC, en la Habana, respecto al derecho de las víctimas.

La paz es fruto de la justicia social, ambiental y está se logrará no por los acuerdos en mesas de conversaciones, que serán saludables, si no cuando nuestras comunidades puedan ejercer el poder para el buen existir, sin exclusión de todas y todos, donde el buen vivir no niegue derechos básicos y fundamentales a nadie.

8. En la Comunidad de Puerto Pizario, del pueblo Nonam, ubicada sobre el río San Juan, a menos de 30 minutos de la cabecera municipal del Municipio de Litoral de San Juan y del puesto de control de la infantería de marina, se recibió información de cómo a menos de 5 minutos de esta comunidad, hay permanencia de estructuras paramilitares de Los Rastrojos quienes imponen bloqueo económico, terror y control social sobre esta zona del río San Juan.

Estas operaciones armadas en el área rural no solo en la urbana de Buenaventura se desarrolla en medio de la militarización permanente sobre las bocas del río Calima por parte de la Infantería de Marina. Los pobladores de las riveras de los ríos Calima y San Juan, denuncian con temor la circulación de paramilitares en medio de la presencia institucional en un corredor fluvial que conecta el pacífico con el sur del chocó y el norte del departamento del Valle. El tráfico de armas y de cocaína, así como, el control social para el desarrollo empresarial parecen coincidir en los propósitos del uso de la fuerza ilegal y de la tolerancia y complicidad de las estructuras legales. Estas situaciones, se presentan a espalda de una base militar de los Estados Unidos sobre el pacífico en Málaga

LO COMPARTIDO COMO REDA:

Luego de analizar nuestros contextos regionales y nacionales de violaciones de Derechos Humanos, infracciones al Derecho Humanitario, la ocupación empresarial en nuestros territorios para obras de infraestructura vial, energética, agroindustrial, minera, portuaria, privatización del agua y de la flora y fauna; de valorar el impacto de nuestras propuestas humanitarias (Zonas Humanitarias, Espacio de Refugio, Espacios de Protección), de afirmación de derechos a la verdad y a la justicia (Comisión Ética), afirmación territorial y ambiental (en Zonas de Reserva Campesina, Resguardos y Territorios de Comunidades Negras, parcelas, Educación propia, Universidades agroecológicas, Producción Agroambiental, Zonas de Biodiversidad, Herramienta de ordenamiento territorial POTA, Salud Mixta, Acueductos Comunitarios y Derechos al agua, viviendas y aldeas eco sostenibles, demandas de Consultas Previas y de Consentimiento, Referendos, Comunicación Comunitaria democrática) y de nuestras propuestas de participación política presentadas a La Habana tanto al gobierno colombiano como a la guerrilla de las FARC concluimos que:

1. Ratificamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo nuestra participación en la Red de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios, CONPAZ, nodo de la Red de Alternativas a la Impunidad y Globalización del Mercado, REDA, compartiendo lo que somos y las apuestas por la vida con justicia en nuestros territorios

2. Nuestras iniciativas son salidas para superar las causas estructurales del conflicto social y armado y deberían ser asumidas en Planes de Desarrollo y en políticas Públicas en materia de comunicaciones.

3. Exigimos al gobierno de Colombia que respeten nuestra identidad como pueblos campesinos, afrodescendientes e indígenas para lo cual requerimos que se reversen todas las decisiones acordadas con empresas privadas, montajes de bases militares, fumigaciones en algunos de nuestros territorios, que no cuentan con nuestra consulta ni consentimiento, que se haga parte del bloque de Constitucionalidad los Principios Rugger y que desconocen nuestras propuestas de sustitución con apuestas agroecológicas

4. Solicitamos a los ciudadanos de los Estados Unidos para los recursos destinados a Brigadas militares sea reducido considerablemente dada su omisión en sus responsabilidades institucionales frente a estructuras criminales y que los recursos para inversión social lleguen directamente a las comunidades y no por intermedio de los entes gubernamentales.

5. Llamamos al gobierno y a las FARC para que el diálogo continúe hasta que lleguen a acuerdos de fondo, pero exigimos que se concrete un cese bilateral del cese de hostilidades o un Acuerdo Especial, y exigimos que se concreten conversaciones con la guerrilla del ELN.

6. En este escenario de conversaciones con las FARC y el que se inicié con el ELN requerimos se nos garantice participación eficaz y no solo mediada en Foros o por medios electrónicos para conocer la valoración y la inclusión de nuestras propuestas como la Comisión de la Verdad, la educación en 6 universidad agroecológica, acceso libre a internet, financiación de canales y radios comunitarias, la elección de integrantes de las Cortes con posibilidad de integrantes de nuestra comunidades étnicas, garantías para nuestra participación política, entre otros

7. Exigimos al gobierno del presidente Santos redefina la política minera y agroexportadora imposibilitando la extracción minera en zonas de reserva forestal, zonas de páramos, zonas de fuentes de agua, así como, el fomento a la producción tradicional de alimentos que será eficaz con apoyo técnico y tecnológico del Estado.

Suscribimos

Comunidades Construyendo Paz en los Territorios, CONPAZ.

  • Comunidad de Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica, CAVIDA, norte del Chocó, frontera con Panamá.
  • Asociación de Familias de los Consejos Comunitarios de Curvaradó, Jiguamiandó, Santa Rosa, Pedeguita y Mancilla,
  • Comunidad de Vida y Trabajo La Balsita, en Dabeiba, Departamento de Antioquia.
  • Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica ADISPA, Puerto Asís, Putumayo.
  • Consejo Regional del Pueblo Nasa del Putumayo, Puerto Asís, Villa Garzón, Valle del Guamuez, Mocoa, Puerto Caicedo, Orito, Leguizamo y Puerto Guzmán en Putumayo.
  • Zonas de Biodiversidad Grupo Porvenir, Puerto Asís, Putumayo
  • Escuela de Derechos Humanos Zona de Encuentro, Autonomía y resistencia Nasa, resguardo San Francisco, Toribio, Cauca.
  • Asociación de familias víctimas de ejecuciones extrajudiciales “Sembradores de Paz”, San Antonio, Inzá, Cauca.
  • Consejo Comunitario y Biodiverso El Porvenir, Corregimiento Bajo Calima, Distrito de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca.
  • Consejo Comunitario del bajo Naya.
  • Resguardo Joaquincito, pueblo Eperara Siapidara del Río Naya.
  • Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán, bajo Calima, Distrito de Buenaventura.
  • Jóvenes unidos por el bienestar del Calima, JUBCA, del Corregimiento del Bajo Calima.
  • Zona de Biodiversidad La Primavera, Asociación Agroecológica Esther Cayapu, municipio de Trujillo, departamento del Valle del Cauca.
  • Zona de Biovidersidad Koinonía, Asociación Agroecológica Koinonía, ASOKOINONIA, municipio de Trujillo, departamento del Valle del Cauca.
  • Zona de Biodiversidad El Amparo, Asociación Agroecológica de Víctimas de Playa Rica, ASAVIP, Municipio de Trujillo, Departamento del Valle del Cauca.
  • Resguardo de Puerto Pizario, Pueblo Nonam, Municipio de Docordó, departamento del Chocó.
  • Marcando Territorio, proceso juvenil barrio Lleras, Distrito de Buenaventura, departamento del Valle.

Participantes.

  • Consejo Comunitario La Gloria – Buenaventura.
  • Consejo Comunitario La Caucana – Buenaventura.
  • Resguardo Joaquincito, pueblo Eperara Siapidara Bajo Naya.
  • Resguardo Puerto Pizario, pueblo Nonam, Río San Juan.
  • Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
  • Contagio Multimedia Comunicaciones
  • Sin Olvido

Observadores Internacionales

  • Brigadas Internacionales de Paz
  • Caritas Asturias
  • Acción Permanente por la Paz