De Colombia a USA, de la militarización del Urabá Antioqueño, el Bajo Atrato
El artículo de Alfredo Molano, ¿Qué hay detrás de la Masacre de San José de Apartadó?, publicada en el semanario El Espectador, devela las razones ocultas de la represión estatal enraizadas en la imposición de un modelo político y de organización económica sustentada en la impunidad de los millares de Crímenes de Lesa Humanidad, la agroindustria y la apropiación ilegal de tierras, los proyectos de infraestructura que se proyectan sobre el Urabá Antioqueño y el Bajo Atrato. Y un artículo recientemente publicado en Star Tribune. Minneapolis, Saint Paul Minn. USA, por Mary Turck, titulado “ Rastro de sangre lleva de Colombia a Estados Unidos” en el que se presenta, a propósito de los graves hechos de San José, la responsabilidad de los Estados Unidos en la violencia colombiana, en la masacre, en los asesinatos, y violaciones de derechos humanos.
Pasando desde Dabeiba, puerta de Urabá falda del Nudo de Paramillo donde se ubica la Comunidad de Vida y de Trabajo de La Balsita, en control de efectivos policiales y fuerzas militares con paramilitares; hasta San José de Apartadó sobre el Abibe donde se encuentra la Comunidad de Paz, con controles paramilitares en las vías de acceso y en controles perimetrales y combinados de militares y paramilitares; pasando el Golfo de Urabá, desde Turbo y llegando por el Atrato al Bajo Atrato, en la frontera con Panamá el Cacarica, donde se implementa la deforestación, la siembra de coca, los semilleros de coca y la ganadería extensiva en los alrededores de las 2 Zonas Humanitarias de Cavida, y donde es prospectiva la carretera panamericana, con una militarización regular de la Brigada XVII y de la estrategia paramilitar a través del BEC en La Balsa, donde se realiza la etapa preliminar del Proyecto de Alternatividad Social, PASO; finalmente, subiendo hacia el Jiguamiandó, en donde se encuentran las 3 Zonas Humanitarias de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y familias de Curvaradó, rodeadas por operaciones militares de la Brigada XII y el Batallón Fluvial 20,en acciones combinadas con paramilitares y con la instalación de una base paramilitar en Puerto Lleras, donde se asienta el BEC con su PASO, mientras avanza la siembra de palma aceitera en el territorio Colectivo del Curvaradó en dirección al Jiguamiandó.
La dinámica paramilitar ha construido dos modos en la actual etapa del proceso de pacificación. El primero a través de la institucionalización paramilitar del Bloque Bananeros, que se vincula en la estrategia de reconciliación o copamiento social con la siembra de 1000 hectáreas de tierra de Palma Aceitera, la removilización de sus hombres en armas en estrategias de seguridad y de involucramiento en esquema de defensa y de protección en cooperativas. El segundo, a través del mantenimiento y la extensión de bases paramilitares en el Bajo Atrato, asegurando la deforestación masiva, y la ampliación de la frontera agroindustrial con acciones armadas amparadas en estrategias de seguridad estatal, como las desarrolla el BEC actuaciones interpretadas como fase de aseguramiento de tierras etapa básica del Proyecto de Alternatividad Social, PASO, al lado de la cooptación, del uso de población nativa para la legalización de actividades económicos de grandes proyectos de inversión.
Entre los dos modos, no existen diferencias sustanciales, salvo en lo público, pues uno son parte de la mesa del monólogo en Santafé de Ralito y los otros no, aunque desarrollan una comunicación regular con el gobierno. En la realidad no es posible distinguir de quién se trata en cada lugar, pues los distintivos en las operaciones militares son BEC, ACCU y AUC. Sus límites de actuación territorial no son perfectamente diferenciables en Dabeiba, Mutatá, Barranquillita, Belén de Bajirá, Pavarandó permanecen con armas pero a menos de 20 minutos están los removilizados. No es posible monitorear, por supuesto, en todos los lugares, la connivencia con agentes estatales es evidente como en Riosucio, Dabeiba, Mutatá.
Los anuncios de la militarización en San José, hace pocos días, expresadas por el Presidente Uribe, luego del Consejo de “seguridad” realizado en Carepa, manifestación pública que ratifica los pronunciamientos de él mismo y su ministro de Defensa, dos semanas atrás, en el sentido de que las Comunidades de Paz serían militarizadas. Este nuevo anunció sustentado en falsas acusaciones sobre las comunidades y los acompañantes, coinciden con la nueva fase de reorganización paramilitar. Las comunidades que construyen alternativas de paz en la región, que se niegan a ser parte de la estrategia militar estatal y reivindican su carácter de población civil frente al Estado y la guerrilla y afirman sus derechos Territoriales frente a la agroindustria y a proyectos de infraestructura han vivido en los últimos días abusos de autoridad, amenazas y la movilización militar en sus entornos.
En la Zona Humanitaria de La Nueva Esperanza en el Cacarica de militares rasos se paso a soldados profesionales, con evidentes omisiones de actuación sobre la base paramilitar de La Balsa donde se implementa el PASO, al lado de la Zona Humanitaria “Nueva Vida”; los sobrevuelos y la presencia en el entorno de efectivos regulares sobre la Comunidad de Vida y de Trabajo en Dabeiba, mientras se intimida a través de mensajes de voz y sin actuación, sobre los paramilitares que controlan la vida y la movilización de bienes de consumo de los campesinos en el mismo casco urbano; y la instalación de la base paramilitar en Puerto Lleras en el Jiguamiandó, dentro del Territorio Colectivo, al tiempo de operaciones regulares e irregulares sobre las 3 Zonas Humanitarias. La militarización es el anuncio de la nueva etapa, la cualificación de la seguridad para lo que viene, el progreso, el “desarrollo” manchado de sangre, de impunidad, de mentira que va hacia el Norte.
Bogotá, 20 de marzo de 2005
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Star Tribune.
Minneapolis, Saint Paul Minn. USA, 17 de marzo de 2005
Mary Turck: Rastro de sangre lleva de Colombia a Estados Unidos
Traducción. Carolina Pardo Justicia y Paz
El 25 de febrero hallaron un rastro de sangre que salía de una finca. Cien hombres y mujeres de San José de Apartadó, Colombia, acompañad@s por testigos internacionales de Brigadas Internacionales de Paz, la organización estadounidense Fellowship of Reconciliation, la Corporación Jurídica Libertad y Concern America, siguieron el rastro hasta la primera tumba.
Santiago, de dos años de edad, y su hermana mayor Natalia, de seis años de edad, fueron enterrados, con sus padres, Sandra Milena Muñoz Rozo y Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano y con Alejandro Pérez Cuiles. Más tarde ese mismo día, hallaron más cuerpos en un campo abierto. Deiner Guerra, de once años, estaba allí junto con su padre, Luís Eduardo Guerra y la compañera de éste, Bellanira Areiza Guzmán, de 17 años de edad.
De acuerdo con Amerigo Incalcaterra, funcionario de Naciones Unidas para los derechos humanos que se encontraba allí, los cuerpos hallados en las tumbas habían sido cortados con machetes. Por lo menos un cuerpo, el de Luís Eduardo Guerra, mostraba señales de tortura. La búsqueda terminó en las tumbas, pero la historia no acaba allí. En un sentido más profundo, el rastro de sangre conduce a Estados Unidos.
La gente de San José sabía qué esperar cuando dejaron su pueblo para ir en la búsqueda de sus vecinos. En 1997, dirigidos por Luís Eduardo Guerra, habían declarado su pueblo como una “comunidad de paz”, negándole la entrada a todas las facciones armadas de la sangrienta guerra civil colombiana.
Desde 1997, más de 130 residentes han sido asesinados. Nadie ha sido condenado por ninguno de esos asesinatos.
Las comunidades de paz rechazan la presencia en sus comunidades tanto al Ejército colombiano y sus aliados paramilitares como a la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). En ellas se prohíbe cargar armas e insisten en que no son bienvenidos combatientes de ningún bando.
A veces, algunos miembros de estas comunidades han logrado frustrar intentos de las Farc o del ejército de violar su territorio. En otras ocasiones, hombres armados del Ejército, de los derechistas paramilitares o de las Farc han logrado ingresar y matar.
Luís y Alfonso eran amigos. Alfonso era un líder de la comunidad de paz cercana de Mulatos. Luís había viajado a Madison, Wisconsin, como líder del movimiento de comunidades de paz de Colombia, y a Europa, para generar conciencia sobre dichas comunidades. Pero Luís no era ni político ni oficial de derechos humanos. Era un campesino.
Luís y su familia habían dejado San José unos días antes, tras caminar siete horas a sus tierras, para cosechar cacao.
De regreso a casa, soldados de la Brigada 17 del Ejército Nacional los detuvieron y los llevaron a la finca de Alfonso, cerca de allí. El medio-hermano de Luís, quien también hacía parte del grupo, logró escapar y corrió hacia San José para alertar sobre lo sucedido. Un pequeño grupo de gente encontró sangre y restos humanos en la finca de Alfonso. Regresaron a San José para disponer un equipo de búsqueda más grande, que fue el que encontró las tumbas.
Uno esperaría que el Presidente Alvaro Uribe y otros funcionarios del gobierno ofrecieran sus profundas disculpas por las acciones del gobierno y prometieran investigaciones y procesos. Pues ni se disculparon ni prometieron acciones legales.
El 9 de marzo, el Presidente Uribe denunció a las comunidades de paz diciendo que ninguna comunidad podía prohibir la entrada del ejército.
Los Estados Unidos comparten la responsabilidad en las acciones del Presidente de Colombia y por las masacres realizadas por los militares colombianos. Colombia es el tercer mayor receptor de la ayuda militar estadounidense. Bajo el “Plan Colombia”, les ayudamos a entrenar y armar al ejército colombiano. Los soldados estadounidenses entrenan a sus contrapartes colombianas en vigilar los oleoductos y los mercenarios estadounidenses llevan a cabo misiones en helicópteros o se consumen bajo la custodia de las Farc, como prisioneros de guerra.
Como presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental, el Senador Norm Coleman, R-Minn, no ha vacilado en dar su apoyo a la ayuda militar del Plan Colombia y a la administración Uribe.
El 23 de junio, Coleman dijo en el Senado, “para cualquier persona familiarizada con la situación en Colombia, es muy claro que el Presidente Uribe está llevando seguridad, estabilidad, ley y orden a un país que lo necesita desesperadamente”.
El 28 de febrero, siete días después que Luis Eduardo Guerra, su familia y sus amigos fueron asesinados por el ejército colombiano, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó su informe anual sobre derechos humanos. Como de costumbre, el reporte elogiaba al gobierno colombiano por su progreso en el campo de los derechos humanos.
Tal como los hombres y mujeres de San José, el mundo puede seguir el rastro de sangre de l@s campesin@s masacrad@s, trabajador@s de los derechos humanos, maestr@s, periodistas y líderes sindicales en Colombia. Ese rastro conduce a nuestra puerta.
Mary Turck trabaja en el Resource Centro of the Amercias en Mineapolis, como directora de Connection to the Americas y www.americas.org Traducción al español H. Carolina Pardo, Justicia y Paz Colombia
EL ESPECTADOR
¿Qué hay detrás de lo de San José?
Por Alfredo Molano Bravo.
Las declaraciones del gobierno a raíz de la masacre de San José de Apartadó no dejan duda: las Comunidades de Paz- hay una docena en el país- serán liquidadas a la fuerza, porque- agregan los gobernantes- no hay lugar en el país donde no pueda estar el Ejercito Nacional. La frase es vieja, la utilizó el general Bedoya para entrar al Guayabero por aire, agua y tierra, y…volver a salir un año después con la cola entre las piernas. La utilizó también Álvaro Gómez Hurtado con el argumento de las Republicas Independientes, que en realidad eran comunidades campesinas compuestas de refugiados internos. Es paradójico que un Estado tan servil y arrodillado como el nuestro- y en particular el que preside hoy Uribe- apele al concepto de soberanía cuando aquí EEUU hace lo que quiere y cuando quiere.
La recuperación de la soberanía territorial tiene nombre propio. Es una estrategia dirigida contra las comunidades que se oponen a la guerra, o donde el capital no puede entrar a hacer y deshacer, como los resguardos, las comunidades negras ancestrales o las reservas campesinas. O dicho de otra manera, el ejercito va donde quiere no hay duda, pero lo guían las inversiones privadas. Quizás en el caso de San José haya otro elemento. Es una de las pocas comunidades en la región que no se ha rendido a los paramilitares y que ha prohibido en su territorio las armas y se niega a convertirse en escudo de las fuerzas armadas, cualquiera sea su naturaleza. Los paramilitares son la punta de lanza del ejercito y el ejercito la punta de lanza del capital. Sanear una zona equivale a sembrar el terror para que la gente desaloje y el capital puro o impuro entre a apropiarse de tierras, ganados, mejoras.
La cuestión va más allá. Detrás del desalojo hay un plan previsto: el cultivo a gran escala de palma africana. Las comunidades que después de san José están en la mira son las de los ríos Cacarica, Salaqui, Jiguamiandó y Cubaradó.
En estas regiones hay un gran proyecto para sustituir los bosques naturales por plantaciones de palma, llamadas con razón desiertos verdes. El daño ambiental cultural y social es incalculable, pero las ganancias de las empresas palmeras serán enormes: los suelos, el clima son inmejorables y la gente aterrorizada por la acción de paramilitares, militares y guerrillas acepta cualquier salario. Y estas dos consideraciones son básicas para el futuro de la industria palmera en Colombia. Tiene que competir con Malasia, Indonesia, Nueva Guinea,, Tailandia, Nigeria, donde en general los salarios son más bajos que en Colombia. Más aun, el precio del aceite de palma tiende a bajar en el mercado mundial. En 1950 la tonelada se pagaba a 1800 dólares, hoy apenas a 300. Así, las ganancias dependen cada vez del bajo precio de la mano de obra. Los palmeros tienen proyectada la siembra de 200.000 hectáreas solamente en el Choco, lo que implica inversiones gigantescas en el derribe del bosque, la siembra, las vías, las plantas extractoras y refinadoras. Muchos de estos gastos, es cierto, lo pagan las empresas con la comercialización de las maderas y otras muchas inversiones son cubiertas por el estado. El proyecto prepara un marco legal llamado Ley Forestal, que es en realidad una ley que le da todas las garantías a los inversores privados para entrar a saco contra bosques comunidades negras, indígenas y campesinas.
El gran proyecto necesita liquidar los obstáculos que se interpongan la libre juego del interés privado. Los paramilitares hacen su trabajo y los militares el propio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado el combo: “Desde el año 2001 la empresa Urapalma S.A. ha promovido la siembra de la palma aceitera en aproximadamente 1500 has de la zona del territorio colectivo de estas comunidades con ayuda de la protección armada perimetral y concéntrica de la brigada XVII del Ejercito y de civiles armados en sus factorías y bancos de semillas”. Resolución CIDH, 6 marzo de 2003.