Ampliación de siembras de coca y agresiones empresariales

Agresiones empresariales a afrocolombianos e indígenas
Una nueva destrucción de siembras de pan coger de los habitantes del consejo comunitario de Caracolí, en Curbaradó, que habitan en la Zona Humanitaria, se produjo por parte de los ocupante de mala fe de la empresa ganadera La Tukeka.


JOSÉ BUITRAGO, administrador de esta empresa, al lado de otros trabajadores, cortaron el alambre que protege las siembras de pan coger para posibilitar el ingreso del ganado que destruyó la alimentación de estas familias.

Días atrás sobre los predios ocupados de mala fe por esta empresa se han movilizado grupos armados que han intimidado a los habitantes del consejo comunitario de Caracolí, entre ellos, el desaparecido EBERTO JOSÉ GONZÁLEZ HOYOS. Entre los hombres armados que protegen la propiedad ilegal de la familia ARGOTE, testigos afirman, que observaron la presencia de NORBERTO NARVÁEZ, ex integrante del esquema de seguridad del mando exparamilitar, RAÚL HASBÚN.

Hoy pobladores de Jiguamiandó observaron el ingreso de maquinaria pesada para la extracción minera en territorios que limitan con el resguardo de las comunidades Embera Katíos. Familias indígenas y afrocolombianas que habitan sobre las orillas del río Jiguamiandó denunciaron igualmente que estas operaciones empresariales se desarrollan sin su consentimiento.

Sostuvieron que empresarios mineros están sobornando a algunos líderes y lideresas comunitarias y que simultáneamente han aumentado las operaciones aéreas militares y la movilización fluvial de los paramilitares sobre el río Jiguamiandó.

Las operaciones inconsultas y abusivas empresariales desconocen los Autos emanados de la Corte Constitucional y sentencias de esta instancia en que se ha exigido la realización de auténticas consultas y consentimiento de la población que habita en estos territorios.
Entre tanto, en el Curbaradó, en la Zona de Biodiversidad Tuberquia, los ocupantes de mala fe recibieron ayudas de Ana María Zapata que se identificó como una persona avalada por la Policía de Urabá en esta acción.

Hoy funcionarios del gobierno nacional y de la Fiscalía General de la Nación se han referido a la situación de Curbaradó y Jiguamiandó, sin que hayan hecho alusión a estas situaciones que se vienen presentando en esta subregión del bajo Atrato, departamento del Chocó.

Más información Constancia

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Agosto 26 de 2011