Afrodescendientes e indígenas del bajo atrato, juntos en defensa de la vida y el territorio
Veintidós organizaciones de diferentes regiones de Colombia con el respaldo de diecinueve organizaciones de América Latina, Europa y Norte América, reunidas en la 2ª Peregrinación Ecuménica y Ecológica y en 6º Encuentro Internacional de la Red de Alternativas a la Impunidad en el Cacarica, después de encontrarse, reconocer sus pieles, estrechar sus manos, contemplar los ritmos de la danza Wounaan, los acordes del vallenato y el rap de la resistencia del Jiguamiandó, Curvaradó y Cacarica, decidieron adelantar acciones conjuntas de defensa de su Vida y sus territorios.
Reproducimos la carta que fue enviada al Relator de Derechos de los Afrodescendientes y Contra la discriminación racial, al Relator de derechos de los pueblos indígenas y al comisionado para Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se da cuenta de las violaciones a los derechos humanos que acompañan la implementación de proyectos agroindustriales, extractivos, de infraestructura vial y eléctrica en las comunidades afrodescendientes del Jiguamiandó, Curvaradó y Cacarica y en las comunidades indígenas asociadas a la organización Camizba en el Bajo Atrato Chocoano y en la que se solicita una visita a Colombia.
“Cacarica, Colombia, 28 de febrero de 2006
Señores
CLARE K. ROBERTS
Relator de derechos de los afrodescendientes y contra la discriminación racial
PAOLO CAROZZA
Relator de derechos de los pueblos indígenas
VÍCTOR ABRAMOVICH
Comisionado para Colombia
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Washington D.C.
Respetados Señores:
Los abajo firmantes, reunidos en el Encuentro internacional de la Red de Alternativas a la Impunidad y a la Globalización del Mercado, realizado en Cacarica, municipio de Riosucio (Chocó), el 27 y 28 de febrero de 2006, queremos poner en su conocimiento la grave situación de violaciones a los derechos humanos que sufren los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes del Bajo Atrato, departamento del Chocó, Colombia. Estos pueblos indígenas y tribales se han relacionado de manera fraternal, con el mismo objetivo de permanecer en sus territorios ancestrales y cuidar la riqueza de su tierra.
En el Bajo Atrato, los pueblos indígenas se han organizado en torno a CAMIZBA, Asociación de Cabildos Mayores Indígenas del Bajo Atrato . En enero de 2005, los representantes de CAMIZBA participaron en el primer Encuentro del Congreso Binacional Indígena con los pueblos Tule del Darién panameño, iniciativa que busca fortalecer los vínculos entre todos los pueblos indígenas que habitan este territorio del Darién.
En esta misma región, algunas comunidades afrodescendientes y mestizas se han organizado como comunidades para afirmar sus derechos como población civil en el conflicto armado y para la protección de sus territorios ancestrales. Las comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica CAVIDA, y las comunidades del Jiguamiandó y familias del Curvaradó, han constituido, en 2001 y 2004 respectivamente, unas Zonas Humanitarias, que abarcan sus lugares de habitación y de trabajo, para proteger su vida y exigir como población civil el respeto de sus derechos a la vida digna y al territorio.
Durante los últimos 10 años, estos pueblos indígenas y tribales han sufrido atropellos contra sus derechos a la vida, al territorio, a la identidad cultural. A continuación, les presentamos algunos de estos casos:
1. En 1973, los indígenas Wounaan de la comunidad de Tambo (municipio de Riosucio), pertenecientes a CAMIZBA, fueron expulsados de sus territorios ancestrales por las autoridades colombianas para crear el Parque Natural de Los Katíos. Este proceso se realizó sin consulta previa y sin concertación, según lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y no hubo una propuesta de reubicación digna para las familias afectadas. Esto trajo como consecuencia un largo éxodo durante el cual murieron varias personas y se fueron perdiendo la cultura, los conocimientos y las tradiciones por la pérdida de su territorio ancestral y de sus lugares sagrados.
El 3 de marzo de 2005, las familias indígenas decidieron retornar a su territorio. Al regresar, padecieron hambre y otras penurias y encontraron sus tierras ocupadas por personas foráneas que explotan ilegalmente la madera, en especial el árbol de Bálsamo, y que hacen parte al parecer del programa gubernamental de familias guardabosques . En septiembre de 2005, Víctor Carpio, líder de CAMIZBA, fue amenazado y obligado a desplazarse después de haber denunciado estas conductas ilegales y de exigir el respeto de los derechos del pueblo indígena.
Sabemos también que los pueblos indígenas Tule que habitan el parque del Darién en territorio panameño padecen situaciones similares de despojo de sus territorios ancestrales.
2. En esta misma zona, las comunidades afrodescendientes y mestizas del río Cacarica (municipio de Riosucio), han sido también afectadas por la explotación ilegal de la madera. Estas comunidades, asociadas como Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad CAVIDA, han sufrido 82 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas desde el desplazamiento forzado masivo de 1997. Dicho desplazamiento forzado fue generado por la Operación Génesis, operación militar de la Brigada XVII del Ejército nacional desarrollada conjuntamente con acciones de los grupos paramilitares. Desde esta época, la compañía Pizano S.A. a través de la empresa Maderas del Darién S.A., ha sostenido una férrea extracción forestal que ha afectado en especial la especie forestal Cativo.
Desde el año 2000, cuando retornaron a sus tierras, estas comunidades han sido afectadas por la ocupación de su territorio por parte de los grupos paramilitares que han instalado bases permanentes en los caseríos de La Balsa y Balsita con el apoyo y la connivencia de la Fuerza Pública, y por el despojo de sus tierras por parte de empresas que implementan el cultivo de banano (baby). Además, los miembros de CAVIDA han sido víctimas de amenazas constantes por parte de los grupos paramilitares y de judicializaciones, sin fundamentos de pruebas o investigaciones previas serias, por parte de la Fiscalía General de la Nación.
3. En cuencas colindantes a las anteriores, en el río Salaquí y en el resguardo indígena Jagual Chintadó del río Truandó (municipio de Riosucio), se ha presentado también la explotación ilegal de madera apoyada por los grupos paramilitares. Las comunidades afectadas no han podido ejercer sus derechos ni denunciar los atropellos porque temen por sus vidas.
La explotación intensiva del bosque de cedro, robles, pino amarillo, cativo y bálsamo, iniciada hace 20 años en esta zona del municipio de Riosucio, acaba con el bosque, la fauna y la flora (las plantas medicinales utilizadas para curar enfermedades y practicar ritos) y contribuye a la destrucción de la identidad cultural y la vida comunitaria y ancestral de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes. Esta situación es responsabilidad del Estado colombiano y viola las normas nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos y del medioambiente.
En efecto, la cuenca del Cacarica, que integra el Área de Manejo Especial del Darién y el Área de Amortiguación del Parque Natural de Los Katíos del Estado de Colombia, el Parque Natural de Los Katíos y la Serranía del Darién, correspondiente al Parque Natural del Darién adscrito a la República de Panamá, fueron declarados Reserva de la Biosfera, dentro del programa del mismo nombre desarrollado por la UNESCO . Además, la zona del parque de Los Katíos fue registrado parque natural por el Gobierno colombiano y goza por lo tanto de una protección especial según el artículo 63 de la Constitución Política de Colombia de 1991 .
4. Otra situación de violación de los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes y mestizas por la utilización ilegal de sus territorios se presenta también en el municipio cercano de Murindó (Antioquia). “El día 4 de febrero de 2005, el entonces Gobernador del Departamento de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa y James Álvaro Valdiri Reyes, en calidad de apoderado de la sucursal en Colombia de la compañía Muriel Mining Corporation, con domicilio principal en el Estado de Colorado (Estados Unidos), suscribieron un contrato de concesión para el aprovechamiento y explotación de una mina de cobre, oro, molibdeno y otros minerales, con una extensión inicial de 2.000 hectáreas localizada en áreas limítrofes de los municipios de Murindó (Antioquia) y Carmen del Darién (Chocó), por una duración prorrogable de 30 años.
Según se establece a través de los planos anexos al contrato de concesión y de acuerdo a las coordenadas georeferenciadas del área, esta mina cubre parte de los territorios del Resguardo Indígena de Uradá (cuenca del río Jiguamiandó) y del Consejo Comunitario de la Cuenca del Rió Jiguamiandó, jurisdicción del municipio del Carmen del Darién. Mas concretamente, cerca de una cuarta parte de la mina se halla en el territorio colectivo del Jiguamiandó y las tres cuartas partes restantes cubren el Resguardo Indígena Embera – Katío y el municipio de Murindó” .
5. En este mismo municipio de Carmen del Darién y en el municipio colindante de Belén de Bajirá, las comunidades afrodescendientes y mestizas del Curvaradó y Jiguamiandó han sido víctimas, desde 1996, de 112 asesinatos y desapariciones forzadas, 15 desplazamientos forzados, perpetrados en su casi totalidad por la Fuerza Pública en actuación conjunta con los grupos paramilitares . Desde 2001, esas violaciones de derechos humanos han coincidido con la implantación de un proyecto extensivo de siembra de palma aceitera en los territorios colectivos por parte de empresas privadas que han recibido financiación del Estado colombiano y posiblemente también de la cooperación internacional en el marco del Plan Colombia . Como es de conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estos proyectos se han beneficiado del apoyo y de la protección de los grupos paramilitares y de la Brigada XVII del Ejército nacional .
El Gobierno no ha respondido a las exigencias de estas comunidades de respeto de sus derechos a la vida y al territorio. Por el contrario, sus miembros siguen siendo amenazados y atacados por los grupos paramilitares y la Fuerza Pública, y procesados arbitrariamente por la Fiscalía General de la Nación.
6. Sabemos también del proyecto de carretera panamericana y de un poliducto que pasarían probablemente por resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades afrodescendientes que habitan el Darién. Las comunidades indígenas de Chirima y Pescadito, municipio de Acandí, ya han sido afectadas por la construcción del ramal de dicha carretera.
Las organizaciones abajo firmantes hemos podido observar durante un recorrido por el Darién colombiano hasta el punto conocido como “Palo de letras”, la riqueza y la fragilidad de este ecosistema declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Es evidente el grave impacto ambiental y la afectación a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes que produciría la implementación de este megaproyecto en sus territorios. Hasta ahora, no hemos conocido de ninguna concertación o consulta por parte del Gobierno colombiano con las comunidades que estarían afectadas.
En conclusión, el aprovechamiento ilegal de los territorios por parte de empresas o personas que no pertenecen a las comunidades se ha acompañado de las acciones violentas de los grupos paramilitares, con la acción o omisión de la Fuerza Pública. El Gobierno colombiano no ha prevenido ni protegido los derechos a la vida, al territorio y a la identidad cultural de los pueblos indígenas y tribales que habitan la región y por acción o por omisión es responsable de estas violaciones a los derechos humanos. Una situación parecida afecta las comunidades afrodescendientes también en otras regiones de Colombia como es el departamento del Valle y la Costa Atlántica entre otros.
Esta situación implica la responsabilidad del Estado colombiano en cuanto viola la Convención americana sobre derechos humanos , el Protocolo de San Salvador , el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, y otras normas nacionales e internacionales de protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales.
Por todo lo anterior, señores Relatores y Comisionado, les solicitamos muy atentamente:
• Realizar, de manera urgente, una visita a Colombia para verificar la situación de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes, y especialmente los casos expuestos en esta comunicación, con el fin de velar por la protección de sus derechos;
• Presentar al Gobierno colombiano las recomendaciones pertinentes para que garanticen los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes.
Atentamente,
Asociación de Cabildos Mayores Indígenas del Bajo Atrato CAMIZBA
Comunidad Wuaunam Jumphubwr, Cacarica-
Familias de los Consejos Comunitarios del Cacarica asociados en CAVIDA
Familias desplazadas del Curvaradó
Consejo Comunitario Mayor del Curvaradó
Consejo Comunitario Mayor del Jiguamiandó
Consejo Comunitario del Río Naya
Consejo Comunitario Cuenca del Bajo Calima.
Organización de Barrios Populares OBAPO Quibdó
OAPO
Organización Indígena Kankuama.
Asociación Campesina Inzá Cauca –ACIT-
Cabildo San Lorenzo, Caldono, Cauca
Asociación Comunal la Vega, Cauca.
Comunidades Cristianas Campesinas de Colombia
Asociación de Víctimas de Riosucio –Clamores-
Comunidad de Vida y Trabajo la Balsita – Dabeiba-
Familiares de Víctimas de San Onofre, el Chengue y Sucre y El Salado Bolívar
Red de Tejedores de Justicia y Paz, Popayán
Renacer Tequendama, Sucre, Cauca
Familiares de Víctimas de Trujillo Valle.
Comunidad Civil de Vida y Paz –CIVIPAZ- Meta.
Respaldan:
Organizaciones de América Latina:
Madres de la Plaza de Mayo Línea Fundadora, Argentina.
Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra –MST- Brasil
Fundación Coordinadora del Agua y de la Vida- Bolivia.
Frente Petenero contra Represas – Guatemala-
Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos AMAP (México)
Expresos Políticos Chile
Pueblo Mapuche Chile
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Comisión Colombiana de Juristas
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Organizaciones de Europa y Norte América:
Alianza Santuario Chicago-Colombia, USA.
8vo Día por la Justicia, Chicago, USA
Grupos Cristianos de Acción Por la Paz, ECAP, USA.
Colombian Solidarity Camping Reino Unido
Proyecto de Acompañamiento y Solidaridad con Colombia, PASC
Colectivo Sur Cacarica de Valencia, España.
Colectivo Guadauca, Extremadura, España.
Grupos Cooperativos Francia
Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR (España)”