Urgente situación comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó
1. Desde enero del 2001, las comunidades de la cuenca del Jiguamiandó y las 9 comunidades que se desplazaron del río Curvaradó a Jiguamiandó, a raíz de bombardeos y ametrallamientos indiscriminados, de la destrucción de bienes de supervivencia, de quema de casas, del bloqueo económico desde Turbo, Río Sucio y Quibdó, de la implementación del proyecto agroindustrial de Palma Africana, y de los asesinatos de integrantes de estas familias afrodescendientes y mestizas, continúan afrontando acciones de control y de represión que están agudizando la crisis humanitaria
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2. Desde diciembre del 2001, exigieron al Estado colombiano respuesta en torno a estas 5 exigencias:
a. Seguridad. Entendida como la creación de condiciones para el trabajo como campesinos sin sufrir atropellos ni desplazamientos forzosos por las acciones estatales y el retorno.
b. Indemnización – Reparación Moral. Entendida como la restauración integral a las familias y a las comunidades afectadas por los asesinados, heridos, correteados –desplazados en el territorio- Restitución Bienes Materiales. Construcción de vivienda nueva – Reconstrucción de casas dañadas
c. Desbloqueo Económico. Entendida como el desarrollo de mecanismos que posibiliten el paso de bienes y de personas en Riosucio, Bajirá , Mutatá, Quibdó. Desbloqueo de los ríos sedimentados por acción de la deforestación de la empresa Maderas del Daríén
d. Cese a la implementación de proyectos Agroindustriales. Esclarecimiento, investigación y sanción por la implementación de la agroindustria de Palma Africana, la compra y venta de tierra en contra vía de la ley 70.
e. Justicia. Investigación de la Brigada XVII comprometida en las violaciones de Derechos Humanos. Investigación y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos.
3. Desde diciembre desde el 2001 a través de la Comisión de Seguimiento a las comunidades del Consejo Comunitario de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, el Estado colombiano asumió los siguientes compromisos iniciales:
a. Dar respuesta sobre las condiciones de seguridad y garantías para el retorno de las comunidades en tres meses a partir de abril del presente año.
b. La Red de Solidaridad Social y el Ministerio del Interior tendrán la responsabilidad de coordinar el retorno cuando las condiciones de seguridad estén dadas: verificación del estado de las viviendas para el retorno, entrega de kits de cocina y repuestos de motores
c. Visita de verificación a la planta procesadora y de semillas de Palma Africana ubicada en Bajirá y Mutatá, programada el 8 de mayo de 2002.
d. Evaluación de la continuidad y de los mecanismos de seguimiento de la Comisión Mixta de Seguimiento a la situación integral de las comunidades de las cuencas del Jiguamiandó y Curvaradó.
e. La Vice Presidencia de la República se comprometió a gestionar los tiquetes necesarios para el desplazamiento de los delegados de las comunidades a Bogotá para las reuniones de la Comisión
Ninguno de estos compromisos fue respondido por el Estado como fue acordado.
4. Desde la incursión militar encubierta en Vigía del Fuerte, el domingo 21 abril del presente año, el ingreso de alimentos, la venta de los productos hacia las comunidades en donde se encuentran asentados más de 2.100 pobladores, se ha hecho casi imposible, debido al estricto control que se viene adelantando sobre pobladores y bienes en los municipios de Riosucio, de Carmen del Darién, Vigía del Fuerte y Bojayá.
En Riosucio, los “civiles” armados, dentro de la estrategia armada encubierta, en medio de la presencia de autoridades civiles, policiales y militares, firman las facturas de las abastecedoras del lugar por un valor máximo de 20.000, (U.S $ 9), que ellos mismos han impuesto como valor máximo para la compra de alimentos de cada familia; la firma se convierte en la autorización para el transporte de alimentos que no siempre “conceden”. Con esta firma o por la información recibida a través de radio, las unidades oficiales dejan circular a los pobladores en sus embarcaciones.
Entre 10 y 15 minutos más adelante en el casco urbano de Carmen del Darién, ubicado sobre el río Atrato, los armados dentro de la estrategia militar encubierta, retienen personas, les exigen la presentación de las facturas, los someten a un interrogatorio antes de permitirles seguir la ruta por el río.
Desde junio del 2001, período de vacaciones de los maestros de primaria, estos no regresaron por el temor. Desde ese momento no hay escuela para los niños.
En julio del 2002, igualmente, el ingreso de los alimentos de los restaurantes escolares del río Jiguamiandó subsidiados por Bienestar Familiar ha sido obstaculizado por los armados dentro de la estrategia militar clandestina, manifestando que “eso es mucha comida” (…) “eso es para la guerrilla” (…), “si no entregan el censo de la población no se autoriza el paso”.
En el Carmen del Darién, además de las amenazas que los paras han pronunciado frente a los pobladores, han afirmado desde finales de mayo, “nosotros tenemos el poder, ahora no nos van a parar. Estamos en el poder”. “Ahora si deben saber, con quién deben estar”, afirmando que si, los pobladores quieren desarrollo y vivir en el territorio en la zona deben aceptar la propuesta agroindustrial de la Palma Africana, “no venimos a hacer daño, como en el 97”” Para este propósito, los “civiles” armados, ofrecen pagos de 50 mil pesos días (U.S $ 20), mientras que el promedio es de 6 mil y 8 mil pesos día (U.S $ 3) en la región; la compra y venta de tierras, como lo han hecho desde 1.997 en Bajirá y en Curvaradó y Domingodó desde 1999.
A través de las emisoras locales de Bajirá ofrecen trabajo a los campesinos en la factoría de Palma Africana. Al mismo tiempo en desarrollo de la estrategia social vinculada a la estrategia militar clandestina, bajo el nombre de “Autodefensas”, se está promoviendo la conformación de asociaciones campesinas, de empréstitos a tres años, y organización de retornos al bajo Atrato de las familias que se encuentran viviendo en el eje bananero con la entrega de 50 novillos y un semental, entrega de parcelas de las tierras, de las que ya se han apropiado.
Tanto desde Riosucio como desde Quibdo, Vigía del Fuerte, Bellavista, Domingodó, Curvaradó, Turbo, Tumaradó, -donde se encuentran tres puestos de control- varios de ellos dentro de la estrategia militar encubierta, en evidente connivencia con la Fuerza Pública, se impide el ingreso de gasolina, a quiénes intentan ingresarla los han señalado, intimidado y amenazado.
Miércoles 7 de agosto a las 16:50 hora local, en los poblados del Hobo, Caño Seco, Santa Fe, Guamal, Jarapetó, Urada se produjeron ametrallamientos y bombardeos, se escucharon las detonaciones de 6 bombas y de 3 cohetes, que produjeron el desplazamiento de varias familias hacia otras comunidades vecinas en cercanías de estos lugares de habitación.
5. Esta situación generada por las acciones contrainsurgentes se agrava por los desastres naturales. El primero de Agosto del 2002, a raíz de fuertes lluvias y vientos, las comunidades de Nueva Esperanza, Pueblo Nuevo, Puerto Lleras, Santa Fe de Churima, Tamborales y Urada, se vieron afectadas perdiendo las cosechas de aproximadamente 100 Has de plátano y 150 hectáreas de arroz y maíz, alrededor de 200 ranchos se quedaron sin techo, generando una grave crisis integral.
6. La situación humanitaria de las comunidades rurales que se encuentran en procesos de afirmación de sus derechos como población civil es cada vez más grave. La crisis alimentaria debido al bloqueo armado en el ingreso de bienes de supervivencia, las amenazas, los señalamientos, las acciones de control, las acciones armadas hacen evidente: la ausencia de respuesta estatal a la situación de desplazamiento y de afirmación de sus derechos en que se encuentran las comunidades del Jiguamiandó y de Curvaradó; la ausencia de medidas preventivas estatales que eviten nuevos desplazamientos y daños irreparables a los integrantes de las comunidades afrodescendientes y mestizas; el desconocimiento a los principios que sustentan y que diferencian el Estado de Derecho del de la Barbarie; el desconocimiento de los protocolos y pactos internacionales suscritos por el Estado colombiano por la participación de agentes estatales en la negación de los Derechos Humanos, por su violación directa o a través de estructuras “civiles armadas” que actúan con su complicidad, consentimiento, aquiescencia y articulación, por la ausencia de investigación, de sanción y de reparación de destrozos causados contra estas comunidades.
7. A la pérdida de las cosechas de los bienes básicos de autosostenibilidad por efectos de los desastres naturales, de los efectos sobre la población de las acciones del Estado que impiden la satisfacción de sus necesidades básicas por sus propias iniciativas debido a la persecución sistemática, se agrega la ambientación negativa que justifica las acciones contra las comunidades porque en la región hace presencia las FARC EP, o porque se valora que las organizaciones comunitarias son de las FARC EP, negando de este modo los derechos de la población, y desde estos imaginarios, la respuesta humanitaria complementaria de la solidaridad internacional al que tienen derecho estas víctimas de la guerra.
8. Urge acciones de seguimiento a la aplicación de la política de Derechos Humanos del actual gobierno en relación con la estrategia armada encubierta y la Brigada XVII; la exigencia de respuesta a la Red de Solidaridad Social frente a la situación inhumana de los pobladores que en la guerra afirman sus derechos en defensa de la Vida y el Territorio, y el apoyo humanitario de la solidaridad internacional.
Bogotá, agosto 30 del 2002
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz