Sostuvo la Fiscalía en audiencia de imputación de cargos contra Mario Aranguren
“No todo vale para hacer inteligencia, ¿o si no para qué la Constitución?”. La frase fue pronunciada por el fiscal delegado ante la Corte, Misael Rodríguez, en desarrollo de la audiencia de imputación de cargos al ex director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda, Mario Aranguren, y a su subalterno Luis Eduardo Daza.
Para la Fiscalía, no hay duda de que la UIAF se convirtió en un enroque más de la siniestra cacería que montó el DAS para desprestigiar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Sin órdenes judiciales, transgrediendo los límites de la inteligencia financiera, desbordando las fronteras de la información reservada de los juristas, la UIAF acopió ilícitamente datos privados, rastreó actos notariales, registros migratorios, escrituras públicas y recolectó en operaciones a cubierta detalles de un viaje a Neiva en junio de 2006 que realizaron magistrados para asistir al homenaje a Yesid Ramírez, elegido como vocero de la corporación. El DAS esculcó registros hoteleros, facturas y consumos de los juristas, todo bajo la fachada de una supuesta infiltración del narcotráfico en el seno del alto tribunal.
Lo curioso, dijo el Fiscal, es que el defensor Vólmar Pérez y los entonces procurador Edgardo Maya y fiscal Mario Iguarán también fueron al viaje, pero a ellos no les husmearon sus cuentas, como sí pasó con la Corte. El fiscal Rodríguez consideró que quedó en evidencia que todo era una maniobra para enlodar a como diera lugar a la Corte en momentos en que sus relaciones estaban más avinagradas que nunca. Bajo el pretexto de investigar al controvertido empresario Ascencio Reyes, cercano a algunos magistrados, el DAS y la UIAF hicieron y deshicieron para poner a la Corte bajo sospecha “a través de la voluntaria filtración de información a periodistas”.
El DAS infiltró la Corte, sustrajo expedientes reservados y datos personales de los juristas y grabó sesiones de Sala Plena que después llegaron a manos del Ejecutivo. El fiscal Rodríguez descubrió ayer dos de estas grabaciones efectuadas a mediados de 2008, en una de las cuales la Corte hacía consideraciones privadas de un encuentro que habían tenido varios de sus representantes con el presidente Uribe, en donde se habló del caso de Yidis Medina, la parlamentaria que vendió su voto para aprobar la primera reelección. En este contexto de espionaje, la UIAF recogió información de los magistrados Carlos Isaac Náder y Yesid Ramírez, pese a que la banca nunca reportó movimientos sospechosos.
Igual ocurrió con los senadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba; el DAS se apoyó en la UIAF para hurgar en sus cuentas privadas y desarrollar operaciones de inteligencia financiera. En el caso de Córdoba se buscaba establecer si había recibido dineros del gobierno venezolano. Entre 2005 y 2008 se hizo este seguimiento sistemático. De acuerdo con el Fiscal, sólo datos serios, objetivos y confrontables, que deben ser judicializados, son los únicos que permiten rastreos de la UIAF. Lo más grave es que no ocurrió eso y un funcionario de contrainteligencia del DAS sin competencia manejó de primera mano todo el espionaje y los datos ciertos de la UIAF, “filtrados por orden de Presidencia”, para poner en apuros a sus “blancos”.
La Fiscalía resaltó dos reuniones en la Casa de Nariño en donde se trató el tema de Ascencio Reyes y la Corte. Los encuentros se efectuaron en abril de 2008 y estuvieron funcionarios del DAS y la UIAF y funcionarios de Palacio como Bernardo Moreno, José Obdulio Gaviria o César Mauricio Velásquez. Allí se dieron a conocer avances en estas pesquisas ilegales para la Fiscalía, toda vez que se extendieron a magistrados sobre los cuales no pesaba sospecha alguna de sus movimientos financieros. “Lo que hubo fue una disposición de seguir a los magistrados”, resaltó el fiscal.
Como cosa curiosa, también detalló que el 24 de abril de 2008 el subdirector de contrainteligencia del DAS, Jorge Lagos, le envió un oficio a la UIAF solicitándole información de magistrados y cómo habían pagado el viaje a Neiva. El oficio fue recibido a las 2:58 p.m. de ese día. En menos de una hora la respuesta de 111 páginas de la UIAF ya estaba elaborada. “¿Cómo obtuvo toda esa información la UIAF en apenas 47 minutos?”, se preguntó el Fiscal y se respondió así: “Todo estaba dispuesto desde antes entre la UIAF y el DAS para este cometido”.
Todo se hizo “al mejor estilo de un grupo criminal”, conceptuó el Fiscal, que criticó que reportes financieros se originaran bajo el pretexto de informaciones en internet o publicaciones de prensa, como ocurrió con la Corte. El Fiscal recriminó que si la UIAF había encontrado reportes sospechosos de juristas o congresistas, por qué no los envió a la Comisión de Acusación de la Cámara, y mucho más que estas pesquisas fueran divulgadas a funcionarios de Palacio que no tenían competencia. Con este arsenal se imputaron cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción y abuso de función pública, en contra de Mario Aranguren y Luis Eduardo Daza. Ambos se declararon inocentes. Sobre las 9 p.m. de ayer se suspendió la audiencia y ésta se reanudará el lunes 31 de mayo a las 6 a.m.