Recapitulando a Uribe
“Uribe es el mejor presidente que ha tenido el país”, repiten sin cesar los seguidores del mandatario colombiano. ¿Qué lo hace tan magnífico, si su administración ha producido un millón de nuevos indigentes a partir del 2003,(1) y si le ha arrebatado tres billones de pesos anuales a los asalariados?(2)
¿Dónde están las mejoras en el manejo del erario público, si cada año se están perdiendo cuatro billones de pesos por corrupción?(3) ¿Y qué hay de los 14 mil muertos que ha dejado la violencia sociopolítica durante todo su mandato?(4)
La mayoría de los electores uribistas desconocen estas cifras y si las conocen, las descalifican a priori. He ahí el fruto del gran despliegue proselitista, que manejan medios de comunicación poderosos, tales como El Tiempo y RCN. Parte clave de la labor propagandística de la presidencia se basa en el control absoluto de las estadísticas de la nación. De ahí que el secretario de prensa del primer mandatario y altos funcionarios del Departamento Nacional de Planeación hayan intervenido la labor del DANE en varias ocasiones, para cambiar los indicadores sociales y de seguridad que no dejaban bien parado al gobierno. Dos directores consecutivos del organismo decidieron renunciar por esta razón. Los nuevos métodos de medición y análisis, impuestos por la presidencia, no han dejado de producir las cifras exitosas, que alimentan la confianza religiosa de sus electores.
Y es que la valoración del mandato de Uribe se ha vuelto un problema de fe. Los que “creen” en él, lo hacen por encima de cualquier evidencia crítica. Aparte del culto a la personalidad en que suele basarse su simpatía, los adeptos del primer mandatario argumentan que su administración ha hecho crecer la economía y ha mejorado las condiciones de seguridad en todo el país. Pero examinadas de cerca ¿qué tanto bienestar han aportado sus políticas económicas y para quién?, ¿quién está más seguro hoy día en Colombia y quién no? Y después de tantos escándalos, ¿qué tan transparente puede seguir juzgándose su administración?
Economía elitista
En contra de lo que Uribe y su corte política han querido hacer creer, la expansión de la economía colombiana, que alcanzó un índice del 7,0% para el 2007, no fue resultado de su gestión, sino parte de una coyuntura internacional. Otros países latinoamericanos crecieron igual o más. Por ejemplo Cuba con un 7,0%, Uruguay con un 7,5%, Perú con un 8,2%, Venezuela con un 8,5% y Panamá con un 9,5%.(5) Lo que la administración de Uribe sí tuvo en sus manos, pero no hizo, fue aprovechar esta bonanza a favor de la población económicamente más débil.
A nadie puede caberle ya duda de que subsidios como el Agro Ingreso Seguro nunca fueron pensados para el beneficio del pequeño campesino. Tampoco lo fueron el Estatuto Rural o la Ley Forestal, que le permitían a agroindustriales y narcoparamilitares reinsertados, apropiarse legalmente de tierras abandonadas por víctimas de la violencia. Es decir, buscaban legislar lo que ya sucede por vías de hecho. Recuérdense por ejemplo las 17 mil hectáreas de la finca Carimagua, que Uribe y su ministro de agricultura intentaron arrebatarles a los desplazados, para entregárselas a empresarios palmicultores.
Mientras tanto los campesinos desterrados empobrecen al extremo en todo el país. Ni Acción Social ni Familias en Acción han impedido que hoy el 97% de las personas que desde 1998 tuvieron que salir huyendo de sus predios, sean pobres y el 81% indigentes.(6)
La administración de Uribe tampoco aprovechó el crecimiento de la economía para mejorar la calidad de los empleos. Al contrario, entre el 2001 y el 2007 los colombianos subempleados aumentaron en más de 800 mil(7) y, para el periodo comprendido entre el 2002 y el 2008 cerca de 600 mil habitantes de las trece áreas metropolitanas entraron en la informalidad.(8)
¿A quién le ha servido realmente el crecimiento de la economía? Por ejemplo, a los banqueros, que obtuvieron utilidades de $69,3 billones desde que Uribe llegó al poder.(9) Luis Carlos Sarmiento Angulo quintuplicó su fortuna de mil a 5,5 mil millones de dólares entre el 2003 y el 2008, entrando a formar parte de los doscientos hombres más ricos del planeta. A ese grupo entró igualmente el empresario Julio Mario Santodomingo, al quintuplicar también su patrimonio de mil millones en el 2003 a 5,7 mil millones de dólares en el 2007. Así mismo, parte de las utilidades de Comcel, una de las empresas más exitosas en los últimos años, han ido a engrosar la fortuna del mexicano Carlos Slim, dueño de Telmex y tercer puesto entre los más ricos del mundo, según Forbes.(10)
En materia tributaria, el gobierno de Uribe profundizó la tendencia ya existente, de gravar cada vez más al consumidor que al gran empresario. Sus reformas han obligado al grueso de los colombianos a pagar un IVA más alto por un mayor número de productos de la canasta familiar, incluidos servicios públicos y alimentos básicos. En contraste, disminuyó el impuesto a la renta y le otorgó “contratos de estabilidad jurídica” a grupos empresariales como Bavaria, garantizándoles una serie de exenciones por veinte años. Este tipo de beneficios junto con las zonas francas, la eliminación de gravámenes por sacar capital del país etc., le sustraen cerca de seis billones de pesos anuales al fisco.(11)
Por eso no extraña que, a pesar de la expansión económica, la desigualdad social haya aumentado. Colombia se convirtió en el país más desigual de toda América Latina, superando incluso a Brasil, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.(12)
Frente a estos análisis, los seguidores de Uribe suelen objetar que en Colombia siempre ha habido desigualdad y que el verdadero ‘flagelo’ del país es la violencia subversiva, (como si ambas cosas no estuvieran estrechamente ligadas). Aseguran además que en este punto el presidente ha triunfado incuestionablemente.
Seguridad no democrática
En realidad, la “seguridad” se ha aplicado asimétricamente para el bienestar de ciertos grupos de la población y en detrimento de otros. Uribe ha empleado a las Fuerzas Militares a fondo para garantizar la estabilidad del transporte mercantil por carreteras, beneficiando de paso a quienes viajan con fines privados. La protección de logística multinacional, frecuentemente atacada por la subversión, y el reestablecimiento de “normalidad” en el campo para los propietarios hostilizados por la guerrilla, han sido también objetivos estratégicos de la Seguridad Democrática.
Pero la población rural que representa un obstáculo para la ejecución de macroproyectos económicos, ha vivido en la inseguridad absoluta. Lo mismo ocurre con miembros de organizaciones sociales, activistas de derechos humanos, periodistas de oposición y sindicalistas. Estos grupos de colombianos no solo se encuentran expuestos a la acción paramilitar de 82 bandas que operan en 273 municipios con cerca de 10.000 hombres, sino también a los hostigamientos de las mismas Fuerzas Militares y de Inteligencia.(13)
Un caso reciente es el de las 120 familias de Las Pavas, en el Sur de Bolívar, a quienes la Policía Nacional y el Esmad desalojaron por la fuerza en julio del 2009. El desalojo lo gestionaron dos empresas palmicultoras del grupo Daabon, uno de los beneficiarios del Agro Ingreso Seguro.(14) Por su parte, la Brigada XVII del Ejército ha atacado sistemáticamente a la Comunidad de Paz de Apartadó, con completa anuencia del gobierno. Y no hay que olvidar la masacre de los cinco civiles a manos del Ejército en Cajamarca en abril del 2004 o el asesinato de un indígena por el Esmad en octubre del 2008, para nombrar los casos más conocidos.
Las capturas masivas, que Uribe ha promovido y elogiado públicamente, tampoco han redundado en mayor tranquilidad y seguridad para miles de colombianos. Solamente entre el 2002 y el 2005, el Ejército, la Fiscalía y el DAS encarcelaron con este “método” a más de 6.600 personas, generalmente sin orden de captura. La mayoría tuvo que ser puesta en libertad días o meses después.(15)
Las cifras de la violencia revelan que Colombia no se ha convertido en un país más seguro. Entre otras cosas, porque la Seguridad Democrática de Uribe no ha perseguido a los principales responsables de crímenes sociopolíticos (los paramilitares) con el mismo ahínco que a las guerrillas. Entre el 2002 y el 2007 el conflicto interno produjo cerca de 14 mil muertos fuera de combate, o sea, siete diarios. De los ocho mil casos con autores identificados, el 58% fueron víctimas de bandas paramilitares, el 17%, de agentes del Estado a cuenta de los “falsos positivos”, y el 25%, responsabilidad de las guerrillas.(16)
Emulando la actitud del presidente, los uribistas argumentan usualmente que quien critica al gobierno o se asocia con otras personas, fuera de los parámetros gubernamentales, puede ser un infiltrado de las subversión y por lo tanto es apenas lógico que se lo capture y se lo investigue. Por otro lado, no dejan de subrayar que a Uribe le sobra integridad para castigar los excesos “erróneos”, como ocurrió por ejemplo con los “falsos positivos”, cuando destituyó a los militares responsables.
Demasiadas coincidencias
Pero la integridad del jefe de Estado ha resultado muy a menudo en entredicho. Generalmente, revelaciones inquietantes han pasado a gran velocidad del escándalo al olvido, dejando a su paso una enorme cantidad de preguntas irresueltas. Vale la pena traer a la memoria por lo menos seis casos emblemáticos.
1) Fraude y soborno electoral: El ex jefe de informática del DAS Rafael García declaró que para los comicios presidenciales del 2002, paramilitares del Bloque Norte falsificaron 300 mil votos a favor de Uribe Vélez en la Costa Atlántica. Por lo menos en el Magdalena varios testigos confirmaron la versión de García. Hasta este momento la fiscalía no ha reconstruido los hechos, ni comprobado cuántos votos fueron falsificados. Uribe negó la existencia del fraude y demandó a las revistas Semana y a Cambio, por haber investigado y publicado el incidente.
Posteriormente, la ex parlamentaria Yidis Medina explicó que Uribe y algunos de sus funcionarios de gobierno le ofrecieron puestos de dirección en dependencias estatales. A cambio exigían su voto a favor de la reforma constitucional, que introducía la figura de la reelección. También el ex superintendente de notarías Manuel Cuello, denunció ante la Corte Suprema, que varios congresistas habían recibido notarías a cambio de su apoyo a la reforma constitucional pro reelección.
2) Reunión con paramilitares: El 31 de octubre del 2001, siendo candidato presidencial, Uribe asistió a una reunión política en Puerto Berrío, en la que participaron al menos siete paramilitares. En el conocido video del encuentro, se ve a los asistentes asegurándole al candidato el triunfo electoral en Barrancabermeja. Cuando las imágenes salieron a la luz pública, el presidente declaró que para el momento de la reunión no estaba informado de las actividades delictivas de los participantes.
3) Masacre del Aro: En febrero del 2008, el paramilitar Francisco Enrique Villalba, recluido en la cárcel, acusó a Álvaro Uribe de haber participado en la planeación de la masacre del Aro, ocurrida en octubre de 1997. Según Villalba el entonces gobernador de Antioquia y su hermano Santiago Uribe Vélez se reunieron con oficiales de la Policía, mandos de la IV Brigada del Ejército y con cabecillas de las AUC, días antes de la matanza. Tras el escándalo desatado por las declaraciones, los medios conocieron una carta dirigida al presidente, donde Villalba se retractaba de lo dicho. Sin embargo, en noviembre del 2008, el paramilitar reiteró su acusación ante la Cámara de Representantes, afirmando que la retractación escrita no era suya. Cinco meses después fue asesinado por dos sicarios en su casa, a donde lo habían trasladado en calidad de recluso.
4) Santiago Uribe y Los doce apóstoles: En 1996 la Fiscalía abrió un proceso de investigación sobre los vínculos de Santiago Uribe Vélez con el paramilitarismo. Varios testimonios consignados en el proceso lo señalan como integrante del grupo paramilitar “Los doce apóstoles”. En agosto de 1999 la fiscalía arguyó insuficiencia de pruebas para continuar con la investigación y dictó un auto inhibitorio. En informes judiciales de los años noventa, que el senador Gustavo Petro citó frente al Congreso en abril del 2007, aparecen testigos nombrando a la finca La Carolina, de propiedad de los Uribe Vélez, como sitio de reuniones paramilitares.
5) La visita de ‘Job’ y Diego Álvarez a Palacio: En el 2008 el jefe de Estado autorizó a su secretario jurídico, Edmundo Del Castillo, para recibir en el Palacio de Nariño a un paramilitar reinsertado y al abogado de un narcoparamilitar. Antonio López, alias ‘Job’ y el abogado de ‘Don Berna’, Diego Álvarez, entraron a Palacio por el sótano y sin ser registrados en la bitácora de ingresos. Uribe explicó en una rueda de prensa, que se los recibió porque habían prometido información importante que perjudicaba a la Corte Suprema de Justicia, organismo contradictor de la presidencia.
Meses antes Uribe había acusado a esa Institución de estar construyendo un complot en su contra, basándose en el testimonio escrito de ‘Tasmania’, un paramilitar preso. Poco después, el delincuente advirtió que el testimonio era falso y señaló al hermano y al primo del presidente como artífices del montaje.
6) Espionaje ilegal del DAS: Desde el 2004 el DAS espió ilegalmente a numerosos contradictores del gobierno. Documentos del organismo y testimonios de detectives indican que los espionajes buscaban, por una parte, intimidar y desacreditar a los opositores del presidente, y por otra, acceder a informaciones potencialmente lesivas para él. A pesar de que la entidad depende directamente de Uribe, éste negó tener responsabilidad alguna en los hechos.
La lista podría prolongarse mucho más. Piénsese en los 40 congresistas de partidos pro Uribe condenados por paramilitarismo, o en la cercanía del presidente a Rito Alejo del Río y a Jorge Noguera, o en los misteriosos encuentros de José Obdulio Gaviria con altos funcionarios del DAS en Palacio. ¿No son todas demasiadas coincidencias?
Un patriarca mediático
Independientemente de la responsabilidad judicial que Uribe pueda tener en esta serie de episodios dudosos, es evidente que, por cantidad y gravedad, sí comprometen su responsabilidad política. Sin embargo, los indicios de corrupción no parece haber quebrantado el apoyo de buena parte de sus electores.
Este fenómeno puede atribuírsele a varios factores. En primer lugar, al gran respaldo de los medios. Las empresas de comunicación más influyentes contribuyeron a construir una figura mesiánica del político antioqueño, especialmente durante su candidatura y su primer mandato. También es necesario tener en cuenta que después de un siglo de clientelismo y casi cuarenta años de narcotráfico, buena parte del pueblo colombiano se ha insensibilizado frente a la corrupción mafiosa de los altos políticos. En tercer lugar cabe destacar que el orden patriarcal de la hacienda, que estructuró la vida colonial y republicana en Latinoamérica, sigue determinando la cultura política colombiana hoy en día. Uribe satisface la añoranza del patriarca fuerte, autoritario y protector, en quien se deposita una fe prácticamente religiosa, que no permite cuestionamientos racionales.
Paradójicamente, su mandato también ha tenido el efecto de multiplicar las voces que lo critican dentro y fuera del país. Probablemente en ellas resida una parte del impulso colectivo, necesario para romper con el poder mafioso que el mandatario representa. Un poder que, por supuesto, va mucho más allá de su propia persona.
Citas:
(1) Según el “Informe de empalme sobre pobreza, empleo y desigualdad 2002-2008” del DANE, el 17,0% de la población en el 2003 era indigente, mientras que en el 2008 lo fue el 17,8%. Teniendo en cuanta que la proyección de población total para el 2003 fue de 41,7 millones y para el 2008 de 44,5 millones, los indigentes pasaron de algo más de siete a casi ocho millones en ese periodo de tiempo. El cálculo de la población se hizo con base en el informe del DANE “Cambios de población” del 2007. Cabe aclarar que los cambios que Uribe ha impuesto en los métodos estadísticos del DANE, producen cifras mucho menores de pobreza y desempleo que las que se obtendrían con los métodos utilizados hasta el 2005.
(2) CUT, “Alto tribunal se lava las manos con fallo de exequibilidad a la ley 789 del 2002” en Lazos de unidad, Nr. 53, p.9. Disponible en: http://issuu.com/eldiatv/docs/lazosdeunidad53
(3) “4 billones pierde el país cada año por corrupción” en Cambio, oct. 1/09. Disponible en: http://www.cambio.com.co/portadacambio/848/6245647-pag-2_4.html
(4) Ver cita 12.
(5) CEPAL, “Producto Interno Bruto Total. Tasas de variación 2005-2008”, disponible en: http://www.eclac.cl/prensa/noticias/comunicados/3/32013/cuadroPIBbalanceCEPAL2007.pdf
(6) XI Informe de la Comisión de Seguimiento de la Política Pública para el Desplazamiento Forzado, Enero 2009. Disponible en: http://www.codhes.org/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=52
(7) En el 2001 hubo 8,386 millones de subempleados, en total (objetivos más subjetivos), según los “Indicadores de mercado laboral anual (promedio enero-diciembre) 2001-2006” del DANE. En el 2007 los subempleados ascendieron a un total de 9,22 millones, según se deduce de “Indicadores de mercado laboral. Serie mensual 2001-2008” del DANE. Disponibles en:
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=67
(8) El DANE registró una tasa de informalidad del 61,3% en el 2002. Para 7,5 millones de ocupados, eso significa 4,5 millones de informales. En el 2008 aumentaron a 5,19 millones. Ver “Distribución porcentual de la población ocupada total, informal y formal según sexo” y el “Boletín Informalidad Trimestre Móvil (Marzo-Mayo 2008)” de la GEIH para las trece áreas metropolitanas en: http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=67. Ver también “Indicadores de mercado laboral anual (promedio enero-diciembre) 2001-2006. Total áreas y ciudades metropolitanas”, disponible en: http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=67.
(9) Torres, Alejandro, “La orientación económica del mandato de Uribe. Concentración de la riqueza, empobrecimiento nacional”, disponible en: http://notasobreras.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=2&id=213%3Aorientaeconomiuribe&Itemid=20.
(10) Luis Carlos Sarmiento llegó a ser clasificado como el número 140 de la Lista Forbes en el 2006. Julio Mario Santodomingo se ha movido entre el puesto 132 y el 186 en los últimos tres años. Ver Lista de Forbes “The Worlds Billionaires 2008” en:
http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_The-Worlds-Billionaires_Rank_8.html.
Para Santodomingo en el 2003, ver: http://www.forbes.com/finance/lists/10/2000/LIR.jhtml?passListId=10&passYear=2000&passListType=Person&uniqueId=YNZG&datatype=Person.
Para Luis Carlos Sarmiento en el 2003, ver: http://www.forbes.com/finance/lists/10/2003/LIR.jhtml?passListId=10&passYear=2003&passListType=Person&uniqueId=4945&datatype=Person.
(11) Torres, Alejandro, “La orientación económica del mandato de Uribe. Concentración de la riqueza, empobrecimiento nacional” Op. Cit.
(12) PNDU, “Human Development Report 2009”, disponible en: http://hdrstats.undp.org/en/indicators/161.html.
(13) Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, “Uribe tolera el auge de los paramilitares en Colombia”, disponible en: https://www.justiciaypazcolombia.com/Uribe-tolera-el-auge-de-los.
(14) Molano, Alfredo, “Las Pavas, crónicas de un desalojo”, en El Espectador, agosto 8/09, disponible en : http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso153956-pavas-cronica-de-un-desalojo?page=0,1
(15) Agencia EFE, “ONU, preocupada por capturas masivas y uso de prisión preventiva en Colombia” en El Espectador, octubre 10/08. Disponible en: http://www.elespectador.com/articulo43153-onu-preocupada-capturas-masivas-y-uso-de-prision-preventiva-colombia
(16) CEPRID, “Colombia: ejecuciones extrajudiciales, realidad inocultable”, nov. 10/08. Disponible en: http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article313.