QUIÉNES SOMOS

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Somos una organización que por más de 29 años ha promovido, defendido y apoyado la exigencia y afirmación de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, psicológicos, género, civiles y políticos de personas y procesos organizativos rurales y urbanos por parte del Estado y actores privados de quienes construyen paz hacia una democracia con justicia integralmente concebida.

ÁREAS DE TRABAJO

AMBIENTE Y TERRITORIO

Apoyamos procesos organizativos con rutas jurídicas, educativas, comunicativas, de incidencia en políticas públicas e iniciativas de protección de los bienes comunes, y las apuestas factibles y democráticas de reproducción de las fuentes de vida.

JURÍDICO

Apoyamos el esclarecimiento y la sanción judicial,  para proteger los derechos de las víctimas de la violencia política, ambiental y social, con estrategias en los sistemas jurídicos nacionales e internacionales y las iniciativas extrajudiciales de verdad y de memoria.

GÉNERO

Apoyamos el derecho a una relaciones respetuosas y justas entre hombres y mujeres el respeto al libre desarrollo de las identidades sexuales y la construcción de una democracia que excluya prácticas de discriminación de tipo patriarcal Asimismo la formulación de políticas públicas que aseguren la participación eficaz de las mujeres en la toma de decisiones.

PSICOSOCIAL

Apoyamos la superación del trauma de personas y procesos organizativos y la búsqueda del equilibrio y reconexión con el reconocimiento en la memoria de los efectos consciente e inconscientes de la violencia con técnicas integrales y sistémicas de abordaje sobre la mente, el cuerpo y el alma en los planos individual y social.

Educación

Apoyamos el derecho a la educación en procesos organizativos que de manera autónoma, desarrollan propuestas curriculares y metodológicas implementando nuevas tecnologías de educación desde la gestación, alfabetización, primaria y secundaria y apuesta de Universidad de Paz hacia una nueva cultura de paz y democracia

Espiritualidades

Apoyamos la multiplicidad de motivaciones que inspiran las personas y los procesos organizativos en sus proyectos de vida territorial por un bello existir en justicia socio ambiental.

Comunicación

Apoyamos el ejercicio de la libertad de expresión y la democratización de la comunicaciones de sectores excluidos en la comunicación privada con impulso a políticas públicas, procesos formativos, divulgación informativa y campañas multimedia.

RAZONES DE SER

Primera Razón

Comprendemos la Defensa de los Derechos de los Humanos desde la relación Estado – ciudadanos y desde la afirmación de los Derechos de los Pueblos. Retomamos la tradición del Derecho Internacional de los Derechos Humanos donde los Estados se definen como de Derecho en tanto, asumen una serie de responsabilidades frente a sus asociados como garantes de los derechos de los ciudadanos, que estos puedan ejercerlos, disfrutarlos. En este sentido, se definen no solo las responsabilidades estatales sino unos límites que el Estado no puede transgredir so pena de violar las garantías y los derechos de los ciudadanos. “Por violación de Derechos Humanos debe entenderse toda conducta positiva o negativa mediante la cual un agente directo o indirecto del Estado vulnera, en cualquier persona y en cualquier tiempo, uno de los derechos enunciados y reconocidos por los instrumentos que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Al mismo tiempo, los pueblos – sectores excluidos – aunque pretenden afirmar sus derechos en este marco tradicional en relación con el Estado han ido percibiendo que dichas garantías y derechos no son viables sin una comprensión de integralidad e indivisibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales con los civiles y políticos, y en la apuesta a nuevas formas de sociedad, de sujetos colectivos y formas de liberación integral que redefinen las relaciones humanas y las relaciones con la naturaleza, lo que los lleva desde identidades socioculturales propias enmarcadas en políticas de “exclusión” a afirmarse como Derechos de los Pueblos. Estas dos comprensiones aunque no se contraponen si son cualitativamente diferentes.

Segunda Razón

Comprendemos la Verdad de las víctimas del Estado –víctimas indignas en la lógica unanimista- y el develamiento de las estructuras, de los medios y de los mecanismos con que opera su terror -a través de estrategia abiertas, encubiertas y clandestinas, guerra sucia, de baja intensidad -, como posibilidad de la memoria ante el olvido, de prevención ante la repetición del terror, de afirmación ante el silencio, de condenación ante la distorsión mediática, de democracia participativa ante el consenso unanimista, de derecho innegociable ante el pragmatismo político.

Tercera Razón

Comprendemos la Justicia, concebida integralmente en sus dimensiones socio culturales, jurídicas y políticas como principio constitutivo de cualquier sociedad que pretenda ser reconstruida o transformada. Desde la dimensión jurídico político, significa el reconocimiento de los victimarios de sus responsabilidades en las violaciones de derechos humanos, el castigo penal, la construcción de los mecanismos de reparación ante los daños irreparables causados en lo social, lo político, lo económico. La justicia es el fundamento de un orden que pretenda ser nuevo, es un derecho irrenunciable en el que las víctimas, sus familias, los testigos o los núcleos afectados por la violación de derechos humanos cuentan para que los victimarios, los Estados, los responsables en cualquier nivel con los crímenes y violaciones sean castigados. Las víctimas del Estado, de las que no se habla y por las que no se condena a nadie, son víctimas dignas cuyas vidas y sueños deben ser reconocidos, reparados, y respetados. En tanto, la impunidad en los crímenes y violaciones a los derechos humanos persista se consolidan las estructuras criminales estatales, se avala los mecanismos y los medios de represión y de control, se niega la existencia y la posibilidad de historias y de proyectos de vidas alternativos.

Cuarta Razón

comprendemos el ejercicio del Derecho a la Reparación Moral, Social y Política como un imperativo ético y político en la construcción de una sociedad que pretenda construir un proyecto democrático, justo y participativo. La construcción de una sociedad al futuro supone de fondo que las posibilidades de otras formas de pensamiento, de expresión política, de organización comunitaria sean reconocidas y respetadas por el conjunto de la sociedad, por el Estado y las corporaciones privadas. Lo que ha sido destruido a través de diversas formas y mecanismos de terror, de decisiones económicas expoliadoras del mercado, debe ser en el presente, asumido como algo que es legítimo de ser escuchado, de ser valorado, de ser resonado, y en el futuro, esos modelos de sociedad deben ser posibilitados en su construcción en lo político, lo social, lo económico, lo cultural. Los pueblos, las víctimas, las familias, los núcleos de memoria que exhuman la razón de ser de los torturados, de los desaparecidos forzados, de los detenidos arbitrariamente, de los asesinados selectivamente, de los masacrados colectivamente, de los judicializados “ilegalmente”, de los bombardeados, de los perseguidos y de los exterminados, de los desplazados y de los refugiados, han dignificado su condición a través de la pintura, de la música, de la escultura, del teatro, de los monumentos con los cuales se ejerce el derecho a la memoria, a la esperanza, a la enunciación de los proyectos de vida frente a los proyectos de muerte de los criminales

Quinta Razón

comprendemos que las expresiones de rebelión armada a través de las guerrillas existentes en Colombia han nacido en convicciones éticas y políticas de transformación de una sociedad estructuralmente injusta, excluyente, antidemocrática. Así, el conflicto político militar está asociado al conflicto social y estructural de empobrecimiento que se ha cualificado en Colombia. La existencia de diversas organizaciones armadas guerrilleras son la expresión del ejercicio del Derecho a la Guerra, a la Rebelión Armada reconocida en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en los Derechos de los Pueblos, en tratados de humanistas y de iglesias en el mundo. En su historia, los grupos guerrilleros en Colombia, por los imperativos éticos que los inspiran, han construido modos y mecanismos de exigencia interna y externa de su actuación con la población, que le son obligantes y les han diferenciado del Estado al que pretenden transformar. Es el Derecho en la Guerra con una normatividad específica, que no se ubica en su totalidad ni ha sido reconocido totalmente, en los parámetros de la guerra convencional que conforma el Derecho Internacional Humanitario, pero que ha sido referente de la guerra de guerrillas construido por cada organización. Esta construcción no niega el marco del Derecho Internacional Humanitario pero si indica unas especificidades propias que podrían ser discutidas en condiciones de equidad entre los actores sociales y políticos (Estado – guerrilla), comprometidos en el conflicto armado interno, y en las salidas negociadas al mismo, tanto, como por diversos sectores sociales y de derechos humanos.

Sexta Razón

Comprendemos que el paso a una humanización del conflicto, a la reducción de la intensidad del conflicto, y—o la posibilidad de Acuerdos Humanitarios parte de una comprensión de dos modelos de guerra. La guerra del Estado a través de todos sus mecanismos y métodos de control y de represión abiertos – fuerza pública, organismos de seguridad -, encubiertos clandestinos – “civiles” armados; con soportes jurídicos regulares y de “excepción”, con financiación ilegal y legal en impuestos de sus ciudadanos y empréstitos internacionales; reclutamientos regulares y pago de recompensas, redes de informantes, y “civiles” armados; apoyos y tecnología de guerra, asesoría y presencia de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos y apoyo financiero de otros Estados; con una justificación ideológica en la Doctrina de la Seguridad Nacional – defensa de la democracia, de la civilización cristiana, del capitalismo, contra el comunismo internacional, contra el narcotráfico, contra el terrorismo -; con los medios de información electrónicos del Estado civil y de la Fuerza Pública, y los medios de información electrónicos privados. La guerra de guerrillas a través de mecanismos, métodos y una filosofía que hace referencia en a la población empobrecida, excluida, marginada, y los cambios estructurales de la sociedad, con la financiación de su armamento, tecnología y personal en modos ilegales; desarrollo de acciones sorpresas, de emboscadas, enfrentamientos en tiempo cortos y medianos, y de relativos enfrentamientos sostenidos de larga duración; con operaciones de saboteo a símbolos del Estado y de la sociedad que se quiere transformar; con el desarrollo de técnicas de bajo costo en lo militar para el enfrentamiento armado; con estrategias de comunicación y publicidad clandestina a través de diversos medios electrónicos.

Séptima Razón

comprendemos que algunas experiencias de comunidades afrodescendientes, mestizas y mulatas han surgido en Colombia como un ejercicio de afirmación integral de sus derechos en la guerra como pueblo, y frente a sus causas. En relación con la dimensión militar de la guerra, estas experiencias organizativas, que afirman integralmente sus derechos como población civil, han construido prácticas y contenidos normativos que concretan propuestas inéditas y originales del derecho humanitario, no contempladas necesariamente en los tratados de Derecho Internacional Humanitario, en relación con sus vidas y la protección debida por el Estado, y en relación con sus espacios, sus territorios y sus identidades socio culturales. En relación con la dimensión socio política de la guerra, estas experiencias organizativas, que afirman integralmente sus derechos sin el uso de las armas, son expresiones legítimas de objeción y desobediencia al modelo de sociedad existente, a la globalización del mercado y sus mecanismos de exclusión, y de transformaciones estructurales en el escenario de la confrontación militar entre Estado y Guerrilla. Las afirmaciones organizativas de la población civil están construyendo alternativas democráticas populares en lo económico, en lo político, lo socio cultural, lo comunicativo, lo jurídico, lo ambiental, de defensa y de afirmación de sus derechos a la vida y al territorio, a la justicia y a la reparación integral y se unen a las expresiones de resistencia a la globalización excluyente. La concreción de fórmulas en la Humanización del Conflicto Armado o de Reducción en la Intensidad del Conflicto armado interno, y del conflicto social y político, debería reconocer este tipo de iniciativas que viabilizan propuestas humanitarias y de paz con dignidad.

Octava Razón

comprendemos que la búsqueda de la paz será un anhelo y una utopía permanente, aún en condiciones donde no exista un alzamiento armado, que exigirá siempre la creatividad para desarrollar modificaciones a modelos de la sociedad, de estados y de relaciones entre Estados que generen exclusión, inequidad, inhumanidad, sometimiento. En las condiciones de nuestro conflicto armado interno creemos en la necesidad de una salida política negociada en lo armado, lo político y lo social que construya bases de justicia integral. En un escenario de negociación política es imperativo acordar los medios y los mecanismos que busquen, además de la participación de los sectores empobrecidos, excluidos, discriminados y de sectores de mujeres, de jóvenes y de niños, así como de las víctimas de violaciones de los derechos humanos o de sus familias, la búsqueda de alternativas concretas para la transformación de las causas de la violencia política. La búsqueda de la paz a través de un proceso de negociación política, para que sea novedoso, auténtico y logre modificar estructuralmente las causas de la violencia, debe acordar mecanismos fácticos en orden a: la satisfacción de las necesidades básicas de empleo, de salud, de educación, de vivienda, de tierra, de techo, de soberanía alimentaria; de respeto a la diversidad cultural, a la libertad de expresión, y de garantías a la oposición política, de participación amplia de la población empobrecida en los medios de información masiva, electrónica y ciberespacial; y de la definición de un modelo económico y político que propicie la vida digna de todos los habitantes del país y unas relaciones justas con los pueblos del mundo. En ese mismo escenario se deben contemplar las propuestas que las organizaciones y comunidades han desarrollado o pretender desarrollar en el ejercicio del derecho a la memoria y la afirmación de la verdad de la guerra a través de monumentos, de medios audiovisuales y diversos lenguajes, resignificación de los nombres de las calles y de las avenidas de ciudades, de plazas del campo; de la justicia penal, de la reparación y restauración integral; la transformación del aparato de justicia, de sus medios de investigación y de impunidad; la transformación de las estructuras militares, de su ideología y de sus privilegios económicos. Mientras el estado actual de la guerra se extienda, se amplíe y se cualifique creemos en la necesidad de una humanización del conflicto armado interno o una reducción en la intensidad del conflicto a través de formulas y de propuestas que comprendan las motivaciones integrales de la guerra y los modelos de guerra.

Novena Razón

comprendemos que la exigencia de garantías para la vida digna de todos y todas, la afirmación de los derechos de los pueblos, la construcción de mecanismos de verdad, justicia y reparación son aspiraciones universales que se arraigan desde las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y en las formas de solidaridad que buscan modificar dicha situación. En ese lugar, de afirmación de los derechos, creyentes no religiosos y creyentes religiosos de distintas confesiones, entre ellos en la fe al estilo de Jesús se encuentran. Unos y otros, sostienen, argumentan, escriben, celebran, afirman, defienden, una espiritualidad de la resistencia en, con y al lado de los empobrecidos, de los excluidos, que afirman sus derechos ante las formas y los mecanismos de la opresión y de la exclusión, dando razón de su esperanza. Quiénes optan por las víctimas del poder desde las tradiciones de sensibilidad y pensamiento desde la lógica de los pueblos y quiénes optan por una fe al estilo de Jesús o de otras tradiciones de creyentes nos encontramos y nos reconocemos en la construcción de formas de resistencia que posibilitan a corto, a mediano y a largo plazo una sociedad donde la Vida digna de todos sea posible. En las diferencias complementarias entre creyentes y no creyentes, la búsqueda de la consolidación de la dignidad humana de los hombres y mujeres excluidos en una nueva humanidad y de una nueva sociedad, supera los límites inter-religiosos y llevan a explorar las dimensiones macro ecuménicas. En esta búsqueda, los creyentes han construido modos de ser de las iglesias democráticas, participativas y transformadoras, que afirman su identidad y en la práctica van desarrollando formas de diálogo y relación entre las víctimas que afirman sus derechos, las iglesias y entre los creyentes y no creyentes.

Decima Razón

Razón de género : Comprendemos la perspectiva de género como una conquista de diversos movimientos sociales que han afirmado un derecho a la libre elección y el reconocimiento de identidades de sexo y desarrollo de la sexualidad que han sido reprimidas, violentadas, negadas,e invisibilizadas. En el mundo y en Colombia, en medio de tensiones, polémicas y confrontaciones de expresiones culturales se ha ido reconociendo maneras de dominación y liberación sobre la base del ser, hacer, sentir y pensar de las personas en virtud de su identidad sexual o identidades de género. Las dinámicas de violencia social, política, económica y ambiental que vulneran el derecho a la permanencia en el territorio y a una vida digna de diferentes comunidades rurales y urbanas del país, se han forjado en relaciones de exclusión y de dominación por etnia/raza, sexo/género y sector socio económico. Comprendemos que en las experiencias de afirmación integral de los derechos, las mujeres en medio de unas condiciones adversas de vida han dinamizado procesos comunitarios de dignificación de su identidad y de afrontamiento a estructuras patriarcales. Frente a unas realidades similares de despojo, desplazamiento forzado, implementación de operaciones extractivas o destrucción de las fuentes de vida, y con ello la pérdida del territorio como condición material y simbólica para la re-creación de la vida, múltiples mujeres han tejido diversas expresiones de reconstrucción contra ese poder destructor de su dignidad, la de las familias y comunidades de las que forman parte, afirmando distintas formas de participación, liderazgo político y comunitario. Una particular sensibilidad y percepción nace de las mujeres, y también de expresiones diversas sexuales que en perspectiva transformadora, avizoran que los cimientos de una sociedad de derechos y con derechos es la diversidad, la heterogeneidad y la pluralidades en la construcción de sujetos colectivos creadores de nuevas formas de vida liberadoras de las asimetrías de género excluyentes.

Reconocimientos

Premio Martíres Loyola 2016

“La Universidad Loyola de Chicago entrega el Premio Mártires 2016 a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, una organización colombiana que trabaja con víctimas de violaciones de derechos humanos para promover la paz, la justicia y el cambio político no violento”

Elizabeth Czapski, estudiante Universidad Loyola de Chicago

Premio WOLA de Derechos Humanos 2015

“Al trabajar con las comunidades vulnerables, Justicia y Paz está abriendo el camino para una paz duradera y la prosperidad. Este premio es un reconocimiento merecido al compromiso de Justicia y Paz a la realización de la justicia para todos”.   

Congresista Barbara Lee EE.UU