#Putumayo Dos mujeres y seis niños afectados por operativos policiales antinarcóticos
Ayer jueves 16 de septiembre hacia las 11:00 a.m. en el cabildo Sat Tama, corredor Puerto Vega Teteye municipio de Puerto Asís, integrantes de la policía antinarcóticos en operaciones de erradicación forzosa y desmonte de cocina reprimieron violentamente a seis niñas y niños y dos mujeres indígenas.
Ante la acción violenta de los uniformados con perdigones y gases, que desconocieron el llamado a respetar los protocolos de actuación, la indignación de los comuneros produjo confrontaciones que se prolongaron por más de tres horas.
Ocho niños y niñas, seis de los cuales se encontraban desarrollando una excursión pedagógica y dos que se encontraban en una de las viviendas quedaron en medio de los gases lanzados indiscriminadamente contra bienes civiles. Los menores además de las afecciones respiratorias, se encuentran en estado de schock por lo acontecido.
Las dos mujeres afectadas físicamente de manera directa se encuentran en recuperación. Se trata de Yerly Andrea Yunda y Estefanía Meza. Yerly tesorera del cabildo, quien se encuentra en embarazo fue impactada en su estómago. Estefanía fue impactada en su pierna izquierda y en el abdomen.
Todo el despliegue policial se pretende justificar con el desmantelamiento de una cocina en la que además hubo ataques a bienes de supervivencia donde resultaron arrasados con el incendio calcinadas varias gallinas y huevos de campo, y otros bienes de supervivencia.
Diversos operativos similares se desarrollan sobre el río San Miguel en el municipio de Puerto Asís.
Hace menos de una semana la Defensoría del Pueblo, realizó misión institucional a esta zona del corredor Puerto Vega Teteye para corroborar en terreno las denuncias de los pobladores sobre los abusos y violaciones de derechos humanos cometidas durante procesos de erradicación forzada.
La acción policial de facto desconoce los derechos territoriales del Pueblo Nasa, su derecho fundamental a la consulta y consentimiento previo, libre e informado y el deber constitucional de protección especial de un pueblo que ha sido declarado en riesgo de desaparición física y cultural por la Corte Constitucional.
La intervención policial violenta se ha convertido en el actuar recurrente de la policía antinarcóticos sin que haya intervención institucional civil eficaz para garantizar los derechos de las comunidades indígenas en el Putumayo. El gobierno de Duque continúa priorizando la fuerza como respuesta a las demandas sociales.
Bogotá D.C,. 17 septiembre de 2021
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz