Operaciones paramilitares, daños a bienes de supervivencia y desconocimiento de Auto222 de la Corte, nuevos daños irreparables a la vida
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la comisión de nuevos daños irreparables a la vida e integridad en Curvaradó, Chocó, en razón de situaciones de injusticia estructural no resueltas de fondo, después de 13 años de denuncias, la impunidad está posibilitando la protección de los intereses inconfesables de empresarios vinculados con la palma, la extensión ganadera y el banano, que se han válido de la violencia estatal y paramilitar de la arbitrariedad y de los falsas acusaciones para evitar la restitución plena de la propiedad familiar y colectiva de los habitantes de las Zonas Humanitarias y de Biodiversidad que son parte de los consejos comunitarios.
Bogotá D.C. 19 de diciembre 2009
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
FABIO VALENCIA COSSIO
Ministro del Interior
JAIME BERMUDEZ
Ministro de Relaciones Exteriores
ANDRES FERNANDEZ
Ministro de Agricultura
CARLOS COSTA
Ministro de Medio Ambiente
FERNANDO PAREJA
Vice Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDOÑEZ
Procurador General de la Nación
VOLMAR PEREZ
Defensor Nacional del Pueblo
Ref: Continúan abusos empresariales y operaciones paramilitares y nuevos crímenes en Curvaradó
“Solo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente” León Gieco
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la comisión de nuevos daños irreparables a la vida e integridad en Curvaradó, Chocó, en razón de situaciones de injusticia estructural no resueltas de fondo, después de 13 años de denuncias, la impunidad está posibilitando la protección de los intereses inconfesables de empresarios vinculados con la palma, la extensión ganadera y el banano, que se han válido de la violencia estatal y paramilitar de la arbitrariedad y de los falsas acusaciones para evitar la restitución plena de la propiedad familiar y colectiva de los habitantes de las Zonas Humanitarias y de Biodiversidad que son parte de los consejos comunitarios.
La inexistencia de decisiones en derecho y justas del ente investigador no han permitido desestructurar el enquistamiento de las lógicas de operación bajo el poder paramilitar en la institucionalidad civil local. No hay sanción sobre la actuación de la seguridad institucional en la región que ha consentido y aún consiente las operaciones empresariales ilegales y arbitrarias y las operaciones paramilitares. Estos dos factores están sosteniendo y alimentando el círculo de la violencia con graves consecuencias sobre la población.
La dilatación del ente judicial para investigar, sancionar y reparar integralmente a las víctimas del despojo violento por operaciones paramilitares consentidas por la brigada 17 y ahora la 15 ha posibilitado la imposición de un modelo de desarrollo vinculado a los agronegocios de la palma y de la ganadería extensiva. La ausencia de decisiones judiciales en Derecho sin acompañamiento de una voluntad política del más alto nivel para proteger los derechos de los habitantes rurales, está propiciando la comisión de nuevos daños irreparables a la vida e integridad personal e imposibilitando la habitación y ocupación tradicional de los afrodescendientes y mestizos que forman parte de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad que son parte de los Consejos Comunitarios.
El uso de pobladores por sectores militares y empresariales para encubrir, ocultar y negar su responsabilidad en el despojo violento, en los daños a la biodiversidad en la Reserva Forestal; para argüir bajo argumentos que contradicen los contenidos de la ley 70 y logran conservar sus negocios manchados de horror, de fraude y engaño es solamente otra de las técnicas de perversión para lograr proteger los intereses empresariales e impunidad militar.
El desconocimiento del auto 222 de la Corte Constitucional debido a la ausencia de medidas efectivas gubernamentales para proteger el derecho a la vida, a la tierra, están posibilitando que los ocupantes de mala fe se burlen de la justicia, del derecho y de las víctimas e incluso coloquen en alto riesgo a los propios funcionarios que actúen en debido proceso y en rigor con la Constitución y la ley.
Nuestra Constancia y Censura Ética ante las siguientes actuaciones:
* Miércoles 25 de noviembre el joven conocido como ¨Blanco Muñoz¨ fue asesinado en el punto conocido como Bocas de la Madre, distante a media hora de camino de la Zona Humanitaria de Caracolí. Muñoz inició la recuperación de sus tierras despojadas violentamente desde 1996 y “legalizadas” mediante un mecanismo fraudulento por el comisionista SANTANDER RAMOS, conocido como el “Negro Ramos” entre los años 2000 y 2001. Bajo este mecanismo la propiedad quedó en manos de DARIO CORREA.
CORREA conocido como ¨El Monjo¨ funge ser el propietario legal de la propiedad de la familia MUÑOZ. De acuerdo con versiones de testigos, este manifestó en Belén de Bajirá, en donde es propietario de un Hotel, al conocer del regreso de los verdaderos y legítimos dueños del predio que “quien viniera a reclamar esa tierra, iba a recibir plomo”.
* Miércoles 2 de diciembre a eso de las 5:30 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz, conoció que el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó anuló por vicios de forma la orden de que empresas palmicultoras, de ganadería extensiva y particulares deberían suspender sus actividades y restituir las tierras a las comunidades. La nulidad decidida por este Tribunal se tomó en consideración a que: “hay constancia en el expediente de que todos los accionados no fueron notificados de auto admisorio de la demanda”.
* Viernes 11 de diciembre hacia las 8:30 a.m. miembros de la Zonas Humanitaria de Caracolí escucharon que JOSE BUIRAGO, administrador de la empresa La Tukeka, solicitaba a la policía enfrentar a la comunidad por el supuesto daño al cerco de la propiedad poseída ilegalmente.
Hacia las 11:00 a.m. proveniente de Belén de Bajirá el cabo MONCADA con otro agente se acercó al lugar en caballos pertenecientes a la familia ARGOTE, propietaria de la empresa La Tukeka.
A eso de las 2:00 p.m. los empresarios arriaron el ganado hacia la plantación de plátano sembrada por la comunidad, destruyendo los bienes de supervivencia de la comunidad.
Aproximadamente a las 5:00 p.m., los habitantes de la Zona Humanitaria de Caracolí solicitaron al gobierno nacional vía telefónica protección para sus siembras de pan coger, sin recibir respuesta.
*Sábado 12 de diciembre hacia las 8:30 a.m. cerca de 300 cabezas de ganado fueron arreadas hacia el lugar en donde los pobladores de la Zona Humanitaria de Caracolí han sembrado bienes de supervivencia. Ante la ausencia de intervención del gobierno ante el abuso empresarial, los miembros de la comunidad intervinieron impidiendo el paso de los semovientes.
Hacia las 4:00 p.m. pobladores de la Zona Humanitaria, miembros del Consejo Comunitario de Curvaradó, fueron agredidos por los ocupantes de mala fe, JOSE BUITRAGO y cuatro de sus subalternos con caballos en los que se transportaban, en contravía del Auto 222 de la Corte Constitucional.
En reacción los campesinos rodearon los caballos y arrebataron la cámara fotográfica con la que JOSE BUITRAGO les fotografiaba y tomaron un caballo, obligando a los ocupantes de mala fe retirarse del lugar.
Los habitantes de la Zona Humanita el martes 15 de diciembre hacia las 4:30 p.m. hasta que se hizo presente la Defensoría del Pueblo entregaron el caballo y la cámara fotográfica
* Domingo 13 de diciembre hacia las 2:30 p.m. en el puente de ingreso a Belén de Bajirá por la carretera de Chigorodó la fuerza pública montó un retén para el control de vehículos y de personas. Al lugar arribó ALFONSO SEPÜLVEDA, habitante de la Zona Humanitaria, quién se negó a ser fotografiado. En respuesta uno de los regulares de la brigada 15, de apellido OROZCO, manifestó: “usted se va a quedar con nosotros, lo vamos ha hacer comer mierda, nosotros tomamos fotografías para comprobar que estamos trabajando” Luego de alegar sus derechos, les permitieron continuar el recorrido.
* Lunes 14 de de diciembre hacia las 8:10 a.m., se conoció de la instalación de un retén paramilitar de las “Aguilas Negras” en la vía que conduce de Llano Rico a Mutatá. Los paramilitares, vestidos de civil y portando armas cortas, y algunas largas se dejaron ver de los transeúntes y pasajeros de servicio público. Todos los vehículos y sus pasajeros fueron observados y algunos requisados. A algunos de los pobladores les manifestaron que eran los paramilitares, y estaban haciendo el retén para que se dieran cuenta de que existen.
El retén operó hasta la caída del día. Y durante tres días más.
El mismo día hacia las 6:00 p.m., entre 300 y 400 cabezas de ganado de la empresa “La Tukeka”, ocupante de mala fe, del caserío de Caracolí fueron arriadas hacia el lugar en donde se encuentran las siembras de pan coger de los habitantes de la Zona Humanitaria de Caracolí generando nuevos daños a bienes de supervivencia.
* Miércoles 16 de noviembre hacia las 9:00 a.m., tres soldados adscritos a la Brigada 15 del Ejército atravesaron la Zona Humanitaria de Camelia.
Tiempo después, a eso de las 10:30 a.m cinco personas vestidas de civil, dentro de las que se reconoció a un integrante de estructuras de civiles armados, ingresaron por la Zona Humanitaria.
* Jueves 17 de diciembre hacia las 10:40 a.m. trabajadores al servicio del Coronel ® LUIS FELIPE MOLANO, conocido como “El Tío” ingresaron cerca de 60 reces a las siembras de pan coger de plátano del campesino de la Zona Humanitaria de Caño Manso, ANDRES LANCE. El ganado produjo daños en bienes de supervivencia en presencia de efectivos de la brigada 15 del ejército.
* Viernes 18 de diciembre, en horas de la noche nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció a través de El tiempo.com del crimen de MANUEL MOYA LARA, GRACIANO BLANDON y su hijo, afrodescendientes oriundos de las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó. Según la versión electrónica de prensa: “El jueves pasado, miembros de las Farc (sic) LOS habrían asesinado”. http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-6803122.html – hace 17 horas – De acuerdo con informaciones recaudas el hecho ocurrió a menos de 15 minutos del casco urbano de Carmen del Darién.
*Sábado 19 de diciembre a eso de las 2:OO pm. en
el casco urbano de Carmen del Daríen, JEISON BORJA PAZ, de 29 años de
edad, habitante de la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo, en Jiguamiandó, cuando se encontraba en atención médica fue abordado por miembros de la fuerza pública. Los efectivos policiales y militares lo llevaron a la estación de policía donde luego de solicitarle el documento de identidad, de sacarle copia, de fotografiarlo y reseñarlo con sus huellas digitales, afirmaron: “a nosotros nos han dicho que usted es un guerrillero “. Seguidamente le interrogaron preguntando por su tiempo en la guerrila, el nombre de su comandante. A pesar de que el joven manifestó que era falso todo lo que decían, los regulares señalaron: “ ustedes los de las Zonas Humanitarias viven con la guerrilla” (…) Diga que es guerrillero, se mete al programa de reinserción, le damos dos millones de pesos, y lo mandamos en un avión a Bogotá “. Posteriormente, lo amenazaron de muerte diciendole:” vamos a llevarlo a ese cementerio o mejor a ese chuscal, para que su mamá no sepa donde queda su cuerpo “.
Nuestra Constancia Histórica ante las nuevas operaciones armadas de tipo paramilitar en medio de la presencia de la fuerza pública, a su lado o consentida por estas, en beneficio de sectores empresariales, signo de la incapacidad de la política de seguridad para enfrentar la criminalidad. Nuestra Constancia Histórica ante la posible movilidad y operación armada de la guerrilla de las FARC EP en el territorio del Curvaradó cerca de Carmen del Darién espacio totalmente militarizado indicaría también el fracaso de la salida militar para proteger la vida e integridad y los derechos de la población.
Nuestra Censura Ética ante los nuevos daños irreparables a la vida e integridad personal de habitantes de Curvaradó los que objetamos y los que rechazamos, y esperamos, que tanta situación contra los más débiles, que son usados, que son engañados o que se niegan a aceptar tanta infamia, sea de una vez terminada con el esclarecimiento, sanción de los responsables de estos dolorosos hechos y con la intervención del poder central sobre unas autoridades regionales que protegen los intereses inconfesables empresariales y una fuerza pública que conserva subrepticiamente las lógicas de operación paramilitar.
Exigimos al Estado colombiano ante los nuevos crímenes una investigación eficaz, pronta, oportuna, en sana lógica, en debido proceso de modo que se sancione a los responsables y se desactive la estrategia que pretende impedir los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de las comunidades que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad y el derecho que tienen a la asistencia humanitaria y de promoción de los derechos humanos nacional e internacional, como lo contempla los principios rectores Deng.
Nuestra Constancia ante la continuidad de las campañas mediáticas contra los habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad y las organizaciones de observadores internacionales y de nuestra Comisión de Justicia y Paz con la pretensión de mostrar estas iniciativas de la población y nuestra labor como parte de la estrategia de la guerrilla de las FARC EP
Nuestra Constancia ante estas operaciones que se enmarcan dentro de un plan que va más allá del desprestigio, que usa de la calumnia y de la injuria, para alimentar falsos procesos judiciales, en los que se usa el testimonio indistintamente, sin contexto, sin asidero lógico de tiempo y lugar, de DANIS DANIEL SIERRA, conocido “Samir” ex combatiente de las FARC EP para intentar imposibilitar la libertad de expresión y de asociación de las comunidades que se niegan a ser parte de agronegocios que se cimientan en el desplazamiento forzado, más de 140 crímenes de lesa humanidad, la destrucción de la biodiversidad que comprometen la responsabilidad del Estado.
Ante tal cantidad de situaciones que van en contravía de los principio democráticos, del derecho humanitario y de las garantías para defender, promover y proteger los derechos humanos, y que dejan en indefensión a los habitantes mestizos y afrocolombianas, que forman parte de los Consejos Comunitarios y de las Zonas Humanitarias y de Biodiversidad de Curvaradó y Jiguamiandó, reiteramos nuevamente, en conformidad con el articulo 23 de la Constitución Nacional se informe, de acuerdo con sus responsabilidades institucionales.
1. ¿Cuál es el estado de la investigación y las razones por las cuáles no se han adoptado decisiones en derecho frente a los más de 140 crímenes, los 15 desplazamientos forzados, el despojo violento y los trámites fraudulentos con los que se pretendió legalizar la usurpación y los daños ambientales?
2. ¿Qué resultados concretos existen en el enfrentamiento y operaciones contra las estructuras criminales que operan en Belén de Bajirá, Mutatá, Barranquillita, Chigorodó, Nuevo Oriente, Brisas de Curvaradó?
3. ¿Qué medidas de protección se han adoptado para lograr la efectiva habitación y ocupación tradicional de las familias de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad?
4. ¿Qué medidas de protección se adoptarán para brindar garantías a la vida e integridad personal frente a los daños causados a pesar del Auto 222 de la Corte Constitucional?.
Insistimos, finalmente, ante la gravedad de los hechos que continúan sucediendo, con los que se pretende imponer los agronegocios y aquellos en los que se busca responsabilizar a los habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad y a nuestra Comisión de Justicia y Paz, a que el ente operador de justicia, actúe eficaz y, oportunamente, esclareciendo y sancionando los hechos que hemos dejado aquí en esta Constancia.
Nada de lo que viene sucediendo desde hace 13 años en Curvaradó y Jiguamiandó estaría sucediendo, si alguna vez, la justicia hubiera obrado con celeridad y eficacia
Esperamos que se adopten las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, en conformidad con la resolución de la Corte de Interamericana de Derechos Humanos,
Con profunda preocupación,
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ