Informe del Secretario General de la ONU al Consejo de Seguridad sobre Misión de Verificación.

Comunicado de Prensa 

Informe del Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

Bogotá, diciembre 31 de 2018. En su informe trimestral, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia, el Secretario General de la ONU ofrece un balance de los avances en la implementación del Acuerdo de Paz referidos a la reincorporación económica, social y política de los y las excombatientes de las FARC-EP, sus garantías de seguridad y las de sus familias, así como las garantías para las comunidades más afectadas por el conflicto. En el informe, que cubre el período del 26 de septiembre al 26 de diciembre de 2018, se incluyen observaciones para continuar en la consolidación de la paz en Colombia.

El informe reconoce que en el transcurso de los primeros 100 días de su Gobierno, el Presidente Iván Duque manifestó reiteradamente su voluntad de continuar con el proceso de paz en el marco de un programa de gobierno más amplio enfocado en la equidad, la legalidad y el emprendimiento. En su viaje al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Pondores, en el departamento de La Guajira, el pasado 12 de octubre de 2018 donde exmiembros de las FARC-EP están llevando a cabo actividades de reincorporación, señaló que su visita tenía por objeto afirmar la intención de su Gobierno de apoyar a todos aquellos que se habían comprometidos firmemente a volver a la vida civil.

En el período de cubrimiento, se celebró el segundo aniversario de la firma del Acuerdo Final de Paz; y el Secretario General recuerda que el pasado 24 de noviembre de 2018 felicitó a los colombianos por ese hito que constituye una fuente de inspiración para todos aquellos que trabajan por la paz alrededor del mundo. También indicó que queda mucho por hacer para consolidar la paz y que se requerirá un esfuerzo concertado en el que participen el Gobierno y otras instituciones estatales, los partidos políticos, el sector privado y la sociedad civil, con el acompañamiento de la comunidad internacional.

Como se ha expresado en informes anteriores, uno de los retos principales de la implementación es una mayor presencia del Estado en las zonas afectadas por el conflicto y una respuesta urgente al clamor de las comunidades por seguridad, educación, salud, tierra, infraestructura y alternativas viables a las economías ilegales. Al respecto, el Secretario General elogia al actual Gobierno por haber elaborado el plan “Paz con legalidad”, el cual, a partir de instrumentos como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), promete un esfuerzo amplio y articulado para estabilizar y desarrollar las zonas más afectadas por el conflicto, incluyendo los compromisos adquiridos con las víctimas, las comunidades involucradas en la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y los reincorporados. Subraya la urgencia de traducir estos nuevos planes en medidas eficaces que cambien las realidades sobre el terreno. El sueño de una paz duradera en Colombia depende de ello.

Respecto a entidades relevantes para promover la implementación de la paz, integrados por el Gobierno y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), como la Comisión de Seguimiento, Promoción y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) el informe destaca que se han venido reuniendo periódicamente. En este último, se ha acelerado la aprobación de un mayor número de proyectos productivos en el marco de la reincorporación económica y social de los ex combatientes de las FARC-EP. En total se han aprobado 20 proyectos colectivos y 29 proyectos individuales. En conjunto, estos proyectos están valorados en 3,7 millones de dólares y beneficiarán en total a 1.340 excombatientes (incluidas 366 mujeres). Por otra parte, el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto presta apoyo a 15 proyectos productivos ejecutados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En el Informe se alude también a la importancia, compartida por el Gobierno y la FARC, de asegurar que todos estos proyectos tengan sostenibilidad. Algunos elementos fundamentales para ello son el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las cooperativas, el acceso a las tierras y los mercados y la inclusión efectiva de un enfoque de género para el empoderamiento económico de las mujeres.

El Secretario General, en su informe, reitera su gran preocupación debido a que se siguen produciendo ataques contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Cita las cifras de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, según las cuales desde septiembre de 2018 se han verificado siete homicidios y otros 22 están en proceso de verificación y desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, se han verificado 163 asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos y se ha informado de un total de 454 casos. Esta situación ilustra la importancia de una efectiva implementación del “Plan de Acción Oportuna (PAO) de Prevención y Protección individual y colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales, y periodistas” lanzado por el Gobierno el 19 de noviembre. En su informe, el Secretario General también invita a que se convoque prontamente a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), espacio que, con la participación de Altos Funcionarios del Estado y representantes de organizaciones de la sociedad civil, busca diseñar estrategias para hacer frente a la amenaza de los grupos ilegales y desmantelar la delincuencia organizada.

El Informe también incluye la preocupación por homicidio de 14 ex miembros de las FARC-EP, lo que eleva a 85 el número desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016. Los departamentos más afectados siguen siendo Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander y Caquetá. Esta situación también requiere reforzar los esquemas y estrategias de seguridad para los excombatientes.

De igual manera, en el informe se destaca que el 5 de octubre, se hizo una declaración conjunta de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia que subrayó el papel central de la JEP dentro del proceso de paz de Colombia y la necesidad de que todas las entidades públicas respeten plenamente su independencia y autonomía. Justamente ante la JEP, hasta el 5 de octubre, 13.271 personas han firmado acuerdos de sometimiento, entre ellas 1.923 miembros de la fuerza pública, 11.303 ex miembros de las FARC-EP, 33 funcionarios públicos y 12 personas involucradas en detenciones relacionadas con protestas sociales. El Informe subraya la importancia del inicio de la Comisión de la Verdad el pasado 29 de noviembre con el cual se espera que se fortalezcan los esfuerzos de reconciliación en Colombia.

Con respecto a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, el informe señala que la situación en esos 24 espacios varía considerablemente y que se espera que las decisiones que se tomen con respecto a ellos y al futuro del estipendio mensual después del próximo 15 de agosto de 2019, se basen en una comprensión cabal de las condiciones de los distintos ETCR y de otros asentamientos rurales y urbanos, habida cuenta, en particular, de los retrasos en la reincorporación económica.

Frente a los diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN, el Secretario General manifiesta que, si bien las posiciones de ambas partes están hoy más alejadas de lo que han estado desde el inicio de los diálogos en 2016, es muy importante que los canales de comunicación sigan abiertos.

El Secretario General reitera que Naciones Unidas, a través de la Misión y del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia, seguirán de cerca y ofrecerán su apoyo a la implementación, incluso los esfuerzos del nuevo Gobierno para inyectar mayor vigor y viabilidad a la reincorporación socioeconómica de los excombatientes. Asimismo, confía en que el Consejo de Seguridad mantenga su apoyo unido e inequívoco al proceso de paz, el cual sigue siendo un factor esencial de éxito, al igual que el apoyo de la comunidad internacional en su conjunto.

Finalmente, el Secretario General agradece al Sr. Jean Arnault, que termina su misión por sus numerosas e importantes contribuciones al proceso de paz en Colombia y expresa su plena confianza en que su sucesor, Sr. Carlos Ruiz Massieu, seguirá garantizando un liderazgo comprometido y eficaz, ejerciendo su función de Representante Especial y Jefe de la Misión de Verificación.