En Europa la institucionalización paramilitar

En diversos escenarios de discusión política en Europa, la estrategia de institucionalización de los paramilitares a través de su desmovilización ha suscitado preocupaciones, inquietudes desde sectores políticos, de la sociedad civil, pero también, es innegable algunos respaldos. Estos parecerían expresar que poco a poco el pragmatismo por fórmulas de pacificación más de no paz o los intereses propios de agendas económicas se imponen sobre los presupuestos de los principios de las democracias o los principios de la conciencia de la humanidad sobre Verdad, Justicia y Reparación Integral.


El espejismo de la seguridad en Colombia ha traspasado las fronteras concitando percepciones incoherentes, confusas, falsas con la realidad que viven millones, la mayoría de los colombianos. El ilusionismo nacional del poder atraviesa las fronteras haciendo verosímil la mentira o creíble lo que cualitativamente es la destrucción de los cimientos de la democracia. Se ha ido internacionalizando los mecanismos de la impunidad judicial al de la impunidad pública. Espejismo de la seguridad sin democracia en el que se privatizan los territorios de indígenas, de afrodescendientes, y de mestizos, y la mercantilización urbana en decisiones de hecho – fuerza – , que burlaron los mínimos de humanidad, los consensos sociales, la ley nacional y los pactos internacionales suscritos por el Estado.

Las decisiones sobre los territorios se han realizado sin condiciones básicas de transparencia y de diálogo pues la estrategia paramilitar del Estado negó de facto esa posibilidad. Eso sucede con los indígenas Emberá Katios, los Kankuamos, los Wayúu, los afrodescendientes de Tumaco, Cacarica, Jiguamiandó y Curvaradó, los colonos del Putumayo o los desplazados del Ariari, pues los sujetos de derecho son sustituidos por los sujetos de hecho, aquellos sujetos, ocultos o encubiertos bajo las estrategias de seguridad parainstitucional.

Bajo este ilusionismo compartido no es de extrañar, los silencios, los aislamientos, y el encierro diplomático a sectores de la sociedad civil que opinan críticamente, disienten al constatar la erosión del Estado de Derecho y el camino tortuoso de una democracia formal en camino de extinción en su propia normatividad.

En diciembre pasado en el escenario del parlamento europeo varios colombianos, entre ellos el Padre Javier Giraldo, S. J. presentaron una mirada crítica frente a la dinámica de institucionalización paramilitar, su salto cualitativo en la consolidación de un modelo de Estado de Hecho. Algunos medios de prensa reprodujeron algunos de las expresiones significativas de la intervención de este defensor de derechos humanos, que retomamos, como una ambientación a las decisiones que el próximo martes 11 de enero el Comité sobre América Latina del Consejo de Ministros de la Unión Europea, pueda tomar de cara a la Mesa de Donantes que se realizará en Cartagena, durante los dos primero días de febrero. Al respecto la OIDHACO y la Coordinación Colombia Europa- Estados Unidos acaban de emitir un comunicado de prensa.

“COMUNICADO DE PRENSA

Colombia

Veinte millones de euros para el proceso de desmovilización: cooperación que puede consolidar el paramilitarismo

La Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia (OIDH-ACO) y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) desean expresar su preocupación sobre la posibilidad de que la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros, al apoyar el proceso de desmovilización de los paramilitares en Colombia, involuntariamente contribuyan a la consolidación del control paramilitar sobre las poblaciones victimizadas.

Mediante las condiciones impuestas por las recientes Conclusiones del Consejo de la UE sobre Colombia, el Consejo y la Comisión han ofrecido el apoyo europeo, tanto político como financiero, al proceso de desmovilización que actualmente se lleva a cabo en Colombia . El primer condicionamiento europeo para hacer efectivo su apoyo es el cese de todas las hostilidades por parte de los grupos paramilitares involucrados en el proceso. Las ONG colombianas sostienen que las fuerzas paramilitares han asesinado a más de 1.899 personas desde la declaración de cese de hostilidades, en diciembre de 2002 . Así mismo, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU confirma que el autodeclarado cese de hostilidades no ha sido respetado.

El segundo condicionamiento europeo es el establecimiento de un marco legal que no contribuya al ya alarmante índice de impunidad por violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y de guerra, y que se encuentre conforme con los estándares internacionales de verdad, justicia y reparación. Parecería que el Gobierno colombiano ha prometido el establecimiento de este marco antes de que se celebre la Mesa de Donantes, programada para llevarse a cabo el mes próximo, en Cartagena (Colombia). En todo caso, es necesario que tal marco legal cobije también las desmovilizaciones de combatientes paramilitares que ya se han producido.

El reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) critica el proceso de desmovilización llevado a cabo hasta la fecha, sosteniendo que el mismo no cumple con los estándares internacionales de verdad, justicia y reparación que el Gobierno de Colombia ha ratificado. De otra parte, la CIDH ha indicado que la “desmovilización no ha estado acompañada de medidas integrales para aliviar a las víctimas de la violencia y esclarecer numerosos hechos delictivos que permanecen en la impunidad. (…) los mecanismos de desmovilización de grupos armados no han logrado el impacto necesario para romper con el círculo de la violencia en Colombia” .

OIDH-ACO y la CCEEU expresan su preocupación por la continuación del proceso de desmovilización de paramilitares al amparo del controversial decreto 128 de 2002, pues se estaría legitimando y legalizando su proyecto de control armado de la población. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma que los paramilitares, en Medellín (Antioquia), a pesar de la desmovilización de 868 combatientes del “Bloque Cacique Nutibara”, están entrando a formar parte de las estructuras políticas locales, mientras que continúan intimidando y violando los derechos humanos de aquellos que viven en la ciudad. También es preocupante que mediante el decreto 2767 de 2004, que regula los beneficios económicos del decreto 128, se haya creado un sistema de recompensas económicas para aquellos que posiblemente hayan cometido y/o continúen perpetrando graves violaciones de derechos humanos. De hecho, el decreto 2767 pareciera permitir el “reciclaje” de estos combatientes dentro de las fuerzas de seguridad públicas, mediante el establecimiento de pagos por la información y por los servicios rendidos.

Pese al incumplimiento del cese total de hostilidades y con la promesa del Gobierno de un marco legal, parece probable que los restantes veinte millones de euros -originalmente destinados para la población desplazada en Colombia- serán desviados hacia programas de desmovilización y de reinserción. OIDH-ACO y la CCEEU advierten respetuosamente a la UE que, al involucrarse en este proceso y al dejar de lado su objetivo original de desarrollar programas de derechos humanos y paz, contribuiría a que persistan los factores que han generado y alimentado el conflicto en Colombia y a que se desconozcan los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, tal como se advierte en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Bogotá, 7 de enero de 2005

Bruselas, 7 de enero de 2005


La OIDHACO existe desde 1995, en Bruselas. Es un espacio de enlace, promoción, información y acompañamiento de actividades entre organizaciones de derechos humanos en Colombia y agencias europeas, comités y organismos de solidaridad, para contribuir en un proceso de construcción y fortalecimiento de la democracia, del Estado social de derecho y de la paz con justicia social. Funciona mediante una asamblea constituida por 35 organismos y agencias de derechos humanos, cooperación y solidaridad. Tel. 32 2 5361913/5361932; e-mail: [email protected]

La CCEEU es una plataforma que aglutina a 93 organizaciones no gubernamentales y sociales de derechos humanos. También fue creada en 1995 y la oficina de la Secretaría Técnica está ubicada en Bogotá. Tel 57 1 3375949/3521405; cel. 315 3492541 correo electrónico: [email protected]


APARTES DE PRENSA SOBRE LA PRESENTACION EN EL PARLAMENTO EUROPEO 1 de Diciembre

(…) ‘El problema más grande de Colombia es la paramilitarización que sufre el país, impulsado por la estrategia del Gobierno del presidente Alvaro Uribe’, declaró el sacerdote jesuita y coordinador del Tribunal Permanente del Pueblo sobre crímenes de la Humanidad en América Latina, Javier Giraldo.

El paramilitarismo fue adaptado como ‘política de Estado’ en 1962 y desde entonces se ha dirigido ‘hacia la eliminación de los simpatizantes del comunismo y la masacre de la sociedad campesina, que el presidente Uribe no quiere sólo mantener, sino impulsar’, continuó Giraldo durante su intervención en el debate ‘Derechos Humanos en Colombia: evaluación y perspectivas de los derechos civiles, económicos y sociales’ en la Eurocámara.

A su juicio, el Gobierno colombiano actual, ‘tal y cómo presentó en una de sus tesis de campaña electoral hace dos años, quiere que la sociedad civil sea colaboradora de las fuerzas armadas del país sin establecer fronteras entre el pueblo y los militares’.

Los datos presentados hoy por el padre Giraldo sostienen que en los dos últimos años, más de dos millones y medio de ciudadanos colombianos se convirtieron en ‘cooperantes militares del Gobierno Uribe a cambio de una remuneración económica’.

‘La estrategia del poder colombiano es crear una zona gris en la que lo civil y lo militar no conozcan fronteras’, añadió. ‘El paramilitarismo es el brazo político del Estado y sigue avanzando con violencia, principalmente en las zonas donde la tierra es más rica’, aseveró.

Giraldo afirmó también que en Colombia el nivel de pobreza entre la población creció del 55 por ciento de hace dos años al 66 por ciento actual, debido a la ‘privatización de las tierras y de los servicios públicos y sociales’.

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Varias organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos denunciaron en el Parlamento Europeo (PE) que el Gobierno de Colombia, presidido por Álvaro Uribe, intenta legalizar progresivamente las autodefensas en el país.

Uno de los fundadores de la Comisión Justicia y Paz, el jesuita Javier Giraldo, afirmó que el Gobierno de Uribe está abocado al “tercer intento de legalización de las autodefensas en la historia del país”, porque “defiende la necesidad de convertir a la población civil en colaboradora de las fuerzas armadas”.

Durante un debate en el PE, representantes de la sociedad civil colombiana se reunieron con eurodiputados y ONG europeas para dar a conocer su punto de vista “independiente al de las autoridades”, un día antes de que el pleno de la Eurocámara vote una declaración sobre la situación en Colombia.

Giraldo señaló que el Gobierno de Uribe hace difícil la “delimitación entre el espacio militar y civil”, y enumeró los programas que actualmente ponen en marcha las autoridades, como las Redes de cooperantes civiles, las de informantes y el programa de “soldados campesinos”, que “agravan aún más la situación”.

Estas redes consisten en grupos de ciudadanos creados para ayudar a la fuerza pública, que reciben instrucción militar, policial y en derechos humanos, y tienen una pequeña paga y capacitación laboral.

El jesuita consideró que el aspecto más grave de la situación del país es la gradual “paramilitarización” del territorio, lo que ha creado una sociedad “antidemocrática y violenta” que el presidente Uribe “quiere perpetuar”.

Ganador del premio Internacional de Derechos Humanos en 1994, Giraldo criticó el proceso de paz que actualmente negocia el Gobierno con los grupos paramilitares porque “se negocia con los enemigos no con los amigos, y estos grupos han sido el brazo clandestino del Estado”, y afirmó que estos grupos “no han respetado el cese al fuego”.

El presidente de la delegación de la Eurocámara para las relaciones con la Comunidad Andina, el diputado verde Alain Lipietz, destacó que la situación en el PE respecto a Colombia es “complicada”. Lipietz explicó que antes la Eurocámara mantuvo una “perspectiva de paz” en el conflicto armado colombiano.

Sin embargo, tras la interrupción del proceso de paz con la guerrilla y el secuestro de la ex candidata independiente a la presidencia Ingrid Betancourt, el pleno decidió incluir a estos grupos armados en la lista de organizaciones terroristas.

La presidenta de la comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, Luisa Morgantini, se mostró “impresionada” por las exposiciones de los oradores colombianos, y declaró que defiende un “no a la guerra pero tampoco una paz que sea solo opresión”.

Morgantini, que afirmó que estudiará el envío de una comisión parlamentaria a Colombia, estimó que la “situación en ese país es una de las más graves” porque los “derechos humanos se violan constantemente”, y declaró que el PE debe “representar a los que deciden vivir con dignidad en vez de matar o ser asesinados”.

Información EFE 1/12/4”

Bogotá, D.C., 10 de enero de 2005

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz