Cooperación para la justicia camino a la paz

“La cooperación solamente tiene sentido si apoya una solución de justicia que es la condición misma de la paz” expresó recientemente Francois Houtart en Madrid, días después de la reunión de evaluación sobre la aplicación de la ley 975 en Colombia, mal llamada de “justicia y paz” sobre la cual se estarían juzgando cerca de 2200 integrantes de la estrategia paramilitar. Desde el sujeto histórico popular, desde el lugar de la memoria de las Víctimas y la afirmación de la verdad, el sacerdote Belga presenta un análisis crítico y propositito importante en este momento en que el espejismo de la seguridad ha ido desmoronando los filamentos que existían de Estado de Derecho para dar paso una guerra sin cuartel, que solo trae un incremento en las violaciones de derechos humanos, en la polarización del conflicto y las infracciones que de él se derivan, la apropiación de territorios, la destrucción de pueblos y de la biodiversidad para el mercado de los del Norte.

Durante las próximas horas en Bogotá se realizará una nueva reunión sobre Cooperación con la participación del G-24 y diversos sectores de la sociedad colombiana. El gobierno colombiano presentará nuevamente en coherencia con la política de seguridad y de Estado comunitario su apuesta como plan de consolidación. Propuesta que a todas luces está en contravía de los derechos humanos, de la soberanía nacional, de la configuración de un Estado democrático. Por el contrario, se cualifica una militarización cotidiana – control social- se legaliza la criminalidad institucional – desmonte-reingeniería paramilitar- se transforma el sentido de los territorios y la identidades étnicas y sociales en la globocolinazación.

El artículo del sacerdote Francois Houtart sobre la Cooperación tiene como punto de partida un sumario histórico crítico, olvidado o dejado a menos, en muchos análisis. Afirma a existencia desde hace dos siglos la existencia de una ” monopolización de los poderes económicos, políticos y culturales por una minoría”. Hoy se perpetúa ese modelo de dirección con la exclusión de amplios sectores y con la inserción de algunos sectores sociales que logran la movilidad y el ascenso social por su participación en el tráfico de drogas. Esta tipo de ordenamiento social se ha traducido en la limitación en el ejercicio político de partidos de oposición exterminados vía genocidio o la exclusión a medios de información.
Ese dualismo profundo de la sociedad colombiana, contraste e injusticia que durante el periodo neoliberal ha tendido a profundizarse” (…)”Eso significa un grado de pobreza realmente impresionante. No solamente existe este fenómeno caracterizando los ingresos familiares, sino que las distancias sociales entre los más ricos y los más pobres están también creciendo”(…)”Colombia se encuentra dentro de los mayores índices de desigualdad del continente latinoamericano, solamente después de Haití y del Brasil concluye Houtart”.

En este sentido el artículo muestra la persistencia de esta desigualdad, pues el aumento significativo de las exportaciones no ha significado justicia. ” La ausencia de una reforma agraria permite a las estructuras tradicionales reproducirse. Además, la lógica económica actual promueve una verdadera contrarreforma agraria, con una nueva e intensa concentración de las tierras en pocas manos, que empezó en función del ganado, por la alta demanda de carne en el mundo, y que se prolonga hoy por el monocultivo, en particular de la palma africana, destinada no solamente a las industrias tradicionales de la alimentación, de la farmacia o de los cosméticos, sino hoy día a los agrocarburantes. Se debe añadir también las explotaciones petroleras y mineras, que también se extienden en varias partes del país”. (…)Todo eso significa una serie de proyectos particularmente destructores del entorno natural y de la sociedad. La biodiversidad está siendo destruida de manera sistemática en algunas de las zonas más ricas del continente. Se puede dar el ejemplo del Chocó

Esa dinámica de desigualdad y de exclusión de desarrolla en medio de formalidades democráticas. ” Y en la situación actual ha resultado importante conservar las formas democráticas, que permiten de hecho al sistema funcionar asegurando su papel tradicional. Es importante entonces organizar elecciones comúnmente correctas, disponer de una cierta independencia de los varios poderes, judicial, legislativo y ejecutivo, y en general organizar lo que se espera de un Estado de Derecho. Sin embargo, a pesar de estas formas, ha sido posible conservar un Estado al servicio de las clases sociales dominantes y ganar en parte un apoyo político, cuando no el silencio, de las clases subalternas”.

El conflicto armado es entonces conflicto social en el que por su lugar estratégico y las relaciones tradicionales de Colombia con los Estados Unidos y las lógicas imperiales hoy existentes, definen un papel particular de nuestro país como contenedor sobre el Sur. Estados Unidos en particular, señala, Houtart se ha convertido en actor directo en el conflicto armado al lado del Estado colombiano y su estrategia paramilitar que ha ubicado en las organizaciones sociales el blanco de sus actuaciones criminales. El Estado colombiano ha sido incapaz “de resolver el conflicto y de parar la violencia. Claramente, el Estado no se encuentra en una condición neutral, sino de beligerancia muy manifiesta en favor del campo social de los más privilegiados” . Del otro lado las guerrillas han sufrido un proceso de institucionalización suscitando “una cierta pérdida de eficacia y también de credibilidad”. Concluye Houtart, que “En la perspectiva actual, se ve claramente la necesidad de una real unidad popular para poder transformar una situación, sin recurrir a la vía armada”.

Sobre las Alternativas Francois indica aspectos fundamentales frente a la violencia, las organizaciones de base y populares, la estructura económica, la soberanía y los recusros naturales y los medios de información. ” El primer elemento es poner fin a la violencia. Eso significa llegar a acuerdos entre actores armados vía varios medios: negociaciones, intercambios de prisioneros o de secuestrados, etc. (…) El segundo elemento es la reorganización de la vida política, en el sentido amplio de la palabra, con garantías, para no caer en la repetición de lo que pasó con el Frente Unido de Camilo Torres, y la Unión Patriótica. Eso significa la necesidad de abrir los espacios de la sociedad civil de abajo [1]. El tercer elemento son las reformas económico-sociales, que toquen las causas y no solamente los efectos del conflicto actual. (…) Un elemento clave es también una reforma agraria, permitiendo un desarrollo dinámico de la agricultura campesina, mucho más eficaz en la conservación de la biodiversidad y en la producción agrícola para la alimentación local.
(…) La reorganización social en la salud y la educación es también una meta fundamental. Se trata de asegurar el acceso a estos sectores para toda la población y en particular para los más pobres. Se trata también de organizar una campaña de alfabetización con los métodos modernos existentes. Retomar el dominio de los servicios públicos contra las grandes olas de privatización que hemos conocido durante los últimos años es también una tarea importante. El patrimonio nacional fue expropiado y puesto en manos, en gran parte extranjeras, por la filosofía neoliberal, que utilizó el poder del Estado para obtener toda la libertad de explotación de estos sectores tan importantes por la vida cotidiana de la población.

En este panorama las exigencias a la cooperación de gobiernos debe estar signada por una negación de apoyo a programas como Plan Colombia que posibilitan el incremento de la guerra, la exclusión, la destrucción ambiental, el tráfico de armas. Y un papel preponderante frente a la paz de países del Sur, así como, como algunos del Norte, Francia y Alemania. En este sentido la otra Cooperación debería fortalecer esas otras lógicas de actuar y de proponer en su conjunto en interacción con iniciativas alternativas de otros países vinculados con el Alba o los bancos populares.

Houtart miembro Honorario de nuestra Comisión de Justicia y Paz, concluye expresando:

“No podemos equivocarnos en materia de cooperación. No se trata solamente de buena voluntad, sino de ser conscientes de las funciones reales de las iniciativas de cooperación. La ignorancia no puede ser una excusa para finalmente contribuir a la reproducción del sistema.

El pueblo de Colombia tiene una gran esperanza. Se trata de un pueblo que sufre, pero que lucha y que ha comprobado su extraordinaria vitalidad. Es por eso que la cooperación no puede decepcionarlos ni tampoco establecerse a un nivel más bajo de las expectativas. La cooperación solamente tiene sentido si apoya una solución de justicia que es la condición misma de la paz”.

ADJUNTO ARTICULO La Cooperación para la Paz en Colombia, Francois Houtart.

Utilizamos este vocabulario, porque existe a menudo una fusión sobre lo que es la “sociedad civil”. De hecho, hay una sociedad civil de arriba y otra de abajo, porque la sociedad civil es un lugar de luchas de clases.

La cooperación para la paz en Colombia

François Houtart

Para plantear esta amplia temática, debemos primero recordar el contexto histórico y social del conflicto colombiano. Después trataremos de reflexionar sobre los diferentes pasos para llegar a soluciones y finalmente se abordará el problema de la cooperación exterior a este proceso.

I. El contexto del conflicto colombiano y su lectura

La manera coherente de analizar el conflicto actual en Colombia exige un enfoque objetivo, pero no neutral. Eso significa que el punto de partida es la situación y la visión de las víctimas. Muchas veces se olvida que sin ellas no hay solución verdadera ni a corto ni a largo plazo. Por eso, trataremos primero de recordar algunos aspectos de la historia colombiana y después reflexionaremos sobre la situación actual.

1) Referencias históricas

Desde la Independencia realizada por élites criollas, el país, como la mayoría de las naciones latinoamericanas, fue caracterizado por una doble realidad social: una monopolización de los poderes económicos, políticos y culturales por una minoría, particularmente urbana, por una parte, y del otro lado grandes masas rurales viviendo en un nivel de subsistencia. La dualidad social era particularmente visible en el campo, con la concentración de las tierras en manos de pocos terratenientes.

Colombia ha conocido un proyecto industrial desde finales del siglo XIX. Se desarrollaron algunos polos de una industria nacional, que no hizo del país una nación industrializada, pero que de manera importante significó en el desarrollo económico del país y en su configuración social. Como en todo el continente, tal industrialización fue aminorada por la gran ola neoliberal, especialmente a partir de los años 80. Estas inversiones dominaron poco a poco la economía del país, especialmente en el petróleo, las minerías y los monocultivos, y una parte clave de la burguesía colombiana se transformó en intermediaria de los intereses extranjeros, constituyendo más y más una burguesía compradora.

Se debe añadir una particularidad del país, que fue a partir de los años 70 el desarrollo del narcotráfico, como un sistema que integra una gran parte de las estructuras sociales y económicas del país. No solamente se organizaron importantes carteles, sino que las ganancias de este negocio se introdujeron en el conjunto de la estructura económica, en particular, con el reciclaje del dinero, con el lavado en el sistema financiero y en la construcción. Inevitablemente, el narcotráfico se insertó también en la vida política del país.

Políticamente, Colombia ha conocido desde el siglo XIX una dominación de los partidos burgueses, Liberal y Conservador, en alternancias más o menos regulares, o su alianza dominante. Hubo algunos ensayos de una construcción más popular o alternativa del campo político, como el Frente Unido que impulsó Camilo Torres Restrepo, o la Unión Patriótica, eliminada mediante el genocidio político, las cuales fueron extirpadas por las medidas y políticas de represión de los que monopolizaban y todavía monopolizan el poder político para conservar la situación dominante de las clases sociales, que desde varios siglos atrás han actuado con éxito para mantener el status quo, sus privilegios y posiciones.

2) La situación actual

Es en este contexto de paralización de la vida política democrática y de cualquier reforma social, que nacieron formas de resistencias populares armadas. Al contrario de otros países latinoamericanos, estos movimientos todavía existen en gran parte porque la vía electoral hasta ahora no ha podido resolver las contradicciones sociales tan agudas del país.

Hubo, no obstante, algunos esfuerzos políticos interesantes, como la Constitución de 1991, que significó avances formales en los derechos sociales, por ejemplo de indígenas, de comunidades rurales afrodescendientes, de legalizaciones de propiedades colectivas, etc. Sin embargo, la fuerza de los poderes neoliberales ha sido tal, que en muchas instancias estos derechos se han quedado en mera teoría o han sido violados.

Estos factores con muchos otros que no hay posibilidad de describir y analizar en este texto, condujeron a la situación actual, que se puede definir en algunos grandes rasgos. La primera característica es el dualismo profundo de la sociedad colombiana, contraste e injusticia que durante el periodo neoliberal ha tendido a profundizarse. Según el informe del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) de 2007, 17 millones de colombianos y colombianas viven en la pobreza y 6 millones están en la indigencia, es decir que tienen que vivir con menos de un dólar por día. Eso significa un grado de pobreza realmente impresionante. No solamente existe este fenómeno caracterizando los ingresos familiares, sino que las distancias sociales entre los más ricos y los más pobres están también creciendo.

Colombia se encuentra dentro de los mayores índices de desigualdad del continente latinoamericano, solamente después de Haití y del Brasil. A pesar de ello, el país tiene un crecimiento de 7% anual, uno de los más altos del continente latinoamericano. Eso significa que la lógica neoliberal, que promueve un crecimiento espectacular de más o menos el 20% de la población, se aplica en el país de manera casi perfecta.

Este modelo de desarrollo corresponde a la lógica del capitalismo. Es más interesante para la ganancia y la acumulación del capital producir bienes y servicios sofisticados, con un gran valor añadido, que producir para la mayoría de la población que es cada vez más vulnerable (la clase media), o para los más pobres, que no tienen poder adquisitivo. Por otra parte, es un país que tiene un alto grado de exportaciones, especialmente durante los últimos años, en los que han aumentado de manera importante los precios de las materias primas y de los productos agrícolas, que puede dedicar la mayor parte de sus divisas a comprar bienes de consumo para el mismo 20% de los más ricos. Eso acelera la situación de desigualdad y evidentemente la gravedad del problema social.

Podemos comprobar eso en el campo, por el tipo de estructura social. La ausencia de una reforma agraria permite a las estructuras tradicionales reproducirse. Además, la lógica económica actual promueve una verdadera contrarreforma agraria, con una nueva e intensa concentración de las tierras en pocas manos, que empezó en función del ganado, por la alta demanda de carne en el mundo, y que se prolonga hoy por el monocultivo, en particular de la palma africana, destinada no solamente a las industrias tradicionales de la alimentación, de la farmacia o de los cosméticos, sino hoy día a los agrocarburantes. Se debe añadir también las explotaciones petroleras y mineras, que también se extienden en varias partes del país.

Todo eso significa una serie de proyectos particularmente destructores del entorno natural y de la sociedad. La biodiversidad está siendo destruida de manera sistemática en algunas de las zonas más ricas del continente. Se puede dar el ejemplo del Chocó, donde millares de hectáreas son ahora transformados en monocultivo de palma, destruyendo muchas veces bosques originales, matando toda vida a causa de la utilización de los pesticidas y de los fertilizantes químicos. Sobre centenares de kms² ya no hay ni un pájaro ni un pez, en lugares donde la vida de la fauna y de la flora era extraordinariamente abundante. Pero la destrucción humana no es menor. Es un fenómeno que conocemos en muchos países y continentes del Sur, con la eliminación de las poblaciones locales, donde los monocultivos no demandan una mano de obra tan abundante. Allí los campesinos son echados de sus tierras, lo que en Colombia se hace de manera todavía más cruel con la utilización del ejército y de los paramilitares. Se trata realmente de masacres para aterrorizar la población, al servicio del proyecto económico de grandes compañías de remplazan el cultivo tradicional, para la agroexportación. Eso corresponde a un modelo global, que, según el Banco Mundial, debe hacer pasar la pequeña agricultura campesina a una agricultura productivista de tipo capitalista. Es la nueva frontera del capitalismo mundial, porque la acumulación capitalista no se puede realizar si el sector no entra en la lógica generalizada de la ganancia. En Colombia, eso se traduce en más de 3.8 millones de desplazados, la mayoría hacia las ciudades, siendo un fenómeno acentuado por la violencia existente en el sistema económico y contra las resistencias.

La urbanización salvaje a la cual asistimos y que se manifiesta con desigualdades sociales espantosas, está ligada con la situación del campo. En ciudades como Bogotá, el contraste entre el norte y el sur es enorme: por una parte riquezas extravagantes, y por otra parte miseria. La falta de estructuras económicas y sociales equilibradas en el campo ha provocado una urbanización que se manifiesta en gran medida por la ruralización de las ciudades. Además, el gran número de desplazados aumenta la presión. Se ve claramente la vinculación entre los dos aspectos de una misma crisis.

Ya hemos hablado de la situación política y el conflicto que existe en Colombia desde hace tanto tiempo. Este conflicto es violento, precisamente porque es social. Se trata de oposiciones entre clases sociales; entre unas que no quieren perder privilegios y poder, y clases subalternas rurales y urbanas que en muchas instancias solamente pueden sobrevivir. Eso se manifiesta por ejemplo en la estructura agraria. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), de Colombia, en un informe del año 2005, 231.000 propietarios poseen 44 millones de hectáreas (53.5% del total de las tierras). Al mismo tiempo, 1.3 millones de propietarios (el 35.8%) poseen 345.000 hectáreas. Eso significa que el 0.3% de la población es propietaria de más de la mitad del total de las tierras. Para reproducir tal estructura de injusticia, es necesario organizar el poder político de manera adecuada a ese fin. Es por eso que el campo está dominado por partidos que aseguran la continuidad de estas relaciones sociales. Y en la situación actual ha resultado importante conservar las formas democráticas, que permiten de hecho al sistema funcionar asegurando su papel tradicional. Es importante entonces organizar elecciones comúnmente correctas, disponer de una cierta independencia de los varios poderes, judicial, legislativo y ejecutivo, y en general organizar lo que se espera de un Estado de Derecho. Sin embargo, a pesar de estas formas, ha sido posible conservar un Estado al servicio de las clases sociales dominantes y ganar en parte un apoyo político, cuando no el silencio, de las clases subalternas.

A eso se añade el proyecto neoliberal de los últimos 25 años, articulado con el capital internacional, y que se ha traducido también en la privatización de los servicios públicos, en el proceso del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y con la Unión Europea, en las garantías de inversión del capital exterior y en la desnacionalización de la industria local. Como lo dice Gilma Benitez de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia: “La política actual de seguridad democrática, pretende aislar las fuerzas insurgentes de las zonas productivas, incrementar y profesionalizar las fuerzas militares para la protección de la infraestructura, la viabilidad del transporte de mercancías, la reducción del secuestro y la movilidad de los consumidores; todo esto en beneficio de los ejes de acumulación que se han dispuesto en el mismo plan (el proyecto neoliberal). De igual forma (como desde hace varias décadas), en las regiones donde el Estado no pudo (antes y ahora) garantizar la seguridad, el capital privado (nacional y extranjero) la genera a través de grupos de paramilitares y cooperativas de seguridad entre otras figuras” .

Se debe agregar también el lugar esencial que tiene Colombia en el proyecto imperialista de los Estados Unidos de América. Situado entre América del Norte, Centroamérica y América del Sur, el país ocupa una posición geoestratégica fundamental. Especialmente hoy, con los cambios políticos en Venezuela y en Ecuador, Colombia representa todavía más una mayor importancia. Es la razón por la cual el gobierno norteamericano invierte sumas enormes en una ayuda militar y civil, que se expresa en el “Plan Colombia”.

3) El análisis del conflicto

En el conflicto actual en Colombia podemos distinguir actores directos y actores concernidos. Dentro de los actores directos, lo primero que llama la atención son dos principales movimientos de guerrilla. Organizados en función de revueltas campesinas, por la injusticia de la época anterior de violencia y a propósito de las tierras y la ausencia de una reforma agraria, apoyados por intelectuales, los movimientos guerrilleros se han desarrollado desde hace más de 40 años. Y en todo ese tiempo, los varios regímenes políticos existentes han podido contener la resistencia armada, aunque el costo ha sido muy elevado. Según una investigación de la Universidad de los Andes, Colombia perdió un promedio de 64 billones de pesos en los últimos 12 años. Solamente en el año 2006, la guerra costó 2 billones 400 mil millones de pesos colombianos .

La larga duración de esta lucha ha provocado un proceso de institucionalización de tales movimientos. Para poder sobrevivir y continuar la compra de armas y la organización en las zonas controladas, los movimientos insurgentes fueron obligados a cobrar impuestos no solamente a las empresas multinacionales del petróleo o de las minas, sino también sobre el narcotráfico. También realizaron secuestros para tener una “moneda de intercambio” para sus propios prisioneros. Todo eso suscitó una cierta pérdida de eficacia y también de credibilidad. La situación es tal hoy día, que aparece claramente la imposibilidad de obtener éxito un cambio social a largo plazo por la vía armada.

El otro actor directo es el Estado, con cada vez menos legitimidad por varias razones. La primera es su incapacidad de resolver el conflicto y de parar la violencia. Claramente, el Estado no se encuentra en una condición neutral, sino de beligerancia muy manifiesta en favor del campo social de los más privilegiados. Frente a la larga situación de inseguridad, el Estado juega también con el cansancio de la gente, muchos sectores listos a votar por cualquiera que les asegure que va a llevar la paz y la tranquilidad.

Sin embargo, otra razón de la poca legitimidad es el alto grado de abstención en las elecciones. Está claro que mucha gente no tiene confianza en los actores políticos, pensando que como no han podido arreglar el problema desde tanto tiempo, hay poca posibilidad que nuevos actores puedan hacerlo actualmente. Además, la sucesión más o menos alternativa de los dos partidos principales o sus sucedáneos, ha mostrado que no existe una voluntad política seria de transformaciones en profundidad. Al mismo tiempo, la utilización de métodos inaceptables, como la comprobada vinculación con los paramilitares, hasta el punto que se habla de parapolítica, deslegitima una parte importante de todo el aparato político, desde el ejecutivo hasta el legislativo, pasando por las fuerzas de seguridad. La alianza y el apoyo del imperio norteamericano para sus políticas de dominación económica y política del continente es otro motivo de falta de legitimidad. De hecho, se puede decir que el régimen político actual ha definido una opción de clases que no le permite presentarse como un real mediador para resolver un conflicto que tiene bases sociales.

El tercer actor directo está constituido por los grupos paramilitares. Oficialmente, ellos se organizaron para luchar contra las guerrillas y proteger las propiedades y las comunidades locales, pero de hecho antes de la organización sistemática de la guerrilla, ya existían grupos similares. Constituyen fuerzas ilegales al servicio de poderes económicos y políticos, como terratenientes, empresas transnacionales, el ejército y la policía, para realizar el trabajo sucio, siendo finalmente en realidad un verdadero aparato del Estado.

El plan actual del gobierno del presidente Uribe es reintegrar los paramilitares en la vida civil. Eso ha tenido un impacto internacional fuerte y, durante un tiempo, ha restablecido la credibilidad del gobierno de cara al exterior. Sin embargo, cuando se ve lo que significa esta reintegración en concreto, las conclusiones son muy diferentes. Realmente, los que se han desarmado son muy rápidamente remplazados por otros. El reclutamiento se hace en particular por ofrecimientos de ganancia económica o por la fuerza. Al mismo tiempo, tal reintegración se hace con una impunidad práctica, acompañada de algunas condenas para los actores más brutales, que reciben penas simbólicas. La reinserción significa también una verdadera infiltración de la sociedad política por los paramilitares. Además de otras esferas. Ellos ocupan cada vez más puestos oficiales dentro de la estructura administrativa y también parlamentaria. Eso se ha comprobado por algunas detenciones y casos bastante conocidos.

Los paramilitares cumplen una función paralela a la del Estado y, podemos decir, casi complementaria.Por lo demás, no se pueden equiparar los protagonistas, como lo hacen algunos grupos, ONGs o instituciones internacionales, poniendo en la misma línea la guerrilla y los paramilitares. No es la misma cosa un impuesto sobre el narcotráfico que la organización de este comercio; no es la misma cosa un secuestro que una masacre. Las cosas deben ser muy claras en este sentido, aún si la prolongación del conflicto armado debe ser calificada de inútil y por eso inaceptable.

El último actor directo es el imperio. Con el apoyo económico importante a la política del Estado colombiano, con su apoyo político internacional y finalmente su apoyo militar, el gobierno de los Estados Unidos ha asumido durante los últimos años un papel de actor directo en el conflicto interno.

Existen también actores concernidos, porque sufren de manera muy dura los efectos del conflicto político-social. Se trata en primer lugar de los movimientos sociales, sindicatos, organizaciones campesinas, movimientos indígenas, movimientos de mujeres y otros sectores también. Hemos conocido durante los últimos años una verdadera masacre de líderes sociales, que corresponde a una política sistemática. Las cifras son de varias decenas de millares de personas asesinadas por su compromiso social y su dedicación a la defensa de los más pobres.

Víctimas de esta verdadera guerra social, son también varias organizaciones no gubernamentales que luchan por la justicia y la paz. También ellos han tenido sus víctimas que se cuentan por centenares. Finalmente, son las nuevas iniciativas políticas, buscando alternativas, las que también sufren de un combate que no solamente es político, sino violento. Ya en el pasado hemos conocido la suerte de los ensayos de construir otra política, como el Frente Unido o la Unión Patriótica, la UP. Hoy día, se trata en particular del Polo Democrático, que ha podido conquistar algunos lugares importantes, pero que en otros sitios no disfruta de las garantías necesarias, hasta ver algunos de sus líderes asesinados.

En la perspectiva actual, se ve claramente la necesidad de una real unidad popular para poder transformar una situación, sin recurrir a la vía armada. El ejemplo de países vecinos ha comprobado esta posibilidad, que evidentemente tiene que confortarse y prolongarse para llegar a resultados profundos. Esta unidad significa el abandono del protagonismo individual y organizacional. La división del proyecto popular es el mejor regalo que se puede hacer a los adversarios. Es por eso que en esa perspectiva actual, solo la unidad, a pesar de diferencias ideológicas y de desacuerdos sobre la profundidad de las transformaciones sociales necesarias, es indispensable.

II. Las soluciones

Todos los que luchan hoy en Colombia creen en la posibilidad de soluciones. No se trata de una utopía en el sentido de una cosa imposible. Las reflexiones sobre soluciones exigen sin embargo un análisis serio y profundo. Si no, se puede caer en la ingenuidad o, aún peor, en una contribución a la reproducción del sistema existente. Para llegar a soluciones hay varios elementos en un proceso general. Estos elementos, o pasos, no tienen un sentido cronológico. Se deben realizar los tres elementos de la solución de manera paralela, aún si los ritmos de los unos y de los otros son diferentes.

El primer elemento es poner fin a la violencia. Eso significa llegar a acuerdos entre actores armados vía varios medios: negociaciones, intercambios de prisioneros o de secuestrados, etc. La contribución internacional en este sentido es importante, y ya hubo ensayos en el pasado o en la actualidad, de países como México, Brasil, y en particular ahora Cuba y Venezuela, sin hablar de algunas naciones europeas, como Alemania y Francia.

El segundo elemento es la reorganización de la vida política, en el sentido amplio de la palabra, con garantías, para no caer en la repetición de lo que pasó con el Frente Unido de Camilo Torres, y la Unión Patriótica. Eso significa la necesidad de abrir los espacios de la sociedad civil de abajo . Para realizar este tipo de reorganización se necesitan partidos democráticos, con prácticas limpias y el abandono total de los vínculos con los paramilitares. Una exigencia también es salir de la impunidad. Se podría organizar tal superación con comisiones de la verdad, como en África del Sur o con organismos similares, que permitan reconocer las responsabilidades, antes de declarar cualquier amnistía. De otra manera, la memoria histórica tendrá un día su venganza, como lo hemos visto en muchos otros casos, también en el continente latinoamericano.

El tercer elemento son las reformas económico-sociales, que toquen las causas y no solamente los efectos del conflicto actual. Se trata a título de ejemplo de recuperar la soberanía sobre los recursos naturales expropiados por las empresas multinacionales, y de dar así bases materiales nuevas para las reformas necesarias en el campo social.

Un elemento clave es también una reforma agraria, permitiendo un desarrollo dinámico de la agricultura campesina, mucho más eficaz en la conservación de la biodiversidad y en la producción agrícola para la alimentación local. Eso significa contradecir la política actual, apoyada por el Banco Mundial, de hacer desaparecer el pequeño campesinado para transformar la actividad agrícola en un sentido productivista y capitalista. De hecho, en el mundo entero, la reconcentración de la tierra en manos de empresas capitalistas es una de las nuevas fronteras de la acumulación, frente a varias crisis del capitalismo financiero y productivo. Un país como Colombia tiene la posibilidad de rechazar este modelo y de contribuir a la construcción de otra filosofía del desarrollo, en particular rural.

La reorganización social en la salud y la educación es también una meta fundamental. Se trata de asegurar el acceso a estos sectores para toda la población y en particular para los más pobres. Se trata también de organizar una campaña de alfabetización con los métodos modernos existentes. Retomar el dominio de los servicios públicos contra las grandes olas de privatización que hemos conocido durante los últimos años es también una tarea importante. El patrimonio nacional fue expropiado y puesto en manos, en gran parte extranjeras, por la filosofía neoliberal, que utilizó el poder del Estado para obtener toda la libertad de explotación de estos sectores tan importantes por la vida cotidiana de la población. También la privatización de estos sectores corresponde a unas de las nuevas fronteras de la acumulación del capital. El bienestar común de los ciudadanos exige una revisión profunda de esta política.

Junto a estas reformas, se necesitan también programas de emergencia, para ayudar de manera inmediata a los desplazados, a las comunidades que perdieron sus derechos y sus tierras, a las partes más pobres de la población en general. Sin embargo, este tipo de programa tendría que integrarse dentro de las reformas más fundamentales, para no servir de pretexto a una adaptación superficial del sistema existente, que prefiere hacer limosnas para poder continuar y reproducirse. Así, un conjunto de reformas económico-sociales es la base fundamental de la solución del conflicto actual en el país. Evidentemente, eso no es una característica particular de Colombia, sino de todos los países que sufren de los mismos males, con excepción del carácter armado de las luchas, más específico de la situación colombiana.

Las reformas internas tendrían la ventaja de poder contar con el apoyo de nuevas iniciativas en América Latina. Colombia podría así inscribirse en la nueva orientación de la integración latinoamericana, tanto económica como social y cultural, representada por el proyecto actual del ALBA. Con su situación geoestratégica, Colombia podría jugar un papel de primer rango en el pasaje de las resistencias a las alternativas, que conocemos únicamente en el continente latinoamericano, por el momento, y que hace de este último un actor primordial en la construcción de alternativas al modelo neoliberal.

III. La cooperación con el proceso de paz

Cuando se habla de cooperación, debemos hacer tres preguntas, a propósito de los actores, de los fines y de los socios. Eso puede expresarse de la siguiente manera: ¿quién? ¿Para qué? ¿Con quién? Eso permite crear un cuadro práctico como primer paso de la reflexión.

A propósito de los actores actuales de cooperación externa con Colombia para el proceso de paz, tomaremos los gobiernos; los partidos políticos; los movimientos sociales; las ONGs; las Iglesias; los organismos económicos; los emigrantes; y los medios de comunicación. Se trata para cada uno de preguntar, en primer lugar, cuáles son las acciones que tienen que suspender, para realmente promover la paz, y después de qué manera pueden cooperar con los tres elementos o pasos, es decir el fin de la violencia, la ampliación de un espacio político democrático y garantizado, y las reformas fundamentales. En cada caso se trata también de preguntarse con quién se debe colaborar para estos fines.

Respecto de los gobiernos, es bastante claro que tienen que suspender toda cooperación a los programas del Plan Colombia o sus sucedáneos. Hemos visto cuál es la función de esta iniciativa. Incluso una colaboración a programas que en sí mismo no son perjudiciales, pero que tienen un sentido muy diferente porque se inscriben en una lógica contradictoria con el proceso de paz, no merecen apoyo. Se trata también de suspender todo apoyo militar y venta de armas. Lo mismo vale para programas de alternativas al cultivo de coca, que desembocan sobre el monocultivo y la destrucción ecológica y social del campo. Cualquier apoyo a empresas nacionales, muchas veces multinacionales, practicando la explotación de las riquezas del país, en los yacimientos de petróleo, en las minas, en el agronegocio, tendría que ser también suprimido. Se ve cómo en la realidad estas empresas no contribuyen ni a la paz ni al desarrollo real del país, sino a extraer la más amplia riqueza posible. Debemos añadir que algunos programas que significan una convivencia forzosa entre victimarios y víctimas no pueden ser apoyados tampoco. Ni con el pretexto de contribuir a la reconciliación, como los llamados “fondos canasta” que promueve el gobierno español y otros.

Por otra parte, gobiernos del exterior pueden apoyar los tres elementos de la construcción de la paz. Algunos pueden ayudar en el proceso de negociaciones entre los beligerantes. Fue en el pasado, como atrás se mencionó, el caso de México, de Brasil y de Alemania, y hoy día de Cuba y Venezuela. Evidentemente, la posibilidad de poder establecer un cuadro de negociaciones, exige también que la guerrilla armada sea borrada de la lista de las organizaciones terroristas, porque con terroristas no se dialoga.

El apoyo institucional a la creación de un espacio democrático puede ser también importante. Hay ONGs de educación popular y de promoción de la paz y de la justicia que merece medios logísticos. Eso se puede hacer de manera indirecta, vía otras ONGs del país que coopera. Desde un punto de vista jurídico, un apoyo puede darse también por la vía de intercambios con países que ya realizaron procesos interesantes en este sentido, como África del Sur, y eventualmente de becas de estudio de corto o largo plazo. El día que un órgano electoral sea renovado, un apoyo se podría también dar al gobierno que tiene la responsabilidad de organizarlo.

Finalmente, gobiernos del exterior pueden también dar una ayuda útil a las reformas profundas para la creación de bancos populares, un apoyo logístico a ciertos movimientos sociales y a ONGs de educación y acción para la paz. Una cooperación importante podría también realizarse vía el ALBA, por medio de acuerdos petroleros privilegiados, pero también de programas de alfabetización o de salud. En cada caso, los socios tienen que ser bien estudiados. Puede ser el gobierno, a condición que éste participe de manera clara y positiva en la construcción de un ambiente de paz, o pueden ser movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales.

Un segundo actor son los partidos políticos. También debemos empezar por lo que tienen que suspender, es decir toda colaboración con formaciones políticas vinculadas de manera directa o indirecta con el paramilitarismo. Desde un punto de vista positivo, podemos pensar un apoyo a las negociaciones, que sea de tipo práctico e institucional. Un aporte también a los partidos democráticos, que tratan de construir un nuevo espacio, no puede ser excluido. Es evidentemente muy difícil actuar en un país como en otro, pero no es imposible tal intercambio. Finalmente, el apoyo a la formación de líderes políticos para realizar las reformas profundas podría ser también una ayuda muy positiva.

Los movimientos sociales tienen generalmente estructuras internacionales y socios en los diferentes países latinoamericanos. Es el caso por ejemplo de los movimientos campesinos con el CLOC (Coordinación a Nivel Latinoamericano) o Vía Campesina (coordinación mundial). La colaboración de estos movimientos no será generalmente de tipo material, porque ellos mismos son muy débiles desde este punto de vista, pero es importante el apoyo para contactos mutuos, participación en seminarios o reuniones internacionales, y apoyo a centros de formación de líderes.

Las ONG´s tienen también un papel importante en la cooperación. Se trata aquí de las ONG´s en contacto con la sociedad civil de abajo. Existen ONGs que son de hecho organizaciones vinculadas con gobiernos o con intereses económicos. Si pensamos en este sector de la cooperación, también hay iniciativas que se deben suspender. Se trata de todo lo que está vinculado con el Plan Colombia o sus similares, como lo hemos dicho a propósito de los gobiernos, pero también de iniciativas tomadas de otros programas, como las acciones del Banco Mundial contra la pobreza, algunas iniciativas de gobiernos para la reconciliación local, pero que refuerzan la impunidad.

Desde un punto de vista positivo, las ONGs pueden cooperar con los tres elementos de la construcción de la paz. Primero, pueden ofrecer algunos servicios logísticos a las negociaciones. También apoyar la construcción del espacio democrático, particularmente colaborando con movimientos sociales y ONGs que trabajan en favor de la justicia y de la paz. Las ONGs también pueden tener un papel importante dentro de las reformas en profundidad, apoyando programas educativos y de emancipación social. Cada vez, se trata generalmente de apoyar organizaciones populares o centros de estudios vinculados con ellas para acelerar los procesos de reconstrucción.

Muchas ONGs se concentran sobre una ayuda humanitaria. Esta es necesaria, porque hay gente que sufre de hambre y otros que mueren hoy y no mañana. Sin embargo, esta acción tiene que realizarse con un espíritu crítico bien desarrollado, a fin de no contribuir a la reproducción del sistema, con soluciones fáciles, sino de responder a necesidades inmediatas, dentro de una filosofía de transformaciones a largo plazo. Las Iglesias tienen también un papel importante. En particular la Iglesia Católica en Colombia tiene un peso social real. Los tres procesos de construcción de la paz pueden recibir también un apoyo de las Iglesias. Ellas también tienen que suspender todos los programas que de una manera u otra podrían significar una ambigüedad frente a la política gubernamental de reciclaje y reinserción de los paramilitares en la vida civil, con impunidad, y no pueden basarse en la necesidad de una reconciliación y de una actitud de caridad cristiana para abstenerse de un juicio analítico sobre la situación.

Positivamente, la utilización de un peso moral es realmente importante para apoyar el proceso de las negociaciones, para crear el espacio democrático y también para legitimar las reformas necesarias, como la reforma agraria, cambios tributarios, transformación de los medios de comunicación, etc.

Los inmigrantes que en un país como Colombia cuentan de manera importante, pueden también contribuir a los procesos de paz. No solamente ellos significan un peso importante desde el punto de vista financiero, por las remesas, sino que su presencia en los países de acogida puede ser utilizada para alertar la opinión pública y a las autoridades políticas sobre la situación real de Colombia y la manera de orientar una verdadera cooperación. La iniciativa tomada en España por exiliados en este sentido es totalmente positiva.

Los medios de comunicación social constituyen la fuente principal de la información sobre los varios procesos: negociaciones, creación de un espacio democrático y reformas socio-económicas. Tendrían estos medios que suspender una lectura hecha en función de los intereses dominantes y que en muchos de los países europeos hacen aparecer a la guerrilla como la causa fundamental de la violencia en Colombia, cuando se trata de la desigualdad social, cuando presentan las formaciones políticas dominantes como democráticas y el país como entrando en un proceso de paz o también cuando acogen las reacciones negativas a todo cambio social estructural que afecta los intereses nacionales e internacionales de los medios económicos. Significa una nueva filosofía de la información, para corresponder a la realidad. Eso es muy difícil cuando los medios de comunicación son dominados por el gran capital como es el caso en la mayoría de los países latinoamericanos, pero también de muchos medios en Europa.

Por último, podemos hablar de los poderes económicos. Claro que es muy difícil encontrar aspectos positivos por el momento, por la simple razón que ellos forman parte del problema. De todas maneras, deberían de suspender toda utilización directa o indirecta de paramilitares, como condición previa absoluta. Se trata también de poner fin a la explotación irracional de los recursos nacionales del país en función de intereses puramente económicos. Lo mismo vale para la destrucción de la biodiversidad y la explotación de los trabajadores bajo el pretexto de bajos salarios.

Actores económicos pueden eventualmente cooperar en los varios procesos de la construcción de la paz. Pueden ofrecer apoyo logístico para las negociaciones y crear un ambiente favorable a la construcción del ámbito democrático. Finalmente pueden contribuir a las reformas radicales, aceptando las nuevas reglas del juego, en un periodo de transición, que exige reformas profundas. Va a ser muy difícil para estos actores poder entrar en este tipo de orientación, porque contradice la lógica misma de la acumulación del capital.

Conclusiones

No podemos equivocarnos en materia de cooperación. No se trata solamente de buena voluntad, sino de ser conscientes de las funciones reales de las iniciativas de cooperación. La ignorancia no puede ser una excusa para finalmente contribuir a la reproducción del sistema.

El pueblo de Colombia tiene una gran esperanza. Se trata de un pueblo que sufre, pero que lucha y que ha comprobado su extraordinaria vitalidad. Es por eso que la cooperación no puede decepcionarlos ni tampoco establecerse a un nivel más bajo de las expectativas. La cooperación solamente tiene sentido si apoya una solución de justicia que es la condición misma de la paz.