Avanza la palma, continúan los abusos de autoridad

Cuando cambie la suerte de mi pueblo, se descubrirá el profundo mal de Efraín y las maldad de Samaria: obraron de mala fe, ladrones que se meten en las casas o bandoleros que asaltan en despoblado. Oseas 7, 1


RESUMEN

Los afrodescendientes del Jiguamiandó y las familias desplazadas de Curvaradó ubicadas en las Zonas Humanitarias, continúan siendo sometidos a excesivos controles y restricción en su movilización por parte de los agentes policiales que se encuentran en Murindó.

Nuevamente, el delegados de las comunidades fueron sometidos a absurdos controles con señalamientos por parte de las autoridades policiales en los que se les pretende vincular con la guerrilla de las FARC EP.

Días antes el viernes 12 de noviembre, tres campesinos afrodescendientes de Murindó fueron detenidos por unidades policiales, a quiénes sindicaron de pertenecer a la guerrilla. Los tres habitantes de la zona rural de Murindó fueron llevados posteriormente por unidades del Batallón Fluvial 20 hacia el municipio de Turbo. Dos días después dejados en libertad. De acuerdo con afirmaciones de unidades policiales, algunos de ellos estaban acusados de asesinar a un habitante de la zona y aparecían en informes de batalla en los que se les vinculaba con la guerrilla de las FARC EP. Los campesinos días después fueron dejados en libertad.

Hace cerca de tres semanas, el 12 de noviembre en este municipio se llevó a cabo una reunión con presencia del Coronel LUIS ALFONSO NOVOA y el comandante de las unidades policiales de Murindó, el Oficial LOSADA, donde las organizaciones indígenas, las comunidades afrodescendientes y mestizas dejaron constancia de los atropellos, de los señalamientos, de la restricción a personas y a bienes, y abusos de autoridad que se vienen cometiendo por estos agentes estatales. Las comunidades afirmaron su posición de autonomía y de autodeterminación ante el conflicto armado, la afirmación del principio de distinción.

Entre tanto, a pocos kilómetros de la Zona Humanitaria de “Nueva Esperanza” en el Jiguamiandó, desde el miércoles 1 de diciembre hasta las horas de este escrito, los pobladores continuaron constatando indicios del avance del corte de madera paso previo a la siembra de palma aceitera en la comunidad de Buena Vista en el Curvaradó y los límites de la comunidad de Nueva Esperanza. La ampliación de la siembra ilegal continúa desarrollándose con presencia de hombres con armas cortas y largas, mientras persiste una presencia perimentral de agentes de la Brigada XVII y de la Policía de Urabá.

En las comunidades del Jiguamiandó, observadores internacionales del Canadá que acompañan al lado de equipos de acompañantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz han sido testigos de la grave situación que se viene presentando en la última semana de la ampliación del proyecto agroindustrial de la palma aceitera de manera ilegal en los Territorios Colectivos. Este escenario territorial es mucho más complejo pues de las faldas del Cerro Cara de Perro hacia Uradá se conoce de la existencia de minerales, los que explicarían las dinámicas de control de tipo paramilitar.

SOLICITUDES

Dirigir sus comunicaciones o llamadas telefónicas a

FRANCISCO SANTOS Vicepresidente de la República solicitando una actuación administrativa del Gobierno Nacional sobre la Policía Nacional de Carmen del Darién y Murindó y su intervención directa para que cese la explotación maderera y la siembra ilegal de palma aceitera dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó; de respuesta integral a las medidas provisionales a las medidas resueltas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin de adoptar las medidas preventivas ante las amenazas de incursión de tipo paramilitar a las Zonas Humanitaria.
Tel: 57-1-4442123 Fax 57-1-444 21 58 y 57-1- 565 76 82

E-mail:fsantos@presidencia.gov.co
cefranco@presidencia.gov.co
fibarra@presidencia.gov.co

CARLOS GUSTAVO CANO Ministro de Agricultura solicitando la intervención inmediata de tipo administrativo a fin de que cese el aprovechamiento forestal indiscriminado y la siembra ilegal de Palma Aceitera dentro del territorio Colectivo del Curvaradó y oficie de modo inmediato al INCODER para que sea entregado a la mayor brevedad el Informe Técnico de la Verificación de la siembra de palma aceitera dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó realizada del 26 de octubre al 1 de noviembre.

CARLOS GUSTAVO CANO Tel 571-3341199 Ext 301 a 303
E-Mail ministro@minagricultura.gov.co

SANDRA SUAREZ PEREZ, Ministra del Medio Ambiente solicitando su intervención inmediata ante los efectos ecológicos que están produciendo la deforestación y la siembra ilegal de palma aceitera dentro del Territorio Colectivo

Tel. 571- 2806010 Ext. 100 Fax 571 -288 98 92
Email : dministro@minambiente.gov.co

Al Procurador General de la Nación

EDGARDO MAYA VILLAZON, Procurador General de la Nación, investigar disciplinaria e integralmente a los agentes estatales comprometidos por acción u omisión en la restricción de los derechos de la población, el abuso de autoridad en las detenciones y la siembra ilegal de palma aceitera dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó.

Tel 57-1-3520066 ext 12502 Fax 57-1-352 00 66 ext 12504 (+57 1)342.97.23

E-Mail emaya @procuraduria.gov.co
reygon@procuraduria.gov.co

VOLMAR PEREZ Defensor Nacional del Pueblo actuar inmediatamente de acuerdo con su misión institucional a fin de evitar daños irreparables y ambientales de las comunidades afrodescendientes del Jiguamiandó
Tel: 571- 640 04 91
E-mail: secretaria_privada@hotmail.com

HECHOS EN DETALLE

* Domingo 28 de noviembre, a la 1.00 p.m aproximadamente, dos integrantes de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó JUAN DIAZ y JOSE DEL CARMEN VILLALBA al llegar a la pista del aeropuerto de Murindó pasaron por el control de la policía.

En el lugar les revisaron el bolso. Luego le quitaron la agenda a JUAN DIAZ, le revisaron sus anotaciones y los números telefónicos y nombres que allí tenía. Luego lo sometieron a una serie de preguntas acerca del motivo de su viaje, de que parte del Jiguamiandó venía, ¿A qué va a Medellín?. Le exigieron un número telefónico para su ubicación en la capital de Antioquia, y con quién se iba a encontrar.

Unidades de la policía tomaron nota de los números telefónicos de la agenda del integrante del Consejo Comunitario . Minutos después, los agentes policiales afirmaron que él había estado en San Vicente de Caguán, cuando el proceso de diálogos con la guerrilla de las FARC, hecho sin ninguna sustentación, y por eso había conocido a un persona apodada “Cachaco Negro”.

En tono acusatorio le preguntaron por la guerrilla y por el apodado “Cachacho Negro”, persona igualmente desconocida por los dos miembros de los Consejos Comunitarios.

Agentes de la policía expresaron: “no se hagan, ustedes saben muy bien lo que hay en Nueva Esperanza” (…) “Ustedes conocen a “Cachaco Negro”, él es de la misma comunidad “Nueva Esperanza”, trabajaba por allá cómo no lo van a conocer” . Al campesino JOSE DEL CARMEN lo sometieron a las mismas preguntas.

Los integrantes de los Consejos Comunitarios exigieron permanentemente respeto a sus derechos a la movilidad, y al cese de interrogatorios intimidatorios y acusatorios.

A eso de la 1:25 p.m. cuando la avioneta se encontraba aún sin decolar ante la insistencia de los campesinos de que iban a perder el vuelo, los dejaron marchar.

* Miércoles 1 de diciembre desde las 9:00 a.m. afrodescendientes de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y del Curvaradó escucharon hasta las 3.00 p.m el sonido de motosierras a unos 6 kilómetros de la Zona Humanitaria “Nueva Esperanza” en dirección a Buena Vista, poblado deshabitado por el desplazamiento del 2001, del Territorio Colectivo del Curvaradó.

Este mismo día se produjeron sobrevuelos de helicópteros de la Brigada XVII sobre el sitio conocido como La Pemada

* Jueves 2 de diciembre desde las 9:30 a.m. integrantes de los Consejos Comunitarios que habitan en las Zonas Humanitarias de Remacho escucharon aproximadamente a 10 kilómetros motosierras en el corte de árboles en los límites entre el antiguo poblado de Nueva Esperanza, abandonado por el desplazamiento de 2001 y Buena Vista.

En horas de la noche pobladores de la región constataron que se está llevando a cabo una deforestación de selva primaria en la zona, como un avance a la siembra de palma aceitera. La misma fuente indicó que próximamente se iniciarían la canalización de algunos afluentes.

* Viernes 3 y Sábado 4 de diciembre desde las 10:00 a.m. pobladores de las Zonas Humanitarias de “Nueva Esperanza” y “Bella Flor Remacho”, junto con observadores y acompañantes internacionales del Canadá e integrantes de nuestra Comisión Justicia y Paz, escucharon el sonido casi ininterrumpido de motosierras en cercanías de los antiguos lugares de los poblados de Nueva Esperanza y Bella Flor Remacho, Territorio Colectivo del Jiguamiandó.

El fuerte sonido el día viernes se mantuvo hasta las 3.00 p.m. y el sábado hasta la 1.00 p.m.

* Lunes 6 de diciembre desde las 9:15 a.m. hasta las 3.00 p.m. se escucharon varias motosierras durante este lapso de tiempo en dirección a Buena Vista, en el Territorio Colectivo del Curvaradó.

Los acompañantes internacionales del Canadá e integrantes del equipo misionero de nuestra Comisión de Justicia y Paz conocieron que el avance de la deforestación dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó es rápido. Las hectáreas que vienen siendo arrasadas de modo ilegal son bastantes. En desarrollo de la deforestación personas de Belén de Bajirá y Brisas han observado la presencia de personas vestidas de civil con armas cortas.


LINEAS DE INTERPRETACION

Las operaciones de registro y de control sobre los habitantes del municipio de Murindó por parte de los agentes policiales que se encuentran en la cabecera municipal se realizan con la extralimitación de sus funciones, con el abuso permanente de autoridad. Se concibe a los civiles como aliados de la guerrilla, como sus informantes o sus auxiliares. De modo arbitrario se desarrollan acciones de inteligencia que sustentadas en testigos falsos, presionados o pagos, pretenden construir versiones verosímiles de hechos imputables a cualquiera que sea concebido como guerrillero.

La frontera entre el justiciero y el armado, entre el civil y el militar se borran permanentemente. Los papeles constitucionales de uno y otro se borran frecuentemente. La Fuerza Pública oficia en dos papeles. La traspolación de lo militar a lo civil suele suceder cotidianamente. Es imposible en la lógica de la seguridad dominante comprender la distinción, la diferencia de papeles.

Ese ejercicio de seguridad pretendidamente contra insurgente, dirigido contra la población civil, no es restrictivo ni intolerante con la estructuras confusas, difusas y evidentemente cualificadamente clandestinas de lo paramilitar. En Belén de Bajirá, en Brisas, en Mutatá, en Barranquillita, en Río Sucio, en Turbo, en La Balsa –Cacarica- los retenes, los ejercicios de control poblacional de bienes y de servicios coinciden con presencias institucionales de la Brigada XVII y de la Policía de Urabá .

Al tiempo en el caso del Territorio Colectivo del Curvaradó los avances de la agroindustria de la palma aceitera se abre caminos en condiciones de “seguridad” privada o perimentral institucional, mientras los indígenas, los afrodescendientes y los mestizos soportan los efectos directos de la destrucción de sus territorios, la aniquilación de su derecho a la existencia, la inseguridad absoluta.

Evidentemente el Estado Colombiano desconoce la resolución de las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado de Hecho es el de Derecho.
La impunidad de los Crímenes, atentados, atropellos, desplazamientos desde octubre de 1.996 hasta hoy ha sido el pilar de una experiencia de desterritorialización, de destrucción y de aniquilación de los Derechos a la Vida y al Territorio de las comunidades.

Bogotá, D.C. Diciembre 7 de 2004
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ