Se amplía la siembra de coca y de marihuana, nuevas judicializaciones, hostigamientos militares contra integrantes de CAVIDA
“Ciertamente es traidora la riqueza, como la muerte, el que la busca nunca se sacia. ¡Ay de quien gana ganancia inmoral para su casa, para aumentar su poder” (Habacuc 2, 5,9)
RESUMEN
Hostigamientos, nuevos procesos judiciales, la ampliación de la siembra de hoja de coca y de marihuana, aproximadamente en 70 hectáreas, en medio de la fuerte presencia militar de unidades de la Brigada XVII, han marcado el inicio del año en el Territorio Colectivo del Cacarica.
Desde el 1 y hasta el 7 de enero, militares de la Brigada XVII que se encuentran rodeando la Zona Humanitaria “Nueva Esperanza en Dios” activaron sus fusiles con tiros en una acción de intimidación a sus pobladores, luego de que integrantes de CAVIDA les han exigido abandonar las propiedades familiares que han destruido a raíz de su presencia desde el 13 de mayo del 2003.
A los pobladores, entre ellos al afrodescendiente MARCO VELASCO, integrante de CAVIDA, quien ha exigido respeto a sus bienes, los han retenido en los caminos de herradura, indicando que por estos lugares no pueden transitar sin la presencia militar. Contra MARCO VELASCO y NAUFAL QUINTO se ha desarrollado un proceso judicial que se encuentra en etapa de instrucción.
Se conoció la existencia de un nuevo proceso judicial en los que se acusa como integrante de la guerrilla o relacionados con la guerrilla de las FARC a HELIODORO SANCHEZ, EVELIO PALACIO, NAUFAL QUINTO SOFIA ROA, JERONIMO PEREZ, JHON JAIRO MENA, ANGEL NELYS PALACIO, PASCUAL AVILA, MARCO VELASCO, ANA DEL CARMEN MARTINEZ, PASCUAL AVILA, ROSALBA CORDOBA, CLEMENTINA VALENCIA integrantes de la coordinación de CAVIDA.
El proceso radicado en el municipio de Río Sucio, se suma a la serie de falsas denuncias que se han presentado contra integrantes de CAVIDA. CAVIDA asocia a familias de los Consejos Comunitarios del Cacarica, organización que se ha negado a la impunidad en que se encuentra la operación “Génesis” desde 1.997, y a la siembra de palma y de coca, cuando estos proyectos agroindustriales fueron anunciados en las incursiones de tipo paramilitar en el 2001.
Las propuestas agroindustriales se han ido consolidando desde la base paramilitar de La Balsa a pesar de las acciones realizadas por las comunidades exigiendo a las autoridades regionales, nacionales, policiales y militares ha actuar desde hace ya 8 años.
Paradójicamente las actuaciones militares de la Brigada XVII se han orientado de modo incisivo, obsesivo y perverso contra los habitantes de las Zonas Humanitarias, a quiénes se han causado graves daños en su vida en su integridad personal y psicológica, y en propiedades y siembras de pan coger. Algunos calculan que desde el inicio de las operaciones militares del 2003 hasta hoy se han sembrado cerca de 70 hectáreas con coca y marihuana, lo que refleja una actitud permisiva, pues testigos afirman que los militares han visitado los cultivos de esta hoja.
SOLICITUDES
Dirigir sus comunicaciones al Vicepresidente de la República, FRANCISCO SANTOS, convocar con carácter urgente la subcomisión de protección de la Comisión Mixta de Verificación, actuar administrativamente a fin de que cese el despojo de tierras colectivas en el Territorio Colectivo del Cacarica y exigir a la Fuerza Pública respuesta frente a su actitud omisiva desde el 13 de mayo para actuar frente a las estructuras paramilitares de La Balsa y Río Sucio
Tel: 57-1-4442123 Fax 57-1-444 21 58 y 57-1- 565 76 82
E-mail: fsantos@presidencia.gov.co
cefranco@presidencia.gov.co
fibarra@presidencia.gov.co
Al Procurador General de la Nación EDGARDO MAYA VILLAZON, actuar inmediatamente a fin de verificar, de constatar las actuaciones omisivas, cómplices de agentes estatales y en general servidores públicos con la situación de La Balsa, San José La Balsa, Bocachica.
Tel 57-1-3520066 ext 12502 Fax 57-1-352 00 66 ext 12504 (+57 1)342.97.23
E-Mail emaya @procuraduria.gov.co
reygon@procuraduria.gov.co
A la Defensor Nacional del Pueblo, VOLMAR PEREZ, actuar desde su mandato constitucional y en nombre del bien común y de los derechos de las minorías étnicas a fin de evitar la destrucción de los Territorios, y de las vidas de afrodescendientes, indígenas y mestizos que habitan en el Cacarica
Tel: 571- 640 04 91
E-mail: secretaria_privada@hotmail.com
Adjunto Hechos detallados y líneas de Interpretación.
HECHOS DETALLADOS
Domingo enero 2 de 2005, en horas de la mañana el afrodescendiente MARCO VELASCO, se dirigió a la propiedad familiar dentro del caserío Bocas de El Limón a menos de 10 minutos de “Esperanza en Dios”, para corroborar el campamento militar instalado, la ocupación de la vivienda familiar, la destrucción de productos de pan coger. El afrodescendiente con una cámara fotográfica registro varios de los daños a los productos de pan coger y exigió el retiró inmediato de la propiedad familiar del Territorio Colectivo del Cacarica. Los militares le expresaron que pagarían por los daños causados, le solicitaron el rollo fotográfico a cambio de otro, lo invitaron a negociar y a trabajar con ellos.
Luego de varias horas de exigencia el afrodescendiente, recogió algunos bienes de su propiedad y se dirigió a la Zona Humanitaria “La Nueva Esperanza”.
Lunes enero 3, a tempranas horas de la mañana, a menos de 150 metros, de la Zona Humanitaria “La Nueva Esperanza”, los militares ubicaron su campamento.
Hacia las 10:00 a.m. los militares activaron sus fusiles y dispararon en dos ocasiones al aire en dirección a la Zona Humanitaria.
Luego pasadas las 12:00 del día hicieron lo mismo, durante 5 ocasiones
Y a las 3:00 p.m. durante dos ocasiones se escucharon los tiros de fusil en dirección al lugar de la Zona Humanitaria.
Martes 4 de enero, a las 5:45 de la mañana, nuevamente los militares activaron uno de los fusiles con dos tiros al aire en dirección hacia la Zona Humanitaria “La Nueva Esperanza”.
Entre las 11:00 y 12:00 de la mañana, aproximadamente los militares dispararon 6 tiros al aire hacia la Zona Humanitaria.
Hacia las 2:00 p.m. las mujeres se dirigieron a los militares exigiéndoles, dejar el intento de simulacro de contactos armados. Un militar expresó que ellos no eran los responsables de los tiros. “eso es un intento de justificar algo contra nosotros”, exigieron dejar de buscar milicianos y guerrilleros en la comunidad, “ ustedes saben que aquí no hay guerrilla” y si quieren pelear háganlo allá en La Balsa, donde está la base paramilitar o hagan algo con la coca y dejen tanta fumadera de marihuana. Ustedes nos ponen en riesgo, nos han hecho daño con los niños, a los jóvenes solamente los acosan, les ofrecen dinero y meterse con ustedes, para qué para destruir a la misma gente, para destruir sus vidas”. Las afrodescendientes le exigieron al Teniente reunir la tropa y ordenarles respetar a la población civil.
El Teniente se comprometió a hacerlo y expresó que no habría más tiros.
A las 7:52 p.m los militares nuevamente dispararon en dos ocasiones con armas de fusil.
Miércoles 5 de enero, a las 8:30 a.m, los militares dispararon nuevamente un tiro de fusil al aire en dirección a la Zona Humanitaria “La Nueva Esperanza”.
En horas de la tarde cuando MARCO VELASCO, integrante de la Coordinación de CAVIDA regresaba de su trabajo en las siembras de pan coger fue retenido por militares de la Brigada XVII en el camino que conduce a la Zona Humanitaria. Durante más de 30 minutos le impidieron continuar su camino. Al exigir, si el se encontraba detenido o la razón de impedir su libre movilización, los militares expresaron que era una orden del mando. “Orden es orden”. Se le prohibió seguir su camino. Durante el tiempo de su retención ilegal los militares solamente reiteraron que era una orden.
* Viernes 7 de enero, durante dos ocasiones los militares activaron un fusil con dos tiros al aire en dirección a la Zona Humanitaria “La Nueva Esperanza”.
Viernes 11 de enero, en horas de la tarde, nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció de una denuncia penal contra integrantes de los Consejos Comunitarios del Cacarica, que han asumido el cargo de Coordinadores de las Zonas Humanitarias, entre ellos,
La denuncia instaurada en un primer momento en la Fiscalía Especializada de Urabá, en diciembre del año pasado, fue trasladada la Fiscalía del municipio de Río Sucio, se encuentran en etapa preliminar y se unificó con la denuncia existente contra los coordinadores de las Zonas Humanitarias e integrantes de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó. Las falsas acusaciones e imputaciones contra los integrantes de los Consejos Comunitarios asociados en CAVIDA son por los delitos de rebelión como integrantes de la guerrilla de las FARC EP.
Parece ser una misma línea de investigación o una posible misma estrategia de control sobre los afrodescendientes del Cacarica, a la que viene adelantado en el Curvaradó y Jiguamiandó, pues es el mismo proceso judicial. En este proceso se acusa a HELIODORO SANCHEZ, EVELIO PALACIO, NAUFAL QUINTO SOFIA ROA, JERONIMO PEREZ, JHON JAIRO MENA, ANGEL NELYS PALACIO, PASCUAL AVILA, MARCO VELASCO, ANA DEL CARMEN MARTINEZ, PASCUAL AVILA, ROSALBA CORDOBA, CLEMENTINA VALENCIA, NOVELIO PALACIO como relacionados con la guerrilla o integrantes de la guerrilla o de las milicias de las FARC.
Los denunciantes son los mismos DEOFANOR CUESTA, DIANA PATRICIA MOSQUERA, PEDRO MANUEL CORDERO, ADAN QUINTO. De acuerdo con la información recogida en ese proceso ha declarado un reconocido líder comunitario del Bajo Atrato MANUEL MOYA.
En las acusaciones se pretende vincular a nuestra Comisión de Justicia y Paz como auxiliadoras de las FARC
* Lunes 14 de febrero, se conoció de la implementación de una propuesta asociativa agroindustrial de banano y plátano en el caserío del río Cirilo.
LINEAS DE INTERPRETACIÓN
No hay Derecho, el Derecho se usa para defender el ejercicio de hecho, el ejercicio de la fuerza, la imposición de modelo de sociedad, la imposición del olvido y la imposición de un modo de inversión privada y agroindustrial.
Nuevamente en el absurdo. La nueva judicialización es absolutamente viciada. Algunos de los denunciantes son parte de las lógicas de seguridad, víctimas de las necesidades básicas insatisfechas resuelven sus asuntos con el dinero que falsea la realidad, el testimonio es una mercancía. Otros son sujetos que comprenden solamente la necesidad de un ingreso a costa de la venta de los territorios. Otros de los denunciantes son aquellos que bajo la protección de intereses privados se oponen abiertamente a los procesos de las comunidades retornadas que afirman sus derechos territoriales ante la deforestación mecanizada de empresas madereras privadas y a las empresas palmicultoras. Algunos de los denunciantes han utilizado a supuestos reinsertados, o personas que las comunidades conocieron siempre como civiles pero que, aún sin ser combatientes, cedieron ante las promesas económicas del Programa de Reinserción. Los denunciados no conocen a muchos de los denunciantes. Absurdo. Bastante absurdo
Pero lo sórdido, lo perverso no termina allí. Todo se conjuga. Las operaciones psicológicas, de control y de represión continúan dirigidas contra los pobladores de los Consejos Comunitarios asociados en CAVIDA. Desde el 13 de mayo de 2003 hasta el día de hoy han sido evidentes los objetivos de la estrategia militar debilitar, bloquear, perseguir el proceso de los afrodescendientes que afirman integralmente sus derechos a la Vida y al Territorio. Mientras tanto, desde la estrategia paramilitar se consolida el proyecto socio económico, llamado Proyecto de Alternatividad Social, con proyectos agroindustriales vinculados al banano, al plátano y la palma en propiedades familiares de La Balsa, San José La Balsa, Varsovia del Territorio Colectivo, de las cuales los campesinos han sido desalojado y las tierras han sido entregadas a nuevos pobladores por parte de las estructuras militares encubiertas.
El temor a un ejercicio democrático de los Derechos como lo han afirmado en los últimos 7 años, los Consejos Comunitarios del Cacarica asociados en CAVIDA, con propuestas alternativas frente a los Planes de Ordenamiento Territorial excluyentes, a las deforestaciones ilegales y extractivas industriales como las de Maderas del Darién, a la paramilitarización social y la militarización del Territorio, a las ideas de un progreso sustentado en la mentira, en la imposición armada de la Palma, a la impunidad en Crímenes de Lesa Humanidad ha planteado profundos cuestionamientos a un ejercicio del poder que destruye Territorios, que destruye identidades culturales y que destruye vidas humanas. Sus victimarios, los de la guerra militar y los de la guerra judicial, la guerra económica y la guerra mediática, carecen de cualquier postulado ético, su único parámetro es la rentabilidad, la ganancia, sin importar los destrozos humanos y naturales.
Las estructuras encubiertas de tipo paramilitar están asegurando el encerramiento de los pobladores de los Consejos Comunitarios del Cacarica en lo militar, en lo político y lo social desde el sur del Territorio Colectivo. No simplemente es el copamiento de los territorios o el intento de cooptación de los Consejos Comunitarios se trata de la sustitución de pobladores, de legítimos habitantes de Territorios Colectivos por pobladores que individualizan la propiedad. Se trata de controlar “progresando”.
En el mediano plazo, se legitimarán y legalizarán las tierras que declararan baldías. Sus legítimos dueños las abandonaron y gracias a las reformas que se encuentran en estudio en el INCODER, en los que se limitaran los derechos consagrados en la Ley 70, se avalarán nuevos mecanismos de posesión, de asociación, de usufructo. Avanza la deforestación ilegal de los restos que aún quedan, los grandes impactos ambientales están posibilitando la extensión de la siembra de palma aceitera y de coca. Mojones de esta siembra ya se encuentran ubicados en el interior del Cacarica entre las dos Zonas Humanitarias, allí han llegado efectivos de la Brigada XVII sin que hayan actuado. La actitud de ceguera institucional es signo de una voluntad, de una decisión política que propiciará nuevos mecanismos de expropiación de los derechos de los afrodescendientes.
Mucho se sigue comprendiendo hoy del Plan Puebla Panamá, del obsesivo interés por abrir el Tapón del Darién. De los seis proyectos de carretera Panamericana entre Colombia y Panamá, cuatro atraviesan el Territorio Colectivo del Cacarica, ellas y ellos, ni las comunidades indígenas han sido consultados, porque ellos no son nada en la lógica del mercado, del progreso, de la ganancia. Se comprende mucho más, el porque es necesario secar la tierra, porque la Palma es parte del circuito de la viabilidad del progreso, teñido de mentira, de sangre, de fuego en los cimientos de la impunidad y del silencio. El Estado existente es de Hecho, no existe el Derecho para quiénes se ofrece una nueva esclavitud o su destierro definitivo.
Bogotá, D.C febrero 14 de 2005
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ