Petrolera niega vínculos con Comandos de la Frontera

Hoy, viernes 8 de enero hacia las 9:40 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá conoció una carta de la empresa Amerisur Exploración Colombia Limitada, filial de la empresa GeoPark Limited sobre el desarrollo de su proyecto PUT-8 norte que se realiza en el departamento del Putumayo. 

En la comunicación dirigida al Ministerio de Minas y Energía, autoridades regionales y locales,  la empresa se refiere a procesos de consulta, a un proceso participativo de 59 reuniones con 1679 personas y diálogos sobre impactos ambientales y sociales en desarrollo del programa de adquisición Sismica Put8 Norte. Este proyecto se realiza en tierras de las comunidades de Belén, Chufiyá, Zamora, Buen Samaritano, Comandante, Baldío pertenecientes a la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica qué tienen una vocación ambiental.

Igualmente, la empresa niega las relaciones con la estructura armada Comandos de La Frontera.

A raíz de nuestro informe del pasado 23 de diciembre ( Le puede interesar: https://www.justiciaypazcolombia.com/petrolera-habria-pagado-a-grupo-armado-para-asegurar-su-operacion-extractiva/).  la empresa asegura que  interpondrá acciones legales contra nuestra organización: Dada la gravedad de las injuriosas acusaciones del artículo de prensa, la Compañía actualmente se encuentra evaluando la adopción de medidas legales”.

En su carta la empresa reconoce  que el municipio de Puerto Asís “sí ha sido sujeto de acciones violentas por parte de estos grupos ilegales que atentan contra la integridad y los derechos humanos de las comunidades, lo cual hemos rechazado en varias ocasiones y continuamos rechazando de manera fehaciente. Apoyamos las medidas que desde el Estado se adopten para proteger la integridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el área, quienes constantemente reciben amenazas“.

Hoy mismo, como lo han observado, organismos Humanitarios internacionales y nacionales de derechos humanos se constatan las operaciones de control militar social de la estructura armada de tipo paramilitar Comandos de la Frontera en medio de zonas militarizadas por la Brigada  XXVII de Selva y  en zonas de presencia de Policía Nacional y lamentablemente, de manera coincidente, en algunas de las comunidades en dónde se desarrolla la operación empresarial.

Hoy siguen las restricciones a la movilidad, las órdenes de guardar silencio frente a sus actuaciones, el reclutamiento con pagos de dos millones de pesos, el desplazamiento silencioso de la población, la compra de tierras y las consecuencias emocionales y desmembramiento organizativo por las falsas acusaciones en contra de las organizaciones comunitarias y sus líderes, y la expresa prohibición de diálogos con organizaciones de derechos humanos.

Los afectados por esta situación de manera directa han reiterado que el grupo armado Comandos de la Frontera en desarrollo de reuniones a las que obligan asistir a los pobladores han manifestado, ellos, no las comunidades ni nuestra organización, que trabajan con la empresa y que los campesinos no se pueden oponer y deben aceptar los ofrecimientos que esta hace. 

Estás operaciones empresariales en condiciones de continuidad del conflicto armado son patentes, afectando las garantías básicas de libre expresión, toma de conciencia y participación.

El control militar de Comandos de Frontera está enfrentado por un frente de las FARC, que nunca se acogió al proceso de paz, situación de disputa que genera zozobra y una crisis humanitaria profunda que se quiere desconocer.

Ni el ejecutivo en cabeza de Iván Duque a quién las comunidades llamaron para avanzar en un Acuerdo Humanitario Global, como lo comprende la Resolución 2356 del Consejo de seguridad, ni el ente de acusación, ni organismos de control han escuchado la necesidad de intervenir para parar la guerra y dialogar sobre el proyecto empresarial conforme a los derechos humanos y el ambiente sano. 

Bogotá D.C., 8 de enero de 2021 

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

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