OTI se pronuncia sobre territorialidad e identidad tribal de afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó.
El 23 de marzo de 2007, nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció la segundo “Observación Individual” de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT en relación con el respeto del convenio 169 en el caso de las comunidades afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó.
El pronunciamiento se produce en momentos en que se persisten las amenazas sobre la población que habita en las Zonas Humanitarias, las Zonas de Biodiversidad por parte de estructuras criminales de tipo paramilitar; se destruyen los signos del derecho a la memoria como el Monumento de Crímenes de Lesa Humanidad y la Comisión Etica y persiste una dinámica de extracción y arrasamiento del Territorio por parte de las empresas palmeras, protegidas por fuerza pública y estructuras paramilitares.
Las comunidades han sido profundamente afectadas desde 1996 hasta hoy por violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos – más de 113 asesinatos y desapariciones forzadas, 13 desplazamientos forzosos por operaciones militares – paramilitares que permitieron la usurpación de su territorio ancestral y la implementación de la siembra extensiva de la palma aceitera y otros agronegocios, en más de 7000 mil hectáreas de tierras.
El pronunciamiento de la Comisión de Expertos respalda las exigencias de los afrodescendientes a la vida digna y al territorio, trasciende los intereses de las comunidades afrocolombianas del Curvaradó y Jiguamiandó, y posibilita a al pueblo negro de Colombia cobijarse con esta decisión en la exigencia de sus derechos reconocidos en el Convenio 169.
Las observaciones afianzan la aplicación del Convenio 169 en Colombia y el papel de la OIT en garantizar su plena y efectiva vigencia en relación con la consideración de los afrocolombianos como pueblos tribales, los derechos ancestrales al Territorio y a la Consulta Previa.
En primer lugar, la Comisión de Expertos de la OIT informa que el Gobierno colombiano reconoció que las comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó están cobijadas por el Convenio 169, lo que permite a esta instancia solicitar al gobierno confirmar la aplicación del Convenio a “la totalidad de las comunidades afrodescendientes reconocidas por la ley 70 de 1993”.
En segundo lugar, en relación a los trámites de delimitación y deslinde que propone el gobierno en los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó, la Comisión de Expertos recuerda al Estado que la protección al territorio no se limitar al área titulada sino a todo el territorio que ha venido ocupando la comunidad ancestralmente.
Insiste en que la ocupación ancestral prima sobre cualquier reconocimiento legal: “el Convenio protege no sólo a las tierras sobre las cuales los pueblos interesados ya tienen título de propiedad sino también a las tierras que tradicionalmente ocupan, y que, en virtud del Convenio, los Gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión (artículo 14, párrafo 2…()… Por lo tanto, la Comisión espera que el Gobierno de plena aplicación a los artículos mencionados en el curso de la delimitación de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades referidas, y solicita la mantenga informada al respecto, en particular sobre la manera en que las comunidades participan en dicho proceso, así como sobre los resultados de las medidas adoptadas para recuperar las tierras indebidamente ocupadas por personas que no pertenezcan a las comunidades”.
En tercer lugar, la Comisión de Expertos insiste en su requerimiento de información sobre las medidas adoptadas para recuperar las tierras indebidamente ocupadas por personas que no pertenezcan a las comunidades.
En efecto, la apropiación de las tierras para la implantación del cultivo extensivo de palma aceitera en el Curvaradó y Jiguamiandó, que ha sido acompañado de violaciones a los derechos humanos y de daños ambientales, ha impedido el regreso de estos pueblos tribales a sus tierras, en violación del artículo 18 del Convenio 169 según el cual el gobierno debe adoptar medidas “contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos”.
Y finalmente, la Comisión de Expertos recuerda al gobierno la necesidad de consultar a las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó, “acerca de los permisos, concesiones o autorizaciones a los que hace referencia así como acerca de aquellos que autoricen realizar proyectos de ganadería, deforestación o extracción de madera, teniendo en cuenta el procedimiento establecido en el artículo 6, para determinar si sus intereses serán perjudicados y en qué medida, tal como lo determina el artículo 15, párrafo 2”.
Este aspecto es sustancial en relación con la siembra ilegal de palma y se hace extensivo a la explotación proyectada sobre el cerro Cara de Perro en el Jiguamiandó que afecta a pueblos originarios indígenas y afrodescendientes.
La comisión expresa, también, el conocimiento que tiene de las pretensiones gubernamentales de modificar diferentes artículos de la ley 70 e invita al Gobierno “a desarrollar consultas con la totalidad de los pueblos interesados en el proceso de reglamentación de la ley núm. 70, independientemente de cualquier otra circunstancia, como por ejemplo la titularidad sobre las tierras que ocupan tradicionalmente o el haber conformado su consejo comunitario.” A su vez de manera expresa solicita se le mantenga informada sobre los progresos en la información requerida”.
El pronunciamiento, a su vez, presenta observaciones sobre el caso de los pueblos indígenas Uwas en el que se destaca que: se ha usado repetidamente la fuerza contra el pueblo indígena por parte de las fuerzas militares y policiales del Gobierno». “La Comisión señala que debido a la falta de confianza la asistencia se debería dar a lo largo de un proceso y que una mera reunión no sería suficiente”.
Adjuntamos el texto en español, ingles y francés.
CEACR: Observación individual sobre el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) Colombia (ratificación: 1991) Publicación: 2007
Descripción:(CEACR Observación individual)
Convenio:C169
País:(Colombia)
Sujeto: Pueblos indígenas y tribales
Visualizar el documento en: Ingles Frances
Document No. (ilolex): 062007COL169
1. En 2005, la Comisión tomó nota de la comunicación de la Unión Sindical Obrera (USO) recibida el 31 de agosto de ese año y enviada al Gobierno el 7 de septiembre de 2005 referida a la situación de las comunidades afrodescendientes de Curbaradó y Jiguamiandó y notó que no se habían recibido las observaciones del Gobierno a esos comentarios.
En sus comentarios de ese año, la Comisión solicitó al Gobierno y al sindicato que confirmaran si las mencionadas comunidades se autoidentifican como comunidades tribales en el sentido del artículo 1, 1, a), del Convenio a los efectos de determinar si las mismas se encuentran cubiertas por el mismo.
Este año, la Comisión toma nota de los comentarios de la USO recibidos el 31 de agosto y el 27 de septiembre de 2006 enviados al Gobierno el 3 de octubre de 2006, así como de la información suministrada por el Gobierno sobre el estado de la consulta con el pueblo U’wa, recibida el 3 de octubre de 2006 y de su memoria recibida el 15 de noviembre de 2006. Debido a la llegada tardía de los comentarios del Sindicato y de la memoria del Gobierno, en relación con la situación de las comunidades afrodescendientes de Curbaradó y Jiguamiandó, la Comisión sólo examinó los comentarios a la cuestión planteada sobre el campo de aplicación personal del Convenio, sobre la que había solicitado mayor información al sindicato y al Gobierno, y las consecuencias directas de la definición de dicho planteo, y examinará las demás cuestiones en sus próximos comentarios.
Comunidades afrodescendientes de Curbaradó y Jiguamiandó
2. Artículo 1 del Convenio. Campo de aplicación personal.
En 2005, la Comisión consideró que, a la luz de los elementos proporcionados por la USO, las comunidades negras de Curbaradó y Jiguamiandó parecían reunir los requisitos establecidos por el artículo 1, 1, a), del Convenio según el cual se aplica: «a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial». Consideró también que según las informaciones proporcionadas en la comunicación, indicando que los representantes de los consejos comunitarios de Curbaradó y Jiguamiandó habían participado en la elaboración de la comunicación, parecería que las comunidades, al solicitar que se les aplique el Convenio, tienen conciencia de su identidad tribal. Además, notó que la definición de «comunidad negra» desarrollada por la ley núm. 70 parecía coincidir con la definición de pueblos tribales del Convenio.
En consecuencia, solicitó al Gobierno y a la USO que confirmen si estas comunidades se autoidentifican como comunidades tribales en el sentido del artículo 1, 1, a) y al Gobierno que, en caso de considerar que estas comunidades no constituyen pueblos tribales en el sentido del Convenio, exprese sus motivos. La Comisión toma nota que la USO confirmó lo solicitado, y asimismo toma nota con satisfacción que el Gobierno indica que las comunidades afrodescendientes de Curbaradó y Jiguamiandó se encuentran cubiertas por el Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que confirme si este reconocimiento alcanza a la totalidad de las comunidades afrodescendientes reconocidas por la ley núm. 70 de 1993.
Tierras y recursos naturales
3. En sus comentarios de 2005, la Comisión además tomó nota que la comunicación indicaba que desde el año 2001 la perpetración de violaciones de derechos humanos contra estas comunidades ha estado relacionada con el avance de cultivos extensivos de palma aceitera o palma africana y de proyectos de ganadería, los cuales se habían desarrollado pese a la existencia de títulos colectivos sobre estos territorios, y que el despojo de las tierras de estas comunidades se había realizado también «por medio de acciones jurídicas ilegales de las empresas palmicultoras mediante, entre otros, la celebración de contratos violatorios de la ley núm. 70, la suplantación personal, la falsedad, la creación de figuras jurídicas para hacer aparecer el aval de estas comunidades, la suplantación de cargos de los representantes de las comunidades debidamente reconocidos e inscritos, los acuerdos para la implementación de los cultivos facilitados por funcionarios públicos miembros de las fuerzas militares, la coacción y la amenaza directa a los pobladores que en muchas ocasiones se ven obligados a vender sus propiedades por temor o por no existir opción distinta que los beneficie», indicando que los efectos de la deforestación intensiva para el cultivo de la palma africana y la ganadería han generado un daño social y ambiental devastador.
Tomó nota también que, según el sindicato, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) en noviembre de 2004 estimaba en 4.993 has el área intervenida con cultivos de palma en los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curbaradó y que 810 ha. se encontraban intervenidas con ganadería y que el 93 por ciento de las áreas sembradas con cultivos de palma se encontraban en los territorios colectivos y el 7 por ciento restantes en predios de propiedad privada adjudicados por el Instituto Colombiano de la
Reforma Agraria (INCORA) antes de la vigencia de la ley núm. 70.
4. En relación con lo planteado en el párrafo anterior, la Comisión indicó en sus precedentes comentarios que si se confirmaba que estas comunidades están cubiertas por el Convenio, correspondía aplicar los artículos 6, 7 y 15 sobre consulta y recursos naturales y los artículos 13 a 19 sobre tierras. En particular, la Comisión se refirió al derecho de estos pueblos de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación (artículo 16, 3, del Convenio) y a las medidas previstas por el Gobierno contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos (artículo 18 del Convenio).
5. Tierras. La Comisión toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno para delimitar o deslindar territorios colectivos de las comunidades de los consejos comunitarios de Jiguamiandó y Curbaradó, propendiendo especialmente a la recuperación de las tierras indebidamente ocupadas, por medio de la revisión de títulos o derechos otorgados ilegalmente. En particular, toma nota que el Consejo de Estado determinó la validez de los títulos otorgados por el INCORA inscritos en las Oficinas de Registros de Instrumentos Públicos «con anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo de fijación en lista de la solicitud de titulación colectiva a favor de las comunidades negras». Sírvase brindar más precisiones y las consecuencias de
esta decisión.
La Comisión recuerda que el Convenio protege no sólo a las tierras sobre las cuales los pueblos interesados ya tienen título de propiedad sino también a las tierras que tradicionalmente ocupan, y que, en virtud del Convenio, los Gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión (artículo 14, párrafo 2).
En este sentido, las disposiciones que tratan de la cuestión de las tierras en el Convenio, y más concretamente los artículos 13 y 14, deben ser interpretadas en el contexto de la política general expresada en el artículo 2, párrafo 1, según el cual los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. Dichas disposiciones además deben articularse en la práctica con la implementación de los procesos de consulta con los pueblos interesados del artículo 6.
Por lo tanto, la Comisión espera que el Gobierno dé plena aplicación a los artículos mencionados en el curso de la delimitación de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades referidas, y solicita la mantenga informada al respecto, en particular sobre la manera en que las comunidades participan en dicho proceso, así como sobre los resultados de las medidas adoptadas para recuperar las tierras indebidamente ocupadas por personas que no pertenezcan a las comunidades.
6. La Comisión toma nota con interés de la resolución núm. 0482 de fecha 18 de abril de 2005 de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible de Chocó que ordenó la «suspensión de todo tipo de actividades realizadas con el fin de establecer cultivos de palma africana o aceitera dentro de la jurisdicción del departamento de Chocó (…) y de manera específica las áreas tituladas colectivamente a las comunidades de Jiguamiandó y Curbaradó (…) realizadas sin el respectivo permiso, concesión o autorización expedidos por la primera autoridad ambiental regional – CODECHOCO».
La Comisión recuerda que el artículo 15, párrafo 2, dispone que «los Gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de exploración o explotación de los recursos existentes en sus tierras».
Por lo tanto, la Comisión invita al Gobierno a desarrollar consultas con los pueblos interesados acerca de los permisos, concesiones o autorizaciones a los que hace referencia así como acerca de aquellos que autoricen realizar proyectos de ganadería, deforestación o extracción de madera, teniendo en cuenta el procedimiento establecido en el artículo 6, para determinar si sus intereses serán perjudicados y en qué medida, tal como lo determina el artículo 15, párrafo 2, y confía que hará todo lo posible por llevar a cabo los estudios previstos en el artículo 7 en cooperación con los pueblos interesados.
La Comisión invita asimismo al Gobierno a examinar la posibilidad de poner la legislación vigente en la materia en conformidad con el Convenio y a proporcionar informaciones detalladas sobre el caso con la próxima memoria.
7. Consulta. La Comisión toma nota que el Gobierno ha iniciado un proceso para avanzar en la reglamentación de distintos títulos de la ley núm. 70 de 1993 con la participación de representantes de los consejos comunitarios poseedores de títulos colectivos. La Comisión recuerda que las disposiciones del Convenio, entre ellas el artículo 6, son aplicables a los pueblos indígenas y tribales según lo define el artículo 1. Por lo tanto, la Comisión invita al Gobierno a desarrollar consultas con la totalidad de los pueblos interesados en el proceso de reglamentación de la ley núm. 70, independientemente de cualquier otra circunstancia, como por ejemplo la titularidad sobre las tierras que ocupan tradicionalmente o el haber conformado su consejo comunitario. Sírvase mantenerla informada al respecto y sobre los progresos alcanzados en la reglamentación referida.
Pueblo U’wa
8. Artículos 6 y 15, párrafo 2. La Comisión toma nota del «Informe sobre la implementación de la Consulta previa al Pueblo U’wa» realizado por la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y Justicia de Colombia, del que surgen las medidas adoptadas por el Gobierno y ECOPETROL S.A. con el objeto de implementar el proceso de consulta previa con, por un lado, la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del Departamento de Arauca – ASCATIDAR -, y, por otro, la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales U’wa – ASOU’WA – .
Toma nota de las dificultades que se han presentado en ambos casos para establecer y mantener un diálogo constructivo entre el Gobierno y los pueblos afectados en la adopción de decisiones, y que se trata de un proceso que lleva 14 años de duración en los que incluso hubo hechos violentos contra la comunidad U’wa. La Comisión recuerda que es consustancial a toda consulta la instauración de un clima de confianza mutua, pero más aún con relación a los pueblos indígenas y tribales, por la desconfianza hacia las instituciones del Estado y sentimiento de marginación que encuentran sus raíces en realidades históricas sumamente antiguas y complejas, y que no terminan de superarse aún.
Por lo tanto, considerando que el Gobierno había solicitado la asistencia técnica de la Oficina para facilitar la consulta con el Pueblo U’wa dentro del marco de las recomendaciones formuladas por un comité tripartito que examinó una reclamación y cuyo informe fue adoptado por el Consejo de Administración en su 282.ª reunión (noviembre de 2001), la Comisión nota que la Oficina reiteró su mejor disposición para contribuir a una mejor aplicación de las recomendaciones de los órganos de control y espera que con la asistencia técnica de la Oficina se pueda construir la confianza indispensable para poder llevar a cabo la consulta.
Además de los 14 años transcurridos, la Comisión recuerda que en el párrafo 92 del informe sobre la reclamación referida el Comité expresó «su preocupación con las informaciones de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) así como de otras fuentes fiables, manifestando la repetida utilización de fuerza contra la comunidad U’wa por parte de las fuerzas militares y policiales del Gobierno». La Comisión señala que debido a la falta de confianza la asistencia se debería dar a lo largo de un proceso y que una mera reunión no sería suficiente. La Comisión invita al Gobierno a aceptar la asistencia técnica de la Oficina y queda a la espera de informaciones sobre el curso que dé el Gobierno a este comentario.
CEACR: Individual Observation concerning Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) Colombia (ratification: 1991) Published: 2007
Description:(CEACR Individual Observation)
Convention:C169
Country:(Colombia)
1. In 2005, the Committee took note of a communication from the Workers’ Trade Union Confederation (USO), received on 31 August 2005 and sent to the Government on 7 September 2005, concerning the situation of the Curbaradó and Jiguamiandó, which are communities of African extraction. The Committee noted that the Government had not replied to the USO’s observations. It also asked the Government and the USO to specify whether the abovementioned communities identify themselves as tribal communities within the meaning of Article 1, paragraph 1(a), of the Convention for the purpose of determining whether they are covered by the Convention. The Committee notes that this year, the USO sent observations which were received on 31 August and 27 September and sent to the Government on 3 October 2006. It also notes the information sent by the Government on the status of consultations with the U’wa people, received on 3 October 2006 and the Government’s report, received on 15 November 2006. In view of the late arrival of the USO’s observations and the Government’s report, as far as the situation of the Curbaradó and Jiguamiandó communities is concerned the Committee has examined only those comments that address the matter of the coverage of the Convention on which it requested further information from the USO and from the Government, and the direct consequences of the definition of these peoples. It will examine the other matters in its future comments.
Communities of African extraction: the Curbaradó and Jiguamiandó
2. Article 1 of the Convention. Coverage. In 2005, the Committee expressed the view that in the light of the information sent by the USO, the black communities of Curbaradó and Jiguamiandó appeared to fulfil the requirements set in Article 1, paragraph 1(a), of the Convention, according to which the Convention applies to “tribal peoples in independent countries whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations”. Furthermore, from the information provided in the communication, the representatives of the community councils of the Curbaradó and the Jiguamiandó had participated in preparing the USO’s observations, and it appeared that in seeking application of the Convention to their communities, these peoples identify themselves as being tribal. The Committee further noted that the definition of “black community” in Act No. 70 appeared to coincide with the definition of tribal peoples in the Convention. It accordingly asked the Government and the USO to specify whether these communities identify themselves as tribal within the meaning of Article 1, paragraph 1(a), and requested the Government to give its reasons if it deems that these communities are not tribal peoples within the meaning of the Convention. The Committee notes that the USO confirmed that the communities identify themselves as tribal. It also notes with satisfaction the Government’s statement that the Curbaradó and Jiguamiandó communities, which are of African extraction, are covered by the Convention. The Committee requests the Government to state whether all the communities of African extraction recognized by Act No. 70 of 1993 are covered by the Convention.
Lands and natural resources
3. In its comments of 2005, the Committee noted that, according to the USO, since 2001 rights abuses against these communities have been related to the extensive cultivation of oil palms and African palms, and stock-raising projects, which have been undertaken despite the existence of collective title to these lands; and that the “dispossession of the lands of these communities has also been achieved through unlawful legal acts by palm-growing enterprises by means, among others, of the conclusion of contracts in violation of Act No. 70, fraudulent misrepresentation, deceit, the drawing up of legal acts which purportedly give the approval of these communities, the misrepresentation of the functions of duly recognized and registered representatives of the communities, agreements for the establishment of agricultural undertakings facilitated by public officials who are members of the armed forces, coercion and direct threats against occupants, who are frequently compelled to sell their property through fear or the absence of any other beneficial option”. The USO referred to intensive deforestation for the cultivation of African palms and stock-raising, observing that these have given rise to devastating social and environmental damage. It also reported that the Colombian Rural
Development Institute (INCODER) estimated that 4,993 hectares of the collective lands of the Curbaradó and the Jiguamiandó had been taken over for palm cultivation; that 810 hectares were used for stock-raising; that 93 per cent of the area under palm cultivation was located in their collective lands, and the remaining 7 per cent consisted of private property, awarded by the
Colombian Agrarian Reform Institute (INCORA) before Act No. 70 took effect.
4. In its comments on these matters, the Committee observed that if it was confirmed that these communities are covered by the Convention, Articles 6, 7 and 15 (consultations and natural resources) and Articles 13 to 19 (land) should apply. The Committee referred in particular to the right of these peoples to return to their traditional lands as soon as the grounds for relocation and transfer ceased to exist (Article 16, paragraph 3), and to the measures envisaged by the Government against any unauthorized intrusion in the lands of the peoples concerned for any unauthorized use by persons alien to them (Article 18).
5. Lands. The Committee notes the measures taken by the Government to demarcate collective territories of the community councils of Jiguamiandó and Curbaradó, which aim in particular at recovering lands improperly occupied by reviewing unlawfully granted titles or rights. It notes in particular that the State Council determined the validity of titles granted by INCORA registered in the public deeds registry offices “prior to the deadline for submission of the application for collective title for the black communities”. Please provide further details and indicate the consequences of this decision. The Committee points out that the Convention protects not only lands that the peoples concerned already own but also lands that they traditionally occupy;
and that according to the Convention, governments must take the necessary steps to determine the lands which the peoples concerned occupy traditionally and to guarantee effective protection of their rights of ownership and possession (Article 14, paragraph 2).
The provisions of the Convention that address land issues, more specifically Articles 13 and 14, must be construed in the context of the general policy referred to in Article 2, paragraph 1, namely that governments shall have the responsibility for developing, with the participation of the peoples concerned, coordinated and systematic action to protect the rights of these peoples and to guarantee respect for their integrity. In practice, these provisions must be implemented in parallel with those on consultation set forth in Article 6. Consequently, the Committee hopes that the Government will give full effect to the abovementioned Articles in demarcating lands traditionally occupied by the abovementioned communities. It asks the Government to keep it informed regarding this matter, indicating in particular the manner in which the communities participate in this process and giving particulars of the results of the measures adopted to recover the lands improperly occupied by individuals who are not members of the communities.
6. The Committee notes with interest Decision No. 0482 of 18 April 2005 by the Regional Autonomous Corporation for the Sustainable Development of Chocó ordering the “suspension of all activities carried on for the purpose of establishing the cultivation of either the African palm or the oil palm within the jurisdiction of the Department of Chocó (…) specifically in the areas over which the Jiguamiandó and Curbaradó communities have collective title (…), without the appropriate authorization or concession granted by the primary regional environmental authority – CODECHOCO”. The Committee points out that according to Article 15, paragraph 2, “governments shall establish or maintain procedures through which they shall consult these peoples, with a view to ascertaining whether and to what degree their interests would be prejudiced, before undertaking or permitting any programmes for the exploration or exploitation of such resources pertaining to their lands”.
The Committee accordingly asks the Government to carry out consultations with the peoples concerned regarding the authorizations or concessions mentioned above and those for stock-raising, deforestation or logging projects, having regard to the procedure established in Article 6, to determine whether and to what extent the peoples’ interests would be prejudiced, as required by Article 15, paragraph 2. It trusts that the Government will do its utmost to carry out the studies provided for in Article 7 in cooperation with the peoples concerned. It also invites the Government to examine the possibility of bringing the relevant legislation into conformity with the Convention, and to provide detailed information on this matter in its next report.
7. Consultations. The Committee notes that the Government has initiated a process to move forward the regulation of various titles pursuant to Act No. 70 of 1993, with the participation of representatives of the community councils that hold collective titles. The Committee points out that the provisions of the Convention, including Article 6, apply to indigenous and tribal peoples as defined in Article 1. The Committee, therefore, asks the Government to undertake consultations with all the peoples involved in the process to adopt regulations with regard to regulate Act No. 70, without imposing any requirements such as ownership of the lands they traditionally occupy or membership of the community council. Please keep the Committee informed regarding this matter and on any progress made in the regulation process.
The U’wa people
8. Articles 6 and 15, paragraph 2. The Committee notes the “Report on the Prior Consultation of the U’wa People” produced by the Directorate of Ethnic Groups of the Ministry of the Interior and Justice. The report indicates the measures taken by the Government and ECOPETROL S.A. for the purpose of holding prior consultations with the Association of Indigenous Councils and Traditional Authorities of the Department of Arauca – ASCATIDAR – and the Association of U’wa Councils and Traditional Authorities – ASOU’WA. The Committee notes that in both cases there have been difficulties in establishing and maintaining a constructive dialogue between the Government and the peoples concerned in adopting decisions and that the process has been going on for 14 years during which acts of violence have been committed against the U’wa community.
The Committee points out that a climate of mutual trust is essential to any consultations and particularly in the present context where indigenous and tribal peoples mistrust state institutions and feel marginalized, due to complex realities that go back a very long way and which have yet to be overcome. Accordingly, bearing in mind that the Government requested technical assistance from the Office to facilitate consultations with the U’wa people pursuant to recommendations made in the report of the tripartite committee set up to examine a representation which the Governing Body adopted at its 282nd Session (November 2001), the Committee notes that the Office has again stated its readiness to help Colombia to give better effect to the recommendations of the supervisory bodies.
The Committee hopes that, with the technical assistance of the Office, it will be possible to instil the necessary trust to facilitate consultations. It recalls that,
14 years having gone by, the committee set up to examine the representation expressed concern in its report “at the information received from the Central Unitary Workers’ Union (CUT) and other reliable sources suggesting the repeated use of force against the U’wa community by government soldiers and police” (paragraph 92). The Committee points out that given the lack of trust, such assistance ought to take place as part of a process and that a simple meeting would not suffice. The Committee invites the Government to accept the technical assistance of the Office and hopes that it will provide information on the follow-up to the present comment.
CEACR: Observation individuelle concernant la Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 Colombie (ratification: 1991) Publication: 2007
Description:(CEACR Observation individuelle)
Convention:C169
Pays:(Colombie)
1. En 2005, la commission avait pris note de la communication de l’Union syndicale ouvrière (USO), reçue le 31 août 2005 et adressée au gouvernement le 7 septembre 2005. La communication portait sur la situation des communautés de descendants d’Africains de Curbaradó et de Jiguamiandó. La commission avait noté que les observations du gouvernement au sujet de ces commentaires n’avaient pas été reçues. Dans ses commentaires de 2005, la commission avait demandé au gouvernement et à l’USO de confirmer que ces communautés s’identifient comme des peuples tribaux au sens de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, afin de déterminer si ces communautés relèvent du champ d’application de la convention.
La commission prend note des commentaires de l’USO, reçus les 31 août et 27 septembre 2006, qui ont été adressés au gouvernement le 3 octobre 2006, ainsi que des informations concernant l’état des consultations engagées avec le peuple U’wa, reçues le 3 octobre 2006, du gouvernement et de son rapport qui a été reçu le 15 novembre 2006. En raison de la réception tardive des commentaires de l’USO et du rapport du gouvernement au sujet de la situation des communautés susmentionnées, la commission n’a examiné que les réponses relatives au champ d’application de la convention, point sur lequel elle avait demandé de plus amples informations à l’USO et au gouvernement, et les conséquences directes de la définition de ce point. La commission examinera les autres questions dans ses prochains commentaires.
Communautés de descendants d’Africains de Curbaradó et de Jiguamiandó
2. Article 1 de la convention. Champ d’application personnel. En 2005, la commission avait estimé, à la lumière des informations fournies par l’USO, que les communautés noires de Curbaradó et de Jiguamiandó semblent réunir les conditions requises à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, lequel s’applique «aux peuples tribaux dans les pays indépendants qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques, et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale».
Elle avait aussi estimé que, selon les informations fournies dans la communication, qui indiquent que les représentants des conseils communautaires de Curbaradó et de Jiguamiandó ont participé à l’élaboration de la communication, il semblerait que ces communautés, parce qu’elles demandent que la convention s’applique à elles, ont conscience de leur identité tribale. De plus, elle avait noté que la définition de «communauté noire» qui figure dans la loi no 70 semblait coïncider avec la définition de «peuples tribaux» de la convention. La commission avait donc demandé au gouvernement et à l’USO de confirmer que ces communautés se considèrent comme des peuples tribaux au sens de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission avait aussi demandé au gouvernement, dans le cas où il considérerait que ces communautés ne constituent pas des peuples tribaux au sens de la convention, d’expliquer ses motifs. La commission note que l’USO a confirmé ce point, et note aussi avec satisfaction que le gouvernement indique que les communautés de descendants africains de Curbaradó et de Jiguamiandó sont couvertes par la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si cette reconnaissance concerne l’ensemble des communautés de descendants d’Africains qui sont couvertes par la loi no 70 de 1993.
Terres et ressources naturelles
3. Dans ses commentaires de 2005, la commission avait noté que l’USO indiquait que, depuis 2001, les violations des droits fondamentaux de ces communautés sont liées à l’expansion de cultures extensives de la palme à huile ou de la palme africaine, et à celle de l’élevage, malgré l’existence de titres collectifs qui portent sur ces territoires. De plus, ces communautés avaient été privées de leurs terres à la suite d’initiatives illicites des entreprises qui cultivent la palme – entre autres, conclusion de contrats non conformes à la loi no 70, usurpations d’identité, faux, créations de figures juridiques pour faire croire que ces communautés avaient donné leur aval, usurpation de fonctions des représentants des communautés dûment reconnus et inscrits, accords en vue de la culture de terres octroyés par des fonctionnaires membres des forces armées, coercition et menaces directes à l’encontre des habitants qui, souvent, sont obligés de vendre leurs propriétés, sous la menace ou en l’absence d’autres possibilités pour eux.
Les commentaires indiquaient aussi que la déforestation intensive aux fins de la culture de la palme africaine et de l’élevage a eu des conséquences sociales et écologiques dévastatrices. Selon le syndicat, l’Institut colombien du développement rural (INCODER), en novembre 2004, estimait à 4 993 hectares la surface des cultures de palme dans les territoires collectifs de Jiguamiandó et de Curbaradó. Il estimait aussi que l’élevage était pratiqué sur 810 hectares, que 93 pour cent des terres consacrées à la culture de la palme se trouvaient sur les territoires collectifs, et que le reste se trouvait sur des terres privées que l’Institut colombien de la réforme agraire (INCORA) avait attribuées avant l’entrée en vigueur de la loi no 70.
4. A propos du paragraphe précédent, la commission avait indiqué dans ses commentaires que, s’il est confirmé que ces communautés sont couvertes par la convention, il convient d’appliquer les articles 6, 7 et 15 sur la consultation et les ressources naturelles, et les articles 13 à 19 sur les terres. En particulier, la commission se réfère aux droits qu’ont ces peuples de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d’exister (article 16, paragraphe 3, de la convention), et aux mesures prévues par le gouvernement en cas d’entrée non autorisée sur les terres des peuples intéressés, ou de toute utilisation non autorisée de ces terres par des personnes qui y sont étrangères (article 18 de la convention).
5. Terres. La commission prend note des mesures que le gouvernement a prises pour délimiter ou déterminer les territoires collectifs des communautés des conseils communautaires de Jiguamiandó et de Curbaradó, mesures qui sont destinées en particulier à récupérer les terres indûment occupées, en réexaminant les titres ou les droits concédés illicitement. En particulier, la commission note que le Conseil d’Etat a jugé valables les titres octroyés par l’INCORA qui ont été enregistrés dans les Bureaux des registres d’instruments publics avant l’échéance du délai prévu pour l’inscription des demandes de titres collectifs en faveur des communautés noires. Prière de donner de plus amples informations sur les conséquences de cette décision.
La commission rappelle que la convention protège non seulement les terres sur lesquelles les peuples intéressés possèdent déjà un titre de propriété, mais aussi les terres qu’ils occupent traditionnellement. En vertu de la convention, les gouvernements doivent prendre les mesures nécessaires pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession (article 14, paragraphe 2). En ce sens, les dispositions de la convention qui portent sur la question des terres, et plus concrètement les articles 13 et 14, doivent être interprétées en tenant compte de la politique générale dont il est question à l’article 2, paragraphe 1, à savoir qu’il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité.
En outre, ces dispositions doivent être reliées dans la pratique à la mise en œuvre des procédures de consultation des peuples intéressés, procédures dont il est question à l’article 6. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement veillera à la pleine application des articles susmentionnés au moment de délimiter les terres occupées traditionnellement par les communautés en question. La commission lui demande de la tenir informée à cet égard, en particulier sur la façon dont les communautés participent à cette procédure, et sur les résultats des mesures qui ont été prises pour récupérer les terres indûment occupées par des personnes qui n’appartiennent pas aux communautés.
6. La commission prend note avec intérêt de la résolution no 0482, en date du 18 avril 2005, de la Corporation autonome régionale pour le développement durable de Chocó, qui ordonne la suspension de tout type d’activités menées pour cultiver la palme africaine ou la palme à huile dans la juridiction du département de Chocó …, et en particulier sur les terres pour lesquelles les communautés de Jiguamiandó et de Curbaradó ont des titres de propriété collectifs …, sans le permis, la concession ou l’autorisation de la première autorité environnementale régionale – CODECHOCO. La commission rappelle que l’article 15, paragraphe 2, de la convention dispose que «les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres».
Par conséquent, la commission invite le gouvernement à consulter les peuples intéressés au sujet des permis, concessions ou autorisations dont il est question, et au sujet des permis, concessions ou autorisations qui portent sur des activités d’élevage, de déforestation ou d’extraction de bois, en tenant compte de la procédure établie à l’article 6, afin de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés, comme le prévoit l’article 15, paragraphe 2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour mener à bien les études prévues à l’article 7, en coopération avec les peuples intéressés. La commission invite aussi le gouvernement à envisager la possibilité d’aligner la législation dans ce domaine sur la convention, et à fournir des informations détaillées sur ce sujet avec son prochain rapport.
7. Consultation. La commission note que le gouvernement a entamé un processus pour avancer dans la réglementation de plusieurs titres de la loi no 70 de 1993, avec la participation de représentants des conseils communautaires qui sont en possession de titres collectifs. La commission rappelle que les dispositions de la convention, dont l’article 6, sont applicables aux peuples indigènes et tribaux tels que définis à l’article 1. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à mener des consultations avec l’ensemble des peuples intéressés dans le cadre de l’élaboration des règlements d’application de la loi no 70, quel que soit par exemple le titulaire du titre de propriété des terres qu’ils occupent traditionnellement ou le fait qu’ils ont constitué un conseil communautaire. La commission demande au gouvernement de l’informer sur ce point et sur les progrès réalisés en ce qui concerne la réglementation susmentionnée.
Peuple U’wa
8. Articles 6 et 15, paragraphe 2. La commission prend note du rapport sur la consultation préalable du peuple U’wa. Ce rapport, élaboré par la Direction des ethnies du ministère de l’Intérieur et de la Justice, indique les mesures prises par le gouvernement et ECOPETROL S.A. pour consulter préalablement, d’une part, l’Association des autorités et conseils traditionnels indigènes du département d’Arauca (ASCATIDAR) et, d’autre part, l’Association des autorités et conseils traditionnels U’wa (ASOU’WA).
La commission prend note des difficultés qu’il y a eu dans les deux cas pour instaurer et poursuivre un dialogue constructif entre le gouvernement et les peuples intéressés en ce qui concerne l’adoption de décisions, et constate que ce processus dure depuis quatorze ans, pendant lesquels des violences ont été commises à l’égard de la communauté U’wa. Elle rappelle qu’il faut pour toute consultation un climat de confiance mutuelle, et plus encore dans le cas des peuples indigènes et tribaux, étant donné la méfiance qu’ils nourrissent à l’égard des institutions de l’Etat et leur sentiment de marginalisation qui sont dus à des réalités historiques très anciennes et très complexes et qui n’ont pas encore été surmontés.
Par conséquent, étant donné que le gouvernement avait demandé l’assistance technique du Bureau pour faciliter la consultation du peuple U’wa, dans le cadre des recommandations formulées par le comité tripartite chargé d’examiner une réclamation, et dont le rapport a été approuvé par le Conseil d’administration à sa 282e session (novembre 2001), la commission note que le Bureau réaffirme qu’il est prêt à contribuer à une meilleure application des recommandations des organes de contrôle. Elle exprime l’espoir qu’avec l’assistance technique du Bureau il sera possible d’instaurer la confiance nécessaire pour l’aboutissement des consultations. La commission rappelle, outre les quatorze années écoulées, que le comité constitué pour examiner la réclamation exprimait, au paragraphe 92 de son rapport, «sa préoccupation devant les informations émanant de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) ainsi que d’autres sources fiables, faisant état de recours répétés à la force par les forces armées et par les forces de police du gouvernement contre la communauté U’wa».
La commission signale que, en raison de l’absence de confiance, l’assistance devrait revêtir la forme d’un processus et qu’une simple réunion ne saurait suffire. La commission invite le gouvernement à accepter l’assistance technique du Bureau et espère que le gouvernement donnera des informations sur les suites données à ces commentaires.