No más persecución, los estudiantes y profesores, no somos terroristas

No cesa la persecución al ejercicio de la libre expresión, el derecho a asociación y el pensamiento crítico o de solidaridad contra el movimiento estudiantil.

La política de seguridad que permea la lógica de “investigación”, casería de brujas, de sectores de la Fiscalía General de la Nación, hoy está penalizando el pensamiento crítico, las propuestas creativas de miles de jóvenes que hablan de otro país, el de las realidades de la injusticia y la esperanza. El pretexto de la persecución a lo que el Estado concibe como terrorismo, desnaturalizando el derecho, hoy posibilita la estigmatización y los montajes contra el sector universitario
Invitamos a la solidaridad con el movimiento estudiantil colombiano.

Bogotá, D.C. Noviembre 12 de 2008

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Hoy no cabe duda que el gobierno nacional considera a la Universidad en su conjunto un peligro inminente y que más de ciento cincuenta mil estudiantes y profesores de universidades públicas y privadas resultan ser presuntos delincuentes y terroristas tan sólo por el hecho de estudiar y trabajar en las instituciones de educación superior. De otra manera no se explica la investigación de las bases de datos de todos los estudiantes y profesores que desde el año 1992 han estado vinculados con las universidades Nacional, Distrital, Pedagógica, Libre, Autónoma y el SENA, realizada a solicitud del fiscal especializado de la unidad antiterrorista Jorge Iván Piedrahita Montoya, en el marco de los procesos que se llevan a cabo en contra de la comunidad universitaria.

Este nuevo acto de persecución, además de constituir una crasa violación al derecho a la intimidad, la autonomía universitaria, al buen nombre e integridad de la comunidad universitaria colombiana, pero sobre todo a la opinión crítica y autónoma que le es inherente a cualquier universidad en un Estado que se proclame democrático, esclarece aún más la estrategia de persecución y estigmatización en contra de la comunidad universitaria y particularmente del estudiantado que con decisión se ha movilizado por sus derechos y la defensa de la educación pública, oponiéndose así al gobierno nacional. Al interior de las instituciones de educación superior se vive hoy un ambiente de persecución por cuenta de las acciones y declaraciones de funcionarios del gobierno nacional, la ejecución de procesos disciplinarios internos en contra de dirigentes estudiantiles y la continua aparición de amenazas de muerte firmadas a nombre de grupos paramilitares.

Las acciones de la principal entidad de investigación judicial del país en contra de los universitarios y la idea misma de Universidad, evidencia la intención del gobierno nacional de hacer de los estudiantes y profesores críticos sus próximos falsos positivos, convirtiéndolos en nueva cortina de humo para intentar disuadir a la opinión nacional e internacional frente a sus cuestionamientos a las sistemáticas violaciones de derechos humanos efectuadas por la fuerza pública colombiana, así como al avance de las investigaciones sobre las alianzas con el paramilitarismo y el narcotráfico, centrándose en un supuesto nuevo éxito del gobierno nacional en contra de universitarios cuyas armas son la academia, la opinión crítica y el sueño de una mejor Universidad y un mejor país.

En este ataque frontal han participado personas de dudoso comportamiento como la senadora Gina Parody, quién animada por su deseo de llegar a la alcaldía de Bogotá decidió escoger a los estudiantes como trampolín mediático, realizando afirmaciones descontextualizadas e irresponsables sobre hechos al interior de los claustros universitarios, pero sin denunciar nunca la privatización en general de la educación pública o la presencia de paramilitares en los cuerpos directivos en varias universidades regionales y dejando de asistir al debate organizado por el rector de la Universidad Distrital para discutir franca y abiertamente los hechos que con tanto bombo había “denunciado” la senadora. Así mismo esta estrategia tuvo como protagonista a la ex directora del DAS quién señaló de manera temeraria a nuestra organización y tuvo que dejar su cargo después que conocerse que dicha entidad había ordenado la persecución de todos los miembros del Polo Democrático Alternativo. Ahora entra en la escena el fiscal Jorge Iván Piedrahita, denunciado en 2005 por ejercer presión sobre miembros de la Unión Patriótica de Cabrera, Cundinamarca para que declararan en contra de otros militantes de esa organización y por múltiples escándalos cuando dirigía investigaciones en Soacha; este personaje que en sus funciones de fiscal seccional de Fusagasugá se acostumbró a participar en registros domiciliarios uniformado con prendas militares y portando armas como pistolas y subametralladoras, ahora ve en todos los universitarios un potencial terrorista.

En las bases de datos y demás información solicitada por la Fiscalía se encuentran la hoja de vida, la información familiar, la historia clínica, el lugar de residencia, el número telefónico y hasta el registro de libros solicitados en las bibliotecas por el conjunto de la comunidad académica de dichas universidades desde 1992 hasta el 2008. ¿Es legítimo que en un Estado social de derecho se vulnere a tal grado el derecho a la intimidad y la presunción de inocencia de toda una comunidad? ¿Qué pretende hacer la Fiscalía con toda la información recaudada?, ¿acaso interceptaciones masivas de teléfonos (como ha ocurrido en múltiples ocasiones), intimidaciones a familiares de los miembros de la comunidad universitaria o seguimientos indiscriminados a los universitarios? Vale la pena preguntar si se puede establecer como criterio para acusar a alguien los libros consultados en su labor universitaria. ¿Acaso hay temas que no se pueden leer en las universidades?, ¿acaso no son la libertad de cátedra y la libertad de investigación premisas básicas de la calidad académica y de la vida universitaria?, ¿será posible que para este fiscal quien lee a Marx sea un facineroso de peligro, o quien consulta el algebra de Baldor un terrible extremista musulman? o ¿se asustará al encontrar en un libro de ingeniería la frase “mil revoluciones por minuto”? ¿Acaso la prohibición de libros y de temas a investigar no es una de las características fundamentales de las dictaduras o de instituciones como la inquisición?

Esta terrible situación pone de manifiesto una vez más que se está tacando a la Universidad en sí misma, como espacio para la construcción de conocimiento y progreso de la sociedad, además de dejar claro que hace tiempo viene ejecutándose la más penosa y absurda cacería de brujas, donde los golpes mediáticos resultan ser las pruebas más contundentes contra estudiantes y profesores, justificando con ello la estela de muerte y desaparición que ronda al movimiento universitario.

Tales actos de persecución inquisidora son una muestra más del carácter ilegítimo de un gobierno que promueve un proyecto de muerte y pensamiento único en nuestro país. Hacemos por tanto un llamado a toda la comunidad universitaria a construir caminos de unidad y crear una gran Campaña Nacional e Internacional en Contra de la Estigmatización del Movimiento Universitario que nos permita salir de la oscura noche que nos quiere imponer el gobierno nacional mediante las amenazas, los amedrentamientos y judicializaciones. Esta campaña debe impulsar procesos organizativos, de denuncia y movilización en todas las universidades del país. Solo una respuesta articulada y contundente de todos los universitarios nos permitirá ubicar los verdaderos puntos de debate sobre la educación superior en Colombia: democracia y autonomía universitaria, derechos humanos, financiación, bienestar universitario y calidad académica.

Ante tan execrable procedimiento llamamos a todos los colombianos y la comunidad internacional a que se solidaricen y defiendan a la Universidad colombiana, su pluralidad de pensamiento y la integridad de todos sus miembros frente al grave atropello ejercido el gobierno nacional. Así mismo hacemos el llamado para que exijamos clarificación y rectificación por parte del Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán y el presidente Álvaro Uribe, quienes deben asumir la responsabilidad política por la elaboración y ejecución de tan macabro plan en contra de la Universidad colombiana.

EN DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PLURALIDAD
NO A LA ESTIGMATIZACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO

Bogotá, Noviembre 10 de 2008