Militares intimidan a comunidad indígena Jiw en medio de crisis en salud y falta de atención de las entidades responsables
El pasado martes 8 de marzo hacia las 7:30 am el gobernador del resguardo Naexal Lajt se comunicó con el hospital con el fin de solicitar el servicio de ambulancia ante la emergencia de salud que presentaban dos personas de la comunidad por brote de paludismo; la respuesta dada por la entidad de salud fue que no era posible atender la emergencia dado que la ambulancia se encontraba dañada y no podía trasladarse.
El gobernador acudió al responsable social de la alcaldía de Mapiripán quien se comprometió a enviar un vehículo lo más pronto posible.
Hacia la 1:20 p.m. en un vehículo policial llegaron hasta el territorio del resguardo dos funcionarias de la alcaldía entre ellas el enlace étnico, siete militares armados y el conductor; los uniformados bajaron del vehículo de forma intimidante, quitando el seguro de las armas y asumiendo actitudes desafiantes con los integrantes de la comunidad indígena, situación que generó temor y zozobra en los pobladores, entre los que se encontraban varios niños y niñas.
De inmediato el gobernador Jiw señaló a las personas de la alcaldía su malestar por la actitud de los armados y exigió respeto por parte de estos, así mismo cuestionó porque una responsabilidad de instituciones civiles y humanitarias había involucrado militares, desconociendo el principio de distinción de la población civil del resguardo, así como la autonomía territorial de los pueblos indígenas.
Las funcionarias manifestaron que los armados las acompañaban para la seguridad de ellas, ante la afirmación el gobernador cuestionó a las funcionarias de quien debían protegerlas, si estaban en territorio indígena y la comunidad es población civil.
Minutos más tarde y ante la negativa de retirar los armados, el gobernador solcito el retiro del vehículo y todos sus ocupantes.
Por lo sucedido, el traslado de las personas enfermas se realizó en motocicletas de la comunidad, aumentando la ya difícil situación de salud que presentaban.
Las autoridades del Pueblo Jiw señalan que a la fecha no se presenta ninguna respuesta por parte de las entidades de gobierno frente a las ordenes emitidas por la Corte Constitucional, lo cual ha generado mayor precariedad de salud. La fuente hídrica caño Yamu se encuentra contaminada y a causa del verano el agua presenta estancamiento, color oscuro, olor fuerte y un sabor alcalino. Pese a estas condiciones la comunidad se ve obligada a utilizarla para consumo y actividades del hogar.
Según reportes del enlace de salud de la comunidad en febrero se presentaron por lo menos veinte casos de personas enfermas por paludismo, sin que existiese respuesta institucional eficaz para evitar mayores contagios.
Es urgente una respuesta integral de las instituciones responsables con acompañamiento y vigilancia del ministerio público ante la grave situación de salud que vienen presentando en el pueblo Jiw y las difíciles condiciones que atraviesan a causa de la falta de agua potable, viviendas dignas y propagación de mosquitos. Condiciones que deberían haber sido atendidas por las diferentes entidades de gobierno local, regional y Nacional citadas en el Auto 173 de 2012 y la sentencia SU-092 de 2021 emitidas por la Corte Constitucional en favor del pueblo Jiw.
Hasta el momento no existe respuesta de las entidades de gobierno a la comunicación emitida por el resguardo Naexal Lajt el 24 de noviembre, en la cual solicitan de manera inmediata una reunión de alto nivel con el fin de abordar la difícil situación que atraviesan.
Bogotá. D.C 8 marzo de 2022
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz