Intervención de Juliette de Rivero, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Presentación Informe Anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre Colombia

23 de febrero de 2021

Muy buenos días. Soy Juliette de Rivero, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Es un honor para mi presentarles hoy el Informe Anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por primera vez en este formato virtual debido a la pandemia. Los saludo calurosamente y les agradezco su participación a través de las redes sociales.

El Informe Anual, que les presento hoy es el documento que sigue y analiza la situación de los derechos humanos en Colombia durante el año 2020. Será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, por la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, el próximo 25 de febrero.

Este informe constituye una herramienta de cooperación de la comunidad internacional, concretamente de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, con el Estado colombiano.

En el documento completo se encuentran diagnósticos, pero sobre todo recomendaciones muy importantes que de ser implementadas mejorarán la situación de los derechos humanos de muchas personas y comunidades en el país.

Yo comencé mi labor como Representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia en agosto de 2020. He sido muy bien recibida por las personas y por las instituciones y autoridades del Estado colombiano y la sociedad civil. He tenido la oportunidad de viajar en el país realizando misiones a Chocó, Cauca, Villavicencio y Catatumbo.

Es un honor y privilegio para mi servir a los y las colombianas y trabajar para apoyar a este país, rico por su diversidad geográfica y humana, a mejorar su situación de derechos humanos, acompañando al Estado y a la sociedad civil en este proceso. Desde que llegué he sido testigo del talento humano que existe y el alto compromiso y la resiliencia de los defensores y las defensoras de derechos humanos y de sus comunidades.

El objetivo de nuestra oficina es contribuir a mejorar la situación de derechos humanos, a través de nuestro mandato.

A diferencia de muchos países en los que he trabajado, Colombia tiene los recursos, la capacidad humana y la institucionalidad necesaria para enfrentar los desafíos de derechos humanos y para lograr una implementación plena del Acuerdo de Paz.

Nuestra oficina ofrece todo su apoyo técnico y humano para ayudar al Estado a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Durante estos 7 meses de mi mandato en Colombia he podido sostener reuniones con autoridades del Gobierno como la Canciller, Claudia Blum; la Consejera Presidencial de Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez; con el Consejero Presidencial para la Estabilización Emilio Archila; con el Ministro del Interior, Daniel Palacios, con el Defensor del Pueblo Carlos Carmargo; con el Presidente de la Comisión de la Verdad, Padre Francisco de Roux; con la Directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Luz Marina Monzón, con el Presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, y ayer tuve una reunión muy productiva con el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. También me he reunido con los anteriores Ministros de Defensa y Procurador General de la Nación, entre otros.

Me he comprometido a impulsar un diálogo transparente y constructivo con los representantes de la institucionalidad y aportar desde nuestro enfoque de derechos humanos y estándares internacionales al fortalecimiento del respeto por los derechos humanos en el país.

En este sentido saludamos el plan de trabajo que hemos acordado con la Cancillería, dicho plan nos permite medir algunas de nuestras contribuciones y nuestro impacto en el país.

Mi interacción con diversos representantes de la sociedad civil, con lideresas y líderes sociales, comunidades campesinas, y autoridades indígenas y afrodescendientes ha sido muy valiosa y enriquecedora.

Valoro las grandes capacidades y profesionalismo de todos mis interlocutores y por ello estoy muy esperanzada en que las contribuciones que hacemos a través de nuestra asesoría, de nuestro análisis y de nuestras recomendaciones en el informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos serán bien recibidas y sobre todo leídas y tomadas en cuenta para avanzar hacia la paz y el respeto de los derechos humanos.

A continuación, les voy a presentar los principales hallazgos y recomendaciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reflejados en el informe.

El 2020 fue un año difícil para toda la humanidad. El Gobierno de Colombia, las instituciones del Estado y la ciudadanía tuvieron la difícil labor de adaptarse, gestionar y responder a la pandemia del COVID 19 e intentar mitigar sus profundos efectos sociales.

El derecho a la salud se vio profundamente agravado por la pandemia. Las disparidades en cuanto a la accesibilidad de los servicios de salud, que se habían registrado en años anteriores, afectaron a personas de bajos ingresos, a las mujeres, así como a las personas que habitan en zonas rurales, incluyendo los pueblos indígenas y afrodescendientes.

La emergencia sanitaria afectó de manera particular a las poblaciones que ya se encontraban en condiciones de vulnerabilidad, como las mujeres y la población rural, afrodescendiente e indígena, agudizando las desigualdades sociales. Por ejemplo, se evidenció el aumento en el número de denuncias por violencia intrafamiliar. Durante la pandemia se realizaron 21.602 llamadas por violencia intrafamiliar a la línea 155 de orientación –un aumento del 103 por ciento respecto al 2019 y entre enero y agosto de 2020, la Defensoría del Pueblo activó las rutas de atención en 388 casos de violencia contra personas LGBTI.

En el Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que hacemos hoy público, reconocemos los esfuerzos realizados por el Gobierno para incorporar varios lineamientos internacionales emitidos por nuestra oficina para proteger los derechos humanos, en el contexto de la pandemia.

El informe de la Alta Comisionada reconoce los grandes desafíos derivados de la pandemia. El Producto Interno Bruto decreció en un 9 por ciento respecto al mismo periodo de 2019. Como en la mayoría de países la pandemia agudizó las desigualdades.   Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Colombia se encuentra entre los dos países con mayores niveles de desigualdad de la región. Por ello, es importante que en el 2021 el Gobierno refuerce la implementación de sus obligaciones internacionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales – y las disposiciones del Acuerdo de Paz que buscan resolver las causas profundas del conflicto.

En este contexto social y económico tan complejo la Alta Comisionada para los Derechos Humanos valora el anuncio de Colombia de otorgar Protección Temporal a los venezolanos que se encuentran en su territorio, por un periodo de 10 años. Como lo ha dicho el Secretario General de la ONU, este es un gesto humanitario emblemático para toda la región.

El informe de la Alta Comisionada subraya la grave situación de violencia que está afectando algunos territorios, comunidades, municipios y departamentos del país. A pesar de que la tasa nacional de homicidios disminuyó respecto del año anterior, pasando de 25 a 23,7 por cada 100.000 habitantes, en varias partes del país hubo una intensificación de la violencia y un aumento en el control territorial y social por parte de grupos armados no- estatales y grupos criminales, con nefastas consecuencias para los derechos humanos.

En el 2020, nuestra oficina documentó 76 masacres y seguimos documentando otros 5 casos. Estas masacres implicaron la muerte de 292 personas, incluyendo 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, 7 indígenas y 10 afrodescendientes. Desde el 2018, el número de masacres ha incrementado constantemente, siendo el 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014.

Al respecto, el Gobierno informó a nuestra oficina que estableció una unidad especial para coordinar la respuesta estatal a estos casos.

Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la violencia en varios territorios habría causado en 2020, 94 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 25.366 personas, el 76 por ciento de los cuales ocurrieron en Antioquia, Chocó y Nariño. Y personas 74.312 personas sufrieron confinamiento por las restricciones, no relacionadas con la pandemia, impuestas a la población por parte de actores armados no estatales y grupos criminales.

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (UNMVC) verificó, por su parte, el asesinato de 73 antiguos integrantes de las FARC-EP, para un total de 248 homicidios desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.

Los lugares de Colombia afectados por el incremento de la violencia de grupos armados no estatales y criminales, se encuentran principalmente en los Departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Putumayo, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca, en particular zonas en las que habitan pueblos afrodescendientes, indígenas y campesinos.

La violencia afecta los proyectos de vida de estas poblaciones y la protección de sus derechos culturales, espirituales y territoriales, entre otros.

En las misiones realizadas por la oficina se observó el estado de desprotección de las poblaciones y de sus liderazgos en estas localidades. Muchos de estas poblaciones han compartido con la oficina su sentimiento de zozobra y miedo frente a esta situación.

La ausencia de una presencia integral del Estado, en algunas regiones del país, limita la capacidad del Estado para cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia y la participación de las personas y grupos más vulnerables.

La iniciativa del Gobierno de crear cinco “Zonas Estratégicas de Intervención Integral” ha buscado iniciar el establecimiento de una presencia integral del Estado en esas zonas. El despliegue de instituciones y autoridades civiles es crucial para la prevención de la violencia y la expansión de las garantías de derechos humanos.

Según las declaraciones del Consejero Presidencial Emilio Archila el 2021 deberá ser el año determinante para la implementación de los proyectos PDET. Según lo establecido en el Acuerdo de Paz, la implementación de estrategias integrales en los territorios con la plena participación de las comunidades afectadas permiten la consolidación de la paz.

Los altos índices de violencia y la desprotección que viven algunas regiones del país crean contextos de vulnerabilidad aguda para líderes y lideresas sociales. Según la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en el 2020 la defensa de los derechos humanos en Colombia continuó siendo una actividad de alto riesgo.

La Alta Comisionada recibió información acerca de 795 amenazas y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos; 67 por ciento de las víctimas fueron hombres, 26 por ciento fueron mujeres: mientras que dos por ciento pertenecían a la población LGBTI. El 44 por ciento de los casos ocurrió en áreas rurales; el 14 por ciento en Bogotá; y el 42 por ciento en otras zonas urbanas. El mayor número de casos fue reportado en Bogotá y Cauca.

El informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos indica que la Fundación para la Libertad de Prensa registró 449 violaciones contra periodistas, incluyendo 152 amenazas, y nuestra Oficina documentó dos casos de homicidios de periodistas.

Según nuestras cifras, actualizadas al 22 de febrero, en el 2020 la oficina recibió información sobre 133 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales, a corte de 22 de febrero, se verificó 90 casos, no se pudo verificar 18 y continuamos verificando 25 casos adicionales.

Esta cifra es representativa de los casos conocidos por la oficina, y por lo tanto constituyen solo una muestra del total de asesinatos ocurridos y no dan cuenta del universo completo. Estos casos nos permiten evidenciar tendencias y poder hacer recomendaciones constructivas al Estado colombiano en materia de protección. Otras cifras muestran una tendencia al aumento. Según la Defensoría del Pueblo, 182 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en 2020 (134 en 2019), mientras que Somos Defensores ha registrado 159 víctimas.

La Alta Comisionada afirma en su informe que los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos ocurren principalmente en zonas donde la presencia del Estado es insuficiente: 81 por ciento de los casos ocurrieron en Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca; 82 por ciento en zonas rurales; 93 por ciento en municipios con altos niveles de pobreza multidimensional; 92 por ciento en municipios donde la tasa de homicidio indica la existencia de violencia endémica.

El informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, resalta una preocupación por la falta de avances en la adopción de una política pública y criminal en materia de

desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluyendo aquellas que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo y reitera la urgencia de adoptar dicha política a través de la Comisión de Garantías de Seguridad prevista en el Acuerdo de Paz.

La implementación efectiva del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo es crítica para la prevención de la violencia y nuestra oficina ha firmado un Convenio con la Defensoría del Pueblo y la Unión Europea para fortalecer esta labor.

Saludamos el compromiso del Ministro del Interior, Daniel Palacios de trabajar con nuestra oficina y recibir asistencia técnica para mejorar la respuesta estatal frente a las alertas tempranas, a través del fortalecimiento de la articulación y la coordinación institucional y la adopción de medidas más eficaces de prevención y de protección colectivas, a través de los CIPRAT.

En lo que concierne, la protección de los defensores y las defensoras de derechos humanos, la Alta Comisionada reconoce los esfuerzos desplegados por la Unidad Nacional de Protección, adscrita al Ministerio del Interior. No obstante, algunos retrasos en la notificación de las decisiones, en la implementación de las medidas de protección y en la idoneidad de las mismas, especialmente en zonas rurales, incrementaron los riesgos para las personas defensoras de derechos humanos.

Además, se requiere que las entidades del orden nacional, departamental y municipal logren una mayor articulación, en concertación con las comunidades, que permita la implementación de medidas colectivas eficaces que aborden los riesgos estructurales y refuercen y complementen las medidas de autoprotección de las comunidades.

La Alta Comisionada valora los avances de la Fiscalía para investigar las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y recomienda continuar reforzando la importante labor de la Unidad Especial de Investigación para investigar los autores intelectuales de estos crímenes. Ayer tuve una reunión muy productiva con el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa y nos pusimos de acuerdo en reforzar nuestra cooperación y asistencia técnica en el área de desmantelamiento de estructuras criminales generadoras de violencia.

El 2021 será el año en el que Colombia recibirá el informe de la Comisión de la verdad. La lucha contra la impunidad requiere garantizar el derecho a la verdad.

Es necesario que todos los sectores de la sociedad, incluidos los sectores empresariales, militares y políticos, aporten urgentemente la información relevante a su disposición, que permita a la Comisión de la Verdad cumplir su mandato, que finaliza en noviembre de 2021.

En el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos la oficina llama particularmente a las entidades del Estado a aportar urgentemente la más amplia y pormenorizada información a la Comisión de la Verdad.

Creemos que el 2021 es un año de grandes oportunidades para Colombia, la principal de ellas es la capacidad que tenga la sociedad y el Estado de recibir, escuchar y conocer la verdad entregada por la Comisión. De esta capacidad de entender la verdad y apropiarse de ella dependerá el presente y el futuro del país para construir una verdadera reconciliación y el respeto pleno de los derechos humanos.

El 22 de octubre, la Alta Comisionada se reunió con la dirección de los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y reconoció “los avances significativos logrados por estas instituciones (del Estado) y la valentía de todos aquellos que están trabajando para que se conozca la verdad.

Preocupan las afirmaciones de actores que buscan desacreditar la imparcialidad e independencia de estas instituciones y de las personas que hacen parte del Sistema Integral, poniéndolas en riesgo. La abolición propuesta de la JEP en reformas legislativas presentados en el Congreso en octubre de 2020 constituye una seria amenaza a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

En un comunicado el 19 de febrero, la oficina de la portavoz de la Alta Comisionada comunicó nuestro beneplácito frente a los avances en la investigación en Colombia de los casos conocidos como “falsos positivos”, en que personas fueron presentadas de manera falsa como “muertas en combate”. Celebró también la reciente decisión de la Jurisdicción Especial de imputar al ex Secretariado de las FARC-EP por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado, en particular la toma de rehenes.

Aprovecho esta oportunidad para reconocer la labor tan importante y legítima de los grupos de víctimas y de las ONG para luchar contra la impunidad en estos casos y obtener justicia. Su contribución es esencial para la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación.

El informe también reconoce el papel determinante que el poder judicial cumple en la protección de los derechos humanos.

La reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el derecho de reunión pacífica fue un buen ejemplo de incorporación de estándares y recomendaciones internacionales en la protección de derechos.

El informe de la Alta Comisionada señala que en el 2020, la oficina recibió información sobre 42 casos de privaciones arbitrarias de la vida, en las que habrían estado vinculados miembros de la fuerza pública y autoridades penitenciarias, que resultaron en la muerte de 73 personas, incluyendo dos mujeres, siete niños, tres indígenas, cinco afrodescendientes y dos personas LGBTI. En 38 de los 42 casos, las muertes ocurrieron en contextos de operaciones militares y policiales, mientras que cuatro ocurrieron cuando las víctimas estaban bajo la custodia del Estado.

Trece de los 42 incidentes ocurrieron en el contexto de protestas, incluyendo incidentes de uso excesivo de la fuerza en Bogotá el 8 y 9 de septiembre. En todos los casos, la Fiscalía General de la Nación inició investigaciones.

La Alta Comisionada llama a las instituciones del Estado a responder a las manifestaciones pacíficas conforme a las normas y estándares internacionales y ofrece su asistencia técnica en esta materia; urge a la policía a integrar las normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza en sus protocolos y procedimientos, en línea con la decisión de la Corte Suprema del 22 de septiembre de 2020, y a fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en casos de abuso.

Ratificamos con plena disposición para asesorar en el respeto de las normas y estándares internacionales sobre el derecho a la protesta pacífica, ya que consideramos que el respeto y la garantía de este derecho permitirá la ampliación del espacio democrático y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

El 2021 presenta una oportunidad importante para hacer frente a estos diferentes retos de derechos humanos en el país y en particular en los territorios más afectados. Confiamos en la capacidad y voluntad del Gobierno y del Estado en su conjunto de buscar soluciones prácticas y eficaces a estos desafíos, con la participación de la sociedad civil, reforzando esfuerzos existentes. Es importante hacer ajustes para poder prevenir las violaciones de derechos humanos.

Por considerarlo de relevancia cierro mi presentación recalcando las recomendaciones de la Alta Comisionada al Estado colombiano para 2021.

En la primera de ellas la Alta comisionada:

  • Exhorta a redoblar esfuerzos en la implementación de todos los capítulos del Acuerdo de Paz. Esto significa reforzar las garantías de seguridad previstas en el Acuerdo e impulsar la adopción y implementación de una política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales, incluyendo las sucesoras del paramilitarismo a través de la Comision Nacional de Garantías de Seguridad. También significa esplegar una presencia integral del Estado en los territorios más Ayer el Fiscal General de la Nación me significaba por ejemplo la importancia de desplegar jueces itinerantes para respaldar la labor de desmantelamiento.

Reforzar la implementación del Acuerdo de Paz también significa intensificar la reforma rural integral y avanzar con la transformación territorial. Todo ello con la participación de las comunidades y sectores concernidos.

  • El informe reitera la necesidad de garantizar a los pueblos indígenas y afrodescendientes el derecho al territorio y a la consulta previa libre e informada
  • En el informe la Alta Comisionada urge a los grupos armados no estatales a que cumplan sus obligaciones de respetar el derecho internacional humanitario; reitera el llamado del Secretario General a los actores del conflicto y aquellos que generan violencia para que cesen las hostilidades; y valora positivamente cualquier negociación de acuerdos humanitarios orientados a la protección de la población civil y la consolidación de la
  • La Alta Comisionada urge al Estado preservar la autonomía e independencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición, como una contribución esencial a una paz sostenible y duradera;y urge al Estado garantizar la protección efectiva de quienes integran el Sistema y de las víctimas y testigos que participan en él.
  • Insta a realizar mayores esfuerzos para asegurar la disponibilidad y accesibilidad de los servicios del sistema de salud pública para todas las personas, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo las víctimas de violencia basada en género, y garantizar los derechos laborales del personal de
  • Llama a las instituciones del Estado a responder a las manifestaciones pacíficas conforme a las normas y estándares internacionales y ofrece asistencia técnica en esta materia
  • Invita al Estado a ratificar e implementar el Acuerdo de Escazú.

Este es solo un resumen de algunos de los aspectos destacados del informe que les invito a leer detenidamente. Les invito a consultar el informe completo en nuestra pagina web. Y les agradezco infinitamente su atención.

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