Hostigamientos y amenazas paramilitares Apropiación de propiedades por terror y presión
“Si no hablas, otro hablará por ti, contra ti.
Si no te mueves, otros (pocos) se moverán por ti. Si no te unes a otros, otros se unirán contra ti. Si no estás dispuesto a perder algo, al final lo perderás todo” Martin Luther King
RESUMEN
Hostigamientos, amenazas de muertes en desarrollo de estrategias de control de tipo paramilitar contra los desplazados del Ariari que habitan en los barrios La Nohora y La Reliquia de Villavicencio, en particular contra los integrantes de la Comunidad Civil de Vida y Paz, sus líderes como DAVID MARTINEZ, cobijados con medidas cautelares, se mantienen en medio de una presencia institucional tolerante con estas estructuras criminales.
Entre tanto, el Estado colombiano continúa brindando respuestas incoherentes e inconsistentes en materia de protección de la vida y de las tierras, y en atención humanitaria integral a la luz de la relación con las solicitudes resueltas en el sistema interamericano, los principios Rectores Deng y la ley 387, los “civiles” armados de la estrategia paramilitar que se mantienen incólumes en Granada, El Castillo, Medellín del Ariari, propiciando una concentración inusitada de la tierra en el último semestre.
Las 36 familias desplazadas del Ariari que son hoy parte de la Comunidad Civil de Vida y Paz, de un total de 700, que desde el 2002 han sido obligadas a salir debido a operativos militares del Batallón 21 Vargas en estrategia regulares e irregulares de complicidad con el Bloque Centauros, son testigos desde su exilio forzoso en la capital del Meta, de una apropiación forzosa de sus tierras, las que vienen siendo utilizadas en la extensión ganadera, en bases y centros de operación paramilitar. Propiedades que fueron abandonadas después de asesinatos y desapariciones forzosas o por el desplazamiento en el Ariari están siendo ocupadas por nuevos propietarios ficticios o reales, que cuentan de modo indirecto o directo con el aval, la seguridad y la protección de tipo paramilitar.
El cese de hostilidades evidentemente se ha venido incumpliendo con los hostigamientos y amenazas contra los pobladores del Ariari desde octubre hasta la fecha, quiénes afirman sus derechos a la vida, a la tierra, a pesar de la negativa del gobierno nacional de crear las condiciones para un retorno con dignidad.
DETALLES DE LOS HECHOS
* Lunes 20 de septiembre, dos miembros de la Comunidad Civil de Vida y Paz, entre ellos GLORIA JARAMILLO, fueron citados en las oficinas de la Red de Solidaridad Social, RSS en Villavicencio, donde se les preguntó por la dirección precisa donde habitan en el barrio La Nohora – desconociendo que los barrios marginales carecen de dirección precisas – y en particular insistiendo conocer el sitio de habitación de DAVID MARTINEZ, uno de los coordinadores de esta experiencia comunitaria
Miércoles 22 de septiembre, en horas de la mañana en el Centro Benposta, ubicado enfrente del barrio La Nohora, una mujer apodada “La Caleña”, vinculada de acuerdo con testimonios a los paramilitares, abordó a uno de los jóvenes que allí se capacita, intimidándolo y preguntando por DAVID MARTINEZ. La mujer amenazó al estudiante expresándole: “dígame dónde es que vive el tipo que estaba contigo en el billar el otro día… hable o no respondo por su vida también…”
Este mismo día en la noche ingresaron al barrio La Nohora, municipio de Villavicencio, tres “civiles” armados de la estrategia militar encubierta en un vehículo con vidrios polarizados, entre ellas la apodada “La Caleña”. Dos de los paramilitares preguntaron a varios pobladores por DAVID MARTINEZ uno de los líderes de la Comunidad Civil de Vida y Paz: “¿Dónde es que vive DAVID?… Necesitamos hablar con él”.
Aproximadamente una hora más tarde, al ver que nadie les daba información sobre el lugar de habitación de DAVID y su familia, expresaron antes de salir del barrio: “Nosotros lo vamos a encontrar. Dígale que no se esconda, necesitamos hablar con él” (…) “no importa quienes somos, lo que tenemos que hablar con él es algo personal”.
La Caleña” de aproximadamente 35 años, cabello rubio tinturado, portaba un arma de fuego en su bolso.
Semanas atrás, la mujer en actividades de control en el barrio La Nohora se identificó como integrante de las “Autodefensas” y sindicó a DAVID como guerrillero ante varios de los habitantes que departían en una tienda del lugar. “La Caleña” expresó “ese tipo – señalando a DAVID – me parece como sospechoso, no me cae bien, tiene pinta de guerrillo, vamos a investigarlo”.
* Jueves 23 de septiembre, en horas de la mañana en el barrio La Nohora de la ciudad de Villavicencio, nuevamente ingresaron los mismos tres paramilitares de la noche anterior preguntando por el paradero de DAVID MARTINEZ, varios pobladores fueron presionados verbalmente para entregar información sobre este líder comunitario.
Luego de más de 45 minutos de permanecer en el lugar, los paramilitares abandonaron el barrio.
* Lunes 27 de septiembre, a eso de las 5:30 p.m. DAVID MARTINEZ se presentó a las oficinas de la Red de Solidaridad Social en Villavicencio, donde una de las funcionaria negó que se le estuviera requiriendo.
* Miércoles 6 de octubre, en horas de la noche, los mismos tres “civiles” armados de la estrategia militar encubierta ingresaron al barrio La Nohora en una camioneta de vidrios polarizados. Allí se dirigieron a la Tienda – Billar al que ingresaron con armas cortas haciéndolas visibles en la pretina del pantalón, recorrieron en el interior del lugar observando a los presentes y volvieron a salir..
• Jueves 7 de octubre, hacia las 9:00 a.m. un funcionario de la Defensoría del Pueblo Villavicencio llegó al barrio La Nohora buscando en varias casas a miembros de la Comunidad Civil de Vida y Paz. Luego de ubicarlos, se reunió con cuatro de ellos en la calle expresando: “somos de la Defensoría y estamos acá para conseguir algunas informaciones relacionadas con las familias desplazadas de El Castillo (…). Necesito saber si la RSS les ha dado ayuda… también si hay hechos que se hayan presentado después de que les dieron medidas cautelares que les impida estar tranquilos…”.
Integrantes de la Comunidad Civil de Vida y Paz se negaron a dar respuesta a las inquietudes por las condiciones de inseguridad en el barrio, y la necesidad de fortalecer el espacio de interlocución creado con la Cancillería para una respuesta coherente estatal en relación con las medidas cautelares.
Este mismo día, la Defensoría de Villavicencio se dirigió al barrio Ciudad Porfía llegando al lugar de habitación como desplazada de una integrante de la Comunidad Civil de Vida y Paz. El Defensor expresó “que ella, junto con otras ocho familias no son desplazadas” Y agregó, lo otro es que necesito saber que le ha dicho la fiscalía sobre la muerte de su esposo REINALDO PERDOMO”.
* Domingo 10 de octubre, durante el día “civiles” de la estrategia militar encubierta recorrieron a pie el barrio “La Nohora”, mientras en una camioneta de vidrios polarizados esperaba en la entrada del barrio..
Durante el mes de octubre pobladores del barrio La Nohora expresaron que los “civiles” armados de la estrategia militar encubierta se mantuvieron realizando rondas indagando por el lugar de residencia de miembros de la Comunidad Civil de Vida y Paz.
En desarrollo de una de las rondas paramilitar se acercaron a una joven desplazada de el municipio de El Castillo, CRISTINA RODRIGUEZ, amenazándola: “Tus hermanitos si nos defraudaron, son unos torcidos… diles que ya sabemos que andan con la guerrilla. Y tú también tienes que cuidarte, no sea que te toque pagar por ellos Cuídate”.
• Sábado 6 de noviembre, “civiles” armados de la estrategia paramilitar llegaron en horas de la mañana al barrio “La Nohora” movilizándose en tres automóviles tipo campero. La mujer que iba dentro del grupo de paramilitares conocida como “La Caleña” señaló a una joven de 16 años, CRISTINA RODRIGUEZ, desplazada de El Castillo afirmando: “es ella, échenle mano”.
La joven al darse cuenta de la orden salió a correr logrando ocultarse de sus captores.
* Viernes 19 de noviembre, a varios habitantes del barrio La Nohora, un paramilitar de apellido TORO conocido como “Picudo”, preguntó por DAVID MARTINEZ y LUIS coordinadores de la Comunidad Civil de Vida y Paz, manifestando: “necesito a esos señores, tenemos información que es gente rara anda molestando con denuncias, se mantienen reuniendo en una iglesia de Ciudad Porfía y el cura de esa iglesia se presta para esa reuniones, estos dos que busco son los que manejan esas reuniones”.
* Sábado 20 de noviembre, JOSÉ GILBERTO ROJAS CASAS de 19 años, miembro de la Comunidad Civil de Vida y Paz, aproximadamente a las 8:45 a.m. fue retenido en un control militar de la Brigada VII en el sitio conocido como Termo Eléctrica en la vía Acacías.
JOSE GILBERTO, integrante de la Comunidad de Vida y de Trabajo, desplazado de El Castillo y responsable de la sobrevivencia de su familia, luego de ser requisado fue conducido a la sede del Batallón para prestar el servicio militar. El joven campesino expresó que era desplazado y era el responsable del sustento económico de la familia, ningún tipo de argumento fue escuchado por los integrantes del ejército quiénes expresaron que se iba a ser en listado desde ese día para prestar el servicio militar.
Hacia el medio día, JOSE GILBERTO fue dejado en libertad debido a la actuación humanitaria de un sacerdote de la iglesia católica.
• Viernes 03 de diciembre, hacia las 7:00 a.m. se inicio un operativo de registro y control en el Barrio La Nohora con la participación de unidades militares, policiales, DAS, Fiscalía y Cuerpo Técnico de Investigaciones
Los agentes del Estado ingresaron a varios cambuches de los pobladores desplazados, entre los que habitan miembros de la Comunidad Civil de Vida y Paz., requisando el interior de las viviendas, tomando registros fotográficos de lugares y personas e interrogando sobre las actividades que la gente realiza. Todas estas acciones las realizaron sin presentar una orden judicial y agregando que ellos estaban en esta actividad para evitar actos contra la ciudadanía de Villavicencio
En uno de las casas de los integrantes de la Comunidad Civil de Vida y Paz encontraron unos libros y cartillas relacionados con temas de desplazamiento forzado y derechos humanos. Los funcionarios expresaron que este era un material “sospechoso” se detuvieron a mirar los mismos, preguntaron por su origen, y antes de salir, al conocer que DAVID MARTINEZ era el poseedor de los libros no se encontraba, tomaron registros a las fotografías del rostro de este desplazado. Lo mismo hicieron en varias de las casuchas de los hombres que no se encontraban en el barrio en el momento del operativo institucional
* Domingo 26 de diciembre, nuestra Comisión de Justicia y Paz recibió testimonios de varios habitantes desplazados del Ariari, quienes expresaron con precisión que durante el segundo semestre del 2004, en la región de Medellín del Ariari se viene presentando un incremento en la posesión ilegal y compra bajo presión de fincas de pobladores en situación de desplazamiento por acción paramilitar.
En el Ariari se está obligando a pobladores a vender sus fincas a un costo de $1.000.000 ( U.S $ 400) a $3.000.000 a ( U.S $ 1.200 dólares) la hectárea, cuando el valor oficial de hectárea es de $ 7.500.000 ( U.S $ 3.000 dólares).
Los caseríos donde se vienen comprando las propiedades son Playa Rica, Puerto Esperanza, La Macarena, Campo Alegre, La Cumbre, lugares de los cuales las familias fueron desplazados por acciones de tipo paramilitar y donde en la actualidad poseen un control militar este tipo de estructuras armadas
En el poblado La Cumbre, la finca de HERMOGENES MORRAS, propietario de de 200 hectáreas de tierra, asesinado en junio del 2003 por “civiles” armados de la estrategia paramilitar en Villavicencio. Los integrantes de la estrategia posteriormente y hasta la fecha tomaron posesión de la propiedad. Primero , sembraron pasto e ingresando desde enero de este año varias cabezas de ganado, muchas de las cuales hacen parte de las hurtadas a campesinos de la región..
La compra de tierras, en apariencia se realiza de manera legal, pero están antecedidas por el desplazamiento y el posterior ofrecimiento de compra bajo amenazas de muerte. En otros casos, no existe compra de tierras sino posesión de hecho de manera arbitraria en propiedades de familias desplazadas. Allí vienen sembrando pastos y convirtiendo las fincas en potreros, tumbando cercas y uniendo una finca con otra.
En el caserío La Macarena, en desarrollo de la estrategia paramilitar hace más de 8 meses, se produjo una última oleada de desplazamiento. Posteriormente, un foráneo compró tres fincas, obligando a los dueños de las tierras, que fueron desplazados forzosamente a vender a $1.000.000 de pesos la hectárea. Durante varios meses explotaron las fincas en extracción de madera. Posteriormente les vendió a otro foráneo a un precio de $5.000.000 de pesos la hectárea de tierra.
La mayoría de estos negocios se están impulsando desde el municipio de Acacias, La legalización de las propiedades se realiza en municipios donde hoy persisten estructuras de tipo paramilitar en connivencia, tolerancia, aquiescencia de las fuerzas militares, policiales y civiles.
LINEAS DE INTERPRETACION
La región del Ariari hoy refleja la simultaneidad de tácticas de tipo paramilitar. El paso del escenario militar al social, el del terror con fuego al de la apropiación de propiedades o la legalización de propiedades, el de la lógicas productivas asociativas a formas privadas de productividad.
Las estrategias de terror que contaron con la complicidad del Batallón 21 Vargas en una nueva etapa de arrasamiento desde el 2002, período del presidente URIBE, hoy saltan al escenario del control social en el marco de la institucionalización paramilitar. Se pasa del amenaza, del asesinato, de la desaparición forzosa al aseguramiento de nuevas formas de producción en lo rural imponiendo modelos de seguridad y de sociedad, de participación y de decisión política.
A lo urbano se traslada la persecución, el hostigamiento a pobladores civiles que en condición de absoluta miseria a raíz del desplazamiento forzoso se niegan a aceptar el sino trágico de estructuras criminales de poder enquistadas en el Estado y afirman su derecho al retorno con dignidad en esquemas alternativos de protección y en formas novedosas de construcción de su identidad como sujetos sociales a través de la Comunidad Civil de Vida y Paz.
Evidentemente, la inconsistente, la incoherente respuesta del Estado colombiano a la propuesta de retorno de las familias del Ariari que se encuentran desplazadas en Villavicencio reflejan la ausencia de una voluntad política de dar respuesta a los derechos de los desterritorializados. Esa actitud dilatoria y deshilvanada de atender las exigencias de los desarraigados ha posibilitado la apropiación de las tierras por presión o en condiciones de total desigualdad por foráneos.
La dinámica de concentración de tierras en el Ariari es la consecuencia lógica del arrasamiento paramilitar, de la impunidad en que se encuentran sus más de 200 crímenes en el último período, de la tolerancia y de la convivencia institucional con estructuras armadas que combatieron y combaten a pobladores civiles, que cuentan con el estigma de ser “guerrilleros” o ahora desplazados, por eso es posible entender la actitud negativa del Estado colombiano frente a la exigencia de retorno de las familias del Ariari.
La política de seguridad “democrática” no comprende sino que impone a las víctimas de desplazamiento una mirada unipolar y una práctica totalizante del ejercicio de derechos. El silencio y el hermetismo absoluto del Gobierno ante la propuesta de retorno de las familias del Ariari constatan que no es posible un retorno con dignidad en Colombia, que las decisiones sobre la institucionalización paramilitar son lo definitorio ante la exigencia de las víctimas sobre la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral.
Bogotá, 29 de diciembre de 2004
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz