‘Falsos positivos’ de Soacha tendrán condenas pero no verdad
Carmenza Gómez aprieta sus puños y llora cada vez que habla de sus hijos. Víctor Fernando Gómez desapareció el 23 de agosto de 2008 y dos días después lo mató el Ejército para hacerlo pasar como un guerrillero dado de baja en combate. Un reclutador que recibía 200 mil pesos por cada muchacho que entregara a esa institución lo sacó de su casa con falsas promesas de trabajo. Los militares lo llevaron hasta Ocaña, considerada ‘zona roja’ en Norte de Santander, y lo mataron junto con otros 16 jóvenes que vivían en el municipio de Soacha.
Cinco meses después asesinaron a John Nilson por andar “buscando lo que no se le ha perdido”, por investigar el crimen de su hermano. A Carmenza ya le habían advertido varias veces que “cerrara la boca”.
Las organizaciones de derechos humanos han documentados más de 3.500 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, ocurridas entre 2002 y 2010. Más del 80 por ciento de éstas corresponden a la modalidad que en el país se conoció como ’falsos positivos’ después de que estalló el escándalo de los casos de Soacha. Ese caso evidenció los alcances de la violación sistemática de derechos humanos. Solo hasta ese momento la Fiscalía tomó algunos de los procesos, que estaban en manos de la Justicia Penal Militar. Ya van cuatro años de eso y el 95 por ciento sigue sin sentencia. El otro cinco por ciento tuvo condenas solo por el delito de homicidio.
La rabia de Carmenza es la de una madre que ha sido revictimizada. Después de la pérdida de sus hijos y de las amenazas para que ella y todas las Madres de Soacha “dejen de ser chillonas, que les estamos respirando en la nuca”, se enfrentan a la lentitud de la justicia, denuncian dilaciones en su caso y esperan el trago amargo de la impunidad.
“Veremos privados de la libertad, aunque con muchos beneficios, a muchos militares de mando bajo, pero no sabremos quiénes dieron la orden de matar campesinos y jóvenes a diestra y siniestra. No creo que sea casualidad que en todas las regiones del país hayan falsos positivos. Alguien tuvo que dar una directriz”.
Una vieja costumbre
Las ejecuciones extrajudiciales no son una práctica reciente en el conflicto armado nacional. Simone Bruno y Dado Carrillo advierten en su documental “Falsos Positivos” que Estados Unidos tiene documentos que hablan del síndrome de conteos de cuerpos desde 1990. Un memorando de la CIA, de 1994, describe que los militares siempre han asesinado a civiles de izquierda en zonas de presencia guerrillera, que cooperan con grupos paramilitares y narcotraficantes para la identificación de supuestos simpatizantes de la guerrilla y que matan prisioneros de guerra.
Cuatro años y nada
Blanca Monroy es la mamá de Julián Oviedo. “El día que desapareció, mi hijo me dijo que le guardara comida”. La cena de esa y de las dos noches siguientes se quedó servida. La próxima vez que lo vio, lo reconoció por el tatuaje de una balanza que tenía en el brazo y que hacía alusión a su signo zodiacal, y una estrellita que tenía pintada en la mano. Eso fue en septiembre, en Medicina Legal.
“Cuando el Presidente salió en los medios a decir que los muchachos no se habían ido a coger café sino a delinquir y que nosotras hacíamos falsas denuncias, nos llenamos de rabia y empezamos a pelear para demostrar lo contrario”. Sus audiencias comenzaron el 3 de junio de 2009 y con un nuevo sufrimiento. “Los abogados defensores no van a las audiencias. Uno porque se le casó la hija, a otro se le murió la mamá tres veces, una abogada se tenía que mandar a calzar una muela”. Hasta que se vencieron los términos y los militares quedaron en libertad.
De los 17 casos de Soacha, solo ha habido dos condenas. Gloria Silva, abogada del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y representante de varias de las víctimas, señala que una de las principales estrategias dilatorias de la Defensa Militar, Demil, es tener muchos defensores porque las audiencias se cancelan si falta uno solo de ellos. “El caso que se lleva actualmente en el Juzgado Primero Especializado de Cundinamarca, en el que hay 22 procesados, tiene siete defensores”.
Esta situación podría evitarse si la Demil nombrara abogados suplentes, cosa que no han hecho en la mayoría de los casos. El juicio de Bucaramanga -en el que la jueza exigió esa figura para que no hubiera lugar a dilaciones- fue el primero de los casos Soacha con condena. “No se puede exigir legalmente, pero es una facultad que se atribuye el juez para que el proceso camine”, explica la abogada.
También es un problema que los abogados defensores lleven varios procesos al mismo tiempo, porque pueden alegar que necesitan cuatro meses porque están en el juicio de uno de ellos y dejar el otro pospuesto.
Otra estrategia, usada con menos frecuencia, fue argumentar que los casos no eran competencia de la justicia ordinaria. “Decir que el competente es la justicia militar es traído de los cabellos. Los casos de Soacha estuvieron ocho meses en el Consejo Superior de la Judicatura por ese alegato. Y eso que son los casos más visibles, no quiero pensar qué pasará en las regiones. Ese es tiempo que pasa a favor de la libertad de los procesados”.
Blanca es desplazada por las intimidaciones, dejó el municipio de Soacha y se fue a un barrio de Bogotá con sus otros cuatro hijos y su esposo. Está esperando el juicio oral, que está programado para el 18 de diciembre. Va a cumplir un año sin audiencias.
No fueron unas manzanas podridas
Luz Marina Bernal es la madre de Fair Leonardo Porras de 26 años, un joven con la edad mental de un niño de nueve años.
En 2009 la ONU confirmó que los fusilamientos extrajudiciales en Colombia no eran cosa de que a unos cuantos soldados se les prendió el bombillo de la maldad, sino que fueron sistemáticos, característica que los convertiría en delitos de lesa humanidad.
Aun así, de los casos de Soacha, solo uno tuvo esa categoría. El Estado colombiano sigue investigando crímenes cometidos por “unas cuantas manzanas podridas” dentro de la institución, sin tener en cuenta la extensión geográfica y la cantidad de casos.
Pilar Castillo, quien lleva los casos de varias familias, explica que además, debe investigarse como crímenes cometidos en el marco de la política de seguridad democrática. Durante ese periodo los ‘falsos positivos’ se dispararon y después de que se destapó el escándalo en 2008, disminuyeron de forma radical. Eso indica, según Castillo, que sí podían darse órdenes desde el Ministerio o desde la Presidencia para que se controlara la situación.
Beatriz Sánchez, abogada que lleva los casos de Eduardo Garzón, Andrés Pesca Silva y Diego Alberto Tamayo, asegura que la Fiscalía debe demostrar que aquí hubo una empresa criminal, sistemática y generalizada. Con eso no solo se cumpliría la ley internacional, sino que serían investigados altos mandos.
Alberto Yepes, quien está al frente del observatorio de la Coordinación Colombia-Europa – Estados Unidos, explica por qué pareciera que al Estado colombiano no le interesa avanzar en esa dirección.
Según las abogadas, la dilación en los procesos, que llevan tres años en etapa de investigación, es una de las grandes amenazas para las condenas. Temen que en algunos de estos casos la Fiscalía señale que no tiene pruebas suficientes para irse a juicio y los archive. En ese lapso se pierden muchas pruebas, amenazan a los demandantes o se mueren los testigos.
La abogada Pilar Castillo asegura que una de las pruebas perdidas durante el proceso fue un testigo. “Una chica, que en ese entonces era menor de edad, vio a los jóvenes en la casa de Alexander Carretero, uno de los reclutadores, con Palomino. Pero se desconoce su paradero”.
Las abogadas de las víctimas consideran que uno de los primeros factores de impunidad en todos los casos fue el levantamiento de los cuerpos, que no lo hizo la Fiscalía sino el Ejército, por estar en zona de combate. Eso impidió que las pruebas contaran con una cadena de custodia. Nunca aparecieron, por ejemplo, los exámenes que pidieron para saber si los muchachos estaban bajo el efecto de alguna sustancia que viciara su voluntad o las pruebas para saber si había rastro de pólvora en sus manos y comprobar que habían disparado un arma.
Alberto Restrepo destaca que el marco Jurídico para la Paz también sería un factor de impunidad al tratar de manera especial a los soldados que hayan participado en esos crímenes. “El perdón sería para los guerrilleros y no para el Ejército. No podría medirse con la misma vara a quienes estaban alzados en armas que a quienes tenían la confianza del país para defender a la sociedad civil. Quienes tenían el mandato constitucional de defender la vida y terminaron matando civiles tendrían que ser castigados de forma más severa”.
Al parecer, la aprobación del fortalecimiento del fuero militar ya no interferirá con los procesos. El pasado 22 de noviembre, la ponencia de ese proyecto de reforma constitucional incluyó cuatro nuevo delitos que no serían cobijados por el fuero militar: las ejecuciones extrajudiciales, la violencia sexual, la tortura y el desplazamiento. De ser así, todos los casos de falsos positivos continuarían bajo la jurisdicción de la justicia ordinaria.
Las abogadas de las víctimas creen que habrá condenas, así se tarden cinco años más. Lo que lamentan es que en esas sentencias no aparecerán los responsables de alto rango. Hasta ahora hay 18 coroneles vinculados, de los cuales dos han sido condenados, uno de ellos por confesión.
Ese es el mando más alto vinculado a las investigaciones. Yepes cree que si el Estado no tiene voluntad para alcanzar la cúpula, le corresponda actuar a la justicia internacional. “Aquí hay unos máximos responsables que todo el país conoce pero que nadie menciona. En la Corte Interamericana de Justicia ya hay 28 casos de ‘falsos positivos’. Si se reconocen dentro de un contexto de sistematicidad, Colombia se vería forzada a avanzar con los demás casos. Las víctimas deben saber quiénes organizaron esto, quiénes lo financiaron, y quiénes lo idearon”.
Las víctimas esperan que los casos avancen en esa dirección ahora que la Corte Penal Internacional indicó que los ‘falsos positivos’ fueron una política de Estado en Colombia.