En el bajo Mira, en Tumaco y en Buenaventura.

Una nueva oleada de atentados contra la vida e integridad de afrocolombianos en el pacífico se viene produciendo, como parece ser, en desarrollo de la estrategia paramilitar frente a líderes o pobladores del pacífico.


El crimen de FELIPE LANDAZURY, el pasado 26 de junio, la intensiva operación paramilitar en Sanquiangua con una estela de asesinados, de desaparecidos, de desplazados de mayo a junio, en Tumaco; y el crimen de la lidereza MARTHA CECILIA OBANDO, el pasado 29 de junio en Buenaventura son el signo del fracaso de una seguridad que no es democrática, porque tolera, permite y posibilita la continuidad del crimen contra afrocolombianos.

Si bien las localidades son distintas, zonas rurales de bajo Mira y Sanquiangua, espacio rural de Buenaventura, la persistencia del conflicto armado en las montañas y en las calles, se convierte en pretexto de justificación del uso de la violencia contra afrocolombianos, que bajo operaciones encubiertas quiere ocultar a los responsables individuales – materiales e intelectuales-.

Las técnicas y modos de represión pretenden generar terror, aleccionar, desplazar, silenciar a los afrodescendientes, con la clarísima idea de contener expresiones civiles de protección de la Vida y del Territorio. Manifestaciones organizativas de afrocolombianos que animan alternativas frente a la ocupación militar y la consolidación de un modelo de desarrollo que puede sostenerse sobre la base del terror interiorizado que lleve al consentimiento, al desplazamiento para asegurar agronegocios de coca y de palma, de teka y cacao, y de obras de infraestructura y operaciones extractivas de recursos naturales.

El “desarrollo” cimentado en la sangre afro, en la impunidad judicial es ética, política y económicamente censurable. Es negación absoluta de los derechos y libertades de los afrocolombianos, es una negación del derecho a la supervivencia como pueblo originario sobre el que se superpone el crimen para “el desarrollo”.

Las organizaciones sociales como Proceso de Comunidades Negras y otras, la iglesia católica de Tumaco y organismos de derechos humanos se han pronunciado sobre las tres situaciones, exigiendo al Estado asumir su responsabilidad, negarse a la impunidad y evitar la consumación de nuevos crímenes y atentados contra la vida e integridad personal y colectiva de los afrodescendientes.

Para su lectura y solidaridad
1. Comunicado de PCN sobre el crimen de FELIPE LANDAZURI
2. Comunicado de la Diócesis de Tumaco sobre la situación de Sanquianga municipio de Olaya Herrera y Candelilla de la Mar, municipio de Tumaco
3. Comunicado de organizaciones comunitarias, sociales y de derechos humanos por el crimen de Martha Obando, lídereza del barrio San Francisco de Buenaventura

ASESINADO FELIPE LANDAZURY, MIEMBRO DE LA JUNTA DEL CONSEJOS COMUNITARIO DEL BAJO MIRA Y FRONTERA DEL MUNICIPIO DE TUMACO – COLOMBIA

Bogota, junio 26 del 2006.

El Proceso de Comunidades Negras en Colombia – PCN y el Consejo Comunitario del Bajo Mira y Frontera, informa a la comunidades nacional e internacional que ayer martes 25 de junio del 2008, un grupo de hombres armados al parecer paramilitares, llegaron a la comunidad de Candelilla de la Mar, área del Consejo Comunitario del Bajo Mira y Frontera y retuvieron al compañero Felipe Landázury, miembro de la Junta del Consejo Comunitario y quien ejercía como Secretario General del Consejo Comunitario, siendo además promotor comunitario de salud; lo amarraron y llevaron detrás del puesto de salud, reuniendo además a la comunidad.
Trascurridas un par de horas dejaron ir a los demás miembros de la comunidad y cuando estos se alejaban del lugar, oyeron los disparos. Algunos regresaron y hallaron a Felipe Landázury muerto.

Felipe Landázury, era uno de los líderes más destacado y carismático de la zona de Frontera colombo-ecuatoriana y del Consejo Comunitario, y se estaba proyectando como posible candidato para asumir la representación legal del Consejo Comunitario en la próxima Asamblea.

Desde hace mucho tiempo las organizaciones, el Consejo Comunitario y el PCN en su conjunto, han denunciado la violación sistemática de los derechos humanos y del DIH en Tumaco y en la costa pacifica nariñense, en especial en los territorios colectivos.
El Consejo Comunitario del Bajo Mira y Frontera es uno de los Consejos Comunitarios que ha hecho énfasis en que su territorio debe estar libre de los monocultivos de la palma aceitera y de la coca. Este asesinato ocurre justo cuando la Junta del Consejo Comunitario inició un recorrido el día 24 de por toda el área del territorio Colectivo.

El PCN expresa su preocupación por la situación de riesgo que viven los miembros de los Consejos Comunitarios del Pacifico surcolombiano y llama a las autoridades a adoptar medidas urgentes para la protección de los miembros de la Junta del Consejo Comunitario del Bajo Mira y Frontera y demás juntas de los Consejos Comunitarios y también, para que se proteja igualmente a los miembros de la comunidad de Candelillas de la Mar, testigos de este asesinato. El PCN y el CC del Alto Mira y Frontera esperan que estos hechos sean esclarecidos y sus autores intelectuales y materiales juzgados.

Con nuestra tradicional afirmación de Vida y Alegría, Esperanza y Libertad

Equipo de Coordinación Nacional
Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN

Agosto del 2008, 15 años de la Ley 70 de 1993 Octubre del 2008, 15 años del Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN

DIOCESIS DE TUMACO

COMUNICADO PÚBLICO
DE LA DIÓCESIS DE TUMACO
Sobre la grave situación de la población afronariñense del Gran Consejo Comunitario del Río Sanquianga del municipio de Olaya Herrera y Candelilla de la Mar, municipio de Tumaco

San Andrés de Tumaco, Junio 26 de 2008

La Diócesis de Tumaco, institución de la Iglesia Católica guiada por los principios del evangelio y la Doctrina Social de la iglesia, en asamblea diocesana del año pasado hemos reafirmado nuestro compromiso de “ser voz de los que ya no tienen voz”.

Con tristeza, indignación y preocupación nos vemos obligados nuevamente a hacer conocer a nivel local, nacional e internacional los graves hechos ocurridos en estos días en nuestra jurisdicción, concretamente en el municipio de Olaya Herrera, que llevaron a un desplazamiento forzado masivo de varias comunidades afro colombianas, pertenecientes al Gran Consejo Comunitario del río Sanquianga.

Los días 5 y 14 de junio del presente año, un grupo armado al margen de la ley hizo dos incursiones a la vereda San José La Turbia. En la primera se llevó al señor Francisco Javier Hurtado Vallecilla, de 29 años de edad, hasta ahora desaparecido. En la segunda asesinó al señor Taylor Ortiz y llenó de temor a todos los demás habitantes.

A raíz de esta situación, los habitantes de San José de La Turbia se desplazaron a la cabecera municipal de Bocas de Satinga.

También salieron familias de las veredas La Herradura, Naranjal, Bocas de Canal del mismo Río y de la vereda Gómez Jurado, perteneciente al municipio de Roberto Payán. Algunas de ellas lograron refugiarse en la Vereda La Nueva Balsa.

Hasta la fecha, se han reportado un total de 256 familias, es decir unas 1200 personas aproximadamente, de las cuales 482 son menores de edad. Estas personas están temporalmente ubicadas en hacinamiento en casas de familias que los han acogido.

Preocupa que la situación pueda recrudecerse, porque según los pobladores los grupos armados continúan presentes y activos en la zona. Aparecen letreros en las casas. La gente no puede salir tranquilamente a sus trabajos diarios; se ven personas uniformadas, algunas sin identificación, que se mueven con mucha facilidad en los alrededores de los caseríos.

Existe el inminente peligro de que lo ocurrido con la comunidad San José la Turbia se repita en otras comunidades vecinas tales como Palambil, La Loma, Orital, Naranjal, Bajo Soledad, Soledad, Vuelta Larga, Alto San Antonio, Bocas del Barro, Bocas de Prieta, La Loma, Santa Ana, La Nueva Balsa, Florida y Carolina.
A pesar de que la armada nacional patrulla por el Río Sanquianga, hasta el momento no ha podido garantizar la seguridad de los pobladores dentro de sus territorios colectivos.

El otro hecho doloroso y que enluta nuevamente a toda la costa de Nariño, es el asesinato del líder comunitario Felipe Landázuri del Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, ocurrido el 24 de junio en la Vereda de Candelilla de la Mar situada en los límites con el Ecuador. Allí se presentaron personas desconocidas que lo sacaron de su casa y horas más tarde lo asesinaron cerca del caserío. Es extraña esta muerte porque siempre fue él un hombre pacífico, gran colaborador de la Comunidad, agente de pastoral y promotor de salud en su vereda.

Desde la Diócesis de Tumaco hacemos un llamado a respetar la vida de los líderes y el proceso que adelantan en beneficio de las comunidades afrodescendientes de esta costa nariñense. Con dolor constatamos el aumento del conflicto armado interno de los últimos años en muchas zonas rurales de la Costa Pacífica Nariñense por la reagrupación de grupos armados y la disputa por el control territorial o por diferentes intereses macroeconómicos en una clara violación de Derechos Humanos e infracción al DIH en toda la región.

Con la promulgación hace 15 años de la Ley 70, ley de la afro-colombianidad, las comunidades negras del Pacífico lograron asegurar sus territorios legalmente a través de la titulación colectiva de sus tierras. Hoy, este proceso se ve amenazado, porque el poder del terror y de las armas quiere arrebatarles lo que por ley les pertenece.

Hacemos un llamado a todas las instituciones responsables del Estado a que hagan todos los esfuerzos por recuperar las condiciones de seguridad en todos los Ríos de la Costa, para que las comunidades desplazadas puedan retornar con tranquilidad y dignidad a sus tierras. De igual manera se garantice la no repetición de los hechos y se haga reparación de los daños materiales y sicológicos que se hubieran ocasionado.

A las comunidades desplazadas y atemorizadas les queremos dar una voz de aliento y esperanza. Nuestra fe nos afirma, que Dios está presente precisamente en los momentos más difíciles de nuestra vida. Que ojalá logren experimentar la solidaridad y la acogida de parte de muchas personas, que ven en sus hermanos que sufren la presencia de Dios.

Mons. Gustavo Girón Higuita
Obispo Diócesis de Tumaco

ASESINADA LIDEREZA DEL BARRIO SAN FRANCISCO, COMUNA 7 EN BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA

El pasado domingo 29 de junio de 2008, poco después de terminar un evento comunitario fue asesinada la líder del Barrio San Francisco de Asís (comuna 7 del Municipio de Buenaventura – Valle del Cauca) Martha Cecilia Obando, llamada cariñosamente Doña CHILA.

Actualmente Doña CHILA en el barrio San Francisco era presidenta de la Asociación de Mujeres Desplazadas –ASODESFRAN-, líder del programa Familias en Acción y Mujeres Ahorradoras, integrante del Comité Organizativo del Barrio San Francisco, del comité de Veeduría e integraba la Red Local Madres por la Vida, que es un espacio comunitario de apoyo y atención a víctimas de la violencia generada por el conflicto armado, que busca a nivel colectivo reducir el dolor y la incertidumbre dejada por la guerra, promover la organización y movilización de las víctimas en torno al esclarecimiento de la verdad de los hechos, la justicia, la reparación de los daños y la reconciliación entre agresor y víctima.

Doña CHILA mujer oriunda del Charco – Nariño, quien contaba con 45 años de edad, fué victima de tres (3) impactos de bala, en la calle principal del Barrio San Francisco, frente a la caseta comunal y la parroquia de los hermanos franciscanos, sobre las 7:45 p.m. del día domingo 29 de junio, una hora después de haber terminado de dirigir, en la cancha de fútbol del mismo barrio, el evento de premiación de 102 niños y niñas que participaron entre los meses de mayo y junio en el torneo intercalles de juegos tradicionales, como son: “Ponchado”, “Yeimi”, “Ollita”, “Rayuela”, “Encostalado”, “Abre y Cierra”, entre otros. Este torneo fue coordinado por 18 mujeres líderes de las diferentes calles del barrio San Francisco, quienes conformaron un comité pro- juegos tradicionales, con el propósito de recuperar los juegos colectivos de sana convivencia y reducir los juegos de maquinitas y de simulación de enfrentamientos entre grupos armados. El evento de premiación inició a las 3:30 p.m. con la participación de aproximadamente 300 niños y niñas, quienes disfrutaron hasta las 6:30 p.m., de una tarde de alegría con la presentación de grupos de danzas del pacífico y de música moderna.

Este evento contó con el apoyo y participación institucional de CHF Internacional, La coordinación de Derechos Humanos del Proceso de Comunidades Negras – PCN, La coordinación departamental del Equipo de Acción Humanitaria y Prevención del Servicio Jesuita a Refugiados y el Defensor Comunitario de la Defensoría del Pueblo Regional Valle del Cauca en la Costa Pacífica.

Líderes comunitarios y funcionarios de entidades públicas y privadas reunidos ayer lunes 30 de junio, en relación con este nuevo hecho atroz de violación del derecho a la vida, reafirmaron la validez de continuar un trabajo conjunto y mancomunado en torno a la recuperación de la vida y la convivencia comunitaria en Buenaventura, fortaleciendo los lazos afectivos de familiaridad, compadrazgo, vecindad y paisanaje, fortaleciendo las relaciones institucionales y comunitarias y diciendo no rotundo a toda práctica violenta que vaya en contra de los Derechos Colectivos de las comunidades negras y de los derechos humanos en general.

LÍDERES Y LIDEREZAS DE JUAN 23, MATÍA MULUMBA, LA GLORIA Y SAN
FRANCISCO.

FUNDACION PACIFICARTE

CHF INTERNACIONAL – EQUIPO

SERVICIOS JESUITAS A REFUGIADOS

PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS.

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

ASOCIACIÓN NOMADESC