EL PROTOCOLO DE PROTESTA SOCIAL ES UN AVANCE HACIA EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Las organizaciones que suscribimos este comunicado celebramos la adopción del Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica, firmado el día de hoy por representantes del gobierno nacional y la sociedad civil tras un proceso de varios años de discusión. Confiamos en que la implementación de este mecanismo permitirá generar condiciones para la convivencia pacífica en el territorio, así como el respeto y garantía de los derechos humanos de todos los ciudadanos.
Durante más de tres años se convocaron varias mesas de trabajo en las cuales se estudiaron y analizaron experiencias similares en Colombia y en el exterior, se presentaron intervenciones del Ministerio de Defensa, del Ministerio Público y de la sociedad civil, a partir de lo cual se construyó una hoja de ruta, también analizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Por tanto, afirmamos ante la opinión pública que no fue un proceso de última hora, como algunas voces de asociaciones petroleras han asegurado. Nosotros como sociedad civil seríamos los primeros en rechazar un documento que no haya sido debidamente concertado.
En Colombia para avanzar hacia la paz estable y duradera se deben mejorar las condiciones para el ejercicio del derecho a la protesta social. Tan solo en el año 2017 según Naciones Unidas, 14 personas murieron en escenarios de movilización social. Una de las estrategias del Protocolo para impedir que ello se repita es la creación de la Mesa de Seguimiento al respeto y garantía de la protesta pacífica y de los derechos de quienes no participan en ella y el reconocimiento de las Comisiones de Verificación de la Sociedad Civil.
El protocolo para la protesta social no es una norma que regula este derecho. No crea ni dispone elementos distintos a los ya consagrados en nuestra Constitución Política, en el Código de Nacional de Policía y en las resoluciones del Ministerio de Defensa. Para ello se requiere una Ley Estatutaria que esperamos este dirigida a la protección y garantía del derecho. Esta ley debe ser una de las prioridades del nuevo Congreso de la República.
La guía metodológica (Protocolo) adopta mecanismos para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales que están ligados a la protesta social, así como los derechos de los terceros, teniendo como objetivo disminuir drásticamente el uso de mecanismos violentos en el ejercicio de la protesta, y fortalecer el ejercicio pacífico de la misma.
El proceso de discusión y concertación del Protocolo inició cuando el Gobierno Nacional se comprometió a generar garantías para el desarrollo de la protesta social pacífica con la Mesa Nacional de Garantías para defensores/as de derechos humanos y la subcomisión de derechos humanos de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Teniendo en cuenta la magnitud de dicho proceso, también se invitó al Consejo Nacional de Participación Ciudadana, a la Comisión Análoga especial derivada del Acuerdo de Paz en el punto 2.2.2., al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y a representantes de los gremios económicos, entre ellos a las asociaciones colombianas de mineros y de petróleo. La Asociación Colombiana de Petróleo – ACP decidió levantarse de la Mesa un día antes de culminar todo el proceso, en momentos en que era claro que se había alcanzado un acuerdo entre los asistentes. Cabe anotar que dicho gremio asistió a varias sesiones, pero sus delegados se caracterizaron por no participar activamente de las discusiones, ni aportar observaciones a las propuestas que eran discutidas.
Fuimos más de 1.000 organizaciones las que participamos en este proceso, y estamos convencidas de que, de su correcta aplicación, dependerá que cesen las muertes, detenciones y abusos que se presentan en los ejercicios de movilización. La protesta social es el principal mecanismo de participación de la ciudadanía, y por ello requiere de su máxima protección y salvaguarda, esperamos que el próximo gobierno no dé pasos hacia atrás en este proceso tan importante para el país y la democracia.
FIRMAN:
Alianza de Organizaciones Sociales y Afines
Comisión Análoga Especial
Comisión Nacional de Diálogo y Consejo Nacional de Participación Ciudadana
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
Cumbre agraria, campesina, étnica y popular
Mesa Nacional de Garantías para defensores y defensoras de derechos humanos
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
El Protocolo a La Protesta Social Es Un Avance Para El Respeto de Los Derechos Humanos by justiciop on Scribd