Dice José Manuel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch ‘Nos preocupa la reelección’
A pocas horas de que se conozca el reporte especial sobre el estado del paramilitarismo en Colombia, Vivanco cree que la intención al extraditar a los jefes de las autodefensas, era silenciarlos.
Esta semana Human Rights Watch (HRW), uno de los principales medidores de los Derechos Humanos en el mundo, entregará su reporte especial sobre el estado del paramilitarismo en Colombia, resultado de dos años de investigación.
Recientemente, la ONG le reconoció, mediante su informe anual, avances al Gobierno colombiano —por ejemplo en la reducción de denuncias sobre falsos positivos—, pero lamentó que las investigaciones no hayan sido exitosas. Igualmente, expresó su preocupación por el incremento de la violencia en ciudades como Medellín; criticó el escándalo de las chuzadas del DAS y las persecuciones y hostigamientos a miembros de la prensa, defensores de Derechos Humanos y miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Además, condenó con dureza las continuas y sostenidas violaciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de las Farc. En este mismo reporte, la ONG también manifestó su preocupación ante la posible segunda reelección del presidente Uribe y resaltó el trabajo de la Corte Suprema en las investigaciones por parapolítica.
Aunque aclaró que no está en contra del TLC entre Colombia y Estados Unidos, afirmó que la aprobación de ese tratado debe estar atada a un cambio profundo en la protección a los sindicalistas para evitar más asesinatos. El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, habló con El Espectador sobre estos temas.
El reporte especial habla de nuevos grupos insurgentes que actúan como las Auc. ¿A cuáles se refiere?
Hay nuevos grupos que han logrado reemplazar al paramilitarismo, grupos que operan como paramilitares. Pero le voy a dar más detalles esta semana cuando publiquemos nuestro informe luego de dos años de trabajo específico sobre ese tema.
Casi dos años después de la extradición de los líderes paramilitares más sanguinarios, sus verdades siguen ocultas. ¿Usted por qué cree que fueron extraditados?
Da la impresión de que justamente el propósito era silenciarlos. Tanto Mancuso como alias Don Berna habían asegurado que cooperarían con las investigaciones. Si el objetivo era obligarlos a cooperar, era suficiente extraditar a uno para dar el ejemplo a todos del rigor de la justicia. Estamos hablando de criminales muy astutos y con la extradición quedamos supeditados a lo que ellos quieran contar. Lo más grave es que hasta ahora no hay un mecanismo que permita la colaboración eficaz y confiable de estos autores o responsables de las peores atrocidades en la historia de Colombia. Su extradición fue un golpe fatal a las investigaciones de Justicia y Paz y parapolítica, entre otras. Callarlos es la única explicación que me surge.
En la ley estadounidense, ¿hay alguna forma de obligarlos a hablar ?
No hay evidencias de que el Departamento de Justicia esté dispuesto a investigarlos y sancionarlos en Estados Unidos por otros delitos que no sean narcotráfico. Hay legislación que se les podría aplicar en el ámbito de tortura, por ejemplo. Hemos estado trabajando con autoridades acá en Washington, pero no hemos podido avanzar. Se deben examinar con seriedad las posibilidades de abrirles investigaciones de acuerdo con la legislación americana vigente.
Ustedes reconocen avances en las investigaciones de parapolítica, pero se habla de que el Gobierno Uribe “ataca públicamente a los miembros de la Corte Suprema a título personal…”.
En parapolítica se siguen registrando importantes avances gracias a la tenacidad y el esfuerzo de la Corte Suprema, un órgano que ha estado ejerciendo sus fueros de una manera independiente. Sin embargo, hay constantes evidencias de hostigamiento y seguimiento por parte del DAS y de hostilidad del mismo Gobierno, que públicamente está en una campaña, diría yo, para desacreditar a la Corte.
¿Qué opina de que supuestos responsables de los llamados falsos positivos no hayan recibido aún condenas y, a cambio, estén quedando en libertad condicional?
Es un baldado de agua fría. Celebramos el descenso significativo en las denuncias de falsos positivos. Las cifras del año pasado no se pueden comparar con las del anterior. Pero no puedo olvidarme de la impunidad, de las investigaciones que favorecen a soldados y militares de alto rango que están involucrados en estos hechos atroces. El caso de Soacha es el que más ha impactado, pero no es el único. Lamentamos esta situación como lo ha lamentado el gobierno del presidente Uribe. Ojalá se corrija, las evidencias son abrumadoras y los tribunales de justicia tienen la última palabra.
El presidente Uribe tiene un nivel de popularidad altísimo porque, entre otras, los colombianos le reconocemos el haber propiciado duros golpes contra las Farc. ¿Usted cree que la guerrilla está en las mismas condiciones que hace ocho años?
Realmente nosotros no hacemos estudios del estado de salud de las Farc. Pero sabemos que siguen reclutando menores, empleando minas antipersona y asesinando a civiles inocentes. Ha habido un descenso en el número de secuestrados, pero desgraciadamente las Farc siguen secuestrando y cometiendo hechos atroces.
¿Qué tanta influencia tiene usted y sus reportes en el Congreso de Estados Unidos, por ejemplo en el proceso de aprobación del TLC, que tanto le interesa al Gobierno colombiano?
Nuestra misión es informar, confiando influir en el desarrollo de la política y la toma de decisiones sobre nuestros países, especialmente en Washington. Nosotros no estamos en contra de ningún tratado comercial y eso incluye a Colombia, ojalá que fuera aprobado dentro de un plazo breve. Pero concluir ese proceso requiere un cambio tangible en lo que se refiere, especialmente, al asesinato y persecución de líderes sindicales. Esta es una preocupación fundamental. Lo que sucede en Colombia no lo veo en ningún otro país de América Latina y es muy preocupante.
¿Por qué le preocupa, como dice el informe, una posible segunda reelección del presidente Uribe?
Para nosotros no es sólo vital registrar el estado de los Derechos Humanos, sino también examinar el estado de las instituciones democráticas y los mecanismos de control que permitan fiscalizar con claridad y transparencia el ejercicio del poder. Nos preocupan las sucesivas modificaciones constitucionales que permiten la eventual reelección del presidente Uribe. Los mecanismos de control en Colombia los maneja el Presidente.
¿A qué mecanismos de control específicamente se refiere?
Las nominaciones para autoridades importantes a nivel de Procuraduría y Fiscalía, por ejemplo, recaen en personas que son de la mayor confianza y del círculo íntimo del actual gobierno. No ha habido un esfuerzo por fortalecer las instituciones mediante el nombramiento de personas altamente calificadas e independientes. El énfasis es la cercanía o simpatía con el actual Gobierno, lo cual ha derivado en instituciones muy cercanas al Ejecutivo con la notable excepción de la Suprema Corte. Si la reelección se concreta, esta situación va a continuar.
¿Usted compara al gobierno de Uribe con el de Fujimori?
Sí. El de Fujimori fue el caso de un presidente con gran popularidad como Uribe, gratitud por parte de las mayorías por haber derrotado a Sendero Luminoso, capturado a los principales líderes y reconstituido la economía peruana que estaba en el suelo. Los escenarios de Colombia actualmente son muy similares a los de los 90 en Perú.