En malas compañías
No viola leyes, artículos o incisos. No está prohibida en ningún código penal.
Pasa por alto otro tipo de normas: las de la dignidad del cargo, la prudencia y la delicadeza social que obliga a los altos funcionarios. Me refiero a la voluntad del ponente de la sentencia del referendo reeleccionista en la Corte Constitucional Humberto Sierra Porto, de reunirse no una sino varias veces con el controvertido senador Javier Cáceres, su paisano. Debo ser exacta en los términos para que no se entienda más allá de lo que quiero decir: reunirse, en este caso, significa recibir las visitas del congresista en su despacho de la Corte. Esos encuentros ocurren en momentos en que el magistrado está examinando si el trámite del referendo en el Congreso del cual Cáceres es presidente, se ajustó a los procedimientos exigidos por la Constitución.
El senador Cáceres se sabe mover y consigue lo que quiere. El país no tiene dudas de ello. En la mente colectiva, tan fácil de engañar con falsas imágenes, quedó la idea de que era un adalid de la ética por un par de debates que hizo con la frase de “chuzo a los corruptos”. Pocos se acuerdan, sin embargo, de su zigzagueante recorrido político, y hasta ahora estamos empezando a tener evidencia de sus mañas. La romántica fábula del héroe que salió de las barriadas miserables de Cartagena y que supo ubicarse en los círculos altos del poder costeño para salvar a los pobres, ha sepultado la historia del tránsfuga hambriento de oportunidades y del vivaracho que las obtiene. Así se explica que haya iniciado formalmente su carrera en el Partido Liberal; que de allí hubiera saltado al naciente Polo, y que de pronto, en una pirueta difícil de imitar, se hubiera vuelto vargasllerista y uribista. También se entiende que, autopostulado a la presidencia del Congreso, se hubiera hecho pasar ante Vargas Lleras como leal a éste; ante César Gaviria como ‘independiente’ del Gobierno y ante el Gobierno, como su amigo fiel. Por su conducta en el trámite del referendo, sabemos que sólo le cumplió al que puede alimentarlo con puestos: el Ejecutivo.
Es en esta parte del cuento donde parece encajar el escándalo de corrupción en Etesa que ha denunciado la revista Cambio: una gerente que participó de actividades políticas en Cartagena con Cáceres y unos ex funcionarios de la misma ciudad presos por su presunta responsabilidad en los ilícitos y nombrados por ella en sus cargos a petición de Cáceres, como se desprende de todas sus llamadas.
El congresista es tan hábil que nadie le ha dado la menor importancia a una investigación preliminar que tiene la Corte Suprema en su contra. El que sí no puede hacerlo, por más cartagenero y buen amigo que sea, es el magistrado Sierra Porto, de quien ese magnífico medio digital que se llama La Silla Vacía ha sostenido que, como ponente de la sentencia del referendo, “tanto los uribistas como los antirreeleccionistas tendrán razones para mantener la esperanza”. Escribiendo esta columna, recuerdo que la célebre ex gerente de Etesa, Mery Luz Londoño, fue la candidata de la Corte Constitucional para el cargo de Contralor General, en la misma terna en que estuvo Carlos Medellín y el elegido, Julio César Turbay.
La pregunta es quién la recomendó en ese tribunal y por qué. Sólo formulo ese interrogante para que no terminemos pensando del magistrado Sierra —por cuenta de sus amistades y las visitas del exitoso senador— lo que La Silla Vacía afirmó del Procurador cuando éste envió su concepto a la Corte sobre el referendo: “Formalista en lo que perjudica la reelección y flexible en lo que la beneficia”.
Cecilia Orozco Tascón