Despojo y deforestación Pedeguita

Despojo en comunidad se consolida con tolerancia de Min. Interior, Min. Ambiente y Fiscalía General de la Nación

Hoy sábado 30 de noviembre hacia las 10:00 a.m. en Playa Roja, Consejo Comunitario de Pedeguita Mancilla,  el cuestionado representante legal, Baldoyno Mosquera,  reunió a  200 personas para ocupar de mala fe predios de la comunidad de Nueva Unión en ese Territorio Colectivo. 

Las 200 personas se dirigieron luego a los predios de la familia Velásquez y el predio de la familia Mercado en la Zona de Biodiversidad El Retorno. Hasta el momento se desconoce las afecciones que han producido.

El pasado martes 26 de noviembre a las 7:00 a.m. Baldoyno Mosquera junto con 30 personas más ingresaron a la comunidad de Nueva Unión, Territorio Colectivo de Pedeguita y Mancilla, en Riosucio, Chocó, intimidando a los legítimos y legales habitantes y propietarios tradicionales del territorio.

Los ocupantes de mala fe son procedentes de Chigorodó, Riosucio y las comunidades de San Andrés, Playa Roja, El Siete, Santa María. Adicionalmente, varios de los repobladores son integrantes del ETCR de Caracoli (La Florida).

Las personas ajenas al territorio junto a Mosquera cuestionado representante legal de la cuenca de Pedeguita y Mancilla, midieron y ocuparon parcelas de forma inconsulta en áreas deforestadas sobre el secamiento de la Ciénaga El Bajo de los Patos.

Al momento en la Ciénaga se han intervenido más de 250 hectáreas con la tala de bosque primario y secundario, esto ha afectado especialmente a las familias Velásquez, Valencia, Sánchez Murillo y a la familia Mercado de la Zona de Biodiversidad “El Retorno”. 

La deforestación realizada se ha hecho con el fin de ampliar un proyecto platanero avalado por la Agencia Nacional de Tierras. Este proyecto ha producido la perdida de maderas como El Roble, Arroz con coco, Guino y Caracol, así como la afectación de especies animales en vía de extinción como el mono Titi de cabeza blanca y la tortuga. 

Baldoyno Mosquera sigue promoviendo acciones de despojo por medio del repoblamiento desconociendo las medidas cautelares que fueron otorgadas por un Juez de Tierras de Quibdó al territorio. La comunidad afectada pide que el Estado intervenga, que cesen los despojos y se hagan efectivas las medidas Cautelares. 

Ni el poder ejecutivo del Ministerio de Interior, ni  del Ministerio de Ambiente ha actuado ante los abusos cometidos desde hace más de un año. El fracaso del proceso de reincorporación es evidente sin que el gobierno evite nuevas conflictividades.

Igualmente  en la Fiscalía General de la Nación reposan denuncias que ya son un expediente anquilosado que hiede, nunca han actuado ante abusos y violaciones cometidas por grupos de violentos motivados por Mosquera y tolerados por la policía hace cuatro años.

Tampoco los informes presentados ante la JEP sobre este territorio de despojos desde 1996 hasta 2016 ha tenido avances significativos sobre los planes criminales que se siguen perpetuando y consolidando hasta hoy. Testigos, pruebas siguen sin ser auscultados por una jurisdicción transicional mientras se consolida el despojo. Simultáneamente en el territorio colindante de La Larga Tumaradó, 9 líderes son víctimas de montajes judiciales que benefician a despojadores y empresarios criminales.

Bogotá D. C., 30 de noviembre de 2019

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Imagen: Archivo.

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