Crisis Humanitaria en bajo Atrato 2017, DH y DIH, Ambiental

Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante los daños irreparables en la vida e integridad de LUIS ENOR MURILLO, MANUEL RAMÍREZ MOSQUERA, asesinados por estructuras armadas neoparamilitares de las AGC y de MARIO CASTAÑO BRAVO y HERNÁN BEDOYA por estructuras armadas que operan en beneficio de empresarios ocupantes de mala fe en tierras despojadas por el paramilitarismo de 1996 que operó bajo las etiquetas de  ACCU y AUC, y con diversos mecanismos de apropiación ilegal y que hoy se reeditan con nuevos tipos de conexidad con estructuras armadas ilegales, que operan en medio de la ineficacia de la fuerza pública.

Bogotá, D.C., Febrero 16 de 2018

JUAN MANUEL SANTOS

Presidente de la República de Colombia

ÓSCAR NARANJO

Vicepresidente de la República de Colombia

GUILLERMO RIVERA FLÓREZ

Ministro del Interior

MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN

Ministra de Relaciones Exteriores

ENRIQUE GIL BOTERO

Ministro de Justicia

LUIS GILBERTO MURILLO

Ministro de Ambiente

JUAN GUILLERMO ZULUAGA

Ministro de Agricultura

RAFAEL PARDO

Alto Consejero para el post-conflicto

PAULA GAVIRIA BETANCUR

Alta Consejera Presidencial para los Derechos Humanos

MIGUEL SAMPER STROUSS

Director Agencia Nacional de Tierras

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ

Fiscal General de la Nación

FERNANDO CARRILLO FLÓREZ

Procurador General de la Nación

CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA

Defensor Nacional del Pueblo

 

Ref: Crisis Humanitaria en bajo Atrato 2017, DH y DIH, Ambiental

 Y sin duda la violencia seguirá existiendo hasta cuando nuestras naciones alcancen una democracia verosímil y hagan realidad los supuestos mínimos de igualdad que pregonan sus leyes.” William Ospina

Ante la privación de la libertad de ELÍAS ANTONIO USUGA para ser obligado a guiar estructura armada; los retenes y pasacalles en las vías carreteables de las AGC en el bajo Atrato margen oriental del Atrato y su consolidación territorial en el occidente del Atrato; situaciones que reiteran la ausencia de medidas para asegurar la protección de los derechos de afros, afromestizos e indígenas, el derecho a la vida e integridad, al ambiente sano, al uso y goce del territorio.

Nuestra Constancia histórica ante la ausencia de medidas eficaces que garanticen la protección a  la vida e integridad y al ambiente sano, de las comunidades ubicadas en Territorios Colectivos como las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, para evitar hechos lamentables como el desplazamiento forzado de las y los miembros de la familia ROMAÑA HERNÁNDEZ; ante los tratos crueles a los que fue sometida MARÍA HERNÁNDEZ, situación que evidencia las practicas deshumanizantes de la guerra y la continuidad de la construcción política del enemigo del Estado o desde una comprensión castrense, el entendimiento del otro como enemigo interno.

Nuestra Constancia Histórica ante la ausencia de acción oportuna a las diferentes denuncias que desde noviembre de 2016 hasta el presente año nuestra Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha realizado, anunciando la presencia de neoparamilitares denominados como “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” en el Territorio Colectivo de Jiguamiandó y Curvaradó, Pedeguita y Mancilla, La Larga y Tumaradó y el resguardo indígena Urada- Jiguamiandó, sin que exista ninguna respuesta eficaz de las entidades del Estado.

Nuestra Constancia Histórica ante la grave omisión estatal que permitió que las AGC desarrollaran operaciones de control social, territorial en 9 lugares del Consejo Comunitario de Jiguamiandó y Curvaradó, y mantengan control de operaciones económicas ilegales, a pesar de las objeciones de las comunidades; ante la libre movilidad de este grupo, entre las comunidades de Urada, Puerto Lleras y los Resguardo Embera, vestidos de civil y camuflado, reclutando pobladores que les sirven de puntos o informantes.

Nuestra Constancia Histórica ante la violación de las construcciones jurídico – políticas de las comunidades organizadas en las Zona Humanitarias y Zonas de Biodiversidad por parte de agentes estatales, desconociendo que los lugares humanitarios son escenarios de protección reconocidos internacionalmente por los Protocolos de Ginebra, marco jurídico que determinó el reconocimiento al principio de distinción de la población civil y la protección de sus bienes; ante la ocupación, destrucción y actos de pillaje en el marco de la Operación Militar Atlantis por parte de la brigada 15, en coordinación con la armada nacional, la fuerza aérea colombiana y la policía nacional, acción que produjo el desplazamiento forzado de la familia ROMAÑA HERNÁNDEZ.

Nuestra Constancia Histórica ante las operaciones militares del ELN desde las lógicas y prácticas de guerra de guerrillas, desconociendo las propuestas humanitarias de las comunidades afrodescendientes e indígenas asentadas en el Jiguamiandó; ante la utilización de métodos de guerras proscritos como la utilización de minas antipersonal que además de confinar a las comunidades, violentan sus usos, costumbres y formas de relacionarse con su territorio, provocando con estas acciones procesos de desarraigos masivos.

Nuestra Constancia Histórica ante el grave panorama en la cuenca del Jiguamiandó, que cada día tiende a tornarse más complejo para los pobladores por operaciones militares bajo la concepción del enemigo interno a través del cual se violan derechos humanos; la consolidación de operaciones de tipo neoparamilitar de las AGC con ineficacia, tolerancia y complicidad de la fuerza pública, y la movilidad de ELN que se han desarrollado con infracciones al derecho humanitario.

Nuestra Constancia Histórica ante el accionar de autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y otro tipo de estructuras violentas legitimadas por el cuestionado Representante Legal, BALDOYNO MOSQUERA, quienes actúan como apoyo a la implementación de los proyectos agroindustriales de banano, palma aceitera y ganadería de las de las empresas AGROMAR S.A., RECIFE S.A.

Nuestra Constancia Histórica ante la ausencia de respuesta efectiva por parte del Estado y de sus entes responsables de brindar condiciones de protección para salvaguardar la vida en integridad de los líderes reclamantes de tierra que han denunciado las acciones de despojo a las que están siendo sometidos por parte de la empresa AGROMAR S.A. y las actuaciones contra derecho del empresario JUAN GUILLERMO GONZÁLES y JAVIER RESTREPO GIRONA, DARÍO MONTOYA, WILLIAM RAMÍREZ; así mismo, ante las graves y dolosas omisiones de los entes de control ambiental, quienes han posibilitado la devastación de los bosques primarios y la degradación de los suelos utilizados para la implementación de cultivos de supervivencia.

Ante ustedes la fundamentación fáctica de nuestra Constancia Histórica y Censura Ética

  1. Territorio colectivo de Truandó

* Jueves 2 de marzo miembros de las AGC incursionaron en las comunidades negras de Quiparadó (Las Pavas), Clavellino y La Nueva, generando un desplazamiento masivo hacia la cabecera municipal de RíoSucio de más de 900 personas.

Los pocos habitantes que quedaron en los territorios fueron forzados a participar en varias reuniones en las que las AGC les prohibieron circular e informar por algún medio de su presencia.

Los AGC manifestaron que contaban con el apoyo de las FFMM y que sabrían quién les denunciaba. Los neoparamilitares con armas largas y vestidos de camuflado se asentaron en el Truandó a menos de 30 minutos de un retén del Batallón Fluvial.

Los desplazados manifestaron temor a denunciar los hechos porque observan los movimientos de las AGC en Río Sucio y su sede en Villa Rufina y uno de los barrios del municipio.

* Sábado 4 de marzo a las 4.00 p.m. habitantes del municipio de RíoSucio observaron el ingreso al territorio colectivo de Truandó en ocho botes, cuatro de madera y cuatro de fibra, con cerca de 150 hombres con armas de fuego largas y cortas, y vestidos de camuflado.

Diez minutos antes dos pirañas y una nodriza del batallón fluvial se retiraron del municipio de RíoSucio en donde ejercen regularmente operaciones de control.

* Viernes 10 de marzo a eso de la 1:00 p.m., salieron de Truandó dos efectivos de las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” afectados en sus piernas por la activación de minas antipersonal y otros dos AGC muertos por los combates sostenidos con la guerrilla del ELN en el caserío de Las Pavas

Los heridos fueron trasladados al municipio de RíoSucio y de allí remitidos a Turbo, según afirman los pobladores.

* Sábado 11 de marzo desde la mañana, las AGC fortalecieron su presencia con personas de civil en Tumaradó, Puente América o Travesía, Riosucio, Turbo, Belén de Bajirá, Brisas de Curvaradó, Pavarandó y Mutatá para hacer labores de control sobre la movilidad de personas y de bienes de supervivencia, y sobre  personas que están denunciando sus diversas operaciones. Se calcula que por lo menos nuevos 45 llamados Puntos colocaron en todo el bajo Atrato.

* Viernes 24 y sábado 25 de marzo la comunidad Woaunaan de Juun Dur, del resguardo de Kiparadó La Loma Woaunaan y Embera, RíoSucio, quedó en medio del fuego entre estructuras neoparamilitares de las llamadas AGC y la guerrilla del ELN.

* Viernes 31 de marzo Debido a los enfrentamientos armados en el territorio cerca de 500 personas de más de 120 familias Woaunaan se desplazaron del territorio colectivo de Truandó, al caso urbano de RíoSucio.

A pesar de la existencia de una alerta temprana, no hubo respuesta efectiva que evitara el desplazamiento de esta comunidad.

* Sábado 15 de abril en horas de la mañana en RíoSucio, indígenas Embera aseguraron que la guerrilla del ELN reclutó seis jóvenes, dos mujeres y cuatro hombres. Unos 10 integrantes de la guerrilla comunicaron a dos integrantes de la comunidad los lugares por los cuales la población no podría transitar y explicaron porque instalaron minas antipersonal. Los integrantes del ELN afirmaron que se iban a e enfrentar a las AGC.

Ese día, en horas de la tarde, se denunció por parte de pobladores afro e indígenas de la continuidad de un retén en Quebrada Churidó, instalado por las AGC desde 2015, a pocos minutos de operaciones del batallón Fluvial. En el retén dos indígenas fueron amenazados de muerte por pobladores por haberles denunciado.

A los indígenas amenazados de muerte, les saquearon los bienes de supervivencia y se les prohibió volver a salir. Los AGC allí afirmaron que “mataremos a los sapos y colaboradores de la guerrilla.”

En el acceso a los territorios del Truandó los militares fueron rigurosos en la requisa a la población

* Martes 10 de julio a las 8:00 a.m., a 20 minutos de su Comunidad Woaunaan de Juun Dur, Truandó, el joven indígena SEBASTIÁN CARPIO MECHECHE de 19 años de edad fue víctima de una mina antipersonal mientras realizaba labores de cacería.

* Jueves 17 de agosto aproximadamente a las 11:00 a.m. cerca de la comunidad de La Nevera, territorio colectivo de Truandó fue asesinado el afrodescendiente MANUEL RAMÍREZ MOSQUERA.

A eso de las 9.00 a.m. fue visto por última vez con vida cuando se dirigía hacia la comunidad de La Nevera desde el casco urbano de RíoSucio.

En La Nevera existían en estos días operaciones militares y de los neoparamilitares.

*Viernes 18 de agosto líderes afrodescendientes indicaron que se tenía un registro de 2500 pobladores desplazados a la zona urbana de RíoSucio, debido a los fuertes enfrentamientos entre el ELN y las AGC, y la complicidad de las FFMM con esta estructura armada.

Los mismos desplazados indicaron que alrededor de 320 núcleos familiares permanecen en estado de confinamiento, por el uso de métodos de guerra proscritos por el DIH.

* Martes 22 de agosto a eso de las 10:00 a.m., entre los territorios del Resguardo Woaunaan de Juun Dur y el Resguardo Embera de Quiparadó estructuras de la guerrilla del ELN y de las autodenominadas AGC sostuvieron un contacto armado, como consecuencia del fuego cruzado murió ANA MARÍA MEPAQUITÓ, indígena de 22 años y madre de tres niños.[1]

Ese mismo día en horas de la tarde, en la comunidad de Quiparadó, en inmediaciones del caño El Limón, las AGC asesinaron al afrodescendiente LEINER CORREA MENA, bajo el pretexto de ser auxiliador de la guerrilla del ELN.

* Viernes 1 y sábado 2 de diciembre en las comunidades de Clavellino y Truandó Medio, miembros de las AGC y de la guerrilla del ELN sostuvieron un contacto armado. Horas después efectivos regulares de la fuerza pública se enfrentaron en el territorio con intensidad con la guerrilla del ELN.

Habitantes del rio Truandó aseguraron que las AGC en el marco de sus tácticas de control territorial, instalaron un “puesto de control” en la comunidad de La Nueva, impidiendo la libre movilidad de las y los habitantes ancestrales. y la restricción de bienes de supervivencia.

Desde ese día, las AGC limitaron el ingreso de víveres hasta un valor de 50 mil pesos, anunciando que los mercados que superen este monto serán decomisados, pues el exceso de la comida es para abastecer a la guerrilla del ELN.

  1. Jiguamiandó

* Lunes 09 de enero a las 2:00 p.m. indígenas de la comunidad Embera del Resguardo Alto Guayabal observaron un grupo armado de presuntos neoparamilitares de las AGC aproximadamente  a menos de 500 metros del territorio donde habitan.

Los AGC vestidos de camuflado, con armas y radios de comunicación ordenaron a la población abstenerse de denunciarles o serían asesinados.

*Domingo 15 de enero den horas de la mañana, doce hombres de las AGC  con camuflado y armas largas intimidaron a un poblador del Consejo Comunitario de Jiguamiandó, en el caserío de Vergel, zona montañosa de San Rafael. Los AGC  le impidieron  el paso a su parcela de trabajo, lo amenazaron y le ordenaron abandonar el lugar. Antes de dejarle regresar a su comunidad le manifestaron que si les denunciaba debía asumir las consecuencias.

* Martes 07 de marzo desde las 10:00 a.m. ingresaron a los predios del resguardo indígena Urada más de 40 neoparamilitares de las AGC. Desde este lugar, desarrollaron operaciones de control en la comunidad indígena y  comunidades negras que circulan por el río Jiguamiandó.

* Miércoles 08 de marzo un grupo de hombres armados de las AGC ingresaron a una vivienda en la que se encontraban una mujer y cuatro niños en la comunidad de Bidoquera. Los AGC informaron que se iban a  quedar en la zona y que no podían denunciar su presencia.

Los neoparamilitares anunciaron que iniciarían  el control de la Finca Santa Rosa, en la loma cerca de la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza y en el peaje de Urada hacia Pavarandó. Agregaron que contaban con apoyo de los militares y policías.

* Martes 14 de marzo en horas de la mañana, siete integrantes del Consejo Comunitario de Jiguamiandó fueron declarados como blanco militar, entre ellos, MANUEL DENIS BLANDÓN, MELKíN ROMAÑA, ROMUALDO SALCEDO, ERASMO y BENJAMÍN SIERRA y otros dos integrantes de los cuales no se logró saber su no nombre. De igual forma el reconocido  líder indígena ARGEMIRO BAILARÍN se encuentra en la lista de los que deberían ser silenciados.

El propósito de estas acciones sería el control social territorial, persiguiendo a los que exigen la protección de los territorios, asegurar siembras de coca y la instalación de centros de procesamiento, así como, la expansión de la extracción minera ilegal.

* Domingo 26 de marzo a las 9.30 a.m. se inició el ingreso de las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, por el punto conocido como El Guamal desde Pavarandó, corregimiento de Mutatá.

Los AGC vestidos de civil se hicieron pasar por sembradores, aserradores y barequeros, que buscaban trabajo, Unos de ellos manifestaron que por las denuncias debieron entrar de civil para no dejar tan mal a los militares y que el armamento se encontraba pasando en cajas de comida. Algunos de estos AGC agregaron que  sus superiores conocían lo que denunciaban los líderes y las ONG, y por eso no les iba pasar nadas a ellos.

En horas de la tarde pobladores observaron cómo ingresaron armas y vestidos de camuflado en pequeñas cajas, que sumaron más de 300.

* Viernes 05 de mayo en horas de la mañana se observaron aproximadamente 300 hombres armados y uniformados pertenecientes a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en la quebrada La Mina y La Dominga, zona que encuentra cerca al Resguardo Embera de Urada.

* Viernes 07 de julio hacia las 7:00 a.m. ingresaron a la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza, Jiguamiandó, dos neoparamilitares de las AGC, vestidos de civil y con bolsos cortos, donde se presume llevaban armas cortas.

Los AGC luego de ingresar al lugar humanitario pintaron varias pancartas con el nombre de su organización y se apostaron a la afueras intimidando a la población.

* Domingo 6 de agosto a las 5:00 p.m., en la comunidad de Puerto Lleras, territorio Colectivo de Jiguamiandó, se observó la presencia de 70 neoparamilitares de las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”.

Los AGC se movilizaron en dirección hacia una platanera en la comunidad de Pueblo Nuevo en Jiguamiandó en donde pernoctaron.

* Lunes 7 de agosto a eso de las 6:00 a.m., desde la comunidad de Pueblo Nuevo, los 70 AGC cruzaron el río Jiguamiandó en posible dirección a la comunidad del Ovo, territorio colectivo de Jiguamiandó.

* Viernes 8 de septiembre entre las 10:00 a.m. y las 12:00 p.m., en el punto conocido como El Guamal, territorio colectivo de Jiguamiandó, se presentó un contacto armado entre integrantes de las autodenominadas AGC y la guerrilla del ELN.

Pobladores de las Zonas Humanitaria de Pueblo Nuevo, Nueva Esperanza y el Resguardo Humanitario de Urada, escucharon una serie de detonaciones y ráfagas de fusil durante aproximadamente dos horas.

* Sábado 23 de septiembre entre las 4:30 p.m. y 5:30 p.m. dentro del territorio colectivo de Jiguamiandó se desarrollaron enfrentamientos entre  efectivos militares de la brigada 15, en coordinación con la armada nacional, la fuerza aérea colombiana, la policía nacional y la guerrilla del ELN. El contacto armado ocurrió acerca de la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza y la comunidad de Santa Fe de Churima. Los pobladores escucharon bombardeos y ráfagas de fusil.

Como resultado de los enfrentamientos se vieron afectadas La Escuela y las viviendas de SOFÍA LEONOR SÁNCHEZ MURILLO, SALOMÓN BEITAR ROMAÑA y familia ROMAÑA HERNÁNDEZ.

Ante los daños a la vivienda producto de los enfrentamientos, los integrantes de la familia ROMAÑA HERNÁNDEZ para evitar daños irreparables a sus vidas buscaron refugio en otra comunidad.

MARÍA RUFINA HERNÁNDEZ en compañía de 7 niños y niñas se trasladaron en una embarcación de madera hacia la comunidad de Caño Seco. En medio de los momentos de zozobra, la niña ERIKA ROMAÑA HERNÁNDEZ se separó del grupo familiar; horas después, fue hallada aguas arriba del río Caño Seco con varias lesiones en su cuerpo.

* Domingo 24 de septiembre desde las 8:00 a.m. y hasta las 12:00 p.m. en sectores cercanos a la Zona Humanitaria y a la comunidad de Santa Fe de Churima, se escucharon once estallidos.

* Domingo 24 de septiembre a eso de las 11:00 a.m. en la comunidad de Santa Fe de Churima, MARÍA RUFINA HERNÁNDEZ, en compañía de otros miembros de la familia, incluyendo 7 niñas y niños regresaron a su vivienda.

Al desembarcar del bote en que se transportaban fueron violentamente abordados por efectivos regulares de la brigada 15, quiénes no se identificaron. Varios regulares tomaron por la fuerza a MARÍA HERNÁNDEZ y la llevaron hasta la vivienda, en donde fue insultada, acusada y señala de ser auxiliar de la guerrilla del ELN. Los militares la amenazaron con introducirle agujas en su cuerpo para que confesara.

Minutos después de los tratos crueles e inhumanos, MARÍA RUFINA fue forzada por uno de los militares a firmar un documento del cual se desconoce su contenido.

La familia observó que su vivienda estaba siendo ocupada por aproximadamente 40 uniformados de la brigada 15, destruida en más del 80% en su estructura, así como, la pérdida total de los enseres.

La familia del Consejo Comunitario constató que los efectivos de la fuerza pública hurtaron la suma de $1.000.000, varias especies menores y la remesa.  Algunos regulares utilizaron el interior de la vivienda para realizar sus necesidades fisiológicas.

La familia ROMAÑA HERNÁNDEZ verificó que en lugar donde se guardaban los documentos de identidad de los integrantes había sido saqueada. Ante el reclamo, el capitán CLAVIJO afirmó que miembros de la policía judicial habían sustraídos los documentos e imputando la responsabilidad de la quema y los daños en los enseres de la vivienda. Añadió también, que se habían llevado una fotografía que corresponde a AMPARO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, un equipo celular propiedad de JOHN ARMANDO ROMAÑA y que responde al número 3217098551.

Entre los documentos de identidad sustraídas se encuentran las cédulas de los adultos JHON ARMANDO ROMAÑA, MARÍA RUFINA HERNÁNDEZ y PEDRO FÉLIX HERNÁNDEZ.

Ante la ocupación de la vivienda los reclamantes de tierra JOHN ARMANDO ROMAÑA ROMAÑA, MARÍA RUFINA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, PEDRO FÉLIX HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, en compañía de  los niños (as) y jóvenes JHON PLINIO ROMAÑA HERNÁNDEZ de 17 años, JHON ARMANDO ROMAÑA HERNÁNDEZ de 15 años, NARLIS ROMAÑA HERNÁNDEZ de 14 años, ERIKA MARÍA ROMAÑA HERNÁNDEZ de 12 años, CRISTIAN NEY ROMAÑA HERNÁNDEZ de 10 años, ANDRIS CAROLINA ROMAÑA HERNÁNDEZ de 8 años y JOSÉ FRANCISCO ROMAÑA HERNÁNDEZ de 7 años, se desplazaron forzadamente hacia la comunidad de Caño Seco, dentro del territorio colectivo de Jiguamiandó.

* Domingo 25 de septiembre en horas de la tarde la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la fuerza de tarea conjunta Titán emitió un comunicado de prensa que aseguró que el comandante FREDDY VALBUENA del batallón de selva 54, en desarrollo de la Operación Atlantis, asaltaron un campamento del frente de guerra occidental del ELN, al mando de alias “Colacho” ubicado en zona rural del municipio Carmen del Darién.

Según el comunicado, se recuperó una menor de edad que había sido reclutada forzosamente reportada con el alias “Colacho”.

De acuerdo con sus familiares BETTY FLÓREZ de 14 años, al momento del enfrentamiento se separó de su núcleo familiar con quien ha convivido desde su nacimiento.  La menor padece de quebrantos de salud, por su condición epiléptica.

Según declaraciones hechas por el capitán CLAVIJO a prensa local, la joven fue entregada al batallón 17 y fue remitida al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.

*Jueves 28 de septiembre hasta éste día, pobladores constataron que los efectivos regulares de la brigada 15, adscrita a la séptima división del ejército habían dejado la vivienda de la familia ROMAÑA HERNÁNDEZ.

* Viernes 29 de septiembre en horas de la mañana una Comisión de verificación integrada por la Junta Directiva del Consejo Comunitario de Jiguamiandó y miembros de la Zona Humanitaria Nueva Esperanza y Caño Seco, acompañados por defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, junto con un delegado del Dialogo Intereclesial de Justicia y Paz, DiPaz, acompañantes internacionales, constataron en la vivienda de la familia ROMAÑA HERNÁNDEZ: Daños en la infraestructura de las viviendas, en enseres, daños en bienes de supervivencia y ocupación de bienes protegidos por el derecho humanitario.

Aproximadamente a las 5:30 p.m., a la altura de la comunidad de Andalucía, territorio colectivo de Jiguamiandó, la Comisión se encontró con efectivos militares al mando del capitán CLAVIJO, adscritos al batallón de selva 54 y miembros de la fuerza de tarea Apolo.  La comisión humanitaria solicitó información sobre los documentos de identidad de las y los integrantes de la familia ROMAÑA HERNÁNDEZ, una vez más afirmó el oficial que la responsabilidad de ese hecho era de la policía judicial.

A eso de  las 6:00 p.m. los regulares se retiraron de la comunidad de Andalucía usando una embarcación de un miembro de la comunidad, forzando a uno de los habitantes a trasportarlos hasta la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza.

Ese mismo día en la mañana, hacia las 6:00 a.m., ingresaron a la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza, territorio colectivo de Jiguamiandó, diez efectivos regulares adscritos al batallón de selva 54 al mando del capitán CLAVIJO. Así mismo, un grupo de 40 militares pernoctó dentro de las viviendas que se encuentran ubicadas a 50 metros de la Zona Humanitaria.

Según pobladores esta tropa sería la misma que ocupó bienes civiles en la comunidad de Santa Fe de Churima, territorio colectivo de Jiguamiandó.

* Jueves 12 de octubre a eso de las 8:00 p.m., a la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza, en Jiguamiandó, un grupo de hombres vestidos con sudadera y camiseta militar ingresaron a comprar a una de las tiendas. Con mucho temor, quienes atendían vendieron algunos productos en medio del silencio de los habitantes que allí se encontraban.

Hacia las 10:00 p.m., ingresaron a la Zona Humanitaria entre 30 y 40 hombres portando armas de fuego, los armados se ubicaron en la caseta comunitaria, espacio de encuentros y reuniones comunitarias.

Miembros de la comunidad abordaron al grupo armado, solicitando hablar con el mando, en respuesta uno de ellos se identificó como “Rogelio”.

“Rogelio”, expresó que él y sus hombres eran integrantes de la guerrilla del ELN, aseguró además ser el responsable del contingente que había llegado a la Zona Humanitaria, precisando que llegaron al territorio para quedarse.

La comunidad manifestó que él y sus integrantes debían salir de la Zona Humanitaria, explicaron el origen de la figura basada en el Derecho Internacional Humanitario. Agregaron también, que desde el año 2000 el mecanismo de protección civil había permitido proteger la vida y libertad en medio de las operaciones militares del Estado y la guerrilla; por tanto, el ingreso de hombres armados estaba prohibido.

En respuesta y en contradicción con la solicitud de la comunidad, el mando insurgente, expresó que él y sus hombres se quedarían. “Rogelio” respondió que luego de 20 años están retomando el territorio y aseveró que estaban en Nueva Esperanza porque sabían que en la Zona Humanitaria escondían a dos paramilitares.

La comunidad exigió presentar pruebas de la acusación y manifestó que la acción de violentar el lugar humanitario sería denunciada.

Los integrantes del ELN ocuparon los espacios vacíos de algunas casas, el salón comunal, la iglesia y la escuela.

* Viernes 13 de octubre durante el día, los habitantes de Nueva Esperanza decidieron no enviar los niños, niñas y jóvenes a clases como medida de prevención ante un eventual enfrentamiento y evitar señalamientos de ser informantes.

A eso de las 8:30 a.m. ingresó a la Zona Humanitaria el técnico del Kiosko Vive Digital, acompañado de un joven mototaxista oriundo del Belén de Bajirá. Integrantes del ELN acusaron al joven de ser paramilitar y que tenía que acompañarlos porque sabían que los mototaxistas “son paramilitares “. Debido a la respuesta del joven éste logró proteger su vida e integridad.

Hacia las 10:00 a.m., el ELN convocó a reunión en la caseta comunitaria; expresaron que venían a retomar el control del territorio, declarando como blanco militar a consumidores de drogas y ladrones; “sapos”, puntos o informantes y paramilitares”.

Los líderes expresaron al ELN que debía investigar antes lanzar acusaciones sin fundamento generando graves e irreparables daños.  En la reunión, la comunidad reiteró que la vulneración al lugar humanitario sería denunciada.

Durante la presencia en la Zona Humanitaria el ELN controló los espacios de llamadas telefónicas.

A las 7:00 p.m., el ELN abandonó la Zona Humanitaria.

* Domingo 22 de octubre aproximadamente a las 9:00 a.m. en el punto conocido como Las Menas, lugar donde se ubicaban varios hombres vestidos de civil y portando armas de fuego, abordaron al defensor de derechos humanos de nuestra Comisión JAVIER ROSERO; uno de los armados se identificó como “Rogelio”, expresó ser mando del ELN y solicitó trasladar por razones humanitarias y conforme lo tipifica el Derecho Internacional Humanitario a dos mujeres vestidas de civil y visiblemente enfermas.

Una vez fue consultado al esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección, las mujeres fueron trasladadas hasta el punto conocido como Caño Claro.

* Sábado 28 de octubre el líder comunitario WILLINGTON CUESTA, del territorio colectivo de Jiguamiandó, fue amenazado por el neoparamilitar alias “Chiqui” perteneciente a las AGC, luego que éste exigiera respeto a la comunidad.

El “Chiqui” expresó: “Usted es el hp que me quiere sacar, te voy matar”, y aseveró que tenía un listado de líderes y lideresas de las comunidades de Alto Guayabal, Puerto Lleras, Pueblo Nuevo y Urada, y de Curvaradó para ser asesinados.

* Viernes 3 de noviembre en algunas comunidades del territorio Colectivo de Jiguamiandó guerrilleros del ELN instalaron minas antipersonal, afectando de manera particular las comunidades de: Urada, Puerto Lleras, El Ovo, Vergel, La Laguna, Bracitos o Pueblo Pipón.

El ELN sostuvo que, conforme a los principios de su organización para evitar daños irreparables recomendaban a la población evitar usar los caminos y transportarse casi que exclusivamente por los ríos.

* Miércoles 8 de noviembre a las 5:00 p.m., ingresaron al cabildo de Nuevo Cañaveral, del Resguardo Embera de Urada Jiguamiandó, tres sujetos vestidos de civil, quienes fueron identificados como miembros de la estructura neoparamilitar de las autodenominada “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, AGC.

Los sujetos realizaron un recorrido por el lugar y luego se retiraron.

 * Jueves 9 de noviembre hacia las 9:00 a.m. ingresaron al cabildo de Nuevo Cañaveral del Resguardo de Embera de Urada Jiguamiandó alrededor de 100 irregulares de las AGC uniformados, portando armas de fuego de largo alcance y radios de comunicación.

A eso de la 1:00 p.m., los AGC obligaron a las y los comuneros a asistir a una reunión; allí afirmaron que no le harían “daño” a nadie, no había porque tener miedo.

Los integrantes de las AGC manifestaron que cómo el ELN estaba sembrando minas antipersonales, ellos debían hacer lo suyo. Uno de ellos agregó que cómo no iban hacerle nada a nadie, no era necesario denunciar. Éste mismo AGC reiteró que si denunciaban, ellos se enteraban por sus amigos en las instituciones.

Al caer la tarde los armados tomaron el camino que de la comunidad de Nuevo Cañaveral conduce a la finca Bracharia. Los pobladores presumen que los AGC pernoctaron en ese lugar.

* Sábado 11 de noviembre cerca de las 5:00 p.m., ingresaron a la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo, territorio colectivo de Jiguamiandó, cinco hombres portando armas largas pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional ELN, desconociendo los principios organizativos y de protección humanitarios de la población.

Los pobladores exigieron a los integrantes del ELN respetar la Zona Humanitaria la cual tiene su sustento jurídico en las normas del DIH.  Los integrantes de la guerrilla manifestaron que pasaban para informar de la instalación de minas antipersonal y que debían abstenerse de transitar por caminos estrechos y lugares montañosos. Advirtieron que está prohibido el tránsito entre la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo y la Zona de Biodiversidad del Ovo.

Los pobladores exigieron que debía garantizarse su libre movilidad porque se está impidiendo el trabajo y fragmentando las comunidades y los núcleos familiares.

A pesar de la insistencia de la comunidad para que se respetara el lugar humanitario los armados se quedaron hasta altas horas de la noche.

* Domingo 12 de noviembre desde las 9:00 a.m., ingresaron a la comunidad de Urada, territorio colectivo de Jiguamiandó, seis neoparamilitares pertenecientes a las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, AGC. Tres de estos portaban camuflados, armas largas, granadas y brazaletes, los otros estaban vestidos de civil y dentro de ellos se identificó al llamado “JJ”.

A las 4:10 p.m., pobladores en tránsito por el río Jiguamiandó observaron en el caserío de Urada donde habitan afrocolombianos, cerca de 50 integrantes de la estructura neoparamilitar de las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” AGC, portando armas de fuego de largo alcance. Manifestaron que se dirigirían a Alto Guayabal.

Sobre las 6:00 p.m., aproximadamente 80 hombres de las AGC, acamparon en la Finca Las Brisas, ubicada a tan sólo cinco minutos del caserío de Urada.

Cerca, a 40 minutos de dónde operan las AGC en el territorio de Jiguamiandó, se encuentra ubicada la base militar de Llano Rico, construida de manera inconsulta, violentando los derechos territoriales de los habitantes ancestrales del Curvaradó.

 *Martes 14 de noviembre en horas de la mañana Se tiene conocimiento que los corredores de control y movilidad de las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, están ubicados sobre las vías de penetración primarias desde Belén de Bajirá, hacia las comunidades de Brisas, Apartadocito, Llano Rico, Pavarandó, Mutatá. Estas vías son escenarios de presencia regular de miembros de la fuerza pública.

Las unidades del ELN están a menos de una hora de dónde se encuentran las AGC.

* Lunes 13 de noviembre sobre las 10:00 a.m., en la cuenca del Jiguamiandó habitantes de los caseríos del Consejo Comunitario de Urada y Resguardo Embera de Nuevo Cañaveral quedaron en medio del fuego cruzado entre neoparamilitares de las AGC que se encontraban en la finca Las Brisas y la guerrilla del ELN.

Según testimonios de lugareños el ELN dio de baja a tres neoparamilitares de las AGC.

* Martes 14 de noviembre a las 7:00 p.m., ingresaron al Resguardo Embera de Alto Guayabal, Jiguamiandó miembros de la guerrilla del ELN, informaron a la comunidad que debían concentrarse en el caserío y que no debían ingresar a la zona selvática.

Los indígenas Embera se encuentran en estado de zozobra dada las operaciones de control territorial que también se encuentra realizando las AGC, con la aquiescencia de las fuerzas regulares.

* Miércoles 15 de noviembre desde 6:30 a.m. hasta las 7:00 p.m., el Resguardo Embera de Alto Guayabal y el caserío del Resguardo de Nuevo Cañaveral fueron sobrevolados por helicópteros de la fuerza área.

El caserío del Resguardo Nuevo Cañaveral se encuentra ubicado a una hora a pie del territorio colectivo del Consejo Comunitario de Urada en dónde hace dos días, se encontraban más de medio centenar de AGC, en la finca conocida como Las Brisas. Urada es punto de intersección entre las comunidades de Pueblo Nuevo, Nuevo Cañaveral, Puerto Lleras, y resguardos Embera incluyendo Alto Guayabal y Urada.

* Jueves 16 de noviembre a eso de las 3:30 p.m. a las afueras de la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo, territorio colectivo de Jiguamiandó, ocho armados, integrados por hombres y mujeres, vestidos con prendas militares, portando armas de fuego de largo alcance y brazaletes blancos, se ubicaron en La Loma del Chorro y el sector del Canalón ubicado a 10 minutos a pie del resguardo de Ibudó y atacaron a dos neoparamilitares de las AGC.

Uno de los armados, de manera indiscriminada disparó en dos ocasiones sin ningún blanco fijo, pero en dirección de la Zona Humanitaria.

Unidades guerrilleras del ELN atacaron con tiros a los AGC. Ante la reacción de los insurgentes emprendió la huida.

El contacto armado produjo el desplazamiento forzado de las profesoras que prestan sus servicios en la escuela de la comunidad.

* Sábado 18 de noviembre en horas de la mañana el afromestizo y reclamante de tierras ELÍAS ANTONIO ÚSUGA DUQUE de 37 años, miembro del Consejo Comunitario de Urada, territorio colectivo de Jiguamiandó fue visto por última vez cuando se dirigía hacia su finca, ubicada en dirección al sector de El Tamboral, a tan solo 10 minutos del caserío de Urada.

Ante la inusual ausencia, familiares se dirigieron hacia la finca, en el área donde se encuentra construida la vivienda, encontraron parte de la ropa que portaba el día sábado y su machete (herramienta de trabajo).

Las familias estuvieron indagando entre vecinos y familiares por el paradero de ELÍAS ANTONIO ÚSUGA DUQUE, sin que exista información que lleve a encontrarlo.

* Jueves 23 de noviembre en horas de la tarde, ELÍAS ANTONIO ÚSUGA DUQUE apareció en una finca cerca a la comunidad de Llano Rico, territorio colectivo de Curvaradó.

Cinco días después, ELÍAS fue encontrado en una finca, emocionalmente alterado y con signos visibles de agotamiento por una caminata de más de dos días seguidos.

ELÍAS manifestó, que el pasado sábado 18 de noviembre, en horas de la noche, hombres armados y sin identificarse ingresaron a su vivienda en la finca ubicada en dirección al sector de El Tamboral, a tan solo 10 minutos del caserío del consejo comunitario de Urada, territorio colectivo de Jiguamiandó.

Los armados sacaron a la fuerza a ELÍAS obligándolo a servirles de guía en medio de la selva para conocer el territorio. Después de caminar durante dos días el lunes 20 de noviembre, los armados lo dejaron de tras de un cerro de Pueblo Pipón. ELÍAS siguiendo los rastros de los aserradores logró llegar hasta Llano Rico.

ELÍAS se encuentra en una profunda afección y sin garantías para su vida e integridad pues los armados siguen operando en Jiguamiandó.

  • Territorio Colectivo de Curvaradó

* Jueves 19 de enero en horas de la tarde, en Llano Rico, la comunidad observó la presencia de seis neoparamilitares vestidos de civil y armados que preguntaron por los líderes SERGIO DÍAZ y GUILLERMO DÍAZ, pues estaban hartos de sus denuncias y se iban a quedar en el territorio “gústele a quien le guste, vamos a tener control de la zona”.

Sobre las 11:00 p.m., miembros de las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, realizaron pintas en algunas viviendas y negocios, en las que se lee “AGC Presente”.

* Lunes 23 de enero a eso de las 7.15 a.m. en  el predio La Honda, en la comunidad de Apartadocito, territorio colectivo de Curvaradó, fueron observados aproximadamente 40 neoparamilitares portando armas largas y uniformes de camuflado quienes tomaban el camino hacia el corregimiento de Pavarandó, Mutatá.

* Lunes 13 de febrero aproximadamente a las 2:30 p.m., ingresaron ocho hombres armados vestidos de camuflado a la propiedad de YOMAIRA MENDOZA, en Apartadorcito. YOMAIRA huyó con su esquema asignado por la Unidad Nacional de Protección llegó al caserío de Llano Rico. Allí fue seguida por dos hombres que se movilizaban en una camioneta gris y minutos después recibió amenazas por vía mensaje de texto, donde incluyeron varias fotografías de pintas que hicieron en su vivienda, neoparamilitares de las AGC.

* Viernes 07 de abril hacia  las 5:00 p.m., en el punto conocido como Los Piscingos, dos sujetos vestidos de civil, con armas cortas, afirmaron que buscaban cinco jóvenes, por ladrones. Aseguraron que eran de “la empresa”, refiriéndose a los neoparamilitares de las AGC. Aseguraron que estaban para poner el orden.

Posteriormente, en predios del Consejo Menor de Apartadocito, se llevaron por la fuerza a SINDERNEY COGOLLO SERPA y a BRYAN COGOLLO MORENO. En Colbalso, los dos jóvenes fueron golpeados y amenazados. Los integrantes de las AGC  afirmaron que no los matarían y sí una advertencia, luego de la amenaza los dejaron en libertad.

*Sábado 8 de abril  en hora de la mañana los mismos hombres regresaron a la vivienda de los jóvenes y les advirtieron que no podían salir de la zona si no pagaban lo que se habían robado, o “se las veían de nuevo con las AGC”

* Lunes 10 de abril ANDRÉS RUÍZ GALLO, de 17 años de edad, habitante de la zona humanitaria de Costa Azul, del territorio colectivo de Curvaradó, debido a amenazas por parte de las AGC debió desplazarse por temor a atentados contra su vida e integridad.

* Lunes 22 de mayo integrantes de las AGC ofrecieron $1.400.000 (U.S. 400) a jóvenes por ingresar  a la estructura armada.

En diferentes reuniones a las que convocaron, acusaron a miembros de las Zonas Humanitarias y Zonas  de Biodiversidad de ser parte de la guerrilla y sus auxiliadores.

* Miércoles 31 de mayo hacia las 11:00 a.m., en la comunidad de La Nevera, Consejo Comunitario de Cetino, Territorio Colectivo de Curvaradó, llegan a la vivienda del reclamante de tierras RAFAEL TRUAQUERO cuatro hombres vestidos de civil, portando armas de fuego. Al bajarse de las motocicletas en las que se transportaban, preguntaron por DUBERNEY GÓMEZ, hijo del reclamante de tierras.

Este atiende el llamado y regresa a la vivienda para cambiarse de ropa, a lo que uno de los armados lo sigue y saca a DUBERNEY apuntándole con el arma, obligándole a subir a la motocicleta. Minutos después encuentran el cadáver de DUBERNEY GÓMEZ en la vía que conduce hacia El Cerrado. La Policía se negó a hacer el levantamiento del cadáver, argumentando ausencia de seguridad por el “Plan Pistola” de las AGC.

* Domingo 25 de junio en el municipio de Chigorodó, hacia las 4:00 p.m. una de las hermanas del líder ENRIQUE CABEZAS fue abordada por integrantes de las AGC que le intimidaron y le indicaron que debía decirle a su hermano que no se metiera con las tierras del empresario ANTONIO LOPERA.

Ese día las comunidades de Caño Manso y Apartadocito Territorio Colectivo de Curvaradó, y la comunidad de Bijao Onofre, Territorio Colectivo de Pedeguita y Mancilla, participaron en una delimitación de predios y saneamiento de la propiedad de terrenos invadidos por el empresario.

 * Viernes 30 de junio en el municipio de Chigorodó, hacia las 10:00 a.m. un presunto miembro de las AGC, intimidó a la hermana de ENRIQUE CABEZAS, afirmando que no debía meterse con la propiedad de LOPERA o tendría consecuencias en su vida

 * Sábado 01 de julio a las 2:00 p.m., integrantes de las AGC esperaron al líder ENRIQUE CABEZAS en el caserío de Apartadocito. Según testigos, dos hombres se ubicaron en la puerta de la Zona de Biodiversidad “El Paraíso”, durante dos horas. Posteriormente se ubicaron en la comunidad de Llano Rico. Otro AGC hizo llegar el mensaje que era mejor que no regresara ENRIQUE ese día porque podría ser asesinado.

Simultáneamente el empresario ANTONIO LOPERA  acusó ante las autoridades policiales al líder ENRIQUE CABEZAS falsamente de haber hurtado ganado.

* Jueves 27 de julio a eso de las 4:50 p.m. en el área urbana de Belén de Bajirá, dos sujetos de las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, AGC, portando arma de fuego de corto alcance, ingresaron a la cancha de fútbol y en medio de un partido dispararon al joven de 21 años, LUIS ENOR MURILLO CHAVERRA.

Los neoparamilitares de las AGC se movilizaron en una motocicleta en la que huyeron después del asesinato. Algunas versiones de pobladores indican que LUIS ENOR MURILLO se negó a hacer parte de la estructura neoparamilitar de los AGC

* Viernes 28 de julio en la comunidad de Cetino, territorio colectivo de Curvaradó, las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, convocaron a reunión a todas las personas que son moto-taxistas en los sectores de Brisas, Cetino y Las Menas.

Las AGC ordenaron que antes del lunes 31 de julio todos los que prestan ese servicio debían estar afiliados a la asociación y cancelar una cuota de $150.000 mensuales (U.S. 43)  Aseguraron que después de esta fecha el pago sería de $2.000.000 (U.S. 650).Uno de los armados aseguró que el incumplimiento de esta orden implicará sanciones. “Los que no se asocien, les quitamos la moto y sino la entregan, las quemamos”

* Martes 1 de agosto en horas de la mañana miembros del consejo comunitario de Caño Manso, territorio colectivo de Curvaradó, ante el avance de la maquinaria pesada que viene realizando canales de drenaje y la devastación de áreas de bosque primario para la implementación de la agroindustria de plátano, decidieron intervenir de manera pacífica y frenar los daños que se estaban realizando en los predios de OVIDIO LONDOÑO, MISAEL BELTRÁN y WILL CORREA.

Los predios de las familias ancestrales intervenidos para la implementación del proyecto que se ejecuta presumiblemente, según los ocupantes de mala fe, con recursos de la Agencia Nacional de Tierras se encuentran ubicados en la zona de traslape entre los títulos colectivos de Curvaradó y Pedeguita y Mancilla.

Once integrantes de la comunidad de Caño Manso visitaron las zonas donde se realizan los trabajos, allí constataron la tala de las zonas destinadas a protección y reserva. Uno de los contratistas aseguró que trabajaba bajo las órdenes de BALDOYNO PALACIOS, el cuestionado representante legal del territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla, afirmando que él expidió el permiso para aserrar.

En horas de la tarde de ese día en los predios de MISAEL BELTRÁN y WILL CORREA, se observó la construcción de varios canales de drenaje degradando suelos y afectando  áreas ya cultivadas para la subsistencia de las familias.

El operario de la maquinaria afirmó que los trabajos solo se frenaban si la orden provenía de BALDOYNO PALACIOS, el cuestionado representante legal de Pedeguita y Mancilla.

* Jueves 3 de agosto hacia las 4:30 p.m., un foráneo ingresó a la comunidad de Caño Manso, territorio colectivo de Curvaradó, y aseguró que el lunes 7 de agosto ingresaría un grupo armado de paramilitares ingresaría  para ordenar el territorio.

* Martes 8 de agosto en horas de la mañana, hombres dirigidos por BALDOYNO PALACIOS, reactivaron la destrucción de bosque primario y fuentes de agua para desarrollar siembras extensivas de banano. Ante los reclamos, PALACIOS, afirmó que estaba facultado para decidir sobre la tierra y cuenta con el respaldo de la Agencia Nacional de Tierras y el Gobierno.

* Miércoles 16 de agosto hacia las 11:00 a.m. sin consentimiento alguno de los habitantes de la Zona Humanitaria de Caracolí, territorio colectivo de Curvaradó, ingresaron diez integrantes  de la Policía Nacional.

Uno de los regulares SILVA afirmó ser miembro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y preguntó si la comunidad tenía algún relacionamiento con el Punto Transitorio de Normalización Silver Vidal.

Ante la solicitud de indicar el motivo de su visita y el respetar el espacio de protección de la población uno de los regulares argumentó que no tenían lugar vedado, desconociendo la figura jurídica de la Zona Humanitaria, y  sin autorización alguna realizaron registros fotográficos. Quince minutos después los policiales se retiraron del lugar sin mediar palabra.

* Viernes 25 de agosto en horas de la mañana en la comunidad de Cetino, territorio colectivo de Curvaradó, miembros de la estructura neoparamilitar de las autodenominadas AGC forzaron a la comunidad a asistir a una reunión.

Los armados anunciaron que cobrarían un “impuesto” o “vacuna” por cabeza de ganado y cajas de plátano. Los AGC aseguraron que la próxima reunión sería en la Zona Humanitaria de Las Camelias.

* Sábado 26 de agosto a eso de las 4:00 a.m. llegó a la Zona Humanitaria de Las Camelias, territorio colectivo de Curvaradó, JOHN JAIRO VILLALBA, hijo del reclamante de tierras JOSÉ DEL CARMEN VILLALBA, buscando refugio, luego de un intento de asesinato por dos sujetos que se identificaron como parte de las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, AGC.

JOHN JAIRO se negó a pagar las vacunas o cobros extorsivos que realizan las AGC por cabezas de ganado y cajas de plátano, y fue amenazado de muerte.

* Jueves 2 de noviembre en horas de la mañana se acercó a inmediaciones de la Zona Humanitaria de Caño Manso, territorio colectivo de Curvaradó, un hombre que se identificó como integrante de las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, AGC.

El hombre manifestó que cumplía órdenes y que la población para evitarse problemas debía entregar una vivienda para que allí se instalara pues su misión era ser un informante o Punto. Los integrantes de la comunidad se negaron a aceptar tal orden y sacaron al individuo del lugar, de manera respetuosa.

* Domingo 5 de noviembre en el territorio colectivo de Curvaradó, en frente del Batallón Selva N° 54 el neoparamilitar que responde al alias de “El Zarco” se estrelló en la vía mientras iba en una motocicleta conducida por él en estado de embriaguez.

De acuerdo con pobladores fue asistido y requisado por miembros del ejército quienes le hallaron un arma de fuego. Se desconoce que hicieron los militares con el reconocido neoparamilitar.

El llamado “Zarco” es reconocido por ser integrante de las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” AGC en Llano Rico.

* Domingo 26 de noviembre hacia las 3:00 p.m., a la altura de la hacienda Mocarí, ubicada en la vía que conduce de Mutatá a Pavarandó fue observado un pasacalle de color verde y blanco donde se leía AGC. La hacienda Mocarí se encuentra a cinco minutos del área urbana de Pavarandó y de la subestación de policía del corregimiento.

* Lunes 27 de noviembre a eso de las 2:00 a.m., integrantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, ingresaron al caserío Llano Rico, territorio colectivo de Curvaradó.

Los guerrilleros del ELN afirmaron que buscaban a los neoparamilitares de las AGC alias “Patotas” y el denominado “Político”.  Cuando los guerrilleros llegaron, los neoparamilitares huyeron del lugar.

* Martes 28 de noviembre siendo las 11:00 a.m., en la Zona de Biodiversidad El Paraíso, ubicada en la comunidad de Apartadocito, territorio colectivo de Curvaradó, pobladores se sorprendieron al observar aproximadamente 20 hombres del ELN, portando uniforme camuflado y armas de fuego de largo alcance.

En la mañana del 29 de noviembre se retiraron del lugar.

* Domingo 3 de diciembre a la 8:30 p.m., en el corregimiento de Llano Rico, territorio colectivo de Curvaradó, un grupo de alrededor de doce hombres uniformados y portando armas largas pertenecientes a las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, llegaron en motos de alto cilindraje amedrentado a las comunidades.

Las AGC obligaron a la comunidad a asistir a una reunión en la que manifestaron, “nadie va impedir que estemos en el territorio, nosotros vamos a estar presentes”, refiriéndose a la presencia con el ELN.  Afirmaron las AGC que portaban un listado con personas para “ajusticiar”.

Las AGC tienen libre movilidad desde Pavarandó hasta Llano Rico y Urada en medio de la base militar inconsulta del batallón de Selva 54 en Llano Rico y la subestación de Policía de Pavarandó.

* Lunes 4 de diciembre hacia las 4:30 p.m., un hombre de las AGC desconociendo los principios de la Zona Humanitaria de Camelias, territorio colectivo de Curvaradó, ingresó y expresó que ya sabían quiénes eran los líderes que se oponían.

Ese mismo día ingresó al predio del líder reclamante de tierras GUILLERMO DÍAZ, el neoparamilitar de las AGC conocido como “El Político” abordó de forma violenta a DÍAZ y lo amenazó diciéndole :”no se meta en lo que no le importa, deje de denunciar”. Minutos después se retiró del lugar.

* Miércoles 6 de diciembre desde las 6:40 a.m. hasta cerca de la 1.00 pm. entre las comunidades de Llano Rico y Apartadocito, territorio colectivo de Curvaradó, un grupo de las AGC  con prendas militares y armas de fuego montaron un retén impidiendo el ingreso y salida de integrantes del consejo comunitario. El retén se instaló a 10 minutos de la base militare instalada inconsultamente en predio despojados y usufructuados de mala fe por el empresario DARÍO MONTOYA.

 Los AGC luego de terminar el control ilegal pernoctaron en una propiedad ocupada de mala fe por el empresario ANTONIO LOPERA.

* Sábado 9 de diciembre aproximadamente a las 12:00 p.m., a la altura del punto conocido como Montañitas, en la vía que del caserío de Cetino conduce hacia el caserío de Brisas, territorio colectivo de Curvaradó, dos neoparamilitares de la estructura autodenominada “Autodefensas Gaitanistas Colombia”, AGC,  que se movilizaban en una motocicleta fueron emboscados por un grupo del ELN´, dejando muerto al llamado “Político” de las AGC, el otro integrante logró escapar.

Según lugareños, el AGC muerto era conocido también como “El asesino de Bajirá

Los neoparamilitares días atrás habían afirmado que acabarían con los líderes reclamantes de tierras que se opusieran a los proyectos agroindustriales porque era la “orden de los patrones”.

El temor y estado de zozobra en cerca de 25 líderes reclamantes de tierras aumentó en la medida en que se confirmó la pretensión de los empresarios ocupantes de mala fe de asegurar las tierras por todos los medios posibles ante el temor que les asiste que las decisiones constitucionales o de los jueces de restitución se apliquen.

Algunos de los líderes que fueron declarados por las AGC como blanco militar están MANUEL DENIS BLANDÓN, ELKÍN ROMAÑA, ROMUALDO SALCEDO, ERASMO SIERRA, BENJAMÍN SIERRA, ARGEMIRO BAILARÍN, FÉLIX ALVARADO reclamantes tierras del territorio colectivo de Jiguamiandó.  Así mismo las y los líderes de Curvaradó MARÍA LIGIA CHAVERRA, EUSTAQUIO POLO, ELEODORO POLO, YOMAIRA GONZÁLEZ, JAMES RUÍZ, ENRIQUE PETRO, ENRIQUE CABEZAS, LUIS FELIPE TRIANA.  Y de Pedeguita y Mancilla MARY HERNÁNDEZ, LEDYS TUIRÁN, MARLENE BENÍTEZ, ROSARIO ANAYA, ANDRÉS LANCE, YEISON FARID, entre otros.

Algunos de los empresarios ocupantes de mala fe bananeros, palmeros, ganaderos habrían pagado 60 millones de pesos (U.S 25 mil) para atentar contra la vida de los líderes reclamantes de tierras.

* Jueves 14 de diciembre en horas de la mañana se recibió información de la existencia de un plan para atentar contra la vida e integridad de los miembros del Consejo Menor de Curvaradó, FRAY TUBERQUIA, SANTOS TORRES, MIGUEL HOYOS, EUSTAQUIO POLO y MARIA LIGIA CHAVERRA.

Ese  día, el líder SANTOS TORRES recibió 15 llamadas telefónicas sospechosas.

A eso de la 1:30 p.m., la lideresa y propietaria de una Zona de Biodiversidad ubicada en la comunidad de Caño Manso, LEDY TUIRÁN y su hijo de 16 años, fueron amenazados de muertes por las AGC. Aseguraron “si no podemos con usted, seguimos con su hijo”.

También se conoció por parte de un AGC que existía un  plan para atentar contra GUILLERMO DÍAZ y ENRIQUE CABEZAS.

* Jueves 14 de diciembre hacia las 7:00 p.m., hombres armados vinculados a las AGC, rodearon  la casa de un mototaxista, ELADIO MANUEL NIETO RAMOS en el sector de Casa Negra, quién logró escapar del lugar. Desde esa noche el transportista se vio obligado a desplazarse del territorio colectivo.

* Viernes 15 de diciembre a las 2:00 a.m., pobladores de la Zona Humanitaria Camelias Tesoro, se percataron de la presencia de dos hombres en una motocicleta de alto cilindraje.

Uno de ellos ingresó a la zona aproximadamente a las 2:30 a.m. y luego se retiraron al punto Casa Negra de operación de las AGC

  1. Territorio colectivo de La Larga Tumaradó

* Jueves 9 de noviembre el líder reclamante de tierras y ambientalista MARIO CASTAÑO, creador de la Zona de biodiversidad Árbol del Pan, ubicada en el territorio colectivo de La Larga Tumaradó, vía telefónica a su número 3208150019, fue convocado a asistir a una reunión el día sábado 11 de noviembre en la cabecera del territorio colectivo.

El sujeto que transmitió el mensaje afirmó que en la reunión conocerían a los nuevos mandos de la estructura de las AGC que habitarían y controlarían en el Territorio Colectivo.

El líder manifestó que no asistiría a dicha reunión.

*Sábado 17 de noviembre a las 8.00 a.m. en el lugar conocido como La Punta, territorio colectivo de La Larga Tumaradó,  se realizó una reunión en la que participaron integrantes de las comunidades, Unidad de Restitución de Tierras, , Unidad de Atención de Víctimas, y un delegado del Ministerio del Interior.

En la reunión se abordó el tema de Consulta Previa y la nulidad y o suspensión del título minero, y las acciones a seguir a partir de la posición de la comunidad. En esta reunión MARIO CASTAÑO de manera informal expresó que como en Curvaradó y Jiguamiandó se debía impedir el acceso empresarial irregular de cualquier manera.

 *Sábado 25 de noviembre en horas de la noche se conoció  del malestar de empresarios beneficiarios del paramilitarismo del año 1996, que manifestaron su molestia ante los líderes de restitución, quienes supuestamente estaban preparando una invasión de tierras en toda la región del Bajo Atrato. Los empresarios criminales manifestaron que iban a tener que actuar. En particular, las actuaciones empresariales contra derecho son de los ocupantes de mala fe en Curvaradó, La Larga Tumaradó, Pedeguita Y Mancilla.

*Domingo 26 de noviembre a eso de las 6.00 p.m. los dos escoltas asignados para MARIO CASTAÑO y el líder HÉCTOR PÉREZ dejaron a MARIO en la Zona de Biodiversidad.

A dos kilómetros de la Zona se encontraban unidades militares por las que circulaba todos los que podrían acceder al lugar de habitación de MARIO CASTAÑO y su familia

Hacia las 7:00 p.m. armados ingresaron a la finca La Florida, en el territorio Colectivo de La Larga Tumaradó, propiedad del líder de restitución de tierras, MARIO CASTAÑO.  Los sujetos dispararon siete veces a MARIO.  Otro de los sujetos, apuntó con un arma nueve milímetros a MARIO CASTAÑO FLORES, hijo del líder reclamante de tierras.

Ante la confusión por los múltiples disparos MARIO CASTAÑO FLORES, hijo logró escapar.

Los perpetradores del crimen de MARIO despojaron de sus cédulas de ciudadanías a tres de los hijos del líder asesinado, entre ellos la de MARÍA ENNA CASTAÑO, JOSÉ MANUEL CASTAÑO y CARLOS MARIO CASTAÑO; así como tres teléfonos celulares.

El asesinato del líder MARIO CASTAÑO BRAVO se realizó en presencia de su núcleo familiar integrado por cuatro niñas y niños, dos adolescentes, 4 adultos (3 mujeres y 1 hombre).

Minutos después uno de los hijos, presentó un cuadro nervioso que derivó en un intento de suicidio.

A eso de las 9:30 p.m., en el predio La Florida se realizó el levantamiento del cadáver del líder ambiental y reclamante de tierras asesinado MARIO CASTAÑO BRAVO.

El cuerpo sin vida, fue trasladado hasta Bajirá y hacia las 5:00 a.m. a Mutatá, el lunes 27 de noviembre.

MARIO CASTAÑO era integrante del Consejo Comunitario de La Larga y de la Asociación Familias de los Consejos Comunitarios de Curvaradó, Jiguamiandó, La Larga Tumaradó, Pedeguita y Mancilla, AFLICOC, y de la Red de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ).

MARIO CASTAÑO BRAVO, había participado hace una semana en la instalación de la consulta previa para la Reparación colectiva e hizo parte activa de la demanda de restitución de tierras que sería presentada en próximos días.

MARIO, venía denunciando ante la fuerza pública, instituciones civiles del Estado y ONG, la presencia de miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia  y las pretensiones de empresarios de desarrollar sus agronegocios desconociendo los derechos de sus legítimos habitantes, así como de la empresa extractiva ANGLO GOLD ASCHANTI.

El líder reclamante de tierras hace diez días también denunció las graves falencias en el modelo de reparación colectivo por la ausencia eficaz de Estado y las operaciones neoparamilitares y empresariales.

MARIO junto con su familia había regresado a La Madre Unión hace más de tres años, luego de haber sido desplazado en dos ocasiones de su territorio por acciones paramilitares, la primera de ellas en desarrollo de la operación regular e irregular que se inició en octubre de 1996 por militares y paramilitares.

Durante más de 15 años denunció a empresarios legales e ilegales por el despojo de tierra y cómo beneficiarios de operaciones paramilitares desarrolladas en connivencia con la brigada 17 a medidos de los 90.

Él fue obligado por militares de la Brigada 17 en 1996 a participar como guía en operaciones de tipo paramilitar en zona rural de lo que hoy se conoce como Carmen del Darién, hechos por él denunciados.

  1. Territorio colectivo de Cacarica.

* Miércoles 29 de marzo a las 2:00 p.m. luego de una reunión en Travesía, Territorio Colectivo de Cacarica, líderes de CAVIDA fueron abordados por un poblador que informó que algunos de sus integrantes habían sido declarados blanco de una operación ofensiva.

* Domingo 2 de abril una fuente cercana a las AGC, indicó que existía un plan de acciones en desarrollo. Indicó que siete o más líderes de las Zonas Humanitarias serían asesinados por ser “informantes de los de Justicia y Paz“.

* Miércoles 19 de abril en Travesía, sobre el Río Atrato, desde las 9:00 a.m. hasta las 3:30 p.m., tres unidades de las AGC hostigaron, limitaron la movilidad y la  libertad de expresión de pobladores de Cacarica que discutían temas de asuntos territoriales.

Tres hombres permanecieron como informantes y dos de ellos con arma oculta.

Al mismo tiempo, cuatro hombres de las AGC vestidos de civil permanecían constantemente en Tumaradó.

* Viernes 21 de abril en Tumaradó, aproximadamente a las 11:45 a.m. tres integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz se detuvieron en el lugar por 15 minutos. Esto llamó la atención de los AGC. Un sujeto conocido como “Damián”, junto con otros vigilaron sus movimientos.

Se tuvo conocimiento de la existencia de una oficina de despacho de las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, AGC, a las afueras del casco urbano.

Allí como es de público conocimiento, indígenas, afrocolombianos y afro mestizos, se ven obligados a ir para proteger la vida de personas que aparecen en listas de personas que serían asesinadas. En ese mismo lugar elaboran listados de los jóvenes a quienes reclutan con ofrecimiento de pagos.

* Domingo 23 de abril en el barrio Obrero y barrio La Playa continuó el reclutamiento de integrantes de pandillas y bandas por parte de las AGC para operar en el bajo Atrato, y un grupo especializado en Cacarica.

A los jóvenes en algunas ocasiones se les intimidas y amenaza, o en otras se les seduce con pagos entre 100 mil pesos (U.S 30) y 150 mil pesos (U.S: 50) y o un máximo de 700 mil pesos (U.S. 200).

 *Martes 25 de abril en horas de la mañana en Travesía se observaron varios de los jóvenes vinculados por las AGC para iniciar operaciones en el Territorio Colectivo de Cacarica.

* Miércoles 3 de mayo sobre el medio día en la comunidad de Travesía, se constató la presencia de cinco irregulares de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC quienes portaban prendas civiles y en sus bolsos cargaban armas de fuego de corto alcance.

Dentro de los hombres se encontraba el llamado “Político” quien manifestó estar molesto con las denuncias que realizaban los líderes de CAVIDA, JHON MENA, BERNARDO VIVAS, ANA DEL CARMEN MARTÍNEZ, ROSALBA CÓRDOBA, JESÚS EVELIO PALACIOS, JERÓNIMO PÉREZ, EDWIN OREJUELA, HENRY ANGULO, MAGNOLIO OREJUELA, NELSON QUINTO, PASCUAL ÁVILA.

Este había manifestado lo mismo el día anterior en una reunión convocada por la AGC, en la cual se obligó a la población a asistir.

También aseguró que en la comunidad existían jóvenes que suministran información a la marina. “sabemos que dentro de los jóvenes de aquí hay sapos” y amenazó de muerte a los que ellos conciben como sapos “o se arreglan o no respondemos”.  El llamado “Político” reiteró que militares les pasaban la información y que si se seguía denunciando iban a tener problemas los líderes y lideresas

* Sábado 13 de mayo Integrantes de las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, AGC, incursionaron a la Zona Humanitaria Nueva Vida promoviendo la celebración del día de la madre, que sería al siguiente día.

Los dos armados vestidos de civil ingresaron con armas cortas al espacio humanitario, uno de ellos identificándose como político, apodado “William”, mando del frente Darién asentado desde enero de este año en la comunidad de Bijao. Adicionalmente, ofrecieron el pago de 800.000 (U.S. 270) mensuales a quienes se vincularan al grupo.

Luego de tres horas, hacia eso de las siete de la noche los dos AGC compraron bebidas alcohólicas manteniendo la tienda de una familia abierta hasta la media noche. Sin consentimiento alguno y constatando que en una vivienda no se encontraba nadie, pernoctaron allí. Finalmente, los dos sujetos se acercaron a unos habitantes de Cacarica a quiénes tenían en una lista de amenazados de muerte.

* Domingo 4 de junio a las 9.30 a.m. un grupo de integrantes de las AGC ingresó a la comunidad de el Limón reiterando que se habían quedado en el territorio colectivo de Cacarica. Los armados agregaron que con ellos estaba el progreso y el desarrollo

* Lunes 5 de junio  a las 9.00 a.m. un grupo de integrantes de las AGC convocó con carácter obligatorio a una reunión de todos los integrantes de la Eco Aldea de Paz Nueva Esperanza.

Los tres neoparamilitares entre ellos alias “William”, “Newton” y “Juan”, quienes se presentaron los dos primeros como políticos y el último como el financiero, pasaron casa por casa para realizar una reunión con los pobladores que a esa hora se encontraban.

Los hombres reconocieron el error de haber ingresado violentamente el pasado 12 de febrero a la entonces Zona humanitaria de Nueva Esperanza en Dios, donde 8 hombres pertenecientes a las AGC portando armas largas y cortas irrumpieron agresivamente y con amenaza, ocasionando afecciones a la población civil.

“William” sostuvo que conocían de los movimientos de los líderes y lideresas de CAVIDA, y que ellos eran quienes efectuaban las denuncias. En tal sentido señaló explícitamente a los reconocidos lideres BERNARDO VIVAS, JESÚS EVELIO PALACIOS y a JERÓNIMO PÉREZ. Su mensaje cuestionador de los líderes se interpretó como como una alusión más amplia y compromete a los líderes y lideresas ROSALBA CÓRDOBA, EDWIN OREJUELA, HENRY ANGULO, MAGNOLIO OREJUELA, NELSON QUINTO, PASCUAL ÁVILA.

Afirmaron que una cosa era la posición de los líderes y otra la de las comunidades, como se demostraba con el hecho de que ellos tenían puntos (informantes) en la casi totalidad de los caseríos del territorio colectivo.

Agregaron que en el territorio Colectivo de Cacarica venían adelantando algunos proyectos de desarrollo y que los invitaban a sumarse. Aseguraron que sabían de la existencia de un plan de las Fuerzas Militares contra ellos, pero también tenemos aliados en ellos.

Ese mismo día, en horas de la tarde, seis miembros de las AGC ingresaron a la Zona Humanitaria de Nueva Vida. Los armados aseguraron que no iban a matar a nadie y obligaron a la gente a reunirse. La comunidad exigió que se retiraran del lugar humanitario. Los armados de las AGC afirmaron estar allí para el progreso y la protección de ellos, por eso no se iban a ir del territorio.

Los irregulares de las AGC aseguraron a la comunidad que el interés de ellos era el bienestar de las comunidades, por eso no debían tener miedo. También ratificaron que los desplazamientos forzados del pasado fueron acompañados por agentes del Estado, y que  ahora sus relaciones eran otras.

Las AGC propusieron a la comunidad que les suministraran la ubicación geográfica del territorio para ellos poder continuar con la movilidad de sus tropas. Los líderes y lideresas respondieron que no ante la solicitud.

* Jueves 3 de agosto desde las 9.00 a.m. se inició un nuevo punto permanente de control de las AGC entre el sitio conocido como La Tapa y la comunidad de El Limón, dentro del territorio colectivo de Cacarica

A esta fecha las AGC se encuentran en 15 de las 23 comunidades que integran el territorio colectivo de Cacarica.

* Martes 9 de agosto  en la comunidad de Bocas del Limón, territorio colectivo de Cacarica, los defensores de derechos humanos de nuestra Comisión, vieron limitado su trabajo de documentación ante la presencia de cinco neoparamilitares de las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, AGC.

Los AGC en medio de su estado de alicoramiento indagaron a integrantes de la comunidad sobre nuestra presencia y el trabajo que se desarrollaba, nuevamente evidenciando el riesgo debido al control que imparte este grupo armado en la región.

* Domingo 8 de octubre hacia las 2:00 p.m. en el puesto de control permanente de la Armada Nacional, ubicado en el sector de Travesía, fue requerida la embarcación de protección asignada a CAVIDA por la Unidad de Protección identificada como UNP3, la cual iba tripulada por dos miembros de tal organización.

Los regulares al mando del operativo de control y quienes se negaron a identificarse, en tono grosero, irrespetuoso, retuvieron por un lapso de 40 minutos a uno de los jóvenes, bajo el argumento de no portar documentos de identificación. El joven retenido, presentó su pasaporte; sin embargo, el sargento al mando del operativo no lo quiso reconocer como documento válido.

El efectivo militar, realizó señalamientos en contra de CAVIDA, asegurando que él no puede dar cuenta si realmente son víctimas quienes se movilizan en el bote asignado por la UNP, “yo no sé quiénes se transportan en esa embarcación, ahí se puede subir cualquiera”.

* Martes 10 de octubre a eso de las 9:45 a.m., en el puesto de control de la armada nacional ubicado en Travesía, una vez más fue requerida la embarcación de protección UNP3, que venían transportando miembros de CAVIDA, mujeres de la Asociación Clamores y dos defensoras de DDHH de nuestra Comisión de Justicia y Paz.

Las defensoras solicitaron la identificación de los regulares encargados del operativo de control y requisa, identificando al sargento Galván como mando responsable de estas acciones.

Cuando al sargento Galván se le preguntó por los señalamientos y el maltrato verbal al que sometió al joven miembro de CAVIDA, este nuevamente aseguró que: “Yo no sé en esa embarcación quien se mueve, allí pueden meter a cualquier persona”. Añadiendo, que él no estaba en obligación de identificarse “yo no me voy a identificar con nadie, no debo hacerlo, ustedes no son nadie para decirme que debo hacer”.

* Miércoles 11 de octubre hacia las 8:00 a.m., ingresó al lugar humanitario, un miembro de las autodenominadas AGC, vestido de civil, quien se dirigió al lugar de habitación de JOSÉ MERLÍN MURILLO. El integrante de las AGC obligó por la fuerza a JOSÉ a salir de su residencia y de la Zona Humanitaria, según informaron, algunos de los testigos.

JOSÉ fue subido a un bote donde se encontraban otros tres neoparamilitares quienes al parecer se dirigieron hacia predios de la comunidad de Montañita, territorio colectivo de Cacarica, unos de los 17 puntos en donde las AGC tienen control en el territorio colectivo.

* Viernes 13 de octubre a las 6:00 p.m. se logró denunciar, debido a problemas de comunicación por el intenso invierno, por pobladores de la Zona Humanitaria de Nueva Vida, de la desaparición forzada de JOSÉ MERLÍN MURILLO por parte de cuatro integrantes de las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, AGC.

* Sábado 14 de octubre sobre las 2:15 p.m., habitantes de Cacarica, observaron el cuerpo sin vida flotando sobre el Río Atrato de JOSÉ MERLÍN MURILLO. El cuerpo presentaba signos visibles de haber sido golpeado o torturado.

* Domingo 15 y Lunes 16 de octubre en el área urbana de Ríosucio miembros de CAVIDA y familiares de JOSÉ MERLÍN fueron permanentemente seguidos y hostigados por hombres reconocidos por pertenecer a las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC.

* Miércoles 18 de octubre a eso de la 1:00 p.m., sobre el río Atrato, a menos de 15 minutos del puesto de control de la infantería de marina frente a Travesía, se observó una panga de colores rojo y blanco de nombre ‘Niña Nicolle‘ con aproximadamente 7 neoparamilitares de las AGC, en dirección hacia Turbo.

Desde las 7:00 a.m., desde La Tapa hasta el poblado de río Perancho hacia la comunidad de La Virginia, territorio colectivo de Cacarica, se movilizaron diez integrantes de las autodenominadas AGC. Posteriormente, a las 4:00 p.m., otros cuatro AGC subieron por el río Perancho en dirección a la comunidad de La Virginia, con aproximadamente 10 neoparamilitares vestidos de civil.

De acuerdo con versiones directas en el corredor entre el Río Perancho y el canal Zapata hay una significativa presencia de hombres de las AGC uniformados y altamente armados. La presencia armada pretende enfrentar una avanzada del ELN hacía Cacarica.

* Lunes 23 de octubre siendo las 1:00 p.m., en el punto conocido como La Tapa, territorio colectivo de Cacarica, se encontraban tres neoparamilitares pertenecientes a las autodenominadas, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC.

En el lugar, las AGC instalaron un puesto de control desde hace seis meses, intimidando con su presencia a los pobladores que por allí transitan y a las defensoras de derechos humanos ERIKA CARVAJAL y MARÍA FERNANDA VILLAREAL y el defensor JAVIER ROSERO.

En este punto, los neoparamilitares, entre ellos el llamado ‘Niche’, retuvieron embarcaciones con mercado pertenecientes a la comunidad con el argumento de transportarlos para unidades del Ejército de Liberación Nacional, ELN.

Los AGC han manifestado su inconformidad con la presencia de las y los defensoras de DDHH de la de la Comisión de Justicia y Paz, y han amenazado en actuar contra ellos.  De tiempo atrás líderes comunitarios de CAVIDA han sido amenazados en ese punto.

El control territorial neoparamilitar ocurre en medio de la ineficacia de las operaciones militares por agua y tierra, entre ellas, del Batallón de selva 54, en inmediaciones de la comunidad de Bocas del Limón, ubicada a tan sólo 15 minutos vía fluvial del punto de La Tapa.

* Miércoles 13 de diciembre hacia las 1:15 p.m., en el lugar conocido como “La Tapa”, ubicado en caserío de Travesía, territorio colectivo de Cacarica, se constató la presencia del reconocido neoparamilitar de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) identificado como alias “Niche”.

El AGC, departía junto con otros neoparamilitares. El punto conocido como “La Tapa” se encuentra en frente del puesto de control permanente del batallón fluvial N°16 adscrito a la infantería de marina.

  1. Territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla

* Viernes 3 de marzo un grupo de hombres prendieron fuego a una siembra de plátano y 70 árboles de borojó de la familia LONDOÑO, en el Territorio Colectivo de Pedeguita y Mancilla.

En su operación ilegal ocuparon los predios de integrantes de los Consejos Comunitarios HELIODORO POLO, GUILLERMINA GONZÁLEZ y LEDYS TUIRÁN, ubicados entre los territorios colectivos de Pedeguita y Mancilla y Curvaradó.

Los invasores afirmaron que estaban autorizados por BALDOYNO MOSQUERA, representante legal del Consejo de Pedeguita y Mancilla.

* Martes 21 de marzo desde las 7:00 a.m. hasta las 9:30 a.m., cinco hombres con machetes arrasaron siembras de pan coger y semillas en conservación de la Zona de Biodiversidad Mi Tierra, ubicada en el consejo local de Bijao Onofre, territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla.

Así mismo, de acuerdo a lo ocurrido, el propietario HERNÁN BEDOYA, exigió a los hombres retitarse y respetar sus bienes familiares. Los en machetados expresaron que recibían órdenes de YARLIDIS MURILLO PALACIO habitante del caserío San Andrés.

En un día destruyeron tres hectáreas de plátano y semillas de la familia BEDOYA, quienes son  legítimos y legales integrantes del consejo comunitario quienes se encuentran en total estado de indefensión.

Sobre las 7:00 p.m. aproximadamente 50 hectáreas de bosque primario del Territorio Colectivo de Pedeguita y Mancilla destinados a la conservación y protección ambiental, fueron arrasados.

Según información de los pobladores, la orden de los daños ambientales provino directamente de BALDOYNO MOSQUERA, quien es Representante legal de este territorio colectivo desde hace años viene autorizando, contra la ley 70 y las disposiciones constitucionales, sin consulta con los directamente afectados, operaciones contra derecho para beneficiar a empresarios.

Entre los empresarios beneficiados se encontrarían JAVIER RESTREPO GIRONA, JUAN GUILLERMO GONZÁLEZ y JOSÉ GUERRA GENES como asociado capitalista de la Asociación Agropecuaria Campesina AGROMAR.

 * Viernes 24 de marzo se intensificó el ingreso de trabajadores que venían ocupando de mala fe el Territorio Colectivo de Pedeguita y Mancilla, destruyendo siembras de pan coger y ecosistemas. Esta situación perduró hasta el jueves 30 de marzo.

Se contabilizan 15 trabajadores encargados de hacer la limpieza a 100 hectáreas de predios colectivos con la destrucción de las siembras de autoconsumo, en su mayoría de plátano, yuca y árboles frutales, 16 hombres tumbaron con motosierras el bosque primario.

DIEGO CÁRDENAS de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, sin autorización alguna de las familias propietarias BEDOYA, LÓPEZ LONDOÑO, LONDOÑO, POLO, y CORREA, midió las fincas en las que se implementarían los proyectos de plátano y palma aceitera.

* Sábado 25 de marzo en horas de la tarde JAIRO ARBOLEDA de ANT midió sin consentimiento alguno en el interior de la Zona de Biodiversidad “Mi Tierra” de propiedad de la familia BEDOYA.

* Lunes 27 de marzo ingresa nuevamente JAIRO ARBOLEDA a la propiedad de la FAMILIA BEDOYA. Ante el requerimiento de la familia, el funcionario alegó que estaba midiendo para un proyecto vial que conectará las fincas.

* Martes 28 de marzo desde las 8:00 a.m. ingresaron de manera inconsulta varias personas a la Zona de Biodiversidad “La Esperanza”, en límites entre el territorio colectivo de Curvaradó y Pedeguita Mancilla.

En la propiedad del líder comunitario ELEODORO POLO MEZA, 11 hombres realizaron adecuaciones en un área de 2 hectáreas para la siembra de plátano de exportación.

Los trabajadores afirmaron contar con la autorización de representante legal del Consejo Comunitario BALDOYNO MOSQUERA quien en contravía de la ley 70 y abusando de su cargo desconociendo a los propietarios del consejo comunitario para favorecer a la empresa Agropecuaria Campesina AGROMAR S.A.

La junta del Consejo Comunitario de Pedeguita y Mansilla firmó sin consulta ni consentimiento de la comunidad la entrega de 20.000 hectáreas de tierra por un periodo de 100 años, prorrogables en el tiempo.

* Martes 4 de abril sobre las 6:00 a.m. en la Comunidad de Pedeguita, territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla, paramilitares asesinaron al afrodescendiente JEILER CHALÁ miembro del consejo comunitario de Domingodó.

JEILER fue presionando por el llamado “político” de los neoparamilitares de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

El asesinato fue reconocido por los armados a través de una llamada telefónica a integrantes del Consejo Comunitario.

El cuerpo del líder fue entregado ese mismo día, en el sector de Tres vueltas abajo de Pedeguita y Mansilla, lugar conocido como por todos como el matadero oficial de los paramilitares, ubicado al margen derecho del río Atrato.

En una llamada a BLADIMIR PALACIOS representante legal del consejo comunitario, lo amenazaron de muerte, y le advirtieron que él “sería el siguiente”.

Los AGC sostuvieron que tenían una lista de seis personas y con todas “iban a acabar”

Los líderes amenazados se encuentran en total estado de indefensión.

La estructura armada ilegal se encontraba desarrollando un copamiento militar y social desde los cascos urbanos de Riosucio y Carmen del Darién en todo el bajo Atrato sin que existan resultados eficaces del desmonte de esta estructura armada y la protección debida a la vida y las libertades.

* Martes 18 de julio en Playa Roja, territorio colectivo Pedeguita y Mancilla, BALDOYNO MOSQUERA, manifestó que el día 30 de julio está programado la parcelación de las fincas donde ubicaran 30 nuevas familias que ingresaran al territorio para asegurar el agronegocio con la bananera AGROMAR.

Las fincas que serán ocupadas de mala fe son las de los integrantes del consejo comunitario que han denunciado a la bananera y a MOSQUERA por abuso y extralimitación de funciones.

Hacia las 2:00 p.m., MOSQUERA aseguró a la comunidad de Bijao Onofre, que parcelará a 30 familias para hacer posible el proyecto con AGROMAR y repoblar Pedeguita.

Dentro de las fincas que iban a ser objeto de parcelación son de pertenecían a HERNÁN BEDOYA, ELEODORO POLO, BENJAMÍN GÓMEZ, MARY HERNÁNDEZ y la FAMILIA LONDOÑO, también se incluirán los predios que colindan con el territorio hasta salir a Caño Manso en el Curvaradó.

La implementación del proyecto bananero ha estado respaldado por miembros de las estructuras de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como lo indican varias denuncias que cursan trámite desde 2015.

El agronegocio de Plátano, Palma, que además contempla construcción de infraestructura vial se presume que está siendo financiado por recursos de la Agencia Nacional de Tierras. Integrantes de la AGT han estado en el territorio.

Hasta la fecha ya se había intervenido más del 50% del bosque primario de los predios afectados por el agronegocio, sin que medie acción alguna de las autoridades ambientales y policivas del orden nacional y local.

* Miércoles 26 de julio en predios correspondientes a la comunidad de Bijao Onofre, territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla, nuestra Comisión de Justicia y Paz, junto a observadores internacionales, constataron los avances en la implementación de los proyectos agroindustriales de la empresa AGROMAR. (Ver imágenes 1, 2, 3, 4)

La adecuación de los terrenos y siembra para el agronegocio de plátano fue avalada por la junta directiva del Consejo Mayor, en cabeza del cuestionado representante legal BALDOYNO PALACIOS.

Se constató además el asentamiento de personas ajenas al territorio colectivo, dedicadas a dar continuidad a las órdenes de la empresa AGROMAR.

La utilización de maquinarias tipo retroexcavadora para la adecuación de los terrenos y construcción de canales para la agroindustria del plátano generó un impacto ambiental negativo dentro de los frágiles suelos del territorio.

Se observó el levantamiento de viviendas por parte de los nuevos parceleros, fuentes informaron a nuestra Comisión que PALACIOS vendió estos predios por un valor que oscila entre $1.200.000 y $1.400.000 por hectárea.

Desde el punto conocido como el acopio, caminando por el camellón que conduce a la comunidad de Bijao Onofre, es notable la cantidad de costales con semilleros de plátano que se posan a lado y lado del camino.

En las ilegitimas e ilegales parcelaciones se observaron cajas de la empresa Turbana Corp., empresa con sede administrativa en Coral Gables, Florida, Estados Unidos. (Ver imagen 5)

BALDOYNO PALACIO en diferentes espacios afirmó que se reanudará la siembra de palma aceitera dentro del territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla.

* Jueves 24 de agosto hacia las 3:00 p.m. en la comunidad de Playa Roja, territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla, BALDOYNO PALACIOS, aseguró que existía orden de desalojo en contra de la posesión legítima del líder reclamante de tierras HERNÁN BEDOYA.

PALACIOS aseguró además, que esta orden venía acompañada de una autorización proferida por la alcaldía municipal de Ríosucio. Según él, la orden está motivada por la objeción que el líder reclamante de tierras ha venido haciendo a los proyectos agroindustriales, debido a la ausencia de consulta y en particular a los daños ambientales.

A la fecha HERNÁN BEDOYA no ha sido notificado por la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de Ríosucio que en su contra surta trámite de querella policiva.

* Viernes 8 de diciembre hacia las 1:15 p.m. entre el punto conocido como El Acopio y el caserío de Playa Roja, territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla, jurisdicción del municipio de Ríosucio, miembros de la estructura neoparamilitar de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) asesinaron al líder reclamante de tierras y ambientalista HERNÁN BEDOYA

HERNÁN iba en dirección hacia su vivienda, movilizándose en un caballo, cuando dos neoparamilitares de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC, le dispararon 14 veces, con arma de fuego 9 milímetros, provocando inmediatamente su muerte.

El líder reclamante de tierras, propietario de la Zona de Biodiversidad Mi Tierra, ubicada en el consejo local de Bijao Onofre, territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla, se había opuesto a la implementación de los proyectos agroindustriales financiados con recursos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y ejecutados por La Sociedad Anónima denominada Asociación Agropecuaria Campesina AGROMAR S.A, administrados por el cuestionado representante legal BALDOYNO MOSQUERA PALACIOS.

El líder reclamante de tierras HERNÁN BEDOYA desde 2015 había sido blanco de amenazas por parte de las AGC, las mismas que se agudizaron este año; sin embargo, y pese a las reiteradas denuncias, solo le fueron otorgadas como medidas de protección por la Unidad Nacional de Protección un chaleco antibalas y un teléfono celular.

HERNÁN era integrante de la Asociación Familias de los Consejos Comunitarios de Curvaradó, Jiguamiandó, La Larga Tumaradó, Pedeguita y Mancilla, AFLICOC y la Red de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ).

* Lunes 11 de diciembre durante la ceremonia fúnebre del líder reclamante de tierras HERNÁN BEDOYA, en el área urbana del corregimiento de Belén de Bajirá, jurisdicción del municipio de Riosucio, Chocó, se produjeron seguimientos en la caminata hasta el templo católico.

Los sujetos, siguieron por varias cuadras el cortejo fúnebre, que se encontraba acompañado por algunos pocos líderes y lideresas que son blanco de amenazas por parte de las AGC; por algunos defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz; EDWIN MOSQUERA, de Diálogo Intereclesial por la Paz; MARIA EUGENIA MOSQUERA, de la Red de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ); y miembros de organizaciones internacionales.

Luego, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta marca Honda, sin placas, al parecer de la estructura neoparamilitar de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, se encontraban a la salida de la iglesia hostigando a lideresas y defensores de derechos humanos.

Uno de los sujetos vestía camisa color azul y pantalones cortos, como seña particular, le falta uno de sus ojos.

Los hombres son reconocidos por ser campaneros o informantes de la estructura neoparamilitar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Al terminar la ceremonia religiosa, más sujetos hostigaron. Al momento de la inhumación, tres hombres de la estructura Gaitanistas, de manera particular realizaban seguimientos a las hijos e hijas del líder asesinado, y a las y los defensores de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz.

En medio del hostigamiento de los AGC a los familiares y defensores se identificó una motocicleta con placas KMT35C.

Nuestra Censura Ética ante las acciones bélicas que se están desarrollando en el territorio colectivo de Jiguamiandó, poniendo en riesgo la vida, integridad y permanencia en el territorio de las comunidades afro, indígenas y campesinas que ancestralmente han habitado estos territorios.

Nuestra Censura Ética ante la omisión del Estado y gobiernos que continúan sin dar respuesta estructural a las comunidades que habitan las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad,  de los Consejos Comunitarios de Curvaradó, Jiguamiandó, Pedeguita y Mancilla, Larga Tumaradó que han documentado el proceso violento de despojo y expoliación de sus territorios por parte de para-empresarios palmeros y bananeros; las acciones militares enmarcadas en la operaciones “Septiembre Negro” y “Rastrillo” en 2001; la posterior militarización que posibilitó el ingreso de empresas mineras como la Muriel Minig y los 15 desplazamientos forzados, más de 150 asesinatos y desapariciones forzadas de las que fueron víctimas, y que en la actualidad continúan en la total impunidad jurídica, social y mediática.

Nuestra Censura Ética ante el daño irreparable en la vida e integridad de MARIO CASTAÑO y HERNÁN BEDOYA, asesinados por miembros de la estructura de las AGC, estructura neoparamilitar que actúa a favor de las políticas de desarrollo basado en la implementación de cultivos agroindustriales financiados con recursos de la Agencia Nacional de Tierras e implementados por la empresa AGROMAR S.A., entre otras, sin que se hayan adoptado medidas eficaces para preservar la vida e integridad de los líderes y lideresas que hoy ven en riesgo su vida por oponerse desde sus propuestas de preservación del ambiente sano.

Nuestra Censura Ética ante la ausencia de respuestas eficaces de Estado para desestructurar al neoparamilitarismo de las AGC, que están controlando la población de Cacarica en el 90 % del territorio colectivo sin que ninguna acción estratégica asegure las libertades de sus habitantes, ante la imposibilidad de asegurar los territorios para la construcción de paz y la vinculación con los Planes de Desarrollo Territorial

Nuestra Censura Ética ante un aparato judicial incapaz durante 22 años de generar garantía de no repetición con la identificación de estructuras criminales y de poder que se han beneficiado de la violencia para imponer un modelo de desarrollo y del uso del territorio desconociendo los derechos de afrocolombianos, afromestizos, mestizos e indígenas

En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional elevamos Derecho de Petición para que se brinde una respuesta formal y concreta dentro de los términos legales correspondientes y conforme a sus responsabilidades constitucionales:

Teniendo en cuenta la remisión realizada por la Doctora MÓNICA FONSECA, los hechos descritos en la Constancia Histórica E-COO-2001-2017 y la radicación de ésta en la Fiscalía 15 Seccional de Riosucio, sírvase informarnos ¿Cuál es el alcance penal de las conductas descritas en la Constancia y la adecuación típica de las mismas? ¿Qué número de noticia criminal le fue asignado?

  1. Como se ha venido informando a lo largo de este año, los territorios colectivos del bajo Atrato, y para efectos de esta Constancia Histórica particularizaremos el territorio de la cuenca del rio Jiguamiandó y Curvaradó desde el 2015 se han convertido en escenario de expansión y copamiento de la estructura neoparamilitar de las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”. Así mismo, la Quinta Nota de Seguimiento N° 004 de 2017 del Informe de Riesgo N° 031-09A.I. de la Defensoría del Pueblo asegura que desde 2015 se alertó a las autoridades responsables sobre la expansión de las AGC hacia la margen occidental del río Atrato, involucrando los territorios colectivos en mención con el propósito de copar zonas que dejaría las FARC-EP. El mismo informe indica que esta presencia ha derivado en una crisis humanitaria en tanto que existe una ocupación violenta de los territorios colectivos, resguardos y asentamientos de  las comunidades indígenas, de ello se dimana procesos de desplazamientos forzados, reclutamientos, confinamientos, sembrando AEI y dejando MUSE dentro del territorio, restringiendo la movilidad de la población y generando amenazas y señalamientos contra líderes, lideresas y autoridades étnicas que tratan de ejercer sus derechos étnico territoriales.

Por lo anterior sírvase indicar:

  • Según competencias ¿Bajo qué argumentos jurídicos, técnicos y fácticos han sido desatendidas las reiteradas denuncias interpuestas por nuestra Comisión de Justicia y Paz?
  • Ante la grave omisión de desatención de los informes de la Defensoría del Pueblo donde señala que desde 2015 las AGC vienen realizando procesos de copamiento dentro de los territorios colectivos de la subregión geográfica del bajo Atrato ¿Qué investigaciones disciplinarias se adelantaran? ¿Qué entidades serán las responsables de dar trámite a las investigaciones? ¿En qué tiempo darán inicio y que resultados se esperan alcanzar?
  • Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y el riesgo que implica la presencia de las AGC dentro del territorio de Jiguamiandó, involucrando los espacios territoriales del Consejo Comunitario de Jiguamiandó y Resguardos Embera ¿Qué medidas de protección individual y colectivas serán implementadas más allá de las existentes que permitan la salvaguarda e integridad de las y los líderes ancestrales de las comunidades? ¿Qué medidas especiales de protección serán decretadas para garantizar la permanencia en el territorio de los habitantes ancestrales de estos territorios? ¿Qué medidas de protección especiales serán implementadas para evitar que las y los líderes que fueron declarados por las AGC como blanco militar como MANUEL DENIS BLANDÓN, ELKÍN ROMAÑA, ROMUALDO SALCEDO, ERASMO SIERRA, BENJAMÍN SIERRA, ARGEMIRO BAILARÍN, FÉLIX ALVARADO reclamantes tierras del territorio colectivo de Jiguamiandó, así mismo las y los líderes de Curvaradó MARÍA LIGIA CHAVERRA, EUSTAQUIO POLO, ELEODORO POLO, YOMAIRA GONZÁLEZ, JAMES RUÍZ, ENRIQUE PETRO, ENRIQUE CABEZAS, LUIS FELIPE TRIANA, y de Pedeguita y Mancilla, MARY HERNÁNDEZ, LEDYS TUIRÁN, MARLENE BENÍTEZ, no corran con la misma suerte de los líderes reclamantes de tierras asesinados por las AGC, MARIO CASTAÑO y HERNÁN BEDOYA?
  • ¿Bajo qué argumentos fácticos la Unidad Nacional de Protección ha desatendido las solicitudes enviadas por el Consejo Comunitario de Jiguamiandó, que ante la grave situación ha solicitado ampliación colectiva del esquema de protección?
  • Teniendo en cuenta que la presencia de las AGC orienta su accionar en el control social de los territorios, imponiendo sobre las practicas propias de las comunidades indígenas y afrodescendientes un modelo de economía que versa su sustento en la explotación minera y de los bienes ambientales ¿Según competencias misionales qué actuaciones de protección ambiental se están adelantando en los territorios de la cuenca del Jiguamiandó? ¿Según competencias cuál es la totalidad de estudios de licenciamiento ambiental que se han radicado desde 2015 hasta la fecha y de estos, cuántos se han otorgado y a qué personas naturales y jurídicas fueron otorgados?
  1. Sumado a la presencia de la estructura neoparamilitar de las AGC, el grupo insurgente de la guerrilla del ELN a partir del proceso de reincorporación de las FARC EP, ha generado un proceso de avanzada y control territorial en el bajo Atrato a partir del segundo semestre de 2016.

Esta presencia de estas dos estructuras está generando una nueva dinámica de confrontación armada según expone la Defensoría del Pueblo en la Quinta Nota de Seguimiento N° 004 de 2017 del Informe de Riesgo N° 031-09A.I.

Por lo anterior sírvase indicar:

  • ¿Qué ruta de protección colectiva y con enfoque diferencial para las comunidades afrodescendientes e indígenas se han activado para atender la crisis humanitaria que está derivando la dinámica de confrontación armada en los territorios?
  • ¿Qué medidas de contingencia ha adoptado el Estado en los diferentes niveles como respuesta inmediata para prevenir y atender en el marco de los principios rectores del desplazamiento forzado y restablecimiento de derechos los procesos de éxodo individual y colectivo que se presenten?
  • ¿En ese mismo sentido, qué medidas de contingencia ha adoptado el Estado en los diferentes niveles para atender los eventos derivados de las Minas Antipersonal y las MUSE, particularmente en las comunidades de Urada, Puerto Lleras, El Ovo, Vergel, La Laguna y Bracitos o Pueblo Pipón?
  • ¿Qué acciones de prevención para evitar mayores afectaciones a las comunidades afrodescendientes por el uso desproporcionado de la fuerza, abusos de autoridad y violación de los bienes y espacios protegidos por el Derecho Humanitario en atención a los principios de distinción y no vinculación?
  1. El pasado 14 de noviembre reiteramos la urgente necesidad de abrir un espacio de diálogo que posibilite abordar graves situaciones que implican la responsabilidad del gobierno, así como, de la guerrilla del ELN, actuaciones que están afectando la permanencia y pervivencia de las comunidades afrodescendiente e indígenas que habitan los territorios de Jiguamiandó, Curvaradó, San Juan, Truandó, Cacarica, Salaquí, Alto Guayabal, La Larga Tumaradó y Pedeguita y Mancilla; sin que a la fecha existe una respuesta que indique en un futuro próximo la materialización de tal encuentro.

Por lo anterior sírvase informarnos:

  • Teniendo en cuenta que en enero de 2018 se reanudaran las conversaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN ¿En qué parte de la agenda se va revisar las graves situaciones que se están derivando de las nuevas dinámicas del conflicto en la subregión del bajo Atrato a partir de pugna por el control territorial?
  • ¿En qué punto de la agenda se abordará la posibilidad de construir un acuerdo humanitario que ponga fin a la utilización de métodos proscritos de control territorial como es la utilización de minas anti personal?
  1. Acorde con el Informe de Riesgo N° 010-17 A.I. de la Defensoría del Pueblo, nuestra Comisión de Justicia y Paz se encuentra ubicada dentro de las organizaciones de derechos humanos con nivel de riesgo alto. Nuestro hacer como organización de apoyo a expresiones organizativas en la cuenca del Jiguamiandó, con movilidad permanente a lo largo y ancho del territorio.

Sírvase informarnos:

  • Además de las medidas de protección otorgadas en la Resolución 2578-2017 ¿Qué otras medidas de carácter especial serán asignadas a las y los defensores de derechos humanos de nuestra Comisión ERIKA CARVAJAL, MARÍA FERNANDA VILLAREAL y JAVIER ROSERO quienes realizan el trabajo en campo?
  • ¿En qué términos y en qué tiempos serán reestructuradas las medidas otorgadas a la Comisión en aras de evitar situaciones de riesgos y que permitan mayor eficacia y eficiencia en su legítima acción de defensa de derechos humanos y ambiente?
  1. Según competencias misionales y teniendo en cuenta que la NS N° 004-17 Quinta Nota al Informe de Riesgo N° 031-09A.I. indica que existe un riesgo de nivel alto en la subregión geográfica del Bajo Atrato, calificando la situación como una crisis de seguridad y humanitaria en tanto que la presencia y permanencia de las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” en las cuencas de la margen oriental del Río Atrato como son La Larga Tumaradó, Pedeguita Mancilla, Curvaradó y Jiguamiandó se constituye como un grave riesgo.

Sírvase informarnos

  • ¿Se aplicarán medidas de protección con carácter especial a las y los defensores de nuestra Comisión en consonancia con la MC 629-03 otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
  • ¿Las medidas actualmente otorgadas por la Unidad Nacional de Protección serán ajustadas a las condiciones geográficas particulares de cada una de las regiones y zonas donde se dinamiza el trabajo de nuestra Comisión?
  1. Según competencias misionales y ante las acciones de cobros extorsivos perpetrados por las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Sírvase indicarnos

  • ¿Qué acciones penales se derivarán de este hecho?
  • ¿Qué medidas de protección se aplicarán para salvaguardar la vida e integridad de los campesinos afrodescendientes que derivan su sustento de la agricultura de pan coger?
  • ¿Qué medidas de protección se aplicarán para salvaguardar la vida e integridad de las personas que derivan su sustento económico del oficio de moto-taxismo?
  1. Ante los hechos acaecidos el pasado 23 de septiembre y como resultado de los enfrentamientos entre la brigada 15, en coordinación con la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional; los cuales, se desarrollaron dentro del territorio colectivo de Jiguamiandó y en inmediaciones de la comunidad de Santa Fe de Churima, afectando bienes protegidos por le DIH como la escuela y las viviendas de SOFÍA LEONOR SÁNCHEZ MURILLO, SALOMÓN BEITAR ROMAÑA y la familia ROMAÑA HERNÁNDEZ

Sírvase indicar

  • ¿Desde perspectivas tácticas en qué medida la destrucción de los bienes y enceres protegidos por el DIH contribuyó de manera eficaz a la acción militar que se adelantaba?
  • ¿Qué investigaciones se adelantarán para determinar el nivel de responsabilidad según cadena de mando?
  • ¿Por qué no se tuvo en cuenta el principio rector de proporcionalidad?
  • ¿Para la acción bélica en particular de dónde provino la orden de identificar como objetivo militar la escuela y los bienes de la población civil?
  • ¿Qué acciones de tipo penal y disciplinario se adelantarán en contra de los regulares que se encontraban acantonados en la vivienda de la familia ROMAÑA HERNÁNDEZ?
  • ¿Qué acciones de tipo penal se adelantarán para identificar y sancionar a los regulares que perpetraron tratos crueles e inhumanos en la persona de MARÍA RUFINA HERNÁNDEZ?
  • ¿Qué investigaciones y a cargo de qué entidad, se adelantarán para determinar la responsabilidad en los daños a los enceres y en la sustracción de los documentos de identidad de los miembros de la familia ROMAÑA HERNÁNDEZ?
  • ¿Qué acciones penales y disciplinarias se adelantarán, en qué términos y competencias, para identificar y sancionar a los responsables de los actos de pillaje ocasionados a la familia ROMAÑA HERNÁNDEZ?

De igual forma,

  • Sírvase entregarnos copia de la orden de operaciones de la acción militar identificada como Operación Atlantis.
  • Requerimos se nos entregue copia donde se especifique cada una de las unidades militares que participaron y cadenas de mando.
  1. Teniendo en cuenta que la información contenida en el comunicado emitido por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la fuerza de tarea conjunta Titán, se encuentra desfasada con los hechos fácticos

Sírvase indicar

  •  ¿cuándo procederán a realizar las correcciones?
  • Teniendo en cuenta que no es cierto que la menor presuntamente recuperada hiciera parte del ELN ¿bajo qué términos fue entregada al ICBF?
  • ¿La menor ya fue reincorporada a su núcleo familiar? En caso contrario, favor indicar bajo qué argumentos se ha dilatado la entrega.
  • Según indicaron miembros de su familia, la joven presenta una condición médica y requiere medicamentos especiales para la epilepsia, favor indicar si fueron suministrados en los tiempos y cantidades oportunas.
  1. Teniendo en cuenta los hechos ocurridos el 29 de septiembre, con el ingreso a la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza, territorio colectivo de Jiguamiandó, 10 efectivos regulares adscritos al batallón de selva 54, de la brigada 17, séptima división del ejército, al mando del capitán CLAVIJO.

Sírvase indicar

  • ¿Qué acciones de tipo penal y disciplinario se impondrán al capitán CLAVIJO y la tropa a su mando por utilizar bienes protegidos por el DIH para transportarse y violentar el principio de distinción y vinculación forzada, en atención a los hechos acaecidos el 29 de septiembre en Jiguamiandó?
  • ¿Qué acciones penales y disciplinarias serán adelantadas para sancionar al capitán CLAVIJO y hombres al mando por irrumpir violentamente en la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza y acantonarse dentro de las viviendas adyacentes al lugar humanitario?
  1. Sírvase indicarnos según competencia misional ¿Qué información preliminar arrojan las pesquisas iniciales derivadas de los asesinatos de MANUEL RAMIREZ MOSQUERA y LUIS ENOR MURILLO? ¿por estos hechos ya existe individualización de actores, beneficiarios y determinadores del crimen?
  2. Según competencia misional, sírvase indicarnos ¿qué acciones de protección especial se implementaron para salvaguardar y proteger la vida e integridad de los líderes reclamantes de tierras y miembros de la Red CONPAZ, MARIO CASTAÑO BRAVO y HERNÁN BEDOYA toda vez que existía información sobre amenazas y presencia de estructuras de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en los territorios colectivos del Bajo Atrato tal como lo evidenció la NS N° 004-17 Quinta Nota al Informe de Riesgo N° 031-09A.I. de la Defensoría del Pueblo? Además, sírvase informarnos
  • ¿Por qué estas medidas resultaron insuficientes, ineficientes e inoportunas?
  • Ante las evidentes omisiones que derivaron en la ausencia de medidas de protección efectivas que permitieran evitar daños irreparables en la vida de los líderes reclamantes de tierras MARIO CASTAÑO BRAVO y HERNÁN BEDOYA ¿En qué tiempo y término se adelantaran investigaciones disciplinarias?
  • Ante el asesinato de los líderes reclamantes de tierras y miembros de la Red CONPAZ, sírvase informarnos el número de SPOA asignado y ante qué Fiscalía se surtirá trámite.
  1. Durante el transcurso de este año la Comisión de Justicia y Paz denunció las graves afectaciones que se derivan de la imposición del modelo productivo agroindustrial de siembra de plátano tipo exportación, desarrollado con recursos de la Agencia Nacional de Tierras y administrado por el cuestionado representante legal de Pedeguita y Mancilla BALDOYNO MOSQUERA PALACIOS, sin que a la fecha existan respuestas y acciones eficaces; por lo anterior y a manera de insistencia.

Sírvase indicar:

  • Ante los graves daños ambientales por la destrucción de los diferentes ecosistemas, la tala indiscriminada de las áreas destinadas a la protección ¿Qué sanciones de tipo penal, ambiental y disciplinario se impondrán?
  • ¿Bajo qué criterios técnicos fue seleccionada la IPS Fundación Surgir, identificada con NIT 818002282-7 como proveedora del convenio Resolución 302-2016 firmado entre la ANT y Baldoyno Mosquera?
  • Teniendo en cuenta las condiciones geográficas y topográficas del territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla, y Curvaradó, sírvase facilitar copias a nuestras expensas de los permisos ambientales otorgados para la transformación de los usos del suelo en el marco de los proyectos que adelantan la ANT.
  • Sírvase facilitar copias a nuestras expensas del plan de manejo e impacto ambiental por los daños que se derivan de la implementación de los proyectos que ejecutan en las zonas de bosque primario y que han sido devastadas en el marco de la ejecución del convenio Resolución 302 -2016 ejecutado en el territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla y Caño Manzo, Curvaradó.
  • Sírvase facilitar copia a nuestras costas de los estudios técnicos realizados por la ANT y DPS para la implementación de los proyectos de infraestructura y agro empresariales que se están ejecutando en coordinación con el representante legal del territorio BALDOYNO MOSQUERA.
  1. Según respuesta a nuestra Constancia ECOO 107 DE 2017, con referencia N° E-2017-568274JEG por parte de la Procuraduría, donde indican que los hechos acaecidos en el territorio colectivo de Curvaradó y territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla, fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación., Unidad Nacional de Protección y la Procuraduría Delegada de Asuntos Agrarios y de Restitución de Tierras

Sírvase informarnos:

  • ¿Qué acciones han adelantado estos entes en atención a sus competencias y en congruencia con el objeto de las conductas punibles por las cuales tienen competencia?
  • Si no hubieran realizado acción alguna, ¿Qué investigaciones disciplinarias se adelantan, contra quiénes y cuál es el estado de las mismas?
  1. Ante la ausencia de respuesta a nuestros derechos de petición por parte de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, ¿Qué podemos inferir? Sí es cierto que los recursos que se están ejecutando para la implementación de proyectos agroindustriales dentro del territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla proceden de su cartera, sírvase expedir copia de todo el expediente.

Así mismo sírvase informarnos

  • ¿Qué empresas locales y nacionales fungen como operadores locales con la ANT?
  • ¿En qué comunidades están implementando los proyectos?
  • Para efectos de transparencia y legitimidad contractual, si existe, ¿Cuál es el monto de cada uno de estos convenios?
  • En Constancia Histórica ECOO 201 – 2017 solicitamos copias a nuestras expensas del plan de manejo e impacto ambiental por los daños que se derivan de la implementación de los proyectos que ejecutan en las zonas de bosque primario y que han sido devastadas en el marco de la ejecución de los convenios ejecutados en el territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla, así mismo, requerimos a la entidad ambiental competente se nos informe de cada uno de los permisos emitidos así como el alcance de estos; según respuesta enviada por la autoridad ambiental regional adiada con fecha de 1 de septiembre nos enuncia los radicados de los Actos Administrativos o los registros de proyectos con instrumentos ambientales sin hacer precisión frente al alcance específico de cada uno de ellos. Por lo anterior sírvase informarnos el alcance específico de las siguientes Resoluciones, indicando también si obedecen a un AA o registro de proyecto con instrumento ambiental:
  • Resolución Número 0717 del 14 de agosto de 2013
  • Resolución Número 0976 del 18 de octubre de 2013
  • Resolución Número 0985 del 18 de octubre de 2013
  • Resolución Número 0415 del 17 de abril de 2015
  • Resolución 0563 del 12 de mayo de 2015
  • Resolución 0728 del 10 de junio de 2015
  • Resolución 1046 del 4 de agosto de 2016
  1. Por los hechos acaecidos el pasado 5 de noviembre, sírvase indicarnos ¿ante qué autoridad fue remitido el neoparamilitar conocido en la subregión geográfica del bajo Atrato como “El Zarco”? ¿Cuál es la situación jurídica de alias “El Zarco”?
  2. Sírvase informarnos ¿Qué medidas de protección se otorgarán al afrodescendiente ELIAS ANTONIO ÚSUGA y su núcleo familiar por los hechos acaecidos el pasado 18 de noviembre? Ante el inminente desplazamiento forzado ¿Qué medidas humanitarias serán otorgadas?
  3. Sírvase indicar ¿Qué investigaciones de tipo penal y disciplinario se derivarán de los asesinatos de los líderes reclamantes de tierras MARIO CASTAÑO BRAVO y HERNÁN BEDOYA
  4. Sírvase indicar toda vez que existen graves indicios de conductas contra derecho de empresarios como JUAN GUILLERMO GONZÁLEZ,  JAVIER RESTREPO GIRONA, LUIS FELIPE MOLANO, WILLIAM RAMIREZ, DARÍO MONTOYA, CLAUDIA ARGOTE, JUAN MANUEL CAMPO ELJACH ¿qué investigaciones penales existen en curso?
  5. Sírvase indicar ¿Qué acciones penales se adelantarán en contra de BALDOYNO MOSQUERA, administrador del proyecto financiado con recursos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y ejecutados por la Sociedad Anónima denominada Asociación Agropecuaria Campesina AGROMAR S.A., toda vez que existen indicios que lo vinculan como persona que amenazó a HERNÁN BEDOYA, propietario de La Zona de Biodiversidad Mi Tierra, predio que estaba siendo objeto de múltiples intervenciones en el marco del proyecto agroindustrial de plátano para exportación y palma aceitera, proyectos a los que el líder reclamante de tierras había presentado en diferentes escenarios locales y nacionales su oposición por las afectaciones ambientales y sociales que de ello derivan?
  6. Sírvase indicar ¿Qué avances existen en las acciones penales que surten trámite ante la Fiscalía General de la Nación, donde obra como denunciado BALDOYNO MOSQUERA, administrador de los proyectos de la empresa por AGROMAR S.A.; por el punible de amenazas según consta en SPOA 050456000360201601640, SPOA 050456100498201700208 y SPOA 050456000360201501870?
  7. Sírvase indicar ¿En qué estado se encuentra la investigación por amenazas previas proferidas por BALDOYNO MOSQUERA, a MARY HERNÁNDEZ y demás personas que fueron torturadas?
  8. Sírvase indicar: ¿La Agencia Nacional de Tierras que proyectos está financiando en el bajo Atrato? Expida copia de los mismos
  9. Sirvase indicar: ¿Qué plan de compra de tierras tiene prevista, en qué tiempo la adquisición de predios para sanear las propiedades de comunidades negras y resguardos indígenas e bajo Atrato?
  10. Sírvase indicar ¿Qué medidas preventivas y de intervención ha realizado el gobierno a través de Ministerio de Ambiente ante la deforestación intensiva de selva primaria, sin estudios de impacto ambiental y mitigación en Pedeguita y Mancilla, Curvaradó, por la empresa AGROMAR?
  11. Sírvase indicar. ¿En qué estado se encuentran las impugnaciones a los Representantes legales GERMÁN MARMOLEJO y BALDOINO MOSQUERA?
  12. Sírvase indicar. ¿En qué tiempo las entidades pertinentes entregaran a disposición de las comunidades de Cacarica, las tres embarcaciones y el vehículo de protección, y la instalación de los kioscos Vive Digital?

De toda consideración,

 

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

 

[1]              Ver: https://www.amnistia.org/ve/noticias/2017/09/3484/comunidades-indigenas-colombianas-en-peligro consultada el 05 12 2017