Con las cartas en la mesa
Alfonso Plazas Vega será el primer oficial (r) en recibir un fallo de la justicia ordinaria por los desaparecidos del Palacio de Justicia.
Las cartas para definir el futuro del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega ya están sobre la mesa. En menos de dos meses la jueza tercera especializada María Stella Jara, designada por el Consejo de la Judicatura para resolver exclusivamente este caso, deberá pronunciarse con el que será el primer fallo de la justicia ordinaria en contra o a favor de este oficial (r) del Ejército. Plazas, internado en el Hospital Militar de Bogotá desde hace un par de meses por un colapso nervioso, reitera que quienes están detrás de su caso son los narcotraficantes.
El punto crucial por el que fueron judicializados Plazas Vega, dos generales, otro coronel, dos oficiales y cinco suboficiales de inteligencia militar, son once personas —siete trabajadores de la cafetería, tres visitantes y una guerrillera del M-19— de las que, hasta el día de hoy, se desconoce su suerte. La Fiscalía, basada en pruebas testimoniales y de video, aseguró que salieron con vida del Palacio de Justicia. Pero los defensores de Plazas sostuvieron que los cuerpos que fueron encontrados en el cuarto piso del Palacio, calcinados totalmente, son esos “supuestos” desaparecidos.
El año pasado Plazas, comandante de Caballería durante la recuperación del Palacio, afirmó que los restos de los desaparecidos reposaban en el Laboratorio de Antropología Forense de la Universidad Nacional. Sin embargo, José Vicente Rodríguez, jefe del laboratorio, indicó que en su dependencia no existían “pruebas fehacientes” para hacer tal afirmación. En 2001, este laboratorio cotejó con pruebas de ADN las osamentas de 72 personas que murieron en el holocausto y fueron inhumadas en el Cementerio Sur de Bogotá. Una de ellas resultó ser Ana Rosa Castiblanco, considerada hasta esa fecha como desaparecida también.
No es sólo el concepto de la Universidad Nacional. En 1993, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó que 12 personas (en ese momento, Castiblanco estaba incluida) figuraban como desaparecidas luego de la toma del Palacio de Justicia y condenó a la Nación por la desaparición de Cristina del Pilar Guarín, cajera de la cafetería. El fallo fue ratificado por el Consejo de Estado. Fue el abogado Eduardo Umaña (asesinado en abril de 1998) quien acompañó a los familiares y promovió, incluso, que la desaparición forzada se convirtiera en un delito en la legislación colombiana.
En 2000, la desaparición forzada fue incluida en el nuevo Código Penal. Y es por este crimen, además calificado como imprescriptible, que fueron acusados los militares involucrados en este proceso. Sin embargo, estos uniformados en retiro, siete de ellos ya llamados a juicio, han reclamado porque se les juzgue por un delito que en 1985 no existía. “En ese tiempo un desaparecido era el que salía en un aviso del periódico”, expresó uno de ellos. “Eso es torcerle el pescuezo a la ley descaradamente”, comentó un litigante que conoce de cerca estos expedientes judiciales.
La defensa del coronel (r) Plazas Vega aseveró que la unidad de Caballería nunca tuvo a su cargo la entrada o salida de rehenes del Palacio de Justicia. Exhibió un video de cuando sucedió el holocausto, en el que Plazas Vega respondió a unos periodistas: “El personal que iba siendo evacuado lo íbamos entregando al (B) 2 de la brigada (XIII), que está ejerciendo un control (…) Yo no sé quién está adentro o afuera”. Y, para comprobar que el ex oficial sólo se atenía a su cadena de mando, mostró también una alocución del presidente Betancur: “Esa responsabilidad la asumí yo, que estuve tomando personalmente las decisiones”.
Aún así, los familiares de los desaparecidos, que se constituyeron en parte civil en el proceso, refutaron estos argumentos. Contaron con el testimonio de Édgar Villamizar, quien pertenecía a una unidad militar de Villavicencio que llegó a Bogotá a apoyar a las tropas en la recuperación del Palacio. Villamizar, que se hospedó junto con sus compañeros en la Escuela de Caballería, dijo bajo juramento haber visto a personas detenidas y torturadas en las caballerizas de la Escuela. La defensa de Plazas exclamó que Villamizar nunca fue parte del Ejército.
El entonces director de la Cruz Roja, Carlos Eduardo Martínez, testificó que en la Casa del Florero Plazas Vega sí estaba registrando la entrada y salida de rehenes. César Sánchez Cuestas, ex asesor del Alcalde Mayor de Bogotá para la época de los hechos, declaró que había visto a Carlos Rodríguez, administrador de la cafetería, entrar con vida a la Casa del Florero. Pero, al ir a la Escuela de Caballería a preguntar por él, fue recibido por Plazas Vega: “Me dijo que dejara de andar indagando por personas por las que no tenía que indagar”.
Estos alegatos, pruebas y testigos conforman el expediente que hoy estudia la jueza María Stella Jara, quien hace unas seis semanas denunció amenazas en su contra. En el transcurso del juicio, esta funcionaria tomó medidas como enviar al coronel (r) a La Picota para asegurar que asistiera a las audiencias. El ex oficial argumentó que no deseaba presentarse “a un juicio que es una obra de teatro en la que ya me han prejuzgado”. Así las cosas, antes de finalizar el año se espera conocer este dictamen, de dimensiones históricas en lo que se refiere a los desaparecidos del Palacio de Justicia.
Diana Carolina Durán Núñez | EL ESPECTADOR