Carta de respaldo al defensor de Derechos Humanos Danilo Rueda y la Comisión de Justicia y Paz

Desde ASTURIAS queremos expresar nuestra más seria preocupación sobre el grave riesgo que enfrenta la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (J&P) y su Representante Legal Danilo Rueda.

J&P es una organización emblemática de promoción y defensa de los derechos humanos y ambientales, y reconocida internacionalmente por sus más de 30 años de trabajo en territorios al lado de 160 procesos de comunidades negras, indígenas y mestizas, y tres procesos urbanos.  Desde su origen brinda protección a víctimas, testigos/as y pruebas bajo criterios incuestionables de ética y profesionalidad.

Durante su historia J&P ha desarrollado iniciativas de memorias y de lucha frente a la impunidad. y la construcción de paz con el respeto de los derechos de las victimas a la verdad, la justicia, y garantías de no repetición. Desde 2002, J&P impulsa actividades de verdad y justicia restaurativa: en desarrollo del proceso de paz entre el Estado y las FARC, J&P propuso y desarrolló los actos de reconocimiento de responsabilidad en hechos emblemáticos acaecidos en Bojayá y La Masacre de La Chinita. Además, frente al escalamiento de crisis humanitarias en los territorios, desplazamientos forzados masivos, masacres, destrucción y daños ambientales en los territorios, y otras graves violaciones de derechos humanos, la J&P viene impulsando importantes iniciativas de acuerdos humanitarios que involucran a todos los actores armados, legales e ilegales, y que se enmarcan en los llamamientos del mismo Secretario General de la ONU, Antonio Guterres[1].

En los últimos cinco años J&P representa víctimas en la justicia transicional, precisamente en los casos 03, 04, 06 ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Además, impulsa procesos inéditos para lograr la satisfacción de los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad con metodologías que incluyen a los responsables de sus victimizaciones como exparamilitares, exmilitares, agentes de Estado, y otros terceros, así como, personas privadas de la libertad lo que significa el acceso a centros de detención.

En este marco, el pasado 8 de abril en desarrollo de una visita al Centro Penitenciario de La Picota se le acusó a Danilo Rueda y sus acompañantes[2],  de realizar un “pacto de impunidad y acordar rebaja de penas” a cambio de votos, debido a la presencia en esa misión del hermano del candidato presidencial Gustavo Petro. El objetivo de la visita que se ubica en el desarrollo de propuestas de garantías de no repetición con la escucha de privados de la libertad que desarrolla J&P, fue distorsionada por una red social del partido de gobierno de Colombia, y luego por un noticiario usando videos que fueron tomados irregularmente en el interior de las vías de acceso a los patios de los reclusos.

Días después, el defensor de derechos humanos Danilo Rueda, beneficiario de medidas provisionales de la Corte Interamericana, se convirtió en blanco de ataques en algunos  medios de información[3] por parte de una senadora del partido de gobierno y el expresidente Álvaro Uribe Vélez[4], por el desarrollo de su trabajo, y ha sido blanco de señalamientos, ataques, difamaciones que ponen en riesgo su vida e integridad.   El exmandatario ha estigmatizado la labor del defensor acusándolo de ser responsable de protección de testigos falsos[5], que han sido fundamentales en causas judiciales como el juicio que ve involucrado a su hermano, Santiago Uribe Vélez, vinculado a una investigación por concierto para delinquir, homicidio y creación de grupos paramilitares.

Este conjunto de señalamientos con descontextualización y distorsión del papel que ha cumplido legal y legítimamente Danilo Rueda,  puede generar daños graves e irreparables a su vida e integridad en medio de una operación permanente de grupos armados ilegales que tienen como blanco  a líderes y defensores que desarrollan iniciativas de paz y de derechos a la verdad y a la justicia, o por operaciones ilegales de inteligencia como las que se infiere vienen desarrollándose contra este conocido defensor y por la cual se manifestaron hasta 5 Relatores Espaciales de la ONU y OEA[6].

Se está además estigmatizando a todas y todos las integrantes de la organización,  que desarrollan su trabajo en zonas donde persiste el conflicto armado con diversas expresiones de violencia, y dejan en riesgo a las víctimas en los territorios, excombatientes firmantes de paz, inclusive a exmilitares, exparamilitares, agentes de Estado, empresarios o llamados “terceros” que vienen participando en las iniciativas de memorias transformantes y derecho restaurador que adelanta la J&P para la construcción de verdad, memoria y garantías de no repetición..

Cabe recordar que Colombia es uno de los países más peligroso para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos: persisten ataques, asesinatos, campañas de difamaciones y estigmatización en contra de quienes defienden los derechos humanos y ambientales.  En los primeros tres meses del 2022 han sido asesinadas más de 50 personas defensoras y 14 ex combatientes de las FARC-EP firmantes del Acuerdo de Paz, asimismo que se cometieron más de 30 masacres con 122 víctimas. Esta violencia impacta el derecho a defender los derechos humanos, y genera en la actual coyuntura electoral un clima de fuerte polarización social e inestabilidad política.

Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta la Resolución[7] recientemente aprobada en el Consejo de Derechos Humanos que reconoce la inconmensurable labor de las personas defensoras de derechos humanos en contexto de conflicto y posconflicto, y exhorta a los Estados a que “Se abstengan de dirigir campañas de deslegitimación, criminalización o difamación contra los defensores de los derechos humanos por documentar violaciones y abusos de los derechos humanos, y también por comunicarse con agentes no estatales, como grupos armados, a tal fin”, instamos al Estado Colombiano a:

–          Manifestar su apoyo y respaldo públicamente a la labor de las personas defensoras de derechos humanos y en particular a la Comisión de Justicia y Paz, subrayando la legitimidad de su trabajo.

–          Asegurar que la labor de las personas defensoras de derechos humanos no sea objeto de campañas de desprestigio y manipulación con fines políticos, y sancionar a los/las responsables.

–          Investigar sobre los procedimientos que hayan permitido la grabación en espacios no permitidos y los responsables de estas filtraciones que ponen en grave riesgo la integridad física de las personas defensoras a la vez que interfieren y perjudican su labor legal y legítima de defensa de los derechos humanos.

Atentamente:

Colectivo de Colombianos,as Refugiados-as en Asturias “Luciano Romero Molina”

Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia

Soldepaz Pachakuti

Coordinadora Asturiana de Ongs

Comisiones Obreras de Asturias

Fundación Paz y Solidaridad de Asturias

Comité de Solidaridad con la Causa Árabe

Ecoloxistes n`Aición d’Asturies

 

Imagen: Foto: Óscar Pérez @ElEspectador

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