Arbitrariedad y atropello empresarial tolerado y consentido por la B 17 y 15. Ausencia de voluntad política para el cese del arrasamiento y destrucción territorial y apropiación ilegal de tierras en el Curvaradó y Jiguamiandó.
Nuestra Constancia y Censura Moral ante la persistente operación contra derecho de los empresarios palmeros en el Curvaradó y Jiguamiandó con la tolerancia, consentimiento de apoyo de la Brigada 17 y 15, operaciones encubiertas en la protección del arrasamiento ilegal, la destrucción ambiental y el silencio de las autoridades ambientales, territoriales y protectoras de los derechos de afrocolombianos y mestizos.
Bogotá, D.C 21 de junio de 2007
Doctor
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
Doctor
FERNANDO ARAUJO
Ministro de Relaciones Exteriores
Doctor
CARLOS HOLGUIN SARDI
Ministro del Interior
Doctora
PAULA MARCELA MORENO ZAPATA
Ministra de Cultura
Doctor
JUAN LOZANO
Ministro de Ambiente
Doctor
ANDRES FELIPE ARIAS
Ministro de Agricultura
Doctor
MARIO IGUARAN ARANA
Fiscal General de la Nación
Doctor
EDGARDO MAYA VILLAZON
Procurador General de la Nación
Doctor
VOLMAR PEREZ
Defensor Nacional del Pueblo
Ref: Arbitrariedad y atropello empresarial tolerado y consentido por la B 17 y 15. Ausencia de voluntad política para el cese del arrasamiento y destrucción territorial y apropiación ilegal de tierras en el Curvaradó y Jiguamiandó.
“Aunque estén desterrados en su propia tierra, como habitantes del otro extremo de la tierra, de allí irás a existir de nuevo en la tierra que era de tus padres, porque está tierra es tuya” Deuteronomio 30, 4-5.
Nuestra Constancia y Censura Moral ante la persistente operación contra derecho de los empresarios palmeros en el Curvaradó y Jiguamiandó con la tolerancia, consentimiento de apoyo de la Brigada 17 y 15, operaciones encubiertas en la protección del arrasamiento ilegal, la destrucción ambiental y el silencio de las autoridades ambientales, territoriales y protectoras de los derechos de afrocolombianos y mestizos.
Sin vergüenza, sin pudor, sin ningún tipo de recato, con la soberbia que les da la legitimidad y el aval tácito de las fuerzas militares, de las operaciones paramilitares en impunidad, la legalización de los trámites fraudulentos, el silencio de la institucionalidad en todos los niveles, las operaciones empresariales irracionales, ilegales, contra toda lógica humana, “ética” y de derecho continúan negando de facto los derechos de afrocolombianos y mestizos del Curvaradó y Jiguamiandó.
En sus despachos nuestra Constancia y Censura respecto a los hechos que se siguen en las siguientes páginas.
* Jueves 10 de mayo en horas de la tarde un funcionario del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, luego de medir las 150 hectáreas de la propiedad de la familia RENTERIA, en el caserío de Cetino en Curvaradó, indicó al afrocolombiano OVIDIO RENTERIA que podía disponer de esas tierra, pero que debería hablar con el administrador de la empresa “Palmura S.A.” de nombre ALIRIO. Integrantes de la familia RENTERÌA se dirigieron hacia donde se encontraba este administrador, quién les manifestó que no podía abandonar esa tierra, afirmando: “yo soy un mandado y no puedo desobedecer las órdenes del patrón”.
Desde esa fecha hasta hoy los empresarios de “Palmura S.A.” continúan trabajando la tierra que no es de su propiedad, recogiendo el fruto de la palma y limpiando toda la siembra de palma.
* Jueves 24 de mayo a las 5:00 a.m. desde la Zona Humanitaria de Caño Claro – Andalucía, se escucharon explosiones y disparos cerca del sitio conocido como Las Menas, territorio Colectivo del Curvaradó.
Hacia las 3:30 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada por el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República que se trataba de operativos de unidades combinadas de la Brigada 15 y de la Brigada 17 del Ejército.
* Viernes 18 de mayo desde primera horas de la mañana las empresas palmeras reactivaron la ocupación del predio de 130 hectáreas de ENRIQUE PETRO extrayendo el fruto de la palma, usando tractores y remolcadores destruyendo caminos y agotando más la tierra que ha intentado ser recuperada con siembras de pancoger.
* Viernes 8 de junio desde las 8:00 a.m. ingresaron ilegalmente 1 tractor con 2 remolcadores a la propiedad del campesino ENRIQUE PETRO, ubicada en el caserío de Andalucía Caño Claro e iniciaron extracción del fruto de la palma.
Hacia el medio día, el integrante del Consejo Comunitario ENRIQUE PETRO, abordó a una coordinadora del trabajo empresarial a quién le exigió el cese de las labores y el respeto de su propiedad. La mujer respondió: “le informaré al patrón”. Ignorando posteriormente la presencia del poblador continúo con sus labores.
La mujer se encuentra vinculada con el llamado “Gago” reconocido paramilitar de la región, que porta arma corta, de quién se desconoce si fue o no desmovilizado, quien anda con arma corta y sirve a la empresa Urapalma como uno de los jefes de seguridad.
En el sitio conocido como Santa María, caserío Caño Manso, en el que piensan afirmar el derecho al regreso 80 familias, desplazadas por operaciones militares y paramilitares hace 10 años, ubicando allí una Zona Humanitaria, funcionarios de Acción Social e Incoder intervinieron en una reunión en la que legitimaron y avalaron la posesión, la habitación y propiedad de repobladores y desplazadores.
A los ocupantes de mala fe, algunos de ellos desmovilizados de las estructuras paramilitares, otros repobladores por la estrategia paramilitar y algunos mandos, los funcionaros gubernamentales, les reconocieron la propiedad y los motivaron al desarrollo de proyecto que contarían con apoyos de recursos oficiales.
Por el contrario, a los habitantes originarios y legítimos de la propiedad colectiva les manifestaron que la tierra había sido vendida, negando de facto el desplazamiento forzoso, el despojo violento y los trámites fraudulentos adelantados por estructuras paramilitares a nombre de SOR TERESA GOMEZ. Es de anotar que de acuerdo con la actividad procesal y el diario El Tiempo SOR TERESA GOMEZ en la actualidad está vinculada a un proceso penal por el crimen de YOLANDA IZQUIERDO, ha oficiado como testaferro de los cabecillas de la estrategia paramilitar en Córdoba.
* Miércoles 13 de junio a las 12:00 p.m. en la finca del campesino ENRIQUE PETRO se observó el tráfico de tractores en 5 entradas diferentes de finca y arrancaron los postes de delimitación de linderos de la propiedad-
* Jueves 14 de junio hacia las 6:00 a.m. cerca de 6 militares adscritos a la Brigada 17 y 15 al mando de un sargento ingresaron a la propiedad del campesino EUGENIO NUÑEZ, sin expresar palabra alguna permanecieron en el lugar inspeccionado el patio por espacio de dos horas.
Los militares sin orden judicial ingresaron al lugar e intimidaron al poblador. El integrante del Consejo Comunitario es uno de los testigos de la retención ilegal policial previa a la desaparición y asesinato del afrodescendiente ORLANDO VALENCIA, y ha sido testigos en el proceso que se sigue contra uno de los responsables del crimen, HERMEN DE JESUS MUÑOZ, alias “Diomedes”.
* Viernes 15 de junio dos letreros de visibilización y delimitación de la propiedad en el que se lee “Propiedad Privada de don Enrique Petro”, fueron arrancados del lugar en que los había ubicado, al tiempo en que dos tractores con remolcador extraían fruto de la palma.
En la semana del 4 al 8 de junio, hombres en una retro excavadora, protegidos por 4 miembros del Ejército, adelantaron actividades construcción de canales de drenaje para las plantaciones de palma aceitera.
* Lunes 18 de junio en horas de la mañana ingresaron nuevamente tractores a la propiedad de ENRIQUE PETRO para la extracción del fruto de la palma.
En el esquema de protección de la maquinaria y de la actuación ilegal se encontraba el llamado “Gago”, junto a dos civiles que portaban cada uno pequeños bolsos en los que se presume se encontraban armas cortas.
El campesino ENRIQUE PETRO se dirigió a ellos, solicitando decirle al “Patrón” que no volvieran entrar a su finca, el llamado “Gago” expresó: “usted mismo lleve la razón”. Luego el llamado “Gago” siguió ordenando a los trabajadores de Urapalma continuar en la labor
Ese mismo día entre las 5:30 p.m. y hasta las 7:30 p.m. aproximadamente soldados retuvieron en la pesebrera propiedad del empresario de la palma GABRIEL JAIME SIERRA, a los campesinos EDUARDO LEON y MARIO, quienes se desempeñan como trabajadores del campesino EUGENIO NUÑEZ.
Los militares los interrogaron preguntando por su procedencia, luego de manifestar que se dirigían a la finca de EUGENIO NUÑEZ, amenazaron con meterlo debajo del puente a EDUARDO LEON y a MARIO lo presionaron para que trajera del caserío Las Menas al integrante del Consejo Comunitario NUÑEZ.
Luego de cerca de dos horas de retención, les permitieron retirarse del lugar.
* Miércoles 20 de junio a las 9:30 a.m. dos máquinas pesadas tipo retroexcavadoras, pasaron al frente de la propiedad del campesino ENRIQUE PETRO, acompañadas de una camioneta y de dos motocicletas conducidas por hombres visiblemente armados.
Desde mayo la propiedad de ENRIQUE PETRO ha sido objeto de la ocupación ilegal empresarial sin que las autoridades hayan adoptado las medidas necesarias para la protección de los derechos de propiedad del integrante del Consejo Comunitario del Curvaradó. Todas las actuaciones se han realizado a pocos minutos del campamento militar ubicado sobre el río Caño Claro sobre Andalucía en donde se encuentra los campamentos de los trabajadores palmeros.
Nuestra Constancia y Censura Moral ante las actuaciones contra derecho de los empresarios palmeros, cobijados por el desarrollo de estrategia criminales de tipo paramilitar y el actuar de la Brigada 17 y 15. La actitud militar en contravía de las recomendaciones de Derechos Humanos están negando los derechos de los afrocolombianos a la Vida y al Territorio; los abusos de autoridad son evidentes contra los pobladores, que se han arriesgado contra todo el terror institucional a ser testigos por la comisión de Crímenes que comprometen la responsabilidad estatal. Las fuerzas militares más que garantizar la protección se convierten en instigadores, en intimidadores de quiénes en medio de la campeante impunidad rinden sus testimonios para que exista verdad, justicia y reparación integral.
La actitud empresarial es contradictoria con la Constitución y los derechos consagrados para los pueblos afrodescendientes y el respeto al ambiente, o tal vez, es la aplicación de la Constitución real la del Estado de hecho. La tolerancia, la complacencia, la laxitud con las actuaciones arbitrarias cometidas por las empresas es descarada, abierta, cínica. Mientras a los pobladores se les retiene ilegalmente, se les amenaza, la actitud institucional es comprensiva de los “derechos de la criminalidad”, son complacientes y coadyuvan con todos los abusos cometidos por los sectores de las empresas beneficiarias del paramilitarismo.
Nada de esto sucedería si desde sus responsabilidades institucionales adoptarán medidas eficaces tendientes a reestablecer el Estado de Derecho. Si las palabras se tradujeran en una voluntad política transparente, real, verdadera de enfrentar estructuralmente el enquistamiento paramilitar y de sus lógicas de operación en la institucionalidad – Acción Social, Codechocó, Incoder, Fuerza
Pública-; si las palabras se tradujeran en realidad con la devolución de la titularidad real a los pueblos afrodescendientes; si se asumieran las decisiones emanadas de la Comisión de Expertos de la OIT, respecto a las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó; si por una sola vez adoptarán el contenido de las Medidas Provisionales resueltas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o si por una única vez, se adoptarán las medidas expresadas en la Resolución Defensorial 039.
Nuestra Censura Etica también a la legitimación del actuar empresarial debida a la impunidad en que se cimientan sus inversiones, el crimen, el fraude, la corrupción, el uso de recursos públicos, el lavado de activos que no ha sido perseguido con prontitud ni con eficacia por el ente investigador. Mientras tanto en un estado de indefinición se mantienen absurdos procesos judiciales como mecanismo de control, de restricción del derecho a la Vida y al territorio ejercido por las comunidades. Las familias de las comunidades que se resisten al olvido, a tanta ignominia son criminalizadas. Los afrocolombianos y mestizos que afirman su identidad como población civil en medio de la confrontación entre el Estado y la guerrilla son blancos de falsas acusaciones judiciales planeadas por sectores paraempresariales que financian la mentira. Las familias de los Consejos Comunitarios del Curvaradó y Jiguamiandó que construyen iniciativas como la de las Zonas de Biodiversidad, se ven sometidas a una persecución judicial con demandas civiles empresariales, mientras estos adelantan con el respaldo de la fuerza y de la ley, la destrucción forestal, la desertización de aguas, el acabamiento de ciénagas y de ecosistemas acusando a sus legítimos propietarios como invasores.
Nuestra Constancia Histórica ante ese poder ilimitado empresarial, que niega la ética y los principios del Estado de Derecho, que reeditan ejercicios de expoliación y de la esclavitud modernizada, en medio de la incapacidad del Estado, no por debilidad si no por una franca ausencia de voluntad política para proteger los derechos de los afrocolombianos y los derechos de la humanidad.
La ausencia de voluntad política se refleja en los inexistentes intentos de aplicar, lo que en grandes páginas se encuentra escrito, lo que se define en los escritorios de palabra. Las actuaciones son absolutamente incoherentes con los postulados de un Estado de Derecho, inconsistentes con las propias declaraciones públicas, en las que afirman que la tierra está siendo devuelta a sus propietarios afrocolombianos cuando eso es mentira. Las afirmaciones institucionales se hacen verosímiles cuando responden a la comunidad internacional pero la realidad evidencia que el problema de estos territorios no está siendo resuelto, o mejor, si a favor de las estructuras criminales que han producido daños irreparables a la vida e integridad personal de los afrodescendientes, que han destruido la reserva forestal del bio pacífico, que han cometido actos fraudulentos fuera de toda lógica y sana razón.
No es cierto que existen actuaciones eficaces en el enfrentamiento a las estructuras paramilitares, porque nadie sabe, si los que aparecen como desmovilizados son tales o son parte de estructuras de “civiles” armados que cambiaron el uniforme camuflado por vestidos de civil, las armas largas por las armas cortas y enterraron las armas para sus próximas operaciones. No es cierto que exista un acatamiento a las disposiciones ambientales, se niega el derecho de consulta y el porvenir de un pueblo étnico cuando se desarrolla una deforestación intensiva, una aniquilación de especies vivas, y un envenenamiento de las aguas por uso de químicos para preservar la siembra de la palma.
Por eso con toda crudeza es posible afirmar que la expresión verbal institucional es carente de verdad, sus cimientos son mentira, bajo la cual se oculta la sangre, la destrucción ambiental, la impunidad y la injusticia. En el Curvaradó y Jiguamiandó existe un Estado de hecho, que hoy continúa con una operación sistemática, milimétrica de destrucción ambiental y territorial, de negación de los mínimos de la razón humana para hacer valer el Derecho sobre la fuerza.
Ante tanta humillación, ante tanta soberbia paramilitar, ante tanta prepotencia empresarial, ante tanta negación de la verdad, ante tanta persecución, desde los mínimos de humanidad, los invitamos, a ustedes, por un minuto a intentar sentir, experimentar y pensar respecto al padecimiento en que se encuentran estas comunidades, y tal vez, como una última medida, antes de que los afrodescendientes decidan su futuro a mediano y largo plazo o las estructuras de operación criminal y la ausencia de voluntad política propicien su definitivo destierro o exterminio, a nombre del progreso y de la seguridad, a que abran sus despachos a las víctimas y escuchen cada una de sus preguntas que hoy se están formulando y les den respuesta diáfana, transparente, coherente cimentada en la verdad y la eficacia.
Insistimos en la necesidad, como lo expresamos recientemente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, de sostener una reunión de delgados de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, con la presencia de testigos internacionales y referentes éticos que no solo han oído, sino que han visto y son testigos de los atropellos vividos por las comunidades que habitan en las Zonas Humanitarias del Curvaradó y del Jiguamiandó, para que el señor Ministro de Relaciones Exteriores, FERNANDO ARAUJO; el Señor Ministro del Interior, CARLOS HOLGUIN SARDI; el Señor Ministro de Ambiente, JUAN LOZANO; el Señor Ministro de Agricultura, ANDRES ARIAS; la Señora Ministra de Cultura, PAULA MARCELA MORENO ZAPATA, el Señor Fiscal General de la Nación, el Señor Procurador General de la Nación, EDGARDO MAYA VILLAZON, y el Señor Defensor Nacional del Pueblo, VOLMAR PEREZ a fin de brindar respuesta directa, precisa, sin rodeos a cada una de las preguntas que los habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad vienen formulando al observar y ser víctimas de atropellos empresariales, militares e institucionales.
Quedamos a la espera de su pronta respuesta para que las comunidades negras y mestizas puedan conocer las respuestas a las 13 preguntas que en Derecho, en dignidad ellos formularán a ustedes para poder decidir sobre sus vidas y su futuro.
Con profunda preocupación,
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ