Amenazas de muerte contra organizaciones y defensores de los derechos humanos
El 4 de julio de 2012, trece defensores de los derechos humanos recibieron un correo electrónico con una amenaza de muerte proveniendo de un grupo paramilitar en la cual fueron señalados como objetivos militares.
El 4 de julio, a las 15:33 horas, un correo electrónico fue enviado al Sr Iván Cepeda, Diputado y portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Estado (MOVICE), las Sras Gloria Cuartas y Piedad Córdoba, integrantes del Colectivo de Colombianos y Colombianas por la Paz, las Sras Yessika Hoyos y Soraya Gutiérrez, abogadas con el Colectivo José Alvear Restrepo (CCAJAR), los Sres Diego Martínez y Jeison Paba Reyes, Comité Permanente de Derechos Humanos (CPDH), la Sra Aida Quilcué del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), los Sres José Humberto Torres y Franklin Castañeda del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), el Sr Pedro Geney, miembro de los Capítulos Sucre del MOVICE y de H.I.J.O.S., la Sra Lilia Solano, Presidenta del Proyecto Justicia y Vida, y el Sr Juan Díaz Chamorro, líder del Capítulo Sucre del MOVICE y hijo del Sr Eudaldo Díaz, el asesinado alcalde de El Roble.
El correo electrónico del Ejército Antirestitución de tierras decía lo siguiente: “Nuestro ejercito tiene instrucciones claras para dar de baja a estos malparidos que quiere quitarle la tierra los ciudadanos de bien para darsela a guerrilleros igual que ellos. Quedan advertidos y en conocimiento pues te tenemos plenamente identificado sus esquemas y a los que no tambien hijueputas guerrilleros de mierda que con la excusa de ser defensor de derechos humanos pretenden mediante toda clase de arbitrariedades despojar de sus terrenos a los verdaderos propietarios para que terminen en manos de un puñado de guerrilleros malparidos hijos de perra”.
En enero de 2012 la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que fue firmada en junio de 2011, entró en vigencia en Colombia. La ley tiene como objeto proporcionar reparaciones a aquellos que han sufrido abusos de derechos humanos en el conflicto armado y devolver la tierra a aquellos cuya tierra fue tomado por grupos armados. El Ejército Antirestitución de tierras pretende ser un nuevo grupo creado para luchar contra lo que creen que es la injusta restitución de tierras y para defender los intereses de aquellos que se beneficiaron del robo de tierras y del desplazamiento de agricultores. Este correo electrónico llega en el contexto de una serie de amenazas de muerte emitidas por el Ejército Antirestitución de tierras contra defensores de los derechos humanos y organizaciones trabajando con comunidades en temas relacionados con las tierras.
Front Line Defenders expresa su seria preocupación por la seguridad y la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos antes mencionados, así como por la seguridad de los demás miembros de esas organizaciones, y cree que esta amenaza de muerte está directamente relacionada con su trabajo legítimo de derechos humanos. A la luz del hecho de que Colombia sigue registrando algunos de los más altos niveles de ataques contra defensores de derechos humanos, incluidos asesinatos, así como supuestos vínculos entre grupos paramilitares derechistas y los organismos de seguridad del Estado, Front Line Defenders reitera que se deben adoptar medidas inmediatas para proteger a aquellos que se encuentran en situación de riesgo como resultado de amenazas de muerte.
Front Line Defenders insta a las autoridades colombianas a que:
1. Lleven a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la amenaza de muerte contra los defensores de derechos humanos antes mencionados con el fin de publicar los resultados y llevar a los responsables ante la justicia de acuerdo con los estándares internacionales;
2. Tomen todas las medidas necesarias para garantizar en todo momento la seguridad y la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos antes mencionados y de los demás defensores afiliados con sus organizaciones;
3. Aseguren que todos los defensores de derechos humanos en Colombia, desarrollando sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias.