Amenazas de incursión al bajo Calima, llamadas extrañas, dilatación ante actuaciones empresariales contra derecho, amenazas por denuncias a empresas y militares

Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la ausencia de medidas eficaces de parte del Estado para garantizar la labor de defensa, promoción y protección de derechos humanos y la paz, así como, de denuncia frente a violaciones de derechos humanos de estructuras estatales o auxiliares que operan bajo su aquiescencia y de responsables de operaciones empresariales que actúan en contra de derecho o se han beneficiado del despojo violento o de la ausencia estatal.


Bogotá, D.C. 6 de noviembre de 2012

JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia

ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República de Colombia

FERNANDO CARRILLO
Ministro del Interior

MARÍA ANGELA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores

RUTH STELLA CORREA
Ministra de Justicia

JUAN GABRIEL URIBE
Ministro de Ambiente y Desarrollo sostenible

EDUARDO MONTEALEGRE
Fiscal General de la Nación

ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación

JORGE ARMANDO OTÁLORA
Defensor Nacional del Pueblo

“Nuestra carne es la misma que la de nuestros semejantes… no podemos hacer nada y los campos y cultivos pertenecen ahora a otros”
Nehemías 5,5

Ref: Amenazas de incursión al bajo Calima, llamadas extrañas, dilatación ante actuaciones empresariales contra derecho, amenazas por denuncias a empresas y militares

Pareciera que la labor legitima de defensa de los derechos humanos cuando se tiene certeza de abusos empresariales o se logran documentar los mismos, más allá, de las tradicionales actuaciones contra derecho de las fuerzas militares se convierten en un factor que genera riesgo a las comunidades afectadas y a sus acompañantes humanitarios. La búsqueda de aplicación de los principios propios de un Estado de Derecho para que se protejan los derechos de comunidades rurales y de los ecosistemas en riesgo por actuaciones desbordadas de particulares, algunos de ellos, beneficiarios de actuaciones criminales violentas, se convierten en motivación para manifestaciones de desprestigio, justificación para evitar actuaciones que enfrentan a factores de poder criminal, financiero y empresarial.

En sus despachos la fundamentación fáctica de situaciones que están cuestionando e imposibilitando nuestra labor legitima y legal de brindar atención humanitaria, promoción, protección de derechos humanos y de paz.

* Sábado 27 de octubre a las 9:50 a.m., se recibió una llamada en el teléfono fijo en el lugar de habitación de DANILO RUEDA con un mensaje en el que se escucha una conversación sobre el conflicto armado y los diálogos del gobierno con la guerrilla de las FARC y los eventuales acercamientos con el ELN.

La llamada se realizó de un número celular no identificado al teléfono privado de la residencia del defensor de derechos humanos, número que no es de conocimiento ni siquiera de los círculos laborales de colegas vinculados en la defensa de derechos humanos y de paz.

La extraña llamada despierta en nuestra organización una nueva alerta pues la interpretamos como un mensaje sutil a la labor de nuestra organización en el impulso de la participación de las comunidades en el proceso de paz; propuestas que se impulsan a través del colectivo Colombianas y Colombianos por la Paz, el Encuentro Internacional “Construyendo Paz” de diciembre próximo en Bogotá y los aportes para la construcción de un movimiento de la sociedad por la paz. Se teme, además, que se esté preparando un nuevo montaje contra el defensor de derechos humanos.

Ese mismo día, a las 3:00 p.m. se conoció que en la residencia de la familia ARIZA en Bogotá, se recibieron ocho llamadas, en las que una persona de manera insistente, sin identificarse y afirmando ser amigo de FABIO ARIZA, defensor de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, requería saber de su localización o de su llegada a Bogotá.

* Lunes 29 de octubre en horas de la tarde nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá fue informada de una comunicación por escrito, no recibida aún y sin confirmar, que unidades policiales que se encuentran en Pavarandó en represalia, a la denuncia de las comunidades indígena de Alto Guayabal y de nuestra organización, adoptarían medidas más restrictivas frente al abastecimiento de gasolina para las familias originarias.

Días atrás en Bogotá, verbalmente delegados de las comunidades y nuestra organización presentamos en el marco de reunión de Medidas Cautelares la restricción a la libre movilización y transporte de gasolina para uso familiar y comunitario y la tolerancia en ingreso de gasolina e insumos para el procesamiento de la hoja de coca, que se está sembrando sin consentimiento de las comunidades por ocupantes de mala fe, sin que existan acciones de control y de represión de las autoridades policiales. Al mismo tiempo, se manifestó el temor a actuaciones de tipo paramilitar provenientes de Mutatá o Pavarandó contra las comunidades y sus acompañantes de la Comisión de Justicia y Paz.

* Martes 30 de octubre en horas de la tarde, en la ciudad de Bogotá delegados de la comunidad Santa Rosa de El Limón del consejo comunitario de Vigía del Curvaradó y de nuestra Comisión de Justicia y Paz presentaron la situación de deforestación y daños ambientales y sociales causados por la empresa Maderas del Darién Pizano S.A a la dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente

MARIO MADRIGAL funcionario de Bosques dejó dudas sobre la fundamentación fáctica de la situación, aseverando la existencia de información recibida de parte de la empresa maderera y de Codechocó en los que se cuestiona a nuestra Comisión de Justicia y Paz en su labor y credibilidad.

Al solicitar copia de los textos, el funcionario manifestó que esta se debía realizar por escrito. Así mismo pretendió justificar las actuaciones contra derecho de Codechocó y la compañía maderera.

El 5 de octubre pasado a eso de las 8:30 a.m. en el sector donde se construía el canal sobre el río el Indio se reunieron delegados del consejo comunitario de Santa Rosa del Limón y Vigía del Curbaradó, representada por el señor HENRY VALOYES y el cuerpo directivo del consejo, quienes llegaron acompañados por los señores PABLO MOYA, ELIÉCER ROBLEDO, ENRIQUE MURILLO y una personas conocida como el “Pollo”.

La comunidad de Santa Rosa en el proceso de documentación de los daños realizaba un registro de la reunión con su teléfono celular. ELIÉCER ROBLEDO de manera violenta arrebató el aparato de comunicación y borró la grabación que realizaba un integrante del consejo comunitario.

PABLO MOYA afirmó: “La comunidad de Santa Rosa se encuentra amangualada con Justicia y Paz”. Otra persona agregó: “la comunidad de El Limón son sapos, son secuaces con Justicia y Paz, les están informando todo lo que pasa en el territorio”.

* Sábado 3 de noviembre a las 7:00 a.m. en predios colectivos de Pedeguita y Mansilla, en el bajo Atrato, 20 hombres con palos, machetes y caucheras que trabajan con el ocupantes de mala fe Guillermo González Moreno, amenazaron verbalmente a los pobladores “con tumbar los cambuches”, “con sacarlos por ser invasores”. Segundos después empezaron a atacarlos y a destruir sus casas de plástico.

Los integrantes de la comunidad reaccionaron tratando de defender sus cambuches levantados. Los enfrentamientos duraron cerca de 20 minutos en los cuales resultó una persona herida en un brazo izquierdo y los demás con diferentes contusiones.

Veinte minutos después los agresores abandonaron el lugar intimidando a los integrantes del consejo comunitario con el mensaje claro que volverían y que debían abstenerse de decir algo.

Las agresiones de los ocupantes de mala fe y su mensaje intimidante que indica a los pobladores que deben abstenerse de denunciar a nuestra Comisión de Justicia y Paz es de suma gravedad. El 23 de julio pasado los trabajadores de estos ocupantes de mala fe cuestionaron también nuestra labor de apoyo humanitario jurídico, psicosocial y de denuncia:” gringos y ONG H.P, esa ONG se mete a joder” en hechos ocurridos en Caño Manso.

Los predios colectivos de las comunidades y algunos títulos individuales fueron despojados desde hace 15 años por los beneficiarios del paramilitarismo el coronel (r) LUIS FELIPE MOLANO y GUILLERMO GONZÁLEZ MORENO.

De GONZÁLEZ MORENO se le reporta en medios como paramilitar y narcotraficante en varios procesos judiciales. Las víctimas del despojo reclamaron los predios ante la Unidad de Restitución sin recibir respuesta eficaz.

Hace un mes decidieron regresar al lugar y los ocupantes de mala fe ya les han atacado en dos ocasiones, exigiéndoles abandonar el lugar, a las buenas o las malas e intimidando para que no denuncien los hechos.

El pasado lunes 29 de octubre los ocupantes de mala fe desalojaron a los reclamantes y dueños legítimos de la tierra http://justiciaypazcolombia.com/Desalojadas-por-empresarios

* Viernes 2 de noviembre a las 10:00 pm nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá fue informada que las comunidades negras e indígenas que habitan en el territorio de Calima y los defensores de derechos humanos de nuestra organización MARIA EUGENIA MOSQUERA y ENRIQUE CHIMONJA que les acompañan serían blanco de un ataque de estructuras neoparamilitares de los llamados “Urabeños”.

De acuerdo con la fuente entre los paramilitares que operarían se encuentra el llamado el “Zurdo” responsable de las muertes sucedidas en los caseríos de Coco y Palestina en agosto de 2010 y del desplazamiento forzado de la comunidad indígena Nonam. Esta misma estructura está ligada a las amenazas de muerte contra líderes comunitarios, un sacerdote y los defensores de nuestra Comisión de Justicia y Paz en junio de 2010

La incursión se realizaría en los próximos días contra los civiles bajo el pretexto que son auxiliares de la guerrilla de las FARC. La fuente indicó que existe mucha molestia por las denuncias que han ido develando mecanismos contra derecho de empresas, de militares y de algunos dirigentes para asegurar obras de infraestructura y agronegocios de coca y de cocaína, entre otros, sin cumplir los requerimiento que contempla la ley.

“Los urabeños” pretenden lograr el control social territorial con un eventual nuevo desplazamiento, el silenciamiento de la población para sus proyectos económicos y de terceros.

Los reportes de prensa indican la gravedad de la situación del municipio de Buenaventura: “Buenaventura completa 23 días bajo la violencia entre ‘urabeños’ y ‘la Empresa'”, El País de Cali, edición del 30 de octubre; “Nueva ola de asesinatos sacude a Buenaventura”, Semana, 30 de octubre de 2012.

En barrios de Buenaventura como Matia Mulumba donde habitan familiares de los Nonam y de las comunidades negras de Calima los paramilitares “Urabeños” ordenan limitaciones y restricciones a la movilidad de sus habitantes desde las 4: 00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente.

En los barrios de Buenaventura los paramilitares manifestaron que luego que logren acabar con los del grupo armado de exparamilitares conocidos como “La Empresa” o “Los Rastrojos” ingresarían en el bajo Calima y el San Juan.

En el barrio Matia y algunos de Bajamar los paramilitares se mueven con armas largas y cortas, algunos vestidosde negro y otros de civil. En sus movimientos se les ha visto en medio de la presencia policial y militar.

El pasado sábado 20 de octubre fue desaparecido, ADRIÁN TORRES, en cercanía de la entrada a Calima. Su cuerpo sin vida se encontró el pasado 3 de noviembre.

A pesar que el gobierno central conoce de la situación nada se ha hecho para evitar daños irreparables a las víctimas y brindar garantías en el lugar para nuestra labor de observación y asistencia humanitaria para las víctimas del despojo.

Nuestra Censura Ética ante la ausencia de medidas eficaces del ejecutivo sobre la mentalidad de las fuerzas militares que conciben la labor de defensores de derechos humanos como parte de una estrategia de enemigos militares, cuando se trata justo de exigir que sus actuaciones legitimen la existencia de un Estado de Derecho.

Del pasado reciente las conductas denunciadas de abusos de autoridad, de intimidación, de amenaza no se han traducido en una modificación o sanción de sus actuaciones con las que pretenden limitar y silenciar nuestro deber de decir la verdad y exigir respuestas preventivas. La presumible actitud policial frente a los hechos denunciados por las comunidades y nuestra organización de restringir el transporte de gasolina en retaliación a las denuncias elevadas recientemente son un reflejo de la ausencia de capacidad autocrítica y correctiva. Así también ha sucedido con las Constancias del 21 de agosto y 16 de octubre en la que se ha indicado las actuaciones abusivas de la Fuerza Naval del Sur, las que en vez de corregirse obligaron a salir a la una defensora de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz NUBIA ACOSTA, del Putumayo; o lo que ha sucedido con las Constancias en las que se consigna actuaciones de efectivos del batallón 21 Vargas, las que sirvieron para que estos anunciaran impunemente que requerían nuevamente de los “paramilitares” para cumplir sus objetivos. Tamañas palabras no han significado una corrección y una intervención administrativa, esto se ha convertido en una nueva prueba de la mentalidad que ha permitido la constitución de estrategia armadas institucionales con el uso de los paramilitares; o como ha sucedido con los efectivos militares que operan en el bajo Calima y que han abusado de su autoridad atacando, hostigando a lideresas comunitarias porque hemos develado a través de Constancias sus abusos y exigido el cese de sus actuaciones contra derechos como ha ocurrido en enero, marzo, agosto.

Nuestra Censura Ética ante la ausencia de actuaciones prontas, oportunas para ser eficaces en los procesos de restitución frente a empresarios, ocupantes de mala fe, beneficiarios del paramilitarismo o de actuaciones armadas como continúa ocurriendo en Curvaradó y en Pedeguita-Mansilla. Una actuación eficaz habría impedido e imposibilitado no solamente los abusos contra los legítimos habitantes y propietarios por parte de ocupantes de mala fe si no que estos tendrían garantías para habitar sus tierras y recibir el apoyo y la asistencia humanitaria de organizaciones de derechos humanos como nuestra Comisión de Justicia y Paz, hoy imposibilitado por la agresión y la prohibición con la fuerza de denunciar a través de nuestra organización.

Nuestra Censura Ética ante la justificación que realizan algunos funcionarios del Ministerio de Ambiente de las actuaciones empresariales como Maderas del Darién Pizano S.A basándose en valoraciones difamatorias y calumniosas contra nuestra organización, dilatando con estas su actuar sobre los hechos puestos en su conocimiento u ocultando de esta manera sus omisiones institucionales.

Nuestra Censura Ética ante la ausencia de investigaciones integrales sobre los patrones de operación similares con intereses idénticos que pretenden desde 1996 limitar, vulnerar e imposibilitar la defensa, promoción y protección de los derechos a la vida, a la justicia, a la paz, a la tierra, a un ambiente sano y la protección de la riqueza biológica en diversas regiones de Colombia en donde actúa nuestra Comisión de Justicia y Paz

Nuestra Censura Ética ante la ausencia de investigaciones penales eficaces sobre empresas que se han beneficiado del despojo violente en Caño Manso, (Curvaradó) y Bijao (Pedeguita Mansilla), Multifruits Ltda (Cacarica) o de cocaína en Curvaradó, Jiguamiandó en predios de comunidades negra e indígenas; empresas que desconocen los derechos de las comunidades, la consulta previa y producen daños humanos, sociales y ambientales como los producidos por Maderas del Darién Pizano S.A en Santa Rosa de El Limón (Vigía de Curvaradó) o las empresas como la del Proyecto de Agua Dulce en Calima (Buenaventura) o la empresa CGL y VETRA en Puerto Asís (Putumayo) , o empresas mineras en Ariari (Meta)

Nuestra Censura Ética ante la ausencia de investigaciones penales eficaces y medidas de represión y de desestructuración de operaciones paramilitares en Calima y Buenaventura que evitaría la continuidad de amenazas graves y la consumación de nuevos daños irreparables a la vida e integridad de comunidades negras e indígenas y de integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz.

Nuestra Constancia Histórica ante la ausencia de medidas de protección colectiva por parte de la Unidad Nacional de Protección, que desconocen el incremento de los niveles de riesgo al que se encuentran sujetos los defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz que laboran en regiones.

En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional y de acuerdo a sus competencias institucionales solicitamos se sirvan dar respuesta eficaz y por escrito a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué medidas materiales y políticas se han adelantado para garantizar el derecho a defender los derechos de los integrantes de la Comisión de Justicia y Paz en las regiones de bajo Atrato (Pedeguita Mansilla, Santa Rosa del Limón, Alto Guayabal) en el Valle, Cauca y Meta?

2. ¿Qué laborales ha emprendido para identificar los responsables materiales y determinadores del patrón de violencia del que ha sido objeto la Comisión de Justicia y Paz? ¿Cuáles son sus causas?

3. ¿Qué investigaciones penales frente a empresas legales e ilegales que actúan contra derecho en diversos territorios donde nuestra Comisión de Justicia y Paz apoya a comunidades y organizaciones?

4. ¿Qué investigaciones y actuaciones técnicas se van a adelantar para investigar las llamadas a las residencias de los defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz?

5. ¿Qué actividades ha emprendido para combatir de manera efectiva, las estructuras paramilitares que permanecen en Buenaventura y para los miembros de la brigadas y policía que les consienten en su actuar?

De toda consideración,

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz